Debe quedar claro políticamente desde hoy que hacia el pasado todo el daño terrorista de Irán queda borrado. Han jugado bien contra Occidente, tienen estudiada su psicología y saben que con lo único que cede el mundo libre en esta etapa histórica de cobardía y retroceso es parecer un peligro mundial, no presentarse como país bueno y pacifista. Quienes quieran leer política real deben registrar cómo funciona, las cosas se ganan de mala manera, jamás obedeciendo al establishment. Es decir, el terrorismo es un legítimo y eficiente método político que cuando se presenta en su verdadera dimensión extrema hasta deja de ser considerado ilegal y violatorio de los derechos humanos.

La jugada chamberlainista de Obama y John Kerry, ¿por qué se dio? También esto debe ser interpretado correctamente. Por una parte, es la esencia de los demócratas, de la izquierda norteamericana y de la opinión pública de EEUU, que hoy no es precisamente republicana-reaganista. Por el otro, Obama y Kerry (antes Hillary Clinton) trataron desde 2009 de jugar fuerte en Medio Oriente y buscaron poner orden con su mediación. Pero hicieron todo mal. En 2009-2010 intentaron sellar la paz basada en los regímenes panarabistas clásicos como el de Egipto. Cuando se presentaron problemas en Egipto, dijeron: “No, estos tipos como Mubarak, Gaddafi y Assad son malos y hay que sacarlos”. Entonces cambiaron de bando y arreglaron con el fundamentalismo islámico sunnita, con Al Qaeda, sí. Este fue el proceso trágico 2011-2012; las consecuencias de este giro se ven hoy con el Estado Islámico, donde el invento se volvió contra el inventor.

En el medio trató, como todo gobierno norteamericano, de lograr la paz entre Israel y Palestina, conflicto que se apaga solo y que hace rato dejó de ser un problema al haber quedado desconectado del gran cuadro de fuerzas intra-árabes e intra-musulmanas de la geopolítica regional. Y desde luego, fracasó Obama por no entender justamente esto que advertimos a partir de estas columnas en los últimos años. Desesperado por conseguir algo para su jactancia personal y advirtiendo que prender velas y plantar árboles de la paz no sirve para nada frente a semejantes especímenes árabes que se matan entre sí, se le ocurrió a Obama que había que firmar la paz con Irán. Y aquí está el acuerdo. Una vía libre para la próxima guerra entre Teherán y Jerusalén, que será nuclear. La verdad es que, de ningún modo, Hiroshima y Nagasaki pueden quedar como los únicos casos de definición atómica entre países. No existe tal cosa como que los inspectores monitorearán por diez años que Irán no fabrique la bomba. En siete u ocho años asistiremos al espectáculo de los ayatollahs con Hezbollah cumpliendo su sueño de borrar a Israel del mapa y, seguramente, el intento fracasará, porque Irán será devastado de antemano con el increíble arsenal nuclear acumulado por Israel en el último medio siglo. Siempre la falsa paz trae la guerra, guerras mucho peores de las que se quieren evitar.

Ayer fue Chamberlain-Hitler, hoy es Obama-Khamenei vía Hassan Rouhani, el de la foto que la va de moderado tras la etapa anterior del desastre de Mahmoud Ahmadenidejad. Finalmente, frente al acuerdo humillante de hoy, me permito rescatar la que aprecio como la mejor frase de la jornada. Desde Jerusalén, capital del diminuto Estado de Israel, representación del pueblo judío en armas, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió debidamente a todos: “Es un error de proporciones históricas. Nuestra nación no queda obligada por la componenda. Nos reservamos el derecho de defendernos a nosotros mismos”. Que sea lo que Dios quiera.

Desde luego que su determinación es tan inconveniente para el país, incoherente por haber litigado una década y aceptado la jurisdicción extranjera, que “la lógica” indicaba que había que cerrar trato y pagar, en efectivo o con nuevos bonos pero pagar. Sin embargo, a todos el Gobierno les decía en la cara que no iba a cumplir, aún cuando se ingresara en default por la deuda regularizada del 2005 producto de embargos que afectaran a sus titulares. Pero casi nadie lo quiso creer hasta el discurso del Ministro Kicillof del miércoles 30 de julio desde el Consulado en Nueva York.

El propio juez Griesa es otro de los engañados. Pensó que en verdad Argentina estaba chicaneando sobre la forma de pago, no sobre el hecho mismo del cumplimiento de su fallo. Nombró un mediador para arreglar un modo no ofensivo ni humillante para la Argentina de pago del juicio, pero los representantes del gobierno lo trataron como si comenzara el proceso de vuelta y armaron otra campaña política pública para fundamentar su desconocimiento a la decisión de la Justicia.

Mintieron a todo el país y al extranjero con la cláusula RUFO, alegándola para no pagar el falllo, cuando es tan obvio que no se trata de ningún modo de una liberalidad de Argentina de andar regalando nada distinto a lo de los acreedores 2005/2010 sino que cumple obligadamente porque el proceso llegó al final. Y, por el mismo motivo, mienten ahora si dicen que desde el 1 de enero de 2015 se abre otra oportunidad para acordar no condicionados por la RUFO.

El ministro Kicillof, que hasta frustró una negociación privada de bancos motorizada por otros sectores del gobierno más racionales, representa ahora la ideología financiera kirchnerista que consiste, en esta materia, en lo siguiente:

1) El titular de un título del Estado no tiene derecho a cobrar lo que el bono dice que se debe pagar sino lo que voluntariamente el Gobierno decida que se paga, siempre. Las obligaciones contenidas en el contrato son meramente potestativas, tipificación del Código Civil argentino específicamente prohibida en el derecho nacional, que son aquellas donde el deudor cumple si quiere y si no quiere no cumple. O sea, son obligaciones establecidas “en broma”, no son verdaderas conductas debidas por parte del deudor al acreedor.

2) Quien compra un título del Estado en el mercado secundario a descuento no tiene derecho a percibir aquello que está escrito en el bono sino mucho menos y siempre es lo que el Estado arbitrariamente diga que paga. Se considera injusto que quien compra un papel del Estado barato pueda pretender el 100% del crédito, por más de que las oscilaciones de precios en el mercado sean hechos normales y legales y formen parte de las reglas de juego, y aunque el Estado emisor deba siempre lo mismo con independencia del fenómeno de precios del bono o sea el 100%. Este ha sido el argumento más fuerte para no pagar la sentencia, “pusieron 60 millones y pretenden el 1600% de rentabilidad”, “nosotros les ofrecemos a los buitres el 300% y ellos quieren el 1600%”. Este fraude propagandístico del kirchnerismo lo compró casi todo el país, hasta uno escucha gente de ideología liberal decir que los demandantes no merecen cobrar porque pretendieron ganar demasiado. ¿Cómo es posible que nadie, desde la política o el derecho, descalifique semejante absurda construcción? No se puede confundir una ganancia de capital (resultante de la compra-venta de activos) de la ganancia consistente en la tasa de interés a la que se comprometió el deudor. La ganancia de capital que terceros realicen no le afecta al emisor del bono, cuya obligación pertenece al universo rentístico y no de capital, puesto a que debe solo lo recibido en préstamo más la tasa de interés y su deuda es inflexible al precio cotizado en el mercado. Así lo ha reconocido la Justicia competente de Estados Unidos, tema que ni trata ni discute porque no es jurídico como no jurídico es el concepto de “fondo buitre” tal cual lo manifesté en este medio en 2013.

3) Nos presentamos en los juicios de Nueva York simplemente para ganar tiempo. Si los ganábamos, todo bien. Si los perdíamos, como sucedió, no cumplimos nada. Solo nosotros determinamos qué, cuándo, cómo y dónde pagar. No hay autoridad que esté por sobre nuestra voluntad política absoluta. Las declaraciones de ayer del juez Eugenio Zaffaroni atacando a la Justicia norteamericana son el agregado político final que se necesitaba para confirmar que Argentina hace lo que quiere. El repudio al fallo judicial equivocadamente suele compararse con la decisión de recuperar las Malvinas de 1982. Es un error. El antecedente de este comportamiento es el de la Junta Militar y de Videla del 25 de enero de 1978, cuando insólitamente se decide repudiar el laudo arbitral que determinó que tres islas del Canal de Beagle eran de Chile y no de nuestro país, tras lo cual estuvimos al borde de entrar en guerra solo por el disparate máximo de ir a juicio y, como se pierde, no aceptar la sentencia. No hay modo de que ahora el Gobierno se salga con la suya. Se embargarán bienes del país, inclusive fuera de los EE.UU., y los acreedores “buitres” y “no buitres” cobrarán. En breve llegarán sentencias adicionales por los restantes holdouts, unos 18.000-22.000 millones más, y caerá el canje de bonos de 2005 por reclamos de acreedores que pedirán la aceleración de cobro de sus créditos acorde a los mismos contratos firmados por el gobierno de Néstor Kirchner. Todo esto por la traba ideológica de Kicillof y Cristina Kirchner de no aceptar que los “buitres” tenían razón y que deben cumplir la sentencia que les resultó adversa. La reacción en cadena económica que se libera ahora con estos hechos es de extrema gravedad para el país, y la negación generalizada también. Atención, que la presunta deuda pública “reducida” que tenemos se puede como nada duplicar o más en pocos meses producto del delirio del gobierno de defaultear una sentencia de poca monta y de defaultear los pagos a los bonos de 2005 (aunque pretenda decir que pagó cuando no pagó).

Es mayoritario el sentimiento corporativo político nacional en cuanto a que el pago de un título público es un hecho más de la política económica del Gobierno, es decir, se cuenta con absoluta facultad para cumplir o no cumplir según los intereses y deseos del momento. No se visualiza en Argentina que los contratos financieros como éstos constituyan una actividad que el Estado desarrolla como un privado más y que por ello es susceptible de ser demandado como cualquiera con resultados que en los juicios pueden resultarles favorables o desfavorables.

Esta mentalidad nacional, que nos consagra como campeones mundiales del incumplimiento y que deriva evidentemente en una decisión política de la sociedad, debería generar correlativamente una política permanente de Estado al no endeudamiento por incapacidad psicológica de asumir que lo que una vez se recibe como préstamo tiene un único destino que es la devolución con intereses del capital obtenido acorde a los compromisos del contrato firmado. Analícense los sentimientos de quienes administran el país, provincias o municipios en esta materia. Piden créditos, emiten bonos para formalizarlos, incorporan los fondos a su patrimonio como activos que se gastan, pero directamente borran de sus pensamientos la obligación de repagar la deuda. Alcanzadas las fechas de pago, y no obteniéndose renovación del crédito, comienza la guerra contra el acreedor al que se reputa culpable de haber prestado. Estimo que frente a esta realidad cíclica nacional, la corporación política toda debería decidir no tomar deuda nunca más, ni externa, ni interna, ni de organismos internacionales, nada de nada. Sería lo más prolijo en virtud de la incapacidad para manejarse en este terreno.

Advertencia: Declaro no ser acreedor de la República Argentina, no estar ni haber estado en juicio contra el país por causas de deuda incumplida ni asesorar a acreedores del estado de ninguna clase.

La doctrina norteamericana derivada de la sentencia condenatoria a pagar más de 1330 millones de dolares se encuentra a 180 grados de las posturas defaulteadoras que se promueven en Argentina desde hace décadas, tanto desde el actual oficialismo como desde todos los sectores de la llamada “oposición”, y en particular en los últimos trece años, pero también desde los tribunales argentinos y desde la misma Facultad de Derecho de la UBA, donde prima la apología del incumplidor y donde se relativiza la importancia de pagar las obligaciones derivadas de los contratos, sobre la base de presuntas “imprevisiones” de hechos económicos, de alteraciones en la “equivalencia” en las prestaciones o simplemente porque se considera, a conciencia, que la forma más certera de destruir las bases de la sociedad liberal y capitalista es incentivar la desconfianza a invertir y el desapego a cualquier principio de seguridad jurídica y de estabilidad y previsibilidad en las normas civiles y comerciales. 

El jefe “buitre” Paul Singer buscó un negocio y le salió bien. El juez Griesa aplicó la ley y las estipulaciones de los propios contratos firmados por el país. Pero si bien ahora sus acciones implicarán para Argentina la obligación de pagar, lo cual recaerá en cabeza de cada contribuyente ya debidamente explotado por el Estado, tiene la ventaja de constituir una lección de importancia para todos los argentinos que vinieron opinando al contrario de lo sucedido y ahora determinado, casi sin excepciones, quedando convalidado lo siguiente: 

1) Cuando el Estado emite bonos representativos de una deuda que asume, y éstos son diseñados para que circulen libremente entre partes que van comprando y vendiendo el crédito contenido en los títulos a un precio convenido, el valor de adquisición en el mercado secundario, por bajo que sea, no restringe los derechos a reclamar frente al emisor la totalidad de la deuda asumida incluyendo capital e intereses.

2) En un proceso de caída en los precios de la deuda, y de subida en las tasas de interés implícitas producto del intercambio secundario, jamás el Estado tiene que pagar más dinero que el originalmente acordado en la suscripción primaria. La reiterada expresión de la presidenta Cristina Kirchner aludiendo a la alta rentabilidad obtenida por los fondos buitres carece de todo fundamento legal y moral, ya que lo que obtiene en todo caso el “buitre” que compra es una ganancia de capital en el mercado, que de ningún modo es pagada por el estado emisor del bono. Éste siempre queda obligado por lo comprometido de capital e intereses. Nunca el Estado paga tasas del 1650%, siempre deberá el 7, 10 ó 12% del pacto original. Nunca más, nunca menos.

3) El Estado puede perfectamente recomprar su propia deuda de baja cotización, si esto sucede, quitándole a otro la posibilidad de ganar y ahorrándose no solo intereses sino pago parcial de capital. Néstor Kirchner podría haber hecho esto, con fondos públicos, en 2003-2004. No quiso o no entendió qué es un bono, por eso no puede el gobierno ahora alegar su propia torpeza financiera quejándose de la ganancia de otro.

4) No se deriva ningún derecho y obligación del “riesgo país”, del alza y de la baja de las tasas de interés secundarias, sólo cuentan las primarias como fuente obligacional, las secundarias no son un ente jurídico. Es por esta misma causa que no existen jurídicamente como tales los “fondos buitres”, porque éstos realizan en todo caso actividades legales, tan es así que el precio de adquisición de un bono no se discute en juicio, sea éste bajo, medio o alto. Por eso yo decía el año pasado en este mismo medio que los fondos buitres no existen y Argentina tendrá que pagar lo que debe, y es en este sentido como se ha sentenciado en los Estados Unidos con alejamiento de toda demagogia emanada desde la política argentina que muestra desconocimiento e ignorancia financiera y legal inexplicable e incomparable a nivel mundial.

5) Queda aniquilado el también criterio político argentino de que el Estado puede tomar deuda todas las veces que quiera e ilimitadamente pero que, cuando llega el momento de cancelar las obligaciones, va viendo si puede o si le conviene hacerlo. El Estado no tiene impunidad para incumplir. El discurso infantil también inexplicable, de oficialistas y opositores, por el cual si se accedía a la pretensión de acreedores buitres corrían riesgo reestructuraciones futuras de deudas soberanas y se debilitaba la plaza de Nueva York como mercado, quedó igualmente invalidado por completo. Nueva York en verdad quiere ser la plaza más confiable, donde el acreedor pueda ser pagado en caso de incumplimiento, no donde se le confisquen sus créditos al estilo argentino. Y las reestructuraciones de deuda constituyen un hecho extraordinario que se procura no suceda nunca, no como en Argentina donde parece ser promocionado para que ocurra normal y habitualmente. 

Tras el fracaso del gobierno y de casi toda la opinión pública nacional en los litigios por la deuda en Nueva York, debe surgir la esperanza de que tal vez la enseñanza sirva para que futuras generaciones no cometan los mismos errores o para que al menos piensen responsablemente cómo actuar en casos de dificultad evitando caer en determinaciones suicidas que sólo perjudican al país. Si algún cambio se verificara en los próximos tiempos, habrá sido, sin duda, gracias a que el juez Griesa aplicó la ley y el contrato y a la determinación de un ambicioso capitalista especulador como Paul Singer que además de lograr que se reconozcan derechos que no debían borrarse, con sus compras en el medio del desastre fue parte de quienes consiguieron frenar la gran caída de la deuda en los momentos más difíciles del país.

Advertencia: Declaro no ser acreedor de la República Argentina, no estar ni haber estado en juicio contra el país por causas de deuda incumplida ni asesorar a acreedores del Estado de ninguna clase.

1) Cómo juega su pedido de buscar crédito contra la política de presunto desendeudamiento reiteradamente anunciada por Néstor y Cristina Kirchner desde 2003 en adelante?

2) Por qué buscar financiamiento mediante oscuras negociaciones bilaterales con banqueros y con sus mesas de dinero, al estilo setentista de Martínez de Hoz y del dictador Videla, en vez de salir a pedir plata mediante transparentes suscripciones públicas de bonos en el mercado de capitales?

3) Qué garantía hay de que créditos concedidos por el mecanismo que usted propone no sean después repudiados como ilegítimos además de defaulteados de oficio alegando que no se va a pagar deuda sobre el hambre del pueblo?

4) Por qué no recurrir, en cambio, al FMI solicitando 30.000 millones a tasa bajísima para salir de esta situación de coyuntura desesperante?

5) No cree usted que este pedido que formula es una muestra de debilidad financiera que incentivará mayor corrida cambiaria, mayor corrida bancaria y mayor corrida bajista contra la deuda pública argentina que cotiza en los mercados?

6) Usted dijo en el Congreso cuando confiscó YPF en 2012 que hay dos términos que le parecían horribles: “clima de negocios” y “seguridad jurídica”. Si su ideología es que el deudor de una obligación puede liberarse repudiando la deuda, como cada tanto tiempo hace el Estado argentino, dado que se profesa la no-seguridad jurídica como doctrina oficial de la política nacional, ¿por qué prestamistas del exterior lo van a ayudar ahora si saben de antemano que usted, y los que lo continúen en el poder más adelante, dirán que no pagarán capital e intereses de los créditos otorgados porque no pueden, porque no quieren, o porque los acreedores sabían que era muy riesgoso prestarle a la Argentina y que por lo tanto deben embromarse y aceptar el default, además de que serán difamados bajo el rótulo de “acreedores buitres”?

Gracias anticipadamente por sus respuestas, señor ministro Kicillof.