Lejos de debatir y elaborar políticas a largo plazo que tiendan a mejorar la situación estructural del país, en los últimos años nos hemos acostumbrado a correr detrás de la coyuntura, a poner parches a las situaciones que iban tornándose incontenibles.

La iniciativa en cuestión lamentablemente responde a esa lógica. Con determinadas modificaciones es una propuesta válida, pero de nada servirá si no es acompañada por un proyecto bien definido de desarrollo sostenido, basado en la inversión y en la competitividad de nuestros sectores productivos, que son los verdaderos generadores de empleo genuino.

Hoy transitamos un escenario laboral complejo en el que hace ya casi cinco años que no se crea empleo privado en el país, mientras que el Gobierno anterior decidió generar más de un millón de empleos públicos para esconder el problema y al mismo tiempo garantizarse adhesiones políticas y partidarias.

Asimismo, se incrementaron los despidos de los trabajadores vinculados a la construcción y los servicios de las empresas contratistas, debido a la paralización de la obra pública y la imposibilidad de incumplir compromisos con el sector privado. Ello se generó por la explosiva combinación que la anterior administración realizó entre déficit presupuestario, incremento exponencial del gasto público sin planificación y con asignación discrecional e inflación vía emisión monetaria y atraso cambiario, sumado a una brutal corrupción sin precedentes.

De diciembre a la fecha ha continuado la problemática de los despidos que se venía generando en el sector privado, particularmente en las pymes, que son las principales tomadoras de mano de obra. Esto ha sido señalado con preocupación por las diferentes cámaras que las representan. Esta ley, al no distinguir entre las grandes empresas y las pymes, tendrá un efecto colateral muy grave, que incluye continuidad de los despidos, no incorporación de nuevo personal y eventual cierre de cientos de establecimientos, por estar imposibilitados de afrontar estas condiciones.

Los sectores de las economías regionales en general y las pequeñas y medianas empresas requieren políticas de sostenimiento urgentes, a través de estímulos tributarios y crediticios y otras medidas de contención. Si, para colmo, no se las excluye de la ley de emergencia ocupacional, podrían sufrir daños irreparables, lo que dificultaría aún más la situación general de la economía.

El trabajo digno, la cultura del trabajo, la defensa de las pymes y las economías regionales, todo ello debe ser contemplado en una profunda estrategia de producción y empleo, con la búsqueda de consensos, con la eliminación de la brutal corrupción sufrida, con la debida utilización del gasto público, la modificación y la rebaja de la presión impositiva y la apuesta de la banca pública y privada al servicio de la actividad económica.

Salgamos de la coyuntura, sin dejar de atenderla. Planificar a mediano y largo plazo con el acuerdo de todos los sectores y contemplando la realidad de los diferentes grupos sociales y económicos, es el principal desafío que tiene nuestro país y el compromiso que debe asumir el Gobierno actual.

Hemos sido parte de los “anticuerpos” a los que el mismo general Domingo Perón hacía referencia cuando el peronismo se veía socavado por algunas fuerzas que no nos representaban en nuestros valores y convicciones. Y ahora estamos frente a la gran oportunidad histórica de iniciar un nuevo camino en nuestro país; pero, para eso, es necesario que quienes encabecen esta gran cruzada sean acompañados por todos los que hemos hecho de la necesidad del cambio nuestra bandera al momento de defender las instituciones, la Justicia y el funcionamiento de la democracia.

Como diputado de la nación, he denunciado hasta el cansancio el envío y el tratamiento exprés de las leyes que han determinado el curso de la Argentina en el último tiempo, sin el debate suficiente ni la posibilidad de trabajar seriamente en cada uno de los temas. De la misma manera, hemos enfrentado la práctica de este Gobierno de ocultar, detrás de grandes banderas nacionales, intereses espurios que sólo colaboraron a engrandecer su poder.

Desde el Movimiento Productivo Argentino, fundación que presido, convocamos permanentemente a instituciones de la sociedad civil y usinas de pensamiento de diferentes sectores para dialogar y lograr acuerdos sobre políticas de Estado a mediano y largo plazo en materia productiva, económica, social e institucional.

Y recientemente disputamos la Intendencia del partido de Gral. San Martín en la provincia de Buenos Aires acompañando al Frente Renovador, con el gran objetivo de aprovechar al máximo el potencial productivo local. Estamos convencidos de que esta es la única manera de generar trabajo digno, mejorar la calidad de vida y la seguridad de las personas.

Es por ello que, en el actual escenario, felicitamos al intendente electo en San Martín, Gabriel Katopodis, con el anhelo de que sepa interpretar a las más de cuarenta mil personas que nos acompañaron con su voto y confiaron en que la recuperación productiva de San Martín y la revalorización de sus instituciones educativas garantizarán el futuro del distrito.

De la misma manera, felicitamos y acompañamos a la nueva gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con quien nos une el gran sueño y la responsabilidad de ver a nuestra querida provincia nuevamente en el lugar que merece. Queremos lograr una política inclusiva y beneficiosa tanto para los productores y los empresarios como para los trabajadores y sus familias.

Por último, con miras al próximo ballotage del 22 de noviembre, apostamos a seguir profundizando este cambio que ya empezamos a transitar hacia una Argentina de pie, con porvenir y oportunidades para todos.

En este sentido, los últimos quince años de retraso, desmanejo y desfinanciamiento de la tarea de infraestructura, afectan no sólo a miles de productores agropecuarios sino también a los habitantes de dichas zonas, quienes han sufrido pérdidas incalculables. Ni qué decir de las víctimas de las inundaciones de varios distritos del conurbano que han visto en riesgo sus propias vidas y han perdido sus hogares debido a estos desastres perfectamente evitables.

Para empezar, podemos afirmar que el Gobierno no tiene un plan hídrico estratégico que permita superar el problema de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Hay un plan maestro para la Cuenca del Salado, realizado en 1998, que debería estar terminado hace por lo menos dos años, pero sólo se concretó el 40% del mismo. De hecho, desde 2010 el tercer y cuarto tramo de las obras están paralizados. 

El Fondo Hídrico para financiar este plan, que se recauda con impuesto a las naftas y GNC, comenzó a asignarse en 2006 a la realización de obras en zonas urbanas. Sin embargo, esto se llevó a cabo sin ningún tipo de planificación ni control, por lo que se observa una improvisación absoluta que complica aún más las cosas. Por ejemplo, ¿de qué sirve la realización de un desagüe pluvial en un rincón de Luján, si está ejecutado sin interconexión con otras obras en distritos cercanos? Ya es sabido que cuando el agua llega, avanza contra todo, desagüe pluvial incluido.

El año pasado, al consultar al Ministerio de Planificación al respecto, específicamente en la zona de San Martín y alrededores, su vocero remarcó el efecto del cuenco aliviador del arroyo Medrano. No obstante, esto parece un absurdo, teniendo cuenta que la obra fue realizada en la década de los noventa, y que al construirse Tecnópolis dicho cuenco se vio reducido y se asfaltaron hectáreas que antes drenaban naturalmente las lluvias, provocando nuevas y dramáticas inundaciones en Villa Maipú.

Por supuesto, no podemos dejar de mencionar el desfinanciamiento que ha sufrido el problema de las inundaciones en la provincia, al punto que en 2011 sus fondos fueron utilizados por el gobierno nacional para costear stands de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y de las universidades de Tres de Febrero y San Martín en Tecnópolis.

Durante este año persiste esta cuestionable realidad, ya que en el primer semestre de 2015 el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica originó recursos por $2856 millones; de los cuales -de acuerdo a UCOFIN, organismo encargado de administrarlo que depende del Ministerio de Economía- sólo se destinaron $452 millones a las provincias y municipios para abonar obras en curso, mientras que otros $250 millones fueron asignados al Plan de Control de Inundaciones.

Por otro lado, no se explica por qué razón recursos provenientes de este Fondo son desviados a las obras correspondientes a las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, adjudicadas a inversores chinos. En efecto, en lo que va del año fueron asignados a este destino $947 millones, es decir $244 millones más que para contener inundaciones.

Ante el difícil escenario que hoy nos toca afrontar, lo que nos preguntamos es ¿dónde se encuentran los $1207 millones que deberían utilizarse para mitigar este problema y que aún no fueron asignados?

En definitiva, sin una estrategia planificada, con desvío de fondos y obras insuficientes, lamentablemente este daño a la población persistirá con mayor gravedad y frecuencia. Y lo único que obtenemos por parte de los funcionarios de turno es la necesidad de tapar el problema para que no afecte sus resultados electorales.

Candidato a Intendente de San Martín (UNA)

A quienes no adherimos al falso relato del gobierno actual, a la corrupción y a los atropellos institucionales que hemos padecido durante los últimos doce años, y sobre todo al desaprovechamiento de la gran oportunidad que nos ha brindado el mundo gracias a la inmensa potencialidad de nuestros recursos, nos permitirá plantearle a la ciudadanía una transformación seria y responsable hacia el desarrollo productivo de nuestro país, con sustentabilidad y mayor distribución de la riqueza.

A pesar de las altísimas tasas de crecimiento que se han dado en períodos recientes y de que hoy contamos con la mayor carga tributaria de la historia, continuamos asistiendo al agravamiento de la pobreza y la marginalidad; al deterioro acelerado de la educación, más allá de la mayor asignación de fondos; al ataque sistemático a los sectores productivos y del trabajo a través de la licuación de sus ingresos y una feroz política impositiva; a la destrucción del federalismo y de las economías regionales, entre otras cuestiones que nos afectan a diario.

En estos últimos meses hemos alcanzado el nivel más alto de desconfianza y desprestigio institucional al tener casos extremos de corrupción por parte de altos funcionarios, lo que incluye un vicepresidente procesado; y ni qué hablar de una sociedad atemorizada frente a la muerte de un fiscal que investigaba a la propia presidenta, hecho sobre el cual aún no contamos con información certera.

Este año, entonces, tendremos la oportunidad de presentar una alternativa manifiestamente diferente; sin dudas, una contracara visible que demuestre un gran compromiso con la elaboración de una estrategia clara de país, guiada por políticas de Estado a mediano y largo plazo para el desarrollo productivo e inclusivo de la Argentina.

Esta contracara que tenemos la responsabilidad de construir quienes no negociamos con la ficción montada por el actual gobierno a través de datos falsos y del encubrimiento de sus intereses particulares detrás de pretendidas banderas nacionales, deberá forjarse sobre los pilares del profundo respeto por las instituciones y la división de poderes; de la Cultura del Encuentro y del diálogo; del reconocimiento de la realidad como base de las decisiones políticas y económicas; de la recuperación de la educación y la cultura del trabajo como cimientos de una sociedad más justa e igualitaria.

Todo lo señalado sólo se logrará a través de acuerdos profundos basados no en proyectos personales, sino en estrategias sólidas que le devuelvan al pueblo argentino la confianza plena en el sistema democrático que supimos alcanzar y defender, y que le garanticen una verdadera calidad de vida, empleo digno, seguridad física y jurídica e igualdad de oportunidades.

Estoy convencido de que China, junto al resto de Asia pacífico, se puede convertir en nuestro presente y futuro comercial. Particularmente, la Argentina posee recursos claves para el desarrollo de estas naciones que juegan un rol creciente en el escenario internacional. Para tomar dimensión de ello, 20 millones de chinos se trasladan del campo a la ciudad por año, adquiriendo nuevos hábitos de consumo y alimentación, y sus tierras son insuficientes para acompañar este proceso. De modo que un territorio como el nuestro, que dispone de potencial para alimentar a 800 millones de habitantes, tiene mucho que negociar con estos actores. Pero para ello necesitamos una planificación estratégica que privilegie nuestras ventajas competitivas.

En este contexto, hoy será tratado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para aprobar el Convenio marco de cooperación en materia económica y de inversión entre la República Argentina y el gobierno de la República Popular China, el cual fue suscrito el 18 de julio de 2014 y ya cuenta con media sanción en el Senado.

Dicho convenio, que ya está siendo implementado por la Presidente mediante la firma de acuerdos específicos en Pekín, despierta fuertes controversias ya que, por ejemplo, en su artículo 5 permite que todas las inversiones que surjan del mismo se realicen sin licitación pública, es decir con contrataciones directas, a cambio de financiamiento chino. En este sentido, el grupo de los ocho ex Secretarios de Energía de la Nación ha advertido que este tipo de adjudicaciones son limitadas en su transparencia, constituyéndose en “fuente de sobreprecios, baja calidad de los suministros y excesivas comisiones en beneficio de los adjudicatarios y los intermediarios en las compras”, además de excluir la provisión de bienes y servicios locales.

Por otro lado, el convenio brinda la posibilidad de contratación de mano de obra de origen chino en la Argentina aplicando las leyes laborales chinas, sin pagar ningún tipo de impuesto o carga laboral al Estado nacional, lo que obstruye la generación de empleo para los trabajadores argentinos en un contexto de desocupación creciente; y a su vez, le otorga discrecionalidad al Ministerio de Economía para firmar convenios específicos entre entidades gubernamentales, sin la debida aprobación y control legislativo.

El desequilibrio en esta relación bilateral, donde nuestro país llegó a alcanzar un déficit de 6000 millones de dólares el año pasado, se observa desde hace varios años. Por ejemplo, en 2005, siendo presidente de la Comisión de Industria, yo mismo presenté un proyecto de resolución (2001-D-05) para defender los intereses de los sectores de la producción y del trabajo nacionales, particularmente las pymes industriales y agropecuarias, las economías regionales y los trabajadores, frente al avance de las importaciones chinas.

Entonces, ¿por qué pudiendo ser grandes colocadores de productos con valor agregado y trabajo argentino incorporado, exportamos cada vez menos a China e importamos cada vez más sus bienes industriales? ¿Por qué pudiendo tener saldos comerciales a favor de nuestro país por sus claras ventajas competitivas en temas agroalimentarios, cada vez son más deficitarios? ¿Por qué aprobaremos un convenio cuyas condiciones no nos ubican como socios estratégicos de China sino como una nueva zona donde ellos puedan realizar sus negocios?

Claramente, la respuesta la podemos hallar, una vez más, no en una planificación de infraestructura, autoabastecimiento energético e incremento de la productividad en el mediano y largo plazo; sino en la urgencia coyuntural del Gobierno por inyectar reservas a través de los recursos que los chinos proveen y mantener tranquila la cuenta capital de aquí a unos diez meses en que finaliza el mandato presidencial.

No se puede dejar de mencionar en este contexto otra de las concesiones realizadas por parte del Gobierno a China en el mes de agosto del año pasado, cuando se votó en el Congreso la “inviolabilidad de los depósitos de los bancos extranjeros”. En aquel momento fuimos solamente ocho los diputados que votamos en contra, argumentando que aquello estaba manifiestamente dirigido a beneficiar a la República de China y que se trataba de la antesala de la falta de un acuerdo comercial estratégico que nos causaría graves daños.

Y basta con mirar a Brasil para darnos cuenta de que la Argentina está desaprovechando la gran oportunidad que nos presenta este inmenso mercado. A diferencia nuestra, el país vecino estableció un plan decenal de cooperación basado en un fuerte debate punto por punto y en una acción conjunta guiada por las características y necesidades de ambos países; las estrategias de desarrollo y leyes de las dos naciones; y los principios de beneficio mutuo, desarrollo común, viabilidad y eficiencia.

Por todo ello, vuelvo a insistir en que no perdamos como prioridad los intereses de nuestro futuro; no nos reduzcamos a la emergencia de la coyuntura actual para lograr cualquier tipo de acuerdo internacional. El resto de los países cuidan sus intereses y estructuras y van a sacar el mayor provecho de los límites que nosotros no establezcamos. En definitiva, seamos partícipes y no miremos desde afuera el modo en que se está reacomodando el mundo.

Sin entrar en consideraciones sobre la investigación judicial en proceso, ni tampoco en las derivaciones de la denuncia que efectuara pocos días antes en el marco de su investigación sobre el atentado de la AMIA, este hecho de gravedad inusitada desnuda la pauperización de las instituciones de la vida republicana, entre ellas la de la propia investidura presidencial.

La generalizada sospecha en la opinión pública de que será difícil –si no imposible- encontrar la verdad sobre la muerte del fiscal reabre el debate sobre el sistema de toma de decisiones del actual gobierno, en cuya responsabilidad recae la seguridad e integridad de la ciudadanía.

Tampoco ayuda que las más altas autoridades echen a rodar livianamente sus teorías de complots para victimizarse, como ha sucedido durante toda la última década cada vez que se han organizado manifestaciones sectoriales para expresar disidencias; cuando algún dirigente que acompañaba durante una etapa tomaba distancia; en fechas cercanas a elecciones; o cuando la sociedad le reclama explicaciones a su errada o inexistente toma de decisiones económicas, políticas o sociales. A esta altura, constituye una estrategia previsible por lo reiterativa, pero no menos dañina.

De acuerdo con la opinión de algunos politólogos, existe una relación directa entre ver conspiraciones en todos lados y el grado de retroceso de la calidad democrática: es el recurso más fácil de chantaje político al opositor; y como las palabras “complot” y “desestabilización” tienen para cualquier argentino connotaciones vinculadas con actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, su uso discursivo provoca conmoción, inestabilidad e incertidumbre en la población.

Estamos siendo observados con perplejidad por el mundo entero. Y nuevamente por hechos que nos provocan un enorme dolor y desamparo.

Semejante desasosiego sobre nuestro presente y nuestro futuro sólo puede ser remediado con más y mejor democracia; y no menos, como hemos visto estos últimos días.

De acuerdo a la consideración de algunos economistas, ante la problemática financiera que nos aqueja actualmente, esta iniciativa se vincula con la necesidad de contar con los fondos prometidos por el presidente chino en su última visita a nuestro país –alrededor de 11.000 millones de dólares en yuanes-. Y seguramente a esta misma razón obedece la urgencia de su tratamiento en el Congreso, 24 horas después de su aprobación en Comisión y en sesión especial.

No obstante ello, no podemos dejar de analizar esta situación en el marco de la relación comercial entre ambos países y la realidad actual de la política productiva nacional.

Asia Pacífico, y particularmente China, constituyen la zona de mayor interés comercial para el presente y el futuro de la Argentina. Son y serán los mayores demandantes de alimentos del mundo, y nuestro país es seguramente su mejor y más conveniente proveedor. Sin embargo, si bien contamos con un potencial productivo importantísimo en cuanto a cantidad y calidad y podemos ser altamente competitivos en el mercado internacional, existen cuestiones internas que debemos resolver.

Desde hace ya una década el gobierno nacional ha insistido en un conflicto absurdo con los sectores productivos, a través de un planteo de ideologías perimidas y miopía política, con un objetivo exclusivamente fiscal –recaudación impositiva-. En este contexto, hoy la única colocación externa de nuestro país es la soja y el aceite de soja, con lo que logran financiar el gasto público, castigando a todo el resto del sector agroindustrial.

Y ello con un agravante: producto de la mala praxis de este Gobierno, hemos perdido el autoabastecimiento energético, motivo por el cual las divisas excedentes del monocultivo de soja que necesita nuestra economía para crecer se “queman” en importaciones de diferentes combustibles que el país ya no está en capacidad de producir –14.000 millones de dólares durante 2013-.

Debemos tener en cuenta, además, que nuestra balanza comercial con China hoy es deficitaria en más de 5.000 millones de dólares, por lo que la incorporación de fondos de su Banco Central, ansiados por un país inmerso en una seria crisis financiera, profundizará esta situación costeando productos chinos. Ya no sólo se importarán durmientes de cemento, emulando la peor etapa de nuestro comercio colonial con Inglaterra, sino que esto se traducirá en la quiebra de nuestras pequeñas y medianas empresas industriales, con los graves perjuicios que deberán asumir sus miles de trabajadores.

Insisto en lo siguiente: China, India, Pakistán, Vietnam y todo Asia Pacífico son nuestro futuro. Nuestro país puede dar de comer a 800 millones de personas, pero primero tenemos que resolver nuestra estrategia económica y productiva, con una proyección a 25 años –por lo menos-, ofreciéndole al mundo productos con valor agregado, lo que traerá aparejado trabajo digno para millones de argentinos.

Lamentablemente, la ley que hemos tratado sólo intenta resolver urgencias financieras a cualquier precio y no establece ningún tipo de reciprocidad que intente un intercambio comercial justo y conveniente para nuestro país. Hoy, no hay en el Gobierno un proyecto de desarrollo y crecimiento a futuro, lo que hace demasiado alto el riesgo que corre nuestra estructura productiva.

Ésta ha sido la razón de mi voto negativo.

Algunas entidades vinculadas al sector revelaron que el contrato que tenían para exportar un gran volumen de arroz cáscara a ese país durante este año -al igual que ya lo habían hecho en años anteriores- se ha visto desplazado por la empresa Bioart S.A. de la ciudad de Rosario, la cual pertenece a empresarios santafesinos con ligazón al Ministro de Planificación, Julio De Vido.

De acuerdo a la Cámara de Industriales Arroceros de Entre Ríos (CIAER), dicha operatoria se ha venido intensificando durante los últimos meses y Bioart S.A. ya habría colocado 37.700 toneladas de arroz a 606,5 dólares por tonelada, mientras que el valor real del mercado oscila entre los 350 y 380 dólares. Y todo esto a pesar de las reiteradas denuncias que se presentaron ante altos funcionarios del gobierno nacional.

Esta situación, por cierto, conlleva graves consecuencias para el sector, entre ellas el encarecimiento de la materia prima –y con ello del precio en góndola-; la pérdida de mercados de exportación de arroz elaborado; e incluso grandes riesgos en la continuidad laboral de muchos trabajadores de esta importante actividad.

La industria arrocera, que emplea a más de 4000 personas en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones, procesa en sus molinos el arroz que recibe del campo, entregando el producto listo para el consumo interno y a la vez exportando productos elaborados a diversos países, que valoran la calidad del arroz de nuestro país. La exportación de arroz representa aproximadamente el 70 por ciento de la producción nacional.

En este contexto, las secuelas de este tipo de operaciones espurias, sospechadas de gozar de cierta connivencia por parte de funcionarios del gobierno, son absolutamente negativas y graves para nuestro país, ya que ponen en riesgo la continuidad de una importante economía regional, cuya prioridad siempre ha sido agregar valor a la materia prima argentina, ofrecer trabajo digno y mantener precios razonables en ambos mercados.

Es así que, atento a la enorme gravedad de la situación descrita y ante la falta de respuesta por parte de los funcionarios nacionales competentes, con un conjunto de diputados hemos decidido solicitar a la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, información precisa al respecto para promover oportunamente desde el ámbito legislativo acciones tendientes a preservar la industria arrocera, fuente esencial de trabajo y alimentos para todos los argentinos.

A partir de enero de este año, se produjo una fuerte suba de los precios de los automotores, como consecuencia de diversos factores confluentes, tales como la última devaluación; el alza de los impuestos para un segmento de estos bienes; el aumento de las tasas de interés, que encareció el financiamiento; las trabas a las importaciones; y la incertidumbre producto de una inflación desmedida y de un tipo de cambio inestable.

Para 2014 los especialistas advierten una fuerte caída de las ventas internas y de las exportaciones a Brasil –país que concentra el 88% del total de las exportaciones-, lo que se traducirá desde luego en una disminución en la producción. Según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), las cifras de marzo de este año, comparadas con las del mismo mes del año anterior, confirman esta hipótesis: la producción se derrumbó un 26,2%; las exportaciones sufrieron una baja del 30,8%; y las ventas a concesionarios se redujeron un 35,5%.

Asimismo, el gran desplome de los patentamientos en el mes de marzo deja en evidencia que esto ocurre en todas las categorías de vehículos: automóviles, -37,5%; comerciales livianos, -23,8%; y comerciales pesados, -14,3%.

La grave situación que aqueja al sector automotor afecta a sus grandes proveedores, como empresas autopartistas y terminales; y, a su vez, a otros segmentos industriales vinculados, como la siderurgia, la producción de plástico, caucho y vidrio, la metalmecánica y algunos rubros textiles, entre otras actividades relacionadas a la fabricación de un vehículo.

No obstante ello, continúa vigente la dependencia de las autopartes importadas en la producción de automotores de nuestro país, lo que registró un saldo negativo de 8135 millones de dólares en el sector durante 2013. De este modo, de acuerdo a un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), el complejo automotriz se ha constituido como uno de los rubros más deficitarios en el intercambio comercial de la economía argentina, junto al de medios de producción y al energético.

Por último, la contracción de esta importante actividad económica afecta fuertemente al eslabón más frágil de la cadena, que son los trabajadores. Esta situación produjo en lo que va del año un importante crecimiento en la cantidad de despidos y suspensiones de empleados pertenecientes al sector.

Sólo para mencionar algunos casos, en enero Peugeot Citroën suspendió a 300 obreros en Villa Bosch argumentando que el conflicto en Valeo, empresa de autopartes que se encontraba tomada, llevaría al desabastecimiento de piezas. En febrero, Fiat suspendió a 1500 empleados en Córdoba y Renault a 600, por supuestos retrasos en la entrega de autopartes desde el exterior. En marzo, Volkswagen suspendió por cuatro días a parte de sus 5500 operarios en Pacheco por presuntas tareas de mantenimiento y actualmente está evaluando la jubilación anticipada de 700 empleados para reducir personal. Esto se repitió en diferentes empresas terminales y proveedoras de la industria automotriz por conflictos sindicales y problemas financieros.

Por tal motivo, he decidido presentar en la Cámara de Diputados, con el acompañamiento de diversos bloques opositores, un pedido de informe al Poder Ejecutivo para que brinde información detallada sobre la crítica situación del sector automotor, particularmente en relación a la problemática laboral.

No podemos permitir que el mercado automotor y sus trabajadores sufran las consecuencias de políticas desacertadas, promovidas despreocupadamente por un gobierno que no ha sido capaz de aprovechar el gran potencial de esta importante área productiva y económica de nuestro país.

Particularmente alarmante resulta la situación de los frigoríficos registrada en los últimos años, con declinantes niveles de faena por insuficiencia de materia prima, lo cual implica costo creciente de producción por kilo de carne. Y, si a ello le sumamos una menor demanda de subproductos como cueros y cebo, queda configurada una situación de colapso sin precedentes en el sector. En efecto, especialmente durante el último bienio, han cerrado 130 de las 400 plantas frigoríficas que existían en el país, en su mayoría dedicadas a la exportación. Para tomar una dimensión del asunto, por las restricciones vigentes las exportaciones argentinas de carne bovina cayeron en 2012 a apenas 217.000 toneladas, cifra comparable a la de 2001, año de la aftosa.

Por supuesto, la caída de las exportaciones no sólo afecta a los frigoríficos sino también al productor ganadero. La menor demanda generada de animales en pie mantiene el precio del ganado a valores nominales casi constantes con costos crecientes, que debe absorber el productor, limitando el incentivo para invertir y aumentar la producción. Esta crítica situación impacta fuertemente en nuestras economías regionales, marginando de manera directa e indirecta a miles de trabajadores, con consecuencias sociales graves que no podemos ignorar.

Por su parte, como suele ocurrir en toda crisis, el segmento pyme es el primero en quedar fuera del negocio, dado que no cuenta con la capacidad de las grandes empresas para integrar la comercialización y la distribución y proveerse la hacienda. Esto no hace más que profundizar el proceso de concentración evidenciado particularmente durante los últimos años, con progresiva participación de capital extranjero.

A dicha concentración, ha contribuido significativamente la poco transparente administración de la “cuota Hilton” de exportación, principal negocio de la industria frigorífica, que representa ingresos potenciales por 480 millones de dólares. En 2014 se incumplirá por séptimo año consecutivo con dicha cuota, lo que significa una pérdida de 134,26 millones de dólares según estimaciones privadas, siendo el principal factor de desincentivación la discresionalidad en su asignación. Se han reducido tanto las empresas frigoríficas beneficiarias –de las 65 que participaban hace seis años, hoy hay 27, concentrándose en las 11 primeras el 70% del total a asignar-, como las asociaciones de productores participantes –las 40 del ciclo 2007/2008 se redujeron a 27 en 2013/2014.

Cabe señalar que la desviación en el enfoque del problema que experimentan muchos funcionarios del gobierno nacional responde a una concepción de la política completamente vetusta, a través de la cual se coloca en la vereda de enfrente a los productores, enfatizando la dicotomía mercado interno/exportación, algo absolutamente falso ya que el potencial productivo del sector es suficiente para abastecer a ambos mercados.
La actividad cárnica se trata de un proceso productivo en el que se articulan múltiples y diversos actores. En sus distintos eslabones, incorpora tecnología y agrega valor. Es por ello que merece desarrollar todo su potencial, con el acompañamiento de políticas estratégicas basadas en datos de la realidad y no en un concepto perimido de la política, para contribuir con la generación de ingresos y empleo genuino para todo el país.

En este sentido, con el acompañamiento de los diputados Francisco De Narváez (Unión Celeste y Blanco), Cornelia Schmidt Liermann, Patricia Bullrich y Pablo Tonelli (Unión-PRO), hemos decidido solicitar al Subsecretario de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dr. Jorge Horacio Dillon, que brinde ante la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados un informe verbal acerca del cuadro de situación productiva, laboral, comercial y regulatoria a lo largo de la cadena de valor de la carne vacuna, a fines de promover eventualmente desde el ámbito legislativo acciones que garanticen la preservación de esta actividad primordial para el desarrollo de la Argentina.