El compromiso: no despedir trabajadores en los próximos 90 días y tomar empleados en caso de que haya reactivación económica. El objetivo: dinamitar la ley antidespidos. Con este acuerdo el Gobierno trata de bajar el costo político de un potencial veto que interpondría Mauricio Macri de la ley antidespidos que la oposición busca sancionar en Diputados. El trío —Quintana, Lopetegui y Cabrera— consideraba, hasta antes de anunciarse el acuerdo, que era una estupidez que los empresarios no se hubieran involucrado en la discusión legislativa y además les reclamaban en las reuniones un compromismo, por escrito y que dieran la cara. Al final, los convencieron.

El Gobierno logra, por ahora, una especie de paraguas protector empresarial que denota una gran contradicción. El Estado tiene piedra libre para despedir. Ha cesanteado a unos 15 mil trabajadores y tiene en carpeta a otros 45 mil más hasta fin de año, pero les solicita a los empresarios que no despidan trabajadores. La primera señal la dio el presidente del banco HSBC, Gabriel Martino, quien ha manifestado: “En lo que va del año contratamos a casi doscientas personas y tenemos más de sesenta búsquedas activas en este momento para distintos roles, que serán nuevas incorporaciones”.

La semana pasada, con el anuncio de una leve baja de las tasas de interés del BCRA, anticipada en esta columna, Mauricio Macri comenzó a manejar directamente las decisiones de política económica. El presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, fue el primero en entenderlo. Luego le siguió la presidente de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini. Le informaron que los subsidios para la empresa se reducirían de unos 430 a  unos 230 millones de pesos para este año, por lo tanto deberá hacer un fuerte ajuste en la compañía. “Ahora tengo que cuidarme de lo que digo, porque la política es distinta del mundo de los negocios. De hecho, no es el ambiente en el que quiero seguir haciendo mi carrera, no tengo ambiciones políticas”, reconoció luego de que le informaran la reducción de los subsidios, después de prometerle que no habría una baja en enero pasado. Lo sugestivo es que no fue el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, de quien ella depende, el encargado de transmitir el mensaje.

La orden vino desde el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, quien, junto a otro vicejefe, Gabriel Lopetegui, está analizando una restructuración del gasto público que involucrará a la mayor parte de las secretarías y subsecretarías del Gobierno nacional. Esta semana se conocerá un aumento en los gastos del Ministerio de Seguridad en unos 1.400 millones de pesos. En medio de la tensión existente con el justicialismo, el Frente Renovador, el peronismo y el sindicalismo por la ley antidespidos que debate el Congreso.

La falta de coordinación de los últimos anuncios y las medidas de política económica de los primeros meses del año han llevado al presidente Mauricio Macri a cambiar de rumbo la semana pasada y el acuerdo firmado va en esa dirección. El Presidente ha decidido terminar con los problemas que han sucedido en el gabinete económico, como el debate sobre los desacertados anuncios de aumentos de tarifas, las distintas formas de bajar la inflación, de la que han opinado la mayoría de los ministros que conformaban ese gabinte económico, como Alfonso Prat-Gay, Rogelio Frigerio, Juan José Aranguren y Guillermo Dietrich. Ahora, Quintana, Lopetegui y Cabrera son quienes tienen más protagonismo. Ellos son los ejecutores de las decisiones presidenciales que traslada el jefe de gabinete, Marcos Peña, desde la semana pasada, como el reciente acuerdo firmado con los empresarios.

La primera orden de esa mesa chica se comenzará a observar esta semana. Una baja de las tasas de las letras del Banco Central (lebac), que en la actualidad llegan al 38% anual, para que se reduzcan luego el resto de las tasas para préstamos y depósitos. La segunda es ampliar las medidas de ayuda social y evitar que las empresas despidan trabajadores para lograr posteriormente la reactivación económica.

Por estos motivos, el presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, dio a conocer el programa monetario y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, el programa financiero para el 2016. En ambas presentaciones se observa una gran coincidencia. Las dos proyectan para el final del año que la tasa de inflación se reduzca a un 25% anual, que la tasa para un bono a diez años baje a cerca del 5% anual y que la economía se reactive a partir del segundo semestre el año. No existen por el momento diferencias entre lo que plantean Prat-Gay y Sturzenegger, a pesar de lo que algunos editorialistas poco informados hacen trascender. En ningún momento de su presentación de la semana pasada Federico Sturzenegger puso en duda la meta de inflación de entre el 20% y el 25% que proyecta Prat-Gay. “No es imposible llegar a fin de año a una inflación del 25%”, afirmó el presidente del BCRA el jueves pasado en su presentación a la prensa. Las proyecciones de la mayor parte de las consultoras están entre un 30 y un 35 por ciento.

Los programas, monetario y financiero, presentados la semana pasada muestran consistencia con la proyección de las distintas variables macro y microeconómicas. En ambos se observa la búsqueda de una baja de interés, tanto en las colocaciones de bonos y letras a nivel local como internacional. Esto, en el fondo, significará un aumento de la tasa de inversión interna y de la inversión externa. La inversión es una función inversa de la tasa de interés. Por lo tanto, si la tasa baja, la inversión aumenta. Como consecuencia de una mayor inversión habrá una reducción de la tasa de inflación. Lo que no aseguran ninguno de los dos programas es que a partir del segundo semestre la tasa de inflación se reduzca al 1% mensual, como afirma el Gobierno. Una tranquilidad para el futuro es que Sturzenegger y Prat-Gay buscan lo mismo: que la reactivación económica empiece en el segundo semestre de este año. Otro de los aspectos a favor es la coordinación económica que hay entre el Ministerio de Hacienda y el BCRA, que está a cargo del viceministro Pedro Lacoste, quien fue el segundo de Prat-Gay en el BCRA entre el 2002 y el 2004.

Hay dos hombres del Gobierno: el ministro de Producción, Francisco Cabrera y el secretario de Industria, Martín Etchegoyen, que están en contacto permanente con el BCRA, el Ministerio de Hacienda y las entidades empresarias, como la Unión Industrial Argentina (UIA) y Asociación Empresaria Argentina (AEA), para analizar la evolución del nivel de actividad y del empleo. Desde ambas entidades ven con desagrado la aprobación de una ley antidespidos, pero solicitan que el Gobierno acelere las medidas de ayuda social y la baja de la inflación para reactivar la economía. Hay otro hombre del Gobierno: el secretario de Finanzas, Luis Caputo, que habla con los banqueros.

A esto se suma la próxima llegada de un empresario —Cristiano Rattazzi— y un banquero —Gabriel Martino— al nuevo directorio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cuyas autoridades reelegirán en los próximos días a Adelmo Gabi en la presidencia. Gabi es un hombre de contacto permanente con Nicolás Caputo, el dueño de empresas como Caputo, Mirgor, entre otras. Él logró el nombramiento del amigo de toda la vida de Macri como vicepresidente del Mercado de Valores (Merval), una de las patas del sistema bursátil argentino, cuyo presidente es Ernesto Allaria.

En los tiempos del kirchnerismo se decía que la mesa chica estaba conformada por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y la mesa en la que se sentaban. Ahora la mesa es más amplia y es la que marca el ritmo de la política económica al presionar a Prat-Gay y a Sturzenegger para que apuren las medidas para bajar la inflación, las tasas de interés y reactivar así la economía.