La llegada de Obama el miércoles marca, entre otras cosas, el apoyo a la reinserción financiera y comercial de Argentina en el mundo. El punto de partida es cerrar el acuerdo con los holdouts, donde se observa un gran respaldo del Gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de los fondos de inversión que le ganaron los juicios a la Argentina o tenían demandas pendientes son norteamericanos. Si es exitosa la colocación de unos 12.500 millones de dólares en bonos en el mercado internacional, que se utilizarán para pagar a los holdouts, los Estados Unidos se transformarán en un prestamista de última instancia y acelerarán los créditos de organismos financieros internacionales. El reciente anuncio de préstamos del Banco Mundial por más de cinco mil millones de dólares va en esa dirección.

Este apoyo no será gratis. Tendrá como contraparte permitir no sólo que el FMI audite las cuentas públicas por el artículo IV, sino que vuelva a tener una sede en el país, probablemente a partir de julio próximo. Como corolario, desde abril comenzarían a ingresar a la Argentina una gran cantidad de dólares provenientes de los Estados Unidos, el principal país inversor en Argentina. Pero nuestro país tiene un elevado déficit comercial bilateral, que llegó a los 4.700 millones de dólares en 2015, mientras que en el 2004 la Argentina tenía un superávit comercial a favor de unos 470 millones de dólares. A diferencia de Brasil, se trata de un país que no se complementa en la producción de bienes, como, por ejemplo, la industria automotriz.

A pesar de la poca complementariedad, no hay que descartar que la Argentina inicie un rápido acercamiento comercial a los Estados Unidos, por medio de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que formen este país, Canadá y México. El kirchnerismo rechazó enérgicamente ese acuerdo cuando George W. Bush visitó la Argentina, en noviembre de 2005. “Es un proceso que va a tardar, que va a ir más lento pero al menos debemos empezar a poder venderle limones, aumentar el biodiesel, y a traer tecnología”, ha manifestado Mauricio Macri al respecto.

El Mercosur es un bloque que representa el principal destino de las exportaciones, en particular a Brasil, que demanda el 80% de los autos que exportan Argentina y Brasil; es el destino de un 17% de las exportaciones argentinas. En 2015, el saldo comercial fue deficitario en 2.500 millones de dólares. Pese a la reciente devaluación en la Argentina, el tipo de cambio bilateral con Brasil todavía muestra una apreciación del peso frente al real del 30% respecto del promedio de los últimos 18 años, pero en caso de que la crisis se agrave, este podría transformarse en un expulsor de dólares, muchos de los cuales podrían tener como destino la Argentina.

Hay un flojo desempeño comercial, un bajo grado de institucionalidad y un reducido grado de integración con el mundo, pero la cercanía es un factor a favor. En los últimos años, se ha interrumpido la integración productiva por trabas de Argentina para importar insumos para producir y la imposibilidad de que las empresas envíen dividendos al exterior. La coordinación de las políticas macroeconómicas no se ha producido tampoco.

La gran duda luego del afianzamiento de las relaciones con los Estados Unidos es qué pasará con el Mercosur. Brasil muestra una crisis política con final impredecible y la peor recesión desde la crisis del treinta. La alternativa que se comenzará a plantear dentro del Gobierno y en los ambientes empresariales y financieros será seguir en un Mercosur muy golpeado, que cumplirá 25 años el 20 de abril o enfilar directamente hacia un TLC con los Estados Unidos y mejorar el acuerdo bilateral con la Unión Europea también.

“Algunos empresarios argentinos se merecen un Moreno y no les basta con pedirles, hay que hacerles caer todo el peso de la ley”, dijo Sanz en un reportaje esta semana. Agregó: “Este es un Gobierno que no puede hacer la de Moreno, que era de prepo, tiene que actuar con la ley”, pero fue más allá al afirmar: “Para mí, hay que ser más duros con los empresarios que no han entendido el rol que tienen ahora y en lugar de ayudar a combatir la inflación, aprovechan el río revuelto con demarcaciones; en el rubro alimentos, hay quienes no están a la altura de las circunstancias”. Por su parte, Blanco Muiño manifestó: “En un contexto como el actual, donde algunos sectores subieron precios injustificadamente, el boicot es una herramienta válida”.

Ante la fuerte suba de precios que se observa desde noviembre pasado, el Gobierno de Mauricio Macri se comienza a enredar en una peligrosa morenización de la economía que no es una buena señal. Sólo falta que les fijen a los empresarios el precio al que tienen que vender tal o cual producto en función de sus costos, como hacían Guillermo Moreno y el ex ministro de Economía Axel Kicillof. Lo que deberían entender tanto Sanz como Blanco Muiño es que en una economía abierta, con tipo de cambio fijo o flotante, como es el actual caso, los precios son libres y los determina el mercado, no los funcionarios de turno. Llama también la atención que el presidente Mauricio Macri manifieste que si no hay arreglo con los holdouts, puede venir una hiperinflación, con lo que mezcla dos temas que no tienen nada que ver. Excepto que las autoridades gubernamentales piensen en realizar una gran devaluación del peso frente al dólar y expandir la emisión monetaria si no se cierra el acuerdo.

Se debe evitar que los funcionarios de Cambiemos repitan el error de la dupla Moreno-Kicillof de pensar que los precios de los bienes se calculan en función de los costos de producción y de comercialización, como impone la teoría marxista, por medio de la explicación del valor trabajo y la teoría keynesiana, a través de la obtención del margen de ganancia. Lo que deberían asumir, tanto Moreno y Kicillof como Sanz y Blanco Muiño, o los que se le quieran sumar, es que son los precios los que determinan los costos y no la inversa. Es recomendable que lean los Principios de Economía Política de Carl Menger.

En ese aspecto, cobra un rol fundamental el consumidor. En verdad no es necesaria una ley de defensa al consumidor ni un defensor de los consumidores, ni los tribunales para defender a los consumidores. Los consumidores no sólo fijan los precios de los bienes, sino también de todos los factores que intervienen en un proceso de producción. No deben ser los empresarios ni los sindicalistas, ni los políticos los que fijen los precios, sino que deben ser los consumidores, que son los que pagan por cada insumo y a cada trabajador su salario. Las causas de los aumentos de los precios no están en la suba de los costos, sino en el aumento de la emisión monetaria, que devalúa los pesos que se utilizan para comprar esos bienes y pagar los salarios.

El libro 4000 años de controles de precios y salarios, de los economistas Robert Schuettinger y Eamonn Butler, concluye: “No existe un solo caso en la historia en el que el control de precios haya detenido la inflación o haya superado el problema de la escasez de productos”. En ese aspecto, los autores señalan que desde la quinta dinastía de Egipto (2830 a. C.), en Sumeria, en Babilonia, con el Código de Hammurabi, la Grecia antigua y la Roma imperial, mediante el tristemente célebre Edicto de Diocleciano, los gobernantes siempre respondieron a las subas de precios de la misma forma. Acusaron a los vendedores de especuladores y les solicitaron a los consumidores que mostraran un sentido de responsabilidad social, recurrieron a leyes u otros expedientes para fijar los precios y los salarios, y evitar así que los precios siguieran subiendo. Sanz y Blanco Muiño deberían estudiar cómo funciona un mercado libre, saber que los costos no determinan el precio de un producto y que la inflación es un fenómeno de origen estrictamente monetario.

Si bien se trata de una plataforma electrónica donde los consumidores podrán conocer los valores de los artículos que se venden en todos los comercios para defender al consumidor, tal como indica la resolución 12/2016 de la Secretaría de Comercio, publicada hoy en el Boletín Oficial, tiene el olor a un control de precios más sui generis en los tiempos de internet. En particular porque establece fuertes sanciones monetarias para las empresas que no cumplan con esos precios que se publicarán en internet. Es también una forma bastante elitista de controlar precios por parte de la Secretaría de Comercio a cargo de Miguel Braun, un economista que siempre desde el sector privado ha pregonado sobre la libre competencia en los mercados de bienes y servicios, y la libertad de precios y salarios en mercados competitivos.

En la resolución se explica: “A través de dicha plataforma, los consumidores podrán acceder a la información brindada y comunicar las eventuales inconsistencias respecto a la veracidad, claridad y oportunidad de la información proporcionada por los comercios en el SEPA”. Es difícil creer que todos los argentinos tengan acceso por internet a través de un celular o de una computadora personal para bajarse una aplicación para seguir la evolución de los mil precios que se publicarán. Es más, a un jubilado que no tenga esos servicios el Gobierno le ofrece ir a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) todos los días para consultar los precios en los distintos centros de ese organismo.

La Secretaría de Comercio debería considerar además que no se puede lanzar un sistema de control de precios de estas características si no se publican los precios en las planillas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cuyo director, Jorge Todesca, ha declarado una especie de apagón estadístico de por lo menos ocho meses para poder confeccionar un nuevo índice de precios al consumidor. Sería la primera vez que un Gobierno sale a controlar los precios en Argentina sin un índice de precios al consumidor (IPC) que el Indec debería informar todos los meses, información que ha discontinuado desde que no se publicó el índice de noviembre del año pasado en adelante. Sería un gran error controlar los precios de mil productos mientras el Indec no dé a conocer el nuevo IPC.

Por otra parte, el primer artículo de la resolución indica: “Todos los comercios que realicen venta minorista de productos de consumo masivo deberán informar en forma diaria para su difusión los precios de venta al público vigentes en cada punto de venta, de los productos que se determinen en la reglamentación”. Teniendo en cuenta que hay supermercados que venden hasta diez mil productos de los cuales se contolarán mil, ¿qué pasará con el resto de los nueve mil que no se contolarán? Está a la vista que este no es un mecanismo para combatir la inflación si es eso lo que busca el Gobierno.

La resolución agrega: “La información suministrada será difundida y de público acceso para el consumidor y en cada producto y punto de venta los comerciantes deberán informar los siguientes datos: el CUIT de la empresa, razón social y nombre o denominación comercial; la ubicación de cada punto de venta, con domicilio completo y coordenadas para que permita su geolocalización; el código de barras o equivalente sectorial del producto; el precio de lista de venta minorista final al público por unidad, peso o medida de producto, según la forma de comercialización y promociones, descuentos y todo tipo de bonificaciones”. Estos requisitos son los mismos que le solicitaban los anteriores secretarios de Comercio Guillermo Moreno y Augusto Costa a las empresas para controlar sus precios, algo que, por lo que se puede observar, no ha cambiado en la nueva gestión de Miguel Braun. Al parecer han cambiado los modos, pero no las formas en lo que respecta a control de precios.

Por último, hay que destacar que en octubre de 2012 el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno lanzó el portal <preciosensusitio.gob.ar> para que los consumidores pudieran consultar los precios de 350 productos en los supermercados y constituyó un verdadero fracaso. El sitio dejó de funcionar a menos de seis meses de haberse lanzado. Era un sitio web comparativo de precios vigentes en las cadenas de supermercados de todo el país; además incluía un servicio de ofertas para negocios, almacenes y supermercados orientales. Un nuevo intento de controlar los precios en Argentina al que sucedió Precios Cuidados, que tampoco funcionó.

Al parecer, este nuevo intento del SEPA podría terminar de la misma forma, con el agravante de que se trata de una especie de control de precios en línea, con un Indec en off. Los controles de precios explícitos o disfrazados nunca funcionaron en el mundo y tampoco en la Argentina, los ejemplos están a la vista.

Fabrega le ganó la interna a Kicillof -que se negaba a devaluar- y descomprimió la presión en el mercado cambiario. Este es un evento que no se puede descartar en el marco de la pelea con los holdouts. Si el Gobierno sigue emitiendo unos 1.000 millones de pesos por día, si el déficit fiscal no se reduce, si la inflación no se frena y se empiezan a fugar dólares nuevamente, será difícil evitar una nueva devaluación de la moneda similar a la de enero. Kicillof lo sabe y por eso quiere ubicar al frente del BCRA al actual secretario de Finanzas, Pablo López, quien fue el director que colocó Kicillof cuando era viceministro para controlar a Mercedes Marcó del Pont.

La conferencia de prensa del pasado jueves de Kicillof en el microcine del Palacio de Hacienda mostró dos facetas preocupantes. La primera, la dura crítica hacia el banquero Jorge Brito, amplificada luego con el discurso de la presidente Cristina Kirchner. La segunda, la fuerte embestida contra el titular del BCRA. De ese modo, el ministro prácticamente dinamitó a la autoridad monetaria sin nombrarla. La sola mención de Sedesa (Seguro de Depósitos), una sociedad anónima creada en 1995 con el objeto de administrar el Fondo de Garantía de los Depósitos del sistema financiero de la cual es socio con el 1%, dejó mal herido a Fábrega.

Kicillof explicó allí que los banqueros querían utilizar parte de ese fondo como una suerte de garantía para pagar la sentencia a los holdouts. “Querían pagar con parte del dinero de la gente” dijo el ministro, quien dio a entender que Fábrega también estaba de acuerdo en utilizar ese recurso, ya que los banqueros se habían reunido antes con él, más allá de que dicha intervención fue solicitada por la Presidente al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zaninni.

De acuerdo a algunas versiones de los propios banqueros todo fue armado por Kicillof para desgastar a Fábrega y dejarlo al descubierto. Lo curioso es que en esa conferencia del jueves Kicillof sólo contestó en forma contundente la pregunta de un periodista de C5N referida a la intención de los banqueros a comprar la sentencia contra la Argentina a los holdouts, cuando embistió contra Brito y acusó indirectamente a Fábrega, pero no respondió prácticamente ninguna de las restantes preguntas que le hicimos los periodistas acreditados de Infobae, TN, y Ámbito Financiero.

Práctica habitual

La historia reciente muestra que, desde que Axel Kicillof llegó al Poder Ejecutivo -como viceministro de Economía, el 10 de diciembre del 2011-, ha esmerilado a gran parte del equipo económico. Sus víctimas fueron su superior Hernán Lorenzino, al que prácticamente le intervino el Ministerio apenas llegó y dejándole solo la posibilidad de manejar los temas referidos a la política de desendeudamento. Luego, al asumir como ministro en noviembre del año pasado, se cargó a Mercedes Marcó del Pont. La había comenzado a esmerilar al intervenir el BCRA en marzo del 2012 cuando por su indicación se reformó la Carta Orgánica de esa institución.

Guillermo Moreno, el entonces todo poderoso Secretario de Comercio, fue otra de sus víctimas. Presentó su dimisión luego de que Kicillof fuera promovido como ministro de Economía, nombrando en su reemplazo a su amigo Augusto Costa. Pero el esmeril al parecer no se detiene.

En la mira de Kicillof esta ahora el llamado “garante” del sistema financiero: Juan Carlos Fábrega, un correcto presidente del BCRA, un hombre leal a la Presidente dispuesto a renunciar en el momento que se lo pidan y también Jorge Capitanich.

Ahora sólo falta que Kicillof solicite sus renuncias, como ocurrió con las anteriores figuras del equipo económico, para transformase en una suerte de superministro de la Economía, sin oposición alguna.