El compromiso: no despedir trabajadores en los próximos 90 días y tomar empleados en caso de que haya reactivación económica. El objetivo: dinamitar la ley antidespidos. Con este acuerdo el Gobierno trata de bajar el costo político de un potencial veto que interpondría Mauricio Macri de la ley antidespidos que la oposición busca sancionar en Diputados. El trío —Quintana, Lopetegui y Cabrera— consideraba, hasta antes de anunciarse el acuerdo, que era una estupidez que los empresarios no se hubieran involucrado en la discusión legislativa y además les reclamaban en las reuniones un compromismo, por escrito y que dieran la cara. Al final, los convencieron.

El Gobierno logra, por ahora, una especie de paraguas protector empresarial que denota una gran contradicción. El Estado tiene piedra libre para despedir. Ha cesanteado a unos 15 mil trabajadores y tiene en carpeta a otros 45 mil más hasta fin de año, pero les solicita a los empresarios que no despidan trabajadores. La primera señal la dio el presidente del banco HSBC, Gabriel Martino, quien ha manifestado: “En lo que va del año contratamos a casi doscientas personas y tenemos más de sesenta búsquedas activas en este momento para distintos roles, que serán nuevas incorporaciones”.

La semana pasada, con el anuncio de una leve baja de las tasas de interés del BCRA, anticipada en esta columna, Mauricio Macri comenzó a manejar directamente las decisiones de política económica. El presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, fue el primero en entenderlo. Luego le siguió la presidente de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini. Le informaron que los subsidios para la empresa se reducirían de unos 430 a  unos 230 millones de pesos para este año, por lo tanto deberá hacer un fuerte ajuste en la compañía. “Ahora tengo que cuidarme de lo que digo, porque la política es distinta del mundo de los negocios. De hecho, no es el ambiente en el que quiero seguir haciendo mi carrera, no tengo ambiciones políticas”, reconoció luego de que le informaran la reducción de los subsidios, después de prometerle que no habría una baja en enero pasado. Lo sugestivo es que no fue el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, de quien ella depende, el encargado de transmitir el mensaje.

La orden vino desde el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, quien, junto a otro vicejefe, Gabriel Lopetegui, está analizando una restructuración del gasto público que involucrará a la mayor parte de las secretarías y subsecretarías del Gobierno nacional. Esta semana se conocerá un aumento en los gastos del Ministerio de Seguridad en unos 1.400 millones de pesos. En medio de la tensión existente con el justicialismo, el Frente Renovador, el peronismo y el sindicalismo por la ley antidespidos que debate el Congreso.

La falta de coordinación de los últimos anuncios y las medidas de política económica de los primeros meses del año han llevado al presidente Mauricio Macri a cambiar de rumbo la semana pasada y el acuerdo firmado va en esa dirección. El Presidente ha decidido terminar con los problemas que han sucedido en el gabinete económico, como el debate sobre los desacertados anuncios de aumentos de tarifas, las distintas formas de bajar la inflación, de la que han opinado la mayoría de los ministros que conformaban ese gabinte económico, como Alfonso Prat-Gay, Rogelio Frigerio, Juan José Aranguren y Guillermo Dietrich. Ahora, Quintana, Lopetegui y Cabrera son quienes tienen más protagonismo. Ellos son los ejecutores de las decisiones presidenciales que traslada el jefe de gabinete, Marcos Peña, desde la semana pasada, como el reciente acuerdo firmado con los empresarios.

La puesta en marcha de una agencia para captar inversiones es crucial para que se consoliden los planes de inversión extranjera. Pese a anunciar su lanzamiento en tres ocasiones, todavía no se publicó un decreto del Poder Ejecutivo para crearla. El 23 de marzo pasado, en el AmCham Argentina Sumit 2016, Cabrera declaró que se crearía la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional (AICI).

Malcorra y Cabrera están de acuerdo en compartir el manejo de ese organismo, pero hay un gran problema que señalan varios empresarios, en particular algunos que forman parte del Directorio de la Fundación Exportar, un ente mixto constituido por el sector público y el sector privado. Esta sólo se dedica a fomentar las exportaciones, pero no las inversiones, que es lo que debería hacer la agencia. El Gobierno pretende transformar esa fundación en una agencia, pero sus socios privados no están de acuerdo. En diciembre pasado, el economista Marcelo Elizondo estaba a cargo de armar la agencia, pero se retiró del proyecto por las pujas internas que había. El problema que marcó Elizondo fue que no se podría montar la agencia sobre la estructura de la Fundación Exportar.

Curiosamente, cuando entramos al sitio de esa fundación, hay un logo de Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, que todavía no ha sido creada por ningún decreto del Poder Ejecutivo. Además, figura como una página conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Producción y están las fotos de Malcorra y Cabrera. Se informa sobre la creación de la agencia, lo que nunca ocurrió. Entre las autoridades de la agencia figuran las de la Fundación Exportar, todo muy desprolijo. En la actualidad, el presidente ejecutivo de la Fundación Exportar es el economista Juan Procaccini, que trabajó en el Fondo Pegasus, que creó el vicejefe de Gabinete Mario Quintana. Como presidente figura el ex titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez.

La confusión dentro del Gobierno, para manejar las inversiones, es el factor común del problema. El ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, armó una Secretaría de Mercados Externos, el secretario de Comercio, Miguel Braun, que depende de Cabrera, tiene una Subsecretaría de Comercio Exterior para buscar inversiones y el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, creó una Secretaría de Promoción de Inversión Internacional para manejar las inversiones de las empresas de telefonía. La Unidad Presidente dentro de la Casa Rosada diseñó una agencia para promover el comercio internacional y las inversiones donde fue nombrado Horacio Reyser como asesor especial para inversiones extranjeras directas. El interés de los ministros por tener su propia agencia de inversiones es porque desde allí se pueden negociar líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial o de otro organismo financiero internacional para proyectos de infraestructura.

La historia de desencuentros comenzó en diciembre, cuando Cabrera había logrado llevarse la Fundación Exportar a Producción, a través de la ley de los ministerios. Pero en enero pasado, Malcorra hizo un movimiento y recuperó todas las atribuciones que antes estaban bajo la órbita de Cabrera, sobre las negociaciones internacionales y la promoción del comercio exterior, gracias al decreto 223, publicado el 20 de enero pasado, para quedarse con ese organismo que antes estaba en manos de Cabrera.

La salida definitiva del default del 2001, el abandono del default del 2014 que dejó Axel Kicillof y los siete mil millones de dólares adicionales que se consiguieron para el programa financiero del 2016 son los tres tiros que menciona el ministro, quien en los últimos diez días ha comenzado a eclipsar a algunos ministros del gabinete económico que conforman Rogelio Frigerio, Francisco Cabrera, Juan José Aranguren y Guillermo Dietrich.

Prat-Gay consiguió en sólo cuatro meses unificar el mercado cambiario, eliminar el cepo, obtener unos 16.500 millones dólares en el mercado internacional de capitales para pagar a los holdouts y sacar a la Argentina definitivamente del default. Es un logro que ningún ministro en la historia había conseguido. En las principales reuniones de empresarios, estos señalan una gran diferencia con la tarea de otros ministros y su imagen de gradualismo. “Prat-Gay sólo ha dado buenas noticias a la sociedad, mientras que otros fueron encargados de anunciar despidos en la administración pública, aumentos de las tarifas de luz y gas y de los boletos del transporte público”, comentan muchos de ellos.

En esas reuniones, también se dice que fue Prat-Gay quien recomendó a Mauricio Macri pagarle en efectivo a los holdouts, en lugar de darles bonos, como ellos querían. Con esta operación ideada por el ministro junto al secretario de Finanzas Luis Caputo, el Gobierno se ahorró unos tres mil millones de dólares. Esto se debe a que los holdouts pedían una tasa del 11%, frente al promedio del 7,5% que consiguió el Gobierno. A eso hay que sumarle que Prat-Gay fue el encargado de bajar los intereses que querían cobrar los holdouts y parte del capital adeudado, lo que le generó al Gobierno otro ahorro de unos cuatro mil millones de dólares con respecto a lo que la Argentina tendría que haber pagado. Con esas dos ideas de Prat-Gay, el Gobierno se ahorró unos siete mil millones de dólares.

Los empresarios destacan de Prat-Gay su independencia para manejarse dentro del Gobierno, a diferencia de otros ministros del equipo económico, que responden al jefe de Gabinete Marcos Peña. En la conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda del martes pasado, el ministro destacó la labor de su equipo económico, del Congreso de la Nación y el apoyo que tiene del presidente Mauricio Macri. Dejó de lado el nombre de algunos funcionarios que esperaban tener un reconocimiento de su parte.

Esta es la segunda vez que Prat-Gay muestra su estilo independiente. La ocasión anterior fue en otra conferencia de prensa en el mismo lugar, el 16 de diciembre del año pasado, cuando explicó la salida del cepo cambiario, pero evitó hablar de la devaluación del peso. Pese a que el jefe de Gabinete Marcos Peña lo sumó al vicejefe de Gabinete Mario Quintana para seguir sus pasos y amenaza con crear una Oficina de Presupuesto similar a la que funciona en los Estados Unidos, que dependa de él, para reducir la injerencia de Prat-Gay en el manejo del presupuesto de la nación, Prat-Gay se las ingenió para evitar cualquier tipo de problema y se apoyó en sus principales colaboradores, como su viceministro Pedro Lacoste y el secretario de Finanzas Luis Caputo. Manejó directamente las negociaciones con el mediador Daniel Pollack.

La tarea de Prat-Gay sólo es comparable con la de Roberto Lavagna, cuando entre abril del 2002 y septiembre del 2005 logró estabilizar el valor del dólar, normalizar la economía, hacerla crecer y comenzar a sacar a la Argentina del default con el canje I de la deuda, con el apoyo de Eduardo Duhalde, primero y de Néstor Kirchner, luego. La reducción de la inflación es una asignatura pendiente para Prat-Gay y habrá que ver si el ministro logra bajarla al 25% anual, como prometió en febrero pasado, mientras que hoy llega al 35% anual y no se observa por el momento una gran baja.

La llegada de Obama el miércoles marca, entre otras cosas, el apoyo a la reinserción financiera y comercial de Argentina en el mundo. El punto de partida es cerrar el acuerdo con los holdouts, donde se observa un gran respaldo del Gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de los fondos de inversión que le ganaron los juicios a la Argentina o tenían demandas pendientes son norteamericanos. Si es exitosa la colocación de unos 12.500 millones de dólares en bonos en el mercado internacional, que se utilizarán para pagar a los holdouts, los Estados Unidos se transformarán en un prestamista de última instancia y acelerarán los créditos de organismos financieros internacionales. El reciente anuncio de préstamos del Banco Mundial por más de cinco mil millones de dólares va en esa dirección.

Este apoyo no será gratis. Tendrá como contraparte permitir no sólo que el FMI audite las cuentas públicas por el artículo IV, sino que vuelva a tener una sede en el país, probablemente a partir de julio próximo. Como corolario, desde abril comenzarían a ingresar a la Argentina una gran cantidad de dólares provenientes de los Estados Unidos, el principal país inversor en Argentina. Pero nuestro país tiene un elevado déficit comercial bilateral, que llegó a los 4.700 millones de dólares en 2015, mientras que en el 2004 la Argentina tenía un superávit comercial a favor de unos 470 millones de dólares. A diferencia de Brasil, se trata de un país que no se complementa en la producción de bienes, como, por ejemplo, la industria automotriz.

A pesar de la poca complementariedad, no hay que descartar que la Argentina inicie un rápido acercamiento comercial a los Estados Unidos, por medio de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que formen este país, Canadá y México. El kirchnerismo rechazó enérgicamente ese acuerdo cuando George W. Bush visitó la Argentina, en noviembre de 2005. “Es un proceso que va a tardar, que va a ir más lento pero al menos debemos empezar a poder venderle limones, aumentar el biodiesel, y a traer tecnología”, ha manifestado Mauricio Macri al respecto.

El Mercosur es un bloque que representa el principal destino de las exportaciones, en particular a Brasil, que demanda el 80% de los autos que exportan Argentina y Brasil; es el destino de un 17% de las exportaciones argentinas. En 2015, el saldo comercial fue deficitario en 2.500 millones de dólares. Pese a la reciente devaluación en la Argentina, el tipo de cambio bilateral con Brasil todavía muestra una apreciación del peso frente al real del 30% respecto del promedio de los últimos 18 años, pero en caso de que la crisis se agrave, este podría transformarse en un expulsor de dólares, muchos de los cuales podrían tener como destino la Argentina.

Hay un flojo desempeño comercial, un bajo grado de institucionalidad y un reducido grado de integración con el mundo, pero la cercanía es un factor a favor. En los últimos años, se ha interrumpido la integración productiva por trabas de Argentina para importar insumos para producir y la imposibilidad de que las empresas envíen dividendos al exterior. La coordinación de las políticas macroeconómicas no se ha producido tampoco.

La gran duda luego del afianzamiento de las relaciones con los Estados Unidos es qué pasará con el Mercosur. Brasil muestra una crisis política con final impredecible y la peor recesión desde la crisis del treinta. La alternativa que se comenzará a plantear dentro del Gobierno y en los ambientes empresariales y financieros será seguir en un Mercosur muy golpeado, que cumplirá 25 años el 20 de abril o enfilar directamente hacia un TLC con los Estados Unidos y mejorar el acuerdo bilateral con la Unión Europea también.

“Algunos empresarios argentinos se merecen un Moreno y no les basta con pedirles, hay que hacerles caer todo el peso de la ley”, dijo Sanz en un reportaje esta semana. Agregó: “Este es un Gobierno que no puede hacer la de Moreno, que era de prepo, tiene que actuar con la ley”, pero fue más allá al afirmar: “Para mí, hay que ser más duros con los empresarios que no han entendido el rol que tienen ahora y en lugar de ayudar a combatir la inflación, aprovechan el río revuelto con demarcaciones; en el rubro alimentos, hay quienes no están a la altura de las circunstancias”. Por su parte, Blanco Muiño manifestó: “En un contexto como el actual, donde algunos sectores subieron precios injustificadamente, el boicot es una herramienta válida”.

Ante la fuerte suba de precios que se observa desde noviembre pasado, el Gobierno de Mauricio Macri se comienza a enredar en una peligrosa morenización de la economía que no es una buena señal. Sólo falta que les fijen a los empresarios el precio al que tienen que vender tal o cual producto en función de sus costos, como hacían Guillermo Moreno y el ex ministro de Economía Axel Kicillof. Lo que deberían entender tanto Sanz como Blanco Muiño es que en una economía abierta, con tipo de cambio fijo o flotante, como es el actual caso, los precios son libres y los determina el mercado, no los funcionarios de turno. Llama también la atención que el presidente Mauricio Macri manifieste que si no hay arreglo con los holdouts, puede venir una hiperinflación, con lo que mezcla dos temas que no tienen nada que ver. Excepto que las autoridades gubernamentales piensen en realizar una gran devaluación del peso frente al dólar y expandir la emisión monetaria si no se cierra el acuerdo.

Se debe evitar que los funcionarios de Cambiemos repitan el error de la dupla Moreno-Kicillof de pensar que los precios de los bienes se calculan en función de los costos de producción y de comercialización, como impone la teoría marxista, por medio de la explicación del valor trabajo y la teoría keynesiana, a través de la obtención del margen de ganancia. Lo que deberían asumir, tanto Moreno y Kicillof como Sanz y Blanco Muiño, o los que se le quieran sumar, es que son los precios los que determinan los costos y no la inversa. Es recomendable que lean los Principios de Economía Política de Carl Menger.

En ese aspecto, cobra un rol fundamental el consumidor. En verdad no es necesaria una ley de defensa al consumidor ni un defensor de los consumidores, ni los tribunales para defender a los consumidores. Los consumidores no sólo fijan los precios de los bienes, sino también de todos los factores que intervienen en un proceso de producción. No deben ser los empresarios ni los sindicalistas, ni los políticos los que fijen los precios, sino que deben ser los consumidores, que son los que pagan por cada insumo y a cada trabajador su salario. Las causas de los aumentos de los precios no están en la suba de los costos, sino en el aumento de la emisión monetaria, que devalúa los pesos que se utilizan para comprar esos bienes y pagar los salarios.

El libro 4000 años de controles de precios y salarios, de los economistas Robert Schuettinger y Eamonn Butler, concluye: “No existe un solo caso en la historia en el que el control de precios haya detenido la inflación o haya superado el problema de la escasez de productos”. En ese aspecto, los autores señalan que desde la quinta dinastía de Egipto (2830 a. C.), en Sumeria, en Babilonia, con el Código de Hammurabi, la Grecia antigua y la Roma imperial, mediante el tristemente célebre Edicto de Diocleciano, los gobernantes siempre respondieron a las subas de precios de la misma forma. Acusaron a los vendedores de especuladores y les solicitaron a los consumidores que mostraran un sentido de responsabilidad social, recurrieron a leyes u otros expedientes para fijar los precios y los salarios, y evitar así que los precios siguieran subiendo. Sanz y Blanco Muiño deberían estudiar cómo funciona un mercado libre, saber que los costos no determinan el precio de un producto y que la inflación es un fenómeno de origen estrictamente monetario.

Considerando los acuerdos que ha logrado el Ministerio de Hacienda y Finanzas con gran parte de los acreedores que no entraron a los canjes, el Gobierno necesita la derogación de esas dos leyes para reestructurar definitivamente la deuda en default originada desde el 2001 y que le ha traído grandes problemas a la Argentina, como los que detalló el presidente Mauricio Macri en su discurso para abrir las sesiones del Congreso de la Nación.

La ley cerrojo, aprobada en febrero de 2005, impide que el Estado argentino les ofrezca a los acreedores que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 mejores condiciones que a los tenedores de bonos que habían aceptado la reestructuración de deuda. Establece además que el Poder Ejecutivo no podrá reabrir el proceso de canje de bonos después del 25 de febrero de 2005 ni efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de esos bonos, y aquellos papeles que no se hayan canjeado hasta ese día serán retirados de todas las bolsas y los mercados de valores en los que estuvieran cotizando. Con esta ley, el Poder Ejecutivo se reservó también la potestad para negociar la deuda en razón de la delegación de facultades cedida por el Congreso de la Nación.

Lo curioso es que fue suspendida en octubre de 2010, cuando el ministro de Economía, Amado Boudou, logró la aprobación de un proyecto de ley enviado al Congreso para suspenderla transitoriamente y lanzar el canje II de la deuda con el que la Argentina llegó a un 93% de aceptación por parte de los bonistas, pero dejó un 7% afuera. Estos bonistas, los holdouts, empezaron a litigar contra la Argentina y lograron ganar un juicio en la Corte de Nueva York que condenó al Estado argentino a pagar unos 1.330 millones de dólares por la aplicación de la cláusula pari passu que implica un trato igualitario para los acreedores que no entraron en los canjes I y II.

El gran inconveniente es que, con esta ley, el Estado argentino trabó las reaperturas de canjes de deuda y es la principal culpable de los juicios originados por los holdouts a la Argentina, la mayoría iniciados en la Corte de Nueva York, en el Juzgado del juez Thomas Griesa. En caso de haber quedado abierto el canje II, más bonistas hubieran entrado, pero por orden de la presidente Cristina Fernández de Kirchner el canje se cerró definitivamente en octubre de 2010. Este fue el primer error del kirchnerismo en la reestructuración de la deuda iniciada con el canje I del 2005. Esto provocó que de una deuda no canjeada original de unos seis mil millones de dólares pasara a un valor de unos veinte mil millones de dólares.

No conforme con eso, el kirchnerismo logró, en septiembre de 2014, aprobar en el Congreso la ley de pago soberano, el segundo gran error del kirchnerismo. En particular, porque agravó el problema original. Esta ley autorizó al Gobierno el reemplazo del Bank of New York (BONY) por Nación Fideicomisos para el pago en Buenos Aires de la deuda reestructurada, pero fue un fracaso total. Ese reemplazo fue ideado para evitar una orden del juez Thomas Griesa que le impedía a la Argentina pagar a los bonistas en el exterior. Lo que se logró fue que quedaran depositados en la Argentina en cuentas del Banco Central unos tres mil millones de dólares que no pudieron ser pagados a los bonistas.

El cambio de la sede de pago y la salida del BONY, una idea del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, no resolvió el  litigio que Argentina tenía con los holdouts. Muy por el contrario, lo agravó. Provocó que los bonistas que habían entrado a los canjes I y II, que estaban cobrando los intereses y las amortizaciones, los llamados holdin, dejaran de cobrar por no aceptar el cambio en la jurisdicción extranjera que establecía las condiciones de los bonos reestructurados en lugar de la jurisdicción local. Fue una iniciativa innecesaria, porque cambiar la jurisdicción y el banco pagador no resolvió el problema original, que es una sentencia definitiva para pagarles a los bonistas unos 1.300 millones de dólares por la aplicación del pari passu ordenada por el juez de Nueva York en noviembre de 2012. Por lo tanto, para resolver el problema que generó, una ley debe ser derogada por el Congreso de la Nación.

Las moficaciones en la Unidad de Información Financiera (UIF), con el nombramiento del abogado Mariano Federici, de 42 años, que se desempeñó hasta el año pasado en el departamento de Asuntos Jurídicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) como abogado senior, resultan clave en ese sentido. Macri, de acuerdo con las opiniones de algunos de sus colaboradores, tiene centradas muchas expectativas en este funcionario, no solamente en los temas que están a cargo de la UIF, sino también con respecto al futuro ingreso de capitales a la Argentina.

Federici es uno de los especialistas que trabajó en los últimos años en el FMI en el diseño de planes contra el lavado de dinero y coordinó diagnósticos de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de Perú, Uruguay y Paraguay, donde se incrementó el ingreso de capitales como producto de las acciones que se entablaron. Como responsable de la UIF, Federici deberá iniciar una gran ofensiva que apuntará a los activos financieros y también deberá buscar mejorar la relación con bancos y organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estos fueron centros de confrontación del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que había designado al militante José Sbatella al frente de esa institución, quien presionó a políticos y empresarios opositores con denuncias de lavado de dinero y protegió a empresarios amigos del kirchnerismo. Por ese motivo, la FinCEN de Estados Unidos, un organismo similar a la UIF, interrumpió la cooperación con la Argentina que Federici buscará restaurar.

Nuestro país tendrá que recuperar las relaciones con Estados Unidos y Europa y las instituciones financieras mundiales para coordinar esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico, que es una prioridad de Mauricio Macri. También se debe priorizar el trabajo con las instituciones financieras locales incluyendo bancos y casinos para combatir el terrorismo internacional. El proyecto de ley de extinción de dominio para que a los investigados, los procesados o los condenados se los pueda rápidamente inhibir o eventualmente quitar los bienes producto de la plata negra y la figura del arrepentido son los dos proyectos de ley más importantes en los que trabaja el Gobierno.

Hay que destacar que la Argentina estuvo cuatro años en la lista gris, de los que poco cooperaban, de GAFI, lo que perjudicó la posibilidad de recibir créditos o inversiones de países desarrollados y fue el único país del grupo de los 20 en estar en esa zona gris. En los últimos quince años, sólo hubo cinco condenas por lavado en la Argentina, en tanto que en Colombia los funcionarios confiscaron unos 1.300 millones en activos provenientes del narcotráfico en los últimos tres años.

El dato de los diez mil millones de dólares que podrían ingresar surge de sumar el equivalente a unos siete mil millones de dólares en granos sin liquidar que tienen las principales cerealeras agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC). El resto provendría de líneas de prefinanciación de exportaciones que están atrasadas por unos tres mil millones de dólares. Ese número no coincide con el dato de trece mil millones en granos sin liquidar guardados en silo bolsas que calcula la AFIP, pero está cerca de los 8.800 millones de dólares que manifestó Etchevehere que el campo puede liquidar en mejores condiciones que las actuales.

En el mercado financiero se especula con que el nuevo Gobierno anuncie próximamente una suspensión en el pago de las retenciones hasta abril del año próximo, cuando se comience a liquidar la nueva cosecha. Otra posibilidad es que estas se puedan descontar del impuesto a las ganancias, junto con una mejora del dólar oficial, o que se eliminen definitivamente. Este año el Estado recaudaría unos 6.500 millones de dólares en concepto de retenciones y un 80% de ese monto corresponde a la soja y a sus derivados. La liquidación de divisas producto de la exportación de granos alcanzó en la última semana unos 108 millones de dólares y es casi un 70% menor a la registrada en la misma semana del 2014 y la más baja de los últimos 13 años. En la anterior había sido de unos 116,15 millones de pesos, un 76% por debajo de la registrada en la misma semana de 2014. En lo que va del mes se liquidaron unos cuatrocientos millones de dólares y se observa que luego de las elecciones del 25 de octubre se profundizó la tendencia de las empresas cerealeras a guardarse la cosecha a la espera de una reducción de las retenciones o de su desaparición y una devaluación del peso frente al dólar.

Con el registro de la última semana, el acumulado hasta el 20 de noviembre último suma unos 17.800 millones de dólares, de acuerdo con el último reporte de la Ciara y del CEC, un valor que se ubica casi un 20% por debajo del mismo período del año anterior (21.300 millones) y se estima que el total esté por debajo de los 24 mil dólares liquidados en el 2014. El récord en estos 12 años fueron los 25.100 dólares que liquidaron las cerealeras en el 2011, en tanto que en el 2003 llegaron a los 9.400 millones de dólares.

La soja alcanzó el 9 de diciembre del año pasado el valor récord de 385,50 dólares la tonelada y actualmente se ubica casi 70 dólares por debajo de su valor récord, pero, a pesar de eso, la cosecha de soja marcó este año un nuevo récord histórico con 61 millones de toneladas, una cifra un 14% mayor a la de la campaña anterior, que había sido el máximo registro, con 55,6 millones. Así, superó también en 25,8% los 48,5 millones de 2013 y en 52,5% los 40 millones de 2012.

Si bien la cosecha de soja fue récord en 2014-2015, de acuerdo con los especialistas del sector, el aumento con respecto a la campaña anterior no alcanza a compensar la caída en los precios internacionales tanto del poroto como de la harina y el aceite. Se calcula una baja en los ingresos de liquidación de exportaciones cercana a los 2.500 millones de dólares respecto del mismo período de 2014, en un escenario con precios un 20% más bajos, en promedio.

Por otra parte, esta reducción en el ingreso de dólares impacta negativamente en la balanza comercial, con bajas en las exportaciones totales y genera un achicamiento del superávit comercial que, de acuerdo con estimaciones privadas, se podría transformar en un déficit comercial de unos mil quinientos millones de dólares este año.

Pues bien, la economía argentina muestra una especie de agujero negro del que ninguno de los asesores económicos de los candidatos habla y que no han mencionado nunca Mauricio Macri ni Daniel Scioli cuando abordan el tema económico, pero hay una salida. Ese agujero negro económico tiene nombre y se denomina money overhang. En realidad, se trata del dinero sobrante que hay en la economía argentina, que, por la cantidad de trabas existentes, restricciones para comprar dólares, envío de utilidades al exterior, pagos de importaciones, no se ha podido transformar en dólares, pero que podría ocurrir si el próximo Gobierno decide levantar el cepo cambiario sin primero eliminar ese sobrante de liquidez que en la actualidad se calcula en unos doscientos mil millones de pesos.

La novedad es que en el escritorio de uno de los asesores de Mauricio Macri está para ser analizado el trabajo que explica cómo sacar esos pesos del mercado financiero sin que se produzca una corrida cambiaria luego de abrir el cepo. El trabajo fue realizado por el economista Javier Milei, que fue el primero en advertir sobre este tema del sobrante de pesos en la economía.

Y en este aspecto hay que hacer una salvedad importante que algunos economistas no advierten. La estabilización del 2002 se pudo hacerse porque en la economía faltaban pesos y, luego de la devaluación, sobraban dólares, mientras que ahora sobran pesos y faltan dólares. Los puntos más importantes de la propuesta para sacar el sobrante de pesos en el mercado son:

1) Se debería colocar un bono donde se pagan intereses anuales y capital al final (eso bajaría el monto de la garantía contingente) en dólares, con un cupón que podría ser del 4% anual.

2) El bono tendría una garantía contingente de un organismo multilateral, esto es, si Argentina no paga, paga el multilateral. Luego, este le cobra al país (algo que se ha cumplido siempre).

3) El instrumento anterior hace que el acreedor vea el riesgo multilateral, lo cual implica un título de rating AAA y cuya tasa debería oscilar entre uno y dos por ciento.

4) En función de lo anterior, el bono tendría una demanda enorme (riesgo AAA y tasa del 4% es un excelente negocio).

5) Dicho bono se suscribiría localmente ofreciendo pesos por cada dólar del bono, de modo tal que cada suscriptor tenga su propio bono (aun si fuera un único instrumento), donde, dada la brecha y la tasa del bono, su cantidad de pesos ofrecida refleje sus preferencias en términos de riesgos.

6) Teniendo en cuenta la estructura detallada en el primer y el cuarto punto, el que no quisiera tener el bono se haría de los dólares de modo inmediato y el destino de dichos fondos quedaría librado a su voluntad.

7) Dada la estructura del bono, sólo consume crédito público por el valor de la opción de venta (put option), lo que difícilmente supere al monto de dos cupones.

8) Este tipo de instrumento es muy frecuente en organismos como el Banco Mundial, y en Chile se usa mucho para garantizar ingresos mínimos (IMG) que cubran costos operativos y carga financiera tal que se evite un episodio de default.

Al mismo tiempo, si el bono resultara un éxito, la tasa de interés en dólares de Argentina caería a niveles del 2% y la economía tomaría velocidad hasta crecer al 9% (apertura del cepo sin crisis aporta el 50% del efecto), lo que pondría casi en caja el desequilibrio fiscal.

La importancia de la medida en cuestión radica en que, sin levantarse el cepo, sería imposible que la economía volviera a crecer. Esto es, el cepo equivale a fijar el precio de la moneda extranjera debajo del equilibrio, lo cual no sólo arroja un exceso de demanda en dicho mercado, sino que su contrapartida es un exceso de oferta en el resto del sistema. Así, en el mercado de bonos se deprimen los precios y con ello suben las tasas de interés. En el mercado de dinero, incluso con un aumento artificial de la demanda por no poder drenar el sobrante de pesos contra reservas, las necesidades de financiamiento del fisco generan un exceso de oferta que deriva en una tasa de inflación elevada.

Por otra parte, en el mercado de bienes se retrae el nivel de actividad económica por habitante, cuya consecuencia en el mercado de trabajo es la destrucción del empleo privado, la caída en el salario real y el deterioro de las condiciones laborales. En este sentido, de levantarse el cepo, el tipo de cambio buscaría su equilibrio, eliminaría el exceso de demanda y con ello se cerrarían los excesos de oferta del resto de la economía, por lo que bajaría la tasa de interés, habría menor presión sobre los precios, aumentaría el PIB y con ello mejoraría el empleo y el salario real.

La economía argentina, acorde con la función de demanda de dinero que estima el trabajo de Milei, muestra un sobrante de pesos en torno al 3,7% del PIB (200 mil millones de pesos). Si a eso se le suma que los 26.700 millones de dólares de reservas informadas por el Banco Central se reducen a cerca de cinco mil millones de dólares cuando se depuran los encajes de los bancos y las distintas deudas que se han contraído para maquillar al relato monetario, debería resultar claro que, de producirse una brusca caída en la demanda de dinero, una crisis cambiaria sería inexorable. En este aspecto, la evidencia empírica entre 1955 y este año es contundente.

Esta situación de exceso de pesos en la economía ha tenido lugar en dos oportunidades. El primer caso se observa entre los años 1957 y 1958, cuando el exceso de cerca de cuatro puntos del PIB concluyó en un estallido inflacionario del 113,7% en el año 1959. En segundo lugar, tenemos el Rodrigazo: con un excedente similar durante los años 1973 y 1974, en 1975 la inflación escaló a niveles del 182,8% y a 440% durante 1976. Por lo tanto, si bien levantar el cepo es una medida correcta, la forma en que se instrumente no es trivial, ya que si bien nos podría llevar a una situación de auge, mal implementada nos hundiría en una megacrisis, no sólo económica, sino también social y política.

El trabajo El dólar y los precios: anticipando el fin del cepo llega a las siguientes conclusiones: “Liberar el cepo y dejar flotar el peso, aun con una devaluación del tipo de cambio oficial igual a la brecha entre éste y el dólar blue, no implicaría necesariamente un aumento en el valor en el precio los bienes, porque estos ya están valuados al tipo de cambio libre o ilegal anticipado por el mercado”. Agrega: “Cuanto más claros sean los líderes políticos acerca de la fecha en que liberen el cepo y acerca de su programa monetario y, por ende, fiscal y financiero, más suave será la transición de un régimen cambiario a otro”. Sostiene, también: “La decreciente credibilidad del cepo indujo a los agentes económicos a valuar los precios de los bienes al dólar libre o ilegal a un dólar superior que el oficial, por lo tanto si hay una devaluación del peso, esta no se trasladará a los precios y no generará inflación”.

El economista explica que el alarmante bajo nivel de las reservas internacionales de libre disponibilidad del Banco Central indica que el cepo cambiario es insostenible. Se plantea, entre otros aspectos, ¿qué pasará con el precio del dólar y con la inflación el día que se libere el cepo?, ¿cuál sería el precio del dólar en un mercado único y libre de cambios?, ¿cuánta inflación se producirá si el dólar oficial se libera y se lo deja flotar? Neumeyer considera que la respuesta está en los precios, que contienen información sobre su valor futuro y plantea que el llamado pass through, esto es, el porcentaje de la devaluación que se traslada a los precios de los bienes de la economía será muy bajo, por consiguiente, una devaluación no tendrá casi impacto en los precios, tal como ocurrió con la devaluación de enero de 2014. Lo que los economistas llaman una devaluación indolora para la sociedad.

Pero se podría plantear que ese análisis no es del todo correcto, en particular porque podemos citar varios factores que juegan en contra. Por ejemplo: a) que la economía sea abierta y hoy no lo es, ya que Argentina es el país con más casos perdidos en la Organización Mundial de Comercio; b) que haya equilibrio en el mercado de trabajo, hoy no se crea empleo en el sector privado y se genera mucho empleo en el sector público; c) que el mercado de bienes esté en equilibrio y esto no se cumple, dado que hace cuatro años que el PBI per cápita cae; d) que haya equilibrio en el mercado monetario, hoy está totalmente desequilibrado por la fuerte emisión monetaria y la existencia de unos doscientos mil millones de pesos de dinero sobrante en poder de los agentes económicos (money overhang) que por el cepo están atrapados, pero si se levanta, podrían irse rápidamente al dólar y generar una corrida cambiaria. En resumen, Neumeyer no analiza que hay un problema de stock y no de flujos en la economía.

Pese al trabajo de Neumeyer, los voceros de Cambiemos estiman que habría que tener un mercado desdoblado con tres tipos de dólar antes de salir del cepo. Un dólar oficial para las operaciones de comercio exterior, un dólar financiero para las operaciones de futuros y, por último, un dólar libre que sería el reemplazo para el dólar ilegal. Para su estudio, Neumeyer considera un llamado dólar PPP, que es el cociente entre el costo en pesos de una canasta de bienes en Argentina y el costo en dólares de la misma canasta en Estados Unidos. La canasta contiene 250 bienes en las categorías alimentos, combustibles y electrónica y el peso de cada grupo de bienes en estas categorías es consistente con el de los índices de precios al consumidor.