Quizás sea esa una exageración pero está claro que algo muy grave pasó en el feudo gobernado por los Alperovich y que alguna determinación firme deberá esperarse de la Justicia Electoral.

Ayer por la noche el escenario del domingo se agravó, cuando miles de tucumanos se dirigieron a la plaza que está frente a la Casa de Gobierno y se manifestaron fuertemente en contra del fraude y del sistema feudal que los gobierna desde hace años.

No era gente adinerada; casi diría que ni siquiera eran de clase media. Era gente humilde que pedía que terminara el sistema de compra de voluntades y de clientelismo político. Pedían trabajo y no extorsiones con bolsas de comida.

Aun en medio de hechos electoral y democráticamente bochornosos que ocurrieron el domingo, el oficialismo había sufrido una fuerte derrota en la capital y en las zonas urbanas de la provincia. Pero en el Este tucumano, mucha gente ni siquiera sabe que el voto es secreto y allí Juan Manzur arrasó con porcentajes de más del 80%. En otras áreas, el candidato radical José Cano, denunció tener en su poder actas de mesas firmadas por las autoridades y por los fiscales en donde tenían promedios de 90 votos por mesa, cuando en los telegramas entregados al correo, de esas mismas mesas, el Frente del Bicentenario aparecía con cero votos.

Igual que con las inundaciones y su viaje a Italia, Daniel Scioli eligió su cara más antipática para responder: una nueva aplicación práctica de su curso rápido de kirchnerismo duro que tomó en los últimos meses.

No sabemos si eso responde a una reacción visceral del gobernador o a una salida estudiada. Pero lo que sí está claro es que fue lo peor que pudo haber hecho. Es más, no estamos seguros si no fue ese camino el que decidió a la gente a ir a copar la plaza del centro tucumano.

El domingo hubo quema de urnas, gente que entraba armada a las aulas de los colegios para amedrentar a las autoridades de mesa y a los fiscales. Hubo gendarmes heridos, disparos de armas de fuego, reparto de bolsones de comida y otras extorsiones durante todo el día.

La impunidad en la provincia llega a un grado tal -en el sentido de que los que se apoltronan en los sillones del Estado creen que la provincia entera es parte de su patrimonio personal-, que muchos “repartidores de extorsiones” se filmaron a sí mismos llevando bolsones de comida y otros regalos y luego subieron ese material a las redes sociales.

Más allá de lo que termine ocurriendo legalmente con los comicios de Tucumán, lo cierto es que este sistema tiene que acabar. No puede ser que el pueblo reciba el equivocado mensaje de que quienes los explotan están allí para ayudarlos y que, al revés, quienes vienen proponiendo una elevación de la dignidad popular, sean etiquetados como los enemigos de la nación.

Quienes se presentan hoy como una opción al kirchnerismo, tanto en la nación como en las provincias, deberían ingeniárselas para trasmitir un mensaje claro a la población para que ésta entienda que lo que se vota en estas elecciones es una opción para que finalmente se verifique una enorme transferencia de poder de los funcionarios del Estado (que se llenan la boca con esa palabra para defender sus intereses personales y crear una clase privilegiada y desigual al resto de los ciudadanos, como en la Edad Media) hacia los ciudadanos; hacia los individuos privados.

Es más, los partidos de la oposición deberían elaborar un mensaje que dijera algo así como “Es curioso, pero nosotros queremos llegar al poder para dejar de tener tanto poder; queremos llegar al poder para devolverles el poder a ustedes; queremos llegar al Estado para dejar de SER el Estado; queremos ganar para que ganen ustedes; queremos servir para que ustedes sean más libres, porque queremos que usando esa libertad progresen por sus medios… Nuestra ayuda no será la limosna sino la construcción de un sistema jurídico que les permita desarrollarse a ustedes, que les permita su realización personal y que no nos deban nada a nosotros…”

Es absolutamente esencial que el pueblo entienda la estafa a la que está siendo sometido. Ya que muchos se precian de tener en sus equipos gurúes de la comunicación, deberían conminarlos a redondear un mensaje simple, que todo el mundo pueda entender y que trasmita la idea de que el deseo de llegar al poder es para DESPRENDERSE de poder y para DEVOLVER ese poder al verdadero dueño que es el ciudadano individual.

Si esos ciudadanos, una vez que recibieron esa notificación clara y fehaciente, igual siguen eligiendo al coleccionista de esclavos, ya sabremos que está todo perdido en la Argentina y, a partir de allí, muchos sabrán que hacer y otros a qué atenerse.

Pero esta mentira no puede mantenerse. Es preciso cortarla de raíz: es necesario que la gente escuche claramente lo que quieren unos y lo que quieren otros. Los mensajes lavados, sin ton ni son, ya no sirven para nada. La Argentina ha llegado a un grado de degradación democrática de tal magnitud que el problema debe enfrentarse con toda la fortaleza y con toda la virilidad.

En primer lugar se siente el impacto de corroborar cómo todo lo que se preveía se fue dando en los hechos, como si la obviedad no solo se hubiera naturalizado en la Argentina sino que también seamos inmunes a ella: aun cuando se termine verificando en la realidad aquello de lo que hasta un chico de cinco años se daba cuenta, es como que no nos importa, no nos afecta. Dale que va. Todo sigue, todo se olvida.

En este caso, la burda y grosera maniobra de esperar a que venza el turno del fiscal Ricardo Weschler para que la apelación del fiscal de Cámara Germán Moldes recayera en el Fiscal de Casación Javier De Luca, integrante de Justicia Legítima y partidario del gobierno, fue de tal magnitud que no se explica cómo el país la acepta así como así, como si todo estuviera bien.

De Luca empezó a cobrar notoriedad pública el año pasado en la Feria del Libro cuando en una ronda de debates por el Código Penal que impulsaba el gobierno bajo el sello de Zaffaroni, dijo que el Código actual era “sexista, clasista y oligárquico” y que una norma de ese tipo debe ser “no para castigar a quien infringe la ley, sino para proteger al ciudadano del poder punitivo del Estado… El anteproyecto da seguridad ante la posibilidad infinita de que alguien me castigue por cualquier cosa”, dijo en aquel momento De Luca.

Luego, ya en su intervención en la causa Ciccone con el vicepresidente Amado Boudou como imputado, dijo que los hechos no constituían delito y ahora dice lo mismo respecto de una denuncia que ni siquiera se abrió a prueba en ninguna instancia. ¿Cómo sabe que no hay delito si no propone investigar los hechos y producir la prueba propuesta por tres fiscales antes que él?

Una denuncia no constituye una sentencia. Nisman decía que la Presidente era una encubridora porque él era fiscal y su misión era acusar si creía que tenía pruebas para hacerlo. Pero eso no quiere decir que tuviera razón. La gracia de la investigación radicaba, justamente, en traer certeza judicial al caso. Ahora, dado lo que ocurrió, no sabemos. Quizás nunca sabremos si aquella denuncia era verosímil o no.

Recordemos que la Presidente y los demás denunciados no fueron sobreseídos. Eso significa que su situación procesal respecto del caso sigue abierta hasta que alguien impulse el proceso con hechos y pruebas nuevas. ¿No era preferible terminar definitivamente con esto con un sentencia de sobreseimiento emitida por los jueces, en lugar de terminar en una nube de dudas por las puertas que el fiscal De Luca cerró?

La otra cuestión impactante es, quizás, más preocupante. Y bordea lugares hasta difíciles de explicar. En efecto, el archivo de la causa cuyo denunciante apareció muerto con un balazo en la cabeza en el baño de su casa, mete miedo. Resulta efectivamente tenebroso pensar que ese hombre murió en vano, gratis. Que dejó dos hijas sin padre al divino botón, simplemente por trabajar de lo que trabajaba.

Tampoco sabemos si lo mataron, aun cuando todo hace sospechar ese final. Pero aun frente a un suicidio, no caben dudas que Nisman murió por el trabajo que cumplía. Y frente a ese hecho, cuatro jueces y un fiscal consideraron que no había mérito suficiente para investigar lo que él decía. Su muerte ni siquiera les pareció sospechosa en relación con su denuncia. La pérdida de su vida no le agregó un solo gramo de sospecha a nadie. Y eso, verdaderamente, da miedo.

Da miedo pensar lo inútil que pueden resultar ciertas empresas y lo peligroso que al mismo tiempo puede ser el hecho de intentarlas. Nisman pagó su épica con su vida. No es chiste: denunció al poder y murió de un balazo. Es escalofriante.

Pero es más escalofriante -si es que puede haber algo más escalofriante que eso- que el país siga como si nada. Enfrascados en sus propias miserias los argentinos no pedimos explicaciones, no enviamos mensajes electorales, no nos manifestamos de modo indubitable en el sentido de que esto no nos gusta.

¿Por qué hemos caído tan bajo? ¿Por qué tenemos entre nosotros un nivel de empatía muy cercano a cero? ¿Por qué estas barbaridades nos resbalan y se precisa muy poco tiempo para que nos olvidemos?

Es raro lo que le pasa a la sociedad. Pero no caben dudas de que el gobierno ha sido muy sabio en decodificar ese estado mental, cualquiera sea.

En efecto, la apuesta al olvido, a que todo se arregla con el lanzamiento de un plan para pagar en cuotas o con un verano a pleno en Mar del Plata, es algo que el gobierno ha desentrañado con maestría. Por lo tanto no es su culpa, sino nuestra. Somos nosotros.

La administración de los Kirchner claramente no aprovechó su lugar de privilegio para usarlo  en el sentido docente de la vida, para mejorar la condición humana de la sociedad. No. Utilizó ese poder para profundizar ese costado desechable de nosotros. Se apoyó en esas flaquezas para aumentar y consolidar su poder. Y nosotros lo hemos permitido.

Con una estrechez de miras francamente llamativa, con una claudicación barata a los efluvios del consumo y del clientelismo, la sociedad se dejó comprar. Y hoy hemos llegado a un estadio de tal profundidad en esos disvalores que la gente que habla aparece muerta en el baño de su casa y nadie se inmuta; todos se olvidan, los jueces se callan, los fiscales piden no investigar.

Nos hemos convertido, en gran medida, en una sociedad anestesiada. Nada nos mueve el amperímetro. Asistimos impávidos a cuestiones que en otros países serían escandalosas y ni siquiera tenemos una expresión de condena.

Por mucho menos, la presidente Dilma Rousseff, y su colega Michelle Bachelet han visto desplomarse su imagen pública, envueltas en la necesidad de dar mil explicaciones. Nadie murió ni en Brasil ni en Chile. Pero las oscuridades de Petrobras y un préstamo pedido en condiciones no claras por el hijo de Bachelet, fueron suficientes para una reacción social de repudio.

Aquí, sin embargo, rige el “dale que va”. Un hombre murió gratuitamente y sus papeles van camino de un archivo tan grande como aquel en el que terminará su propia causa.

Ese dato sigue profundizándose en un aquelarre plagado de “nosotros” y “ellos”, “patria” y “no patria”, “los de arriba” y “los de abajo”. Una enorme proporción del país está harto de esa lógica; ya no soporta esa asfixia. En el fondo todos los modelos totalitarios son, en definitiva, encarnados por minorías que, por medio de la utilización variada de la fuerza, logran imponerse sobre las mayorías liberales.

Muchas veces esa dominación se logra por el miedo, por el esparcimiento del terror, por el copamiento de lugares estratégicos de poder que permiten, con menos, dominar más; por la presión económica y por amenazas de inteligencia.

Si bien se observa, el kirchnerismo no ha dejado de poner en práctica ninguna de estas herramientas: ha esparcido el miedo, los aprietes, ha copado lugares sensibles del poder para dominar más con menor necesidad de recursos humanos, en fin, una pléyade de instrumentos propios de los gobiernos -cuando menos- autoritarios.

Pero ha llevado estas estrategias al mismo grado de extremos al que llevó su limosnismo y su clientelismo socioeconómico. Y eso ha provocado un hastío de tal magnitud en la sociedad que probablemente su mayor contribución a la Argentina haya sido el profundizar tanto los costados más perversos de nuestras tradiciones que nosotros mismos hemos terminado asqueados.

En efecto, por nuestra historia y por nuestros precedentes (Ortega decía “España no podía darle a sus colonias algo que ella misma no tenía”), no pertenecemos, precisamente, a esa tradición emprendedora, librecambista, individual, privada y repelente del Estado a la que se integran otras culturas que hoy están en la avanzada mundial. Nuestra formación es “fiscalista” y “rentista”. Para nosotros la riqueza es una ecuación de suma cero y el Estado es el gran arbitro en la definición de quiénes son los ganadores y perdedores.

Por lo tanto hemos sido históricamente permeables a teorías que, justamente, se apoyan en la supremacía del Estado para que, desde esas Altas Torres, se nos indique qué podemos hacer, quién lo puede hacer, cuándo lo puedo hacer y cómo lo puede hacer.

Pero el kirchnerismo ha llevado ese costado dependiente de la sociedad a extremos de tal magnitud que, ahora, un número cada vez mayor de argentinos se siente sin oxígeno en este sistema. La Argentina se ha transformado en un país en donde lo que no está prohibido, es obligatorio. No hay nada en el medio, solo el Estado decidiendo lo uno o lo otro.

Las encuestas demuestran -mal que le pesen al carrero Kicillof (la forma en que se expresó el ministro respecto del supuesto “plan bomba” tenían, efectivamente, los modales de un “carrero”)- que el kirchnerismo se ha transformado en lo que probablemente siempre fue: una facción sectaria que desconoce la posible coexistencia con los demás.

Eliminado Scioli del concepto “kirchnerista”, está claro que lo que José Ottavis ha dicho con todas las letras (“A nosotros nos gustaría que fuera Máximo [Kirchner] el Presidente, o Wado [de Pedro], el Cuervo [Larroque] o Axel, porque estamos orgullosos de esta generación”) es lo que dejaría conforme al kirchnerismo de verdad: es decir rescatar su identidad facciosa y sectaria. Nótese que Ottavis habla de “generación” como si, efectivamente, una generación completa de argentinos pensara como ellos: no hay lugar para la disidencia, como seguramente lo postulaba la “juventud maravillosa”, otra “generación” que directamente fusilaba al desacatado.

Si esta tesis fuera cierta (que el kirchenrismo ha sido una especie de caricaturista que ha exagerado tanto nuestros propios rasgos que hasta nosotros mismos nos espantamos al vernos reflejados en la caricatura terminada) entonces habría que reconocerle lo que decíamos más arriba. Le ha hecho un enorme favor a la Argentina: al glotón le han dado tanto dulce que ahora está desesperado por una feta de jamón crudo.

El carrero Kicillof -quizás sin darse cuenta- haya sido el gran vehículo de este hartazgo sociológico. Como bien han explicado muchos, a veces, lamentablemente, es la mishiadura económica la que termina abriendo los ojos de los que no advertían lo mal que estábamos yendo. Pues bien: el PBI per capita desde que él es ministro ha caído; el crecimiento del PBI ha sido superado por primera vez en décadas por el crecimiento vegetativo de la población. De 150 países emergentes, la Argentina de los años 2011-2015 figura 140 en crecimiento del PBI y solo ha sido superada en inflación por un país: Venezuela.

La facción ha vuelto millonarios a sus operadores y ha mantenido en una felicidad zombie a enormes franjas sociales pauperizadas (a lo mejor) a propósito. Pero un centro cada vez más preponderante ha comenzado a sentir asco por esta caricatura y no ve la hora de recuperar su propio destino; que el horizonte de su vida vuelva a estar en sus manos y no en la de un conjunto de iluminados que, hace rato, han escogido ocupar los rincones purificados de las minorías.

Como se sabe, en la gestión de la Alianza, el ministro José Luis Machinea introdujo modificaciones al impuesto generando una serie de escalas según los ingresos (conocida como “la tablita de Machinea) para alcanzar a más personas a la base de tributación y con ello acercar más recursos a las siempre voraces y nunca conformes fauces del Estado.

De eso han pasado ya 14 años. Los valores en pesos de aquella “tablita” siguen siendo los mismos. Sí, sí, como lo escucha: los valores en pesos de aquellas escalas siguen siendo los mismos hoy, 14 años después de una inflación creciente y evidente.

Como consecuencia de ello, hoy prácticamente toda la población económicamente activa en blanco, en relación de dependencia o independientes, paga impuesto a las ganancias sin que ningún mínimo lo proteja. Es más, las injusticias entre trabajadores en relación de dependencia y autónomos, entre los que entran en escalas subsiguientes por un aumento nominal de salarios y entre las personas verdaderamente ricas y aquellas que han cometido el inverosímil pecado de estudiar, emplearse y tener un puesto más o menos importantes en una empresa, son absolutamente desquiciantes.

Frente a todo esto, el gobierno tiene un solo argumento: si cambiamos este esquema, actualizamos las escalas, aumentamos el mínimo no imponible o ajustamos por inflación el ingreso de los autónomos, no podemos financiar los programas sociales, así que “sáquense la careta y digan: nosotros queremos que baje o se suprima la asignación universal por hijo”. Esta fue palabras más, palabras menos, la reacción oficial.

La cuestión tiene importancia porque estas decisiones indirectamente definen el perfil de país que se ha construido en los últimos años y el modelo que se pretende profundizar. Se trata de un sesgo por la informalidad, de una preferencia por la miseria igualitariamente repartida, de una desconsideración al esfuerzo, al estudio, al deseo de progreso y una opción por el clientelismo y la pauperización de las condiciones sociales.

El gobierno prefiere dejar exhaustas a las fuerzas productivas formales de la economía aspirando todos los recursos que producen para transferírselos a los sectores informales que pasan a depender clientelarmente del Estado. El desafío “moral” de Kicillof (“digan que quieren eliminar la AUH”) no es otra cosa que una chicana.

El asalto al bolsillo de los argentinos productivos de todos modos resulta insuficiente para darle a los argentinos marginados un buen nivel de vida (la AUH, con la recomposición anunciada, no llega a $650), con lo cual el gobierno ha encontrado una ecuación perfecta para reunir de un solo plumazo lo peor de los dos mundos: deja esquilmados a los argentinos formales y, aun así, no puede llevar a la dignidad a los argentinos informales.

Antes de seguir con el análisis del costado económico de esta realidad, hagamos una digresión política: resulta obvio que con este procedimiento el gobierno coopta voluntades de gente que se forma la impresión de que es efectivamente posible vivir de la limosna estatal, “rebuscándosela” aquí y allá sin ingresar nunca en la economía formal. Se estima que hoy en día esa masa puede rozar el 20% de las personas en condiciones de votar.

Por lo tanto, es por aquí por donde deben buscarse las racionalidades de estas decisiones. Está claro que, desde el punto de vista económico, el sistema no resiste el menor análisis.

Si realmente se quisiera mejorar las condiciones de vida de esos sectores en la Argentina, deberían ocurrir dos cosas: por un lado el gobierno debería facilitar las condiciones para que se genere trabajo genuino y, por el otro, esos argentinos deberían estar dispuestos a aceptar esos trabajos que se generen en lugar de preferir los planes asistenciales.

Para lograr esto el sector productivo del país debería disponer de excedentes que puedan ser derivados a la inversión, al mejoramiento de la infraestructura y a la innovación tecnológica. Si esos excedentes son aspirados por el gobierno para alimentar planes con los que se captan voluntades políticas, seguiremos sin generar trabajo y fomentando la informalidad de vivir a la espera de un plan.

Por eso las definiciones de la presidente y de su ministro son importantes en el sentido “filosófico”, para saber el contorno de país que se prefiere y que se moldea.

Ese país es el del socialismo, aquel que Churchill definía así: “El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y la prédica a la envidia; su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria.” Es el perfil que uno observa hoy en Caracas o en La Habana en donde se multiplican los edificios descascarados, las viviendas enmohecidas y precarias, en donde una extensa red de miseria cubre el campo visual de cualquier observador.

El llamado proceso de redistribución de la riqueza -para el que la herramienta impositiva es esencial- se ha convertido en un proceso generador de pobreza en la que caen los esquilmados trabajadores formales, los empresarios y los trabajadores independientes, y de la que no pueden salir los asalariados informales, los indigentes y los marginales.

El esquema económico en el que estamos profundizará este perfil. Bajo la demagógica careta de ayudar a los que menos tienen y bajo la chicana moral de que, quienes se nieguen a ello, quieren la exclusión de algunos argentinos, seguiremos construyendo un país cada vez más mísero, con menos trabajo real, con menos riqueza y con más dependientes de la limosna política. Será un perfil en donde el verso de la “moralidad” y la “solidaridad” tape la verdadera inmoralidad de mantener a propósito en la miseria a millones a cambio de que crean que el gobierno los ayuda y cubra la verdadera insolidaridad de perpetuarse para siempre en el poder.

Se trata de la admisión pública de un fracaso económico estridente. En primer lugar, la asignación debería ser por definición un programa  de emergencia asistencial  muy reducido, casi periférico, para una franja muy excepcional de la población. Contrariamente a eso, son cada vez más las personas que cobran ese plan y muchas las que casi dependen clientelarmente de él.

Que un país cuyo gobierno se ha estado vanagloriando de haber provocado un nivel de actividad económica que ha producido un crecimiento “chino” de su economía deba seguir asistiendo a millones de personas con una limosna impresentable de $ 650, es la admisión lisa y llana de que lo que ha ocurrido aquí es la venta de una enorme escenografía, una puesta en escena que tiene cada vez menos espacio para seguir convenciendo.

Otro de los reconocimientos tácitos que el anuncio implica es, obviamente, la tasa de inflación. El ajuste admite la pérdida del valor adquisitivo de la moneda local y la enorme devaluación de su capacidad de compra. Es más, considerando el rubro alimentos, la asignación anunciada ayer está por debajo de los movimientos de precios que en ese rubro se han producido desde junio del año pasado hasta ahora y también desde el año 2009, momento en que el plan fuera anunciado por el gobierno, tomándolo del proyecto de los diputados Prat Gay y Carrió.

Del anuncio de la Sra. de Kirchner también se desprende que todos los que reclaman un aumento del mínimo no imponible de ganancias deberían ir despidiéndose de esa aspiración. La presidente fue clara al decir que estos planes se financian con los ingresos de IVA y Ganancias y que cualquier retoque hacia la baja en esos impuestos haría imposible la continuidad del beneficio.

Esa confesión también revela que son los trabajadores con un sueldo en blanco los que pagan esta enorme transferencia de recursos. En efecto, hay más o menos un millón y medio de empleados en relación de dependencia a quienes se les aplica el impuesto a las ganancias para financiar, entre otras cosas,  la asignación universal.

Se trata de una manera cómoda y segura de proveerse los recursos para mantener esta situación clientelar. Resulta obvio que esta no es la manera ideal de vivir, ni el cuadro ideal de una sociedad. Con el flujo de recursos que circularon por el país en estos últimos 10 años deberían haber creado las condiciones económicas como para que el país genere una actividad genuina que emplee gente de modo auténtico en actividades concretas y verdaderas que multipliquen el producto real de modo de no estar hablando hoy de cifras infladas sino de estadísticas tocables y contables.

Es más, lo que la presidente definió como un “aumento del 40%” no es tal porque a esos números debería descontársele la inflación del período, ejercicio que, si se hace, arrojaría, como vimos, un resultado negativo en materia de poder de compra sobre la canasta básica de alimentos. “Aumento” habría sido si la inflación del período hubiera sido del 3%. En ese caso el “aumento” hubiese alcanzado al 37% neto.  Pero lo de ayer fue un nuevo acto de realismo mágico, solo explicable si se admite estar especulando con el bajo nivel de comprensión económica de vastos sectores sociales.

Ese es, también, un cinismo bajo y lastimoso: aprovecharse de que mucha gente no domina estos tecnicismos para hacer aparecer lo que se dice como una mejora manifiesta y encima como una concesión graciosa y bondadosa del Príncipe, ya entra en un terreno en donde el juzgamiento no debería  ser económico sino moral.

Esta presentación de los hechos confirma un estilo y una táctica. Lo que en realidad es la prueba de un fracaso económico, se presenta como un beneficio redistributivo fruto de la convicción revolucionaria de sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Ya vimos cómo, en realidad, se les saca parte de su ingreso a los que tampoco tienen mucho y, también, cómo los que reciben, reciben algo que no es lo ideal, ya que una economía organizada y productiva (que además por obra de la Naturaleza y de las condiciones internacionales y a pesar de las políticas oficiales, generó fortunas en los últimos 1diezaños) lo que debería haber entregado son buenos salarios, producto de la generación de trabajo real.

Quizás lo que nos viene ocurriendo -y que fuera ratificado anoche- es un enorme pacto tácito entre un gobierno que prefiere la demagogia y una sociedad que prefiere los planes. Lo ideal, obviamente, sería un gobierno que prefiriera la inversión y una sociedad que prefiriera el trabajo. Pero por algún sortilegio del destino, parecen haberse combinado en la Argentina dos conveniencias que se retroalimentan y se benefician mutuamente: un gobierno que regala dinero en lugar de generar las condiciones para que haya trabajo, y una sociedad (para ser sinceros una parte de ella) que prefiere la dádiva y el “rebusque” al trabajo formal.

Más de una vez dijimos que el socialismo está doctorado en escasez. Lo común en él es la limosna, la insuficiencia, el racionamiento, la pobreza; la igualdad ante la falta. El kirchnerismo ha puesto en ejecución esas ideas. Hoy el 80% de los jubilados cobra la mínima, una miseria de $ 2700. Cada vez más argentinos cobran la “asignación”, ahora de $ 644. Las cifras dan vergüenza. Son un cachetazo a la grandeza argentina. Pero lo más preocupante es la celebración; el ambiente festivo del que se rodean estos anuncios. Cuando la mera existencia de una “asignación por hijo” debiera ser una afrenta para un país moderno y afluente, aquí es una fiesta que exista y que “aumente”, aun cuando el “aumento” sea otro engaño.

Algo muy profundo anda muy mal en la Argentina para que tomemos como “normal” lo “anormal” y como “bueno” lo “malo”. Se trata de un retorcimiento tan grande del sentido común promedio de la sociedad que si Gramsci viviera no podría creer que el país que primero tradujo su obra en el mundo hubiera llegado tan lejos en su aplicación.