Una de las ventajas que tiene este tipo de crédito es que el plazo máximo será en general de 15 años y la tasa de interés promediará el 5% anual. En el mercado actual, que sólo representa un 1% del PBI, no hay créditos a ese plazo y la tasa promedio del mercado llega a superar el 40% anual. Otra de las ventajas es que con el nuevo esquema, si bien se permite acceder como máximo a un préstamo de 1.500.000 pesos, la cuota inicial sería de unos doce mil pesos y el ingreso familiar mínimo requerido, de cuarenta mil pesos. Mientras que con el sistema actual a tasa variable la cuota sería de treinta mil pesos y el ingreso familiar requerido, de cien mil pesos, todos valores aproximados. Tanto en la cuota a pagar como en los ingresos familiares que se necesitan para acceder a un crédito la reducción es del 150% con respecto al actual sistema.

Por otro lado, la cuota de los créditos actuales está entre 250% y 300% por encima del alquiler que se paga por una vivienda, mientras que con el nuevo sistema anunciado la brecha se reduce en aproximadamente un sesenta por ciento. La actualización del capital del préstamo a través del valor de las UVI genera la posibilidad de que en el futuro tomar un crédito hipotecario sea una opción a pagar un alquiler, algo que ocurrió en la década del noventa. La otra ventaja es que con este nuevo sistema el banco está obligado a ofrecer una prolongación del plazo del crédito que puede llegar a hasta un 25% en caso de que la cuota aumente del tal forma que el importe a pagar supere en 10% lo que hubiera resultado de seguirse la evolución del Coeficiente de Evolución Salarial (CVS). Será importante ver en qué medida el ingreso guarda relación con ese índice en cada caso.

Pero la nueva operatoria anunciada plantea varios problemas. El primero es lo acotado del crédito, ya que con el máximo valor que se ofrecerá una familia o una persona sólo puede comprar un departamento de un ambiente. El máximo de 1.500.000 pesos son unos cien mil dólares: es el valor promedio de un departamento de un ambiente en Capital Federal. El segundo es la indexación, ya que al 31 de marzo el BCRA fijó el valor de la UVI en 14,053 pesos y ese valor se irá ajustando con el Coeficiente de Actualización de Referencia (CER), que, a su vez, refleja lo que pasa con el índice de precios. La gran duda es saber, hasta que salga el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), si se utilizará el IPC de San Luis que en febrero pasado dio un 2,7% o el de la CABA, que dio el 4,1 por ciento. El gran interrogante es cómo se comenzarán a indexar en abril, ya que la inflación calculada para ese mes será del 6% mensual. Como ejemplo hay que señalar que a partir del 25 de marzo y hasta el 26 de abril el valor del CER se construirá con base en el IPC de la ciudad de San Luis. Por lo tanto, hasta que el Indec no dé a conocer su nuevo IPC podría ser muy arbitraria la indexación de estos créditos, como ocurre con la indexación de bonos, que se indexan a través del CER desde la intervención de ese instituto en el 2007.

El otro inconveniente es que si la tasa de inflación no se reduce a partir del segundo semestre del año, el total del valor actual de ese crédito se podría incrementar muy fuerte. En la medida en que el dólar se mantenga estable o baje, la deuda podría superar al valor de la propiedad comprada, algo muy similar a lo que ocurrió con la famosa Circular 1050, donde la gente debía más que la propiedad que había comprado por la indexación del préstamo. El Gobierno por ahora no tiene un plan antiinflacionario, por lo tanto habrá que ser prudente a la hora de endeudarse con este tipo de créditos. Pero en la medida en que la inflación disminuya será muy conveniente tomarlos, ya que el valor de la UVI aumentará menos y se hará más fácil acceder a un crédito de esas características.

Si bien se trata de una plataforma electrónica donde los consumidores podrán conocer los valores de los artículos que se venden en todos los comercios para defender al consumidor, tal como indica la resolución 12/2016 de la Secretaría de Comercio, publicada hoy en el Boletín Oficial, tiene el olor a un control de precios más sui generis en los tiempos de internet. En particular porque establece fuertes sanciones monetarias para las empresas que no cumplan con esos precios que se publicarán en internet. Es también una forma bastante elitista de controlar precios por parte de la Secretaría de Comercio a cargo de Miguel Braun, un economista que siempre desde el sector privado ha pregonado sobre la libre competencia en los mercados de bienes y servicios, y la libertad de precios y salarios en mercados competitivos.

En la resolución se explica: “A través de dicha plataforma, los consumidores podrán acceder a la información brindada y comunicar las eventuales inconsistencias respecto a la veracidad, claridad y oportunidad de la información proporcionada por los comercios en el SEPA”. Es difícil creer que todos los argentinos tengan acceso por internet a través de un celular o de una computadora personal para bajarse una aplicación para seguir la evolución de los mil precios que se publicarán. Es más, a un jubilado que no tenga esos servicios el Gobierno le ofrece ir a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) todos los días para consultar los precios en los distintos centros de ese organismo.

La Secretaría de Comercio debería considerar además que no se puede lanzar un sistema de control de precios de estas características si no se publican los precios en las planillas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cuyo director, Jorge Todesca, ha declarado una especie de apagón estadístico de por lo menos ocho meses para poder confeccionar un nuevo índice de precios al consumidor. Sería la primera vez que un Gobierno sale a controlar los precios en Argentina sin un índice de precios al consumidor (IPC) que el Indec debería informar todos los meses, información que ha discontinuado desde que no se publicó el índice de noviembre del año pasado en adelante. Sería un gran error controlar los precios de mil productos mientras el Indec no dé a conocer el nuevo IPC.

Por otra parte, el primer artículo de la resolución indica: “Todos los comercios que realicen venta minorista de productos de consumo masivo deberán informar en forma diaria para su difusión los precios de venta al público vigentes en cada punto de venta, de los productos que se determinen en la reglamentación”. Teniendo en cuenta que hay supermercados que venden hasta diez mil productos de los cuales se contolarán mil, ¿qué pasará con el resto de los nueve mil que no se contolarán? Está a la vista que este no es un mecanismo para combatir la inflación si es eso lo que busca el Gobierno.

La resolución agrega: “La información suministrada será difundida y de público acceso para el consumidor y en cada producto y punto de venta los comerciantes deberán informar los siguientes datos: el CUIT de la empresa, razón social y nombre o denominación comercial; la ubicación de cada punto de venta, con domicilio completo y coordenadas para que permita su geolocalización; el código de barras o equivalente sectorial del producto; el precio de lista de venta minorista final al público por unidad, peso o medida de producto, según la forma de comercialización y promociones, descuentos y todo tipo de bonificaciones”. Estos requisitos son los mismos que le solicitaban los anteriores secretarios de Comercio Guillermo Moreno y Augusto Costa a las empresas para controlar sus precios, algo que, por lo que se puede observar, no ha cambiado en la nueva gestión de Miguel Braun. Al parecer han cambiado los modos, pero no las formas en lo que respecta a control de precios.

Por último, hay que destacar que en octubre de 2012 el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno lanzó el portal <preciosensusitio.gob.ar> para que los consumidores pudieran consultar los precios de 350 productos en los supermercados y constituyó un verdadero fracaso. El sitio dejó de funcionar a menos de seis meses de haberse lanzado. Era un sitio web comparativo de precios vigentes en las cadenas de supermercados de todo el país; además incluía un servicio de ofertas para negocios, almacenes y supermercados orientales. Un nuevo intento de controlar los precios en Argentina al que sucedió Precios Cuidados, que tampoco funcionó.

Al parecer, este nuevo intento del SEPA podría terminar de la misma forma, con el agravante de que se trata de una especie de control de precios en línea, con un Indec en off. Los controles de precios explícitos o disfrazados nunca funcionaron en el mundo y tampoco en la Argentina, los ejemplos están a la vista.

Basta comparar el saldo comercial del Indec, que se mide con exportaciones menos las importaciones, y las ventas de dólar ahorro del BCRA entre enero y julio de 2014 y 2015 para entender el problema. En el 2014 el saldo comercial fue de unos 4400 millones, mientras que las ventas de dólar ahorro llegaron a los 1000 millones de dólares, lo que deja una diferencia positiva de unos 3400 millones de dólares. En cambio, si comparamos el mismo período en este año, la diferencia es negativa de unos 1600 millones de dólares como consecuencia de un superávit comercial de unos 1400 millones contra ventas de dólar ahorro por 3000 millones. Esto refleja que el BCRA está vendiendo más dólares ahorro de los dólares netos que le quedan entre la liquidación que hacen los exportadores y las compras que hacen los importadores. La dupla Kicillof-Vanoli vende más dólares comerciales de los que entran y, para colmo, los dólares financieros que ingresan se evaporan con los pagos de deuda y de importaciones de energía que hace el Gobierno.

Lo llamativo es que en el mismo período se registra una suba de unos 2100 millones de dólares de las reservas internacionales del BCRA. ¿Cuál es la explicación? Además de vender más dólares de los que entran a las arcas del Central, la dupla Kicillof-Vanoli ha decidido maquillar las reservas internacionales, lo que puede costarle muy caro al país en el futuro. El atraso cambiario, tarde o temprano, este o el próximo Gobierno lo terminará pagando. El dólar oficial barato a un “precio cuidado” de 9,30 pesos es solo para algunos trabajadores que lo pueden comprar, para el Estado y para algunos importadores. En tanto que el dólar paralelo a “precio descuidado”, que va de 13,50 a 15,50 pesos, según la modalidad que uno elija, entre el contado con liqui y el dólar blue o ilegal, es difícil de adquirir por los controles del Gobierno.

En los últimos meses la gran ayuda para mantener las reservas internacionales en su actual nivel llegó por el lado de los llamados dólares financieros provenientes de ingresos netos del sector público y del BCRA. Estos surgen de la utilización del swap con China por unos 8000 millones de dólares, por lo que quedan todavía disponibles unos 3000 millones de dólares más que son un pasivo. En segundo término, lo ingresado por la colocaciones de Bonar 2024, cerca de 2000 millones de dólares, emisiones de deuda de YPF por 1500 y colocaciones de las provincias por unos 1000 millones de dólares y otros 1000 millones de dólares por la licitación de la banda 4G. En tercer lugar, 1500 millones de dólares más producto de la imposibilidad de pagar la deuda del canje con legislación extranjera que el BCRA computa como un activo y deberían contabilizarse como un pasivo. En total, 15.000 millones de dólares ingresados entre enero y julio, de los cuales unos 9500, como el swap y lo que no se pagó a los bonistas, deberían contabilizarse como deuda del BCRA.

Si al total de 33.800 millones de dólares de las reservas que mostraba el BCRA al cierre de julio le descontamos esos 9500 millones, 7000 millones de dólares de encajes de los ahorristas y otros 600 ingresados por el blanqueo de capitales, las reservas brutas del BCRA llegarían a los 16.700 millones de dólares. Esta suma solo alcanza para pagar cuatro meses de importaciones, que es la relación técnica adecuada que utiliza el FMI para medir la capacidad de pago de un país. Tal vez por ese motivo la semana pasada llegó esa especie de sincericidio del presidente del BCRA al afirmar: “No hay reservas suficientes para abrir el cepo cambiario”. Luego, el ministro de Economía manifestó: “Es relativo si las reservas del Central son muchas o pocas y depende para qué se usen”.

Como manifiesta Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones: “Los precios que se establecen en transacciones voluntarias entre compradores y vendedores son capaces de coordinar la actividad de miles de millones de personas, quienes, buscando cada una de ellas su propio interés, contribuyen al bienestar general de la población”. Un sistema de precios libres genera los incentivos para producir más y eficientemente, para determinar un valor de equilibrio en el mercado y da información para la toma de decisiones de los agentes económicos.

Este festival de cepos a desactivar se compone de: 1) cepo a la compra de dólares con autorización de la AFIP a través de las compras de dólar ahorro, 2) cepo a los precios con el Programa de Precios Cuidados, que deteriora el nivel de rentabilidad de las empresas, porque el Indec no se ha normalizado, 3) cepo para importar que consiste en la autorización de las declaraciones juradas de autorización de importaciones (DJAI), que autoriza la Secretaría de Comercio y ha provocado una deuda de unos 5000 millones de dólares con el sector importador, 4) cepo para exportar con los registros de operación de exportaciones (ROE) que autoriza el Ministerio de Agricultura y obliga a los productores a vender en el mercado interno a un precio menor que el que podrían obtener exportando el producto para una mesa de los argentinos que cada vez está más cara, 5) cepo para distribuir utilidades de las empresas que autoriza la Comisión Nacional de Valores, 6) cepo para remisión de utilidades al exterior de los bancos y las empresas multinacionales que autoriza el Banco Central, entre ambos suman unos 3500 millones de dólares, y 7) cepo inmobiliario, que ha congelado las operaciones de compra-venta de propiedades, que solo hoy se realizan en su mayoría por medio del blanqueo de capitales.

Estos siete cepos son producto de las restricciones económicas y financieras que impuso este Gobierno desde la crisis del campo en el 2008. Estas medidas restrictivas han provocado caída de exportaciones e importaciones, caída del empleo en el sector privado, fuerte baja de la actividad industrial y del crecimiento económico, algo que deberá revertirse en la medida en que se eliminen esos cepos. Esas restricciones cambiarias han provocado además una fuerte caída en las reservas, que de un récord de 52.654 millones de dólares registrados en enero del 2011 cayeron a los actuales 33.600 millones de dólares. Durante su gestión, Cristina Kirchner perdió la mitad de las reservas internacionales que logró acumular Néstor Kirchner en su mandato.

Cualquiera de los candidatos mejor posicionados que gane las elecciones, Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa, deberá desactivar el cepo cambiario y el festival de cepos que distorsiona la fijación de precios libres y transparentes del mercado de bienes y servicios para que la economía crezca. En ese aspecto, Scioli sostiene: “El cepo se irá eliminando gradualmente en la medida en que ingresen dólares de inversiones”. Por su parte, Macri ha manifestado: “El 11 de diciembre no habrá más cepo cambiario”, en tanto que Sergio Massa dijo que en cien días eliminará el cepo cambiario. Ese tiempo es muy largo para la Argentina, que se devora presidentes de bancos centrales, ministros de Economía y hasta presidentes de la nación cuando hay crisis financieras y cambiarias y la economía no crece, como en la actualidad.

Por primera vez menciona la palabra ‘holdouts’ para dirigirse a los acreedores en lugar de los fondos buitre como el Gobierno ha llamado siempre en forma despectiva a aquellos acreedores que no entraron en el canje I y II de la deuda. Al parecer el cambio discursivo que Jaime Durán Barba impuso a Mauricio Macri en el PRO ha generado modificaciones en el discurso de Kicillof para ganar votos. Pero quienes seguimos día al día la agenda del ministro como periodistas acreditados en su sala de prensa podemos afirmar que hace bastante tiempo Kicillof se muestra como un muy buen alumno de Durán Barba, que le ha recomendado a los dirigentes del PRO que no digan lo que van a hacer. Kicillof ha seguido esa teoría desde que entró al Palacio de Hacienda el 10 de diciembre de 2011 como viceministro.

Hay varios ejemplos. Con respecto al caso Repsol, hay que recordar que Kicillof estuvo más de un año afirmando, no solo en Argentina sino también en foros internacionales, que el Estado no le iba a pagar un centavo a Repsol, porque la empresa había estafado a la Argentina, se había llevado el petróleo y había dejado de producir. Finalmente, con un decreto firmado por él se le pagaron a la empresa española el equivalente en bonos por unos 6500 millones de dólares por la expropiación.

Lo mismo ocurrió con el Club de París. Kicillof decía que no había que pagarle nada, porque era una deuda vieja, que venía desde 1954 y que no tomó este Gobierno. Finalmente accedió a pagarle unos 9000 millones de dólares sin negociar absolutamente nada. Como se puede observar en estos casos y también con los 600 millones pagados al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), Kicillof no decía lo que iba a hacer.

Kicillof relata a la gente, en sus caminatas como candidato a diputado: “Estos 12 años han servido para que todas estas cosas que en economía eran imposible de comprender porque te la vendían difícil, hoy los argentinos hemos entendido que distribuir es uno de los instrumento más grandes, no solo para la justicia social, sino para el crecimiento económico”. Lo que el ministro no le dice a la gente es que desde que él llegó al ministerio de Economía el PBI de la Argentina no crece y sin crecer la economía será difícil distribuir riqueza y aumentará más la pobreza. Tampoco Kicillof le cuenta a la gente que por una orden suya en enero de 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dejó de publicar los datos de pobreza e indigencia en la Argentina. El ministro manifiesta en su campaña: “Desendeudar la Argentina no es una tarea de una época, es una actividad permanente para tener soberanía económica e independencia política para seguir creciendo como pueblo”. Lo que no les dice es que desde que él asumió como ministro de Economía la Argentina no para de endeudarse y que se terminó el “Desendeudarnos para desintervenirnos” que recitaba Néstor Kirchner.

Pero el error de diagnostico del equipo económico que comanda Axel Kicillof, de creer que el aumento de la inflación es producido por un aumento de la demanda de bienes y servicios superior a la oferta de los mismos o culpa de empresarios inescrupulosos que aumentan los precios, le juega en contra. El problema es que la inflación se debe a un fenómeno monetario. Un proceso de emisión de pesos nunca visto desde los 90 a la fecha para financiar el déficit fiscal, agravado ahora por una caída en la demanda de dinero de los agentes económicos que se desprenden de los pesos para comprar bienes o dólares legales, ilegales o los que consiga.

Los números de inflación de setiembre que dio el Indec muestran  un aumento de la tasa de inflación anualizada que no se observaba desde los primeros meses del 2002. De no modificarse, este diagnóstico equivocado podría llevar a la Argentina a otro proceso hiperinflacionario similar al vivido entre enero y marzo de 1990 que desembocó luego en el Plan de Convertibilidad instrumentado a partir de abril de 1991 después de una abrupta megadevaluación del peso
frente al dólar. Por el momento no están dadas las condiciones para una Primera Hiperinflación como la de julio de 1989 donde los aumentos de precios llegaron al 5000 % anual.

La teoría económica describe tres tipo de inflación. La inflación por demanda que está  relacionada con un aumento de  la demanda de bienes y servicios por encima de la oferta de los mismos, la inflación por costos provocada por el incremento de los salarios, y la inflación por  emisión monetaria para financiar el déficit fiscal del gobierno. Esta es la causa de la inflación actual.

El fenómeno inflacionario que se ha desatado en el país desde principios del 2007 cuando se intervino el Indec y con mayor virulencia a partir del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner responde efectivamente a un aumento de la emisión  monetaria desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para financiar el déficit fiscal producto de ingresos que crecen a una tasa anual del 25 % y un gasto público que aumenta al 50 % anual en promedio. Ese déficit fiscal, de acuerdo a los números del Presupuesto 2015, llegará este año a unos 160.000  millones de pesos y, en caso de no reducirse, incrementará la inflación a valores insospechados, lo que a su vez podría provocar fuertes presiones en el mercado cambiario oficial y paralelo que obligarían al gobierno a devaluar el peso frente al dólar de una manera más brusca que la del 25 % realizada por el BCRA en enero de este año.

Para entender el error de diagnóstico hay que destacar que el Presupuesto 2014 preveía un superávit fiscal de unos 4600 millones de pesos y una inflación del 9,8 % en todo el año. En realidad, el acumulado de los primeros nueve meses muestra una tasa de inflación que llega al 20 %. Esto significa que, medida con los sospechosos datos del Indec, la inflación calculada en términos anualizados se duplicó entre setiembre del año pasado que llegaba al 10 % y septiembre de este año. El valor de septiembre adquiere más gravedad, si a eso le sumamos que este número fue logrado durante la vigencia de un programa de Precios Cuidados lanzado por la Secretaría de Comercio a partir de enero pasado y que lleva ya su cuarta versión de ajuste de precios. El error de diagnóstico puede costar muy caro.

Lo curioso es que todavía no terminó el año y la Secretaria de Comercio a cargo de Augusto Costa ya ha establecido que esos “Precios Cuidados” aumentarán un 11,9 % este año, mientras que el aumento de los “Precios Descuidados” que miden las consultoras privadas se calcula en un 50 % para este año. La variación de casi 40 puntos entre ambos genera una grave distorsión. El dólar en sus distintas versiones, “Dólar Cuidado” o “Dólar Descuidado”, es otro precio de la economía como la tasa de interés y a la larga se ajustará con la variación de los “Precios Descuidados” que es la suba que más se acerca a la realidad.

El cepo cambiario instrumentado desde noviembre del 2011 también provoca una distorsión en el mercado pocas veces observada en la historia argentina. En particular porque el BCRA puede controlar el precio del “Dólar Cuidado” en el  mercado oficial de cambios pero no lo puede hacer en el mercado del “Dólar Descuidado”, libre, paralelo o ilegal como lo llama el gobierno por la sencilla razón que lo ha declarado fuera de la ley.

Lo inexplicable, entonces, es la existencia de un dólar oficial o “Dólar Cuidado” cuya suba el gobierno quiere evitar porque es el mayor demandante de esos dólares para pagar la energía y deuda pública, Pero hay además un Dólar Ahorro con un recargo del 20 % sobre el oficial de 8,48 pesos y otro Dólar Tarjeta con un recargo del 35 % que los argentinos tratan de comprar y gastar. El  “Dólar Cuidado” está barato y es presumiblemente el que el Gobierno a la larga revaluará en algún momento frente al peso o dejará de vender, por ser dólares subsidiados frente a un dólar libre que vale aproximadamente 15 pesos.

Pardójicamente los resultados son diferentes a la hora de analizar el tipo de cambio real que mide el cociente entre el tipo de cambio nominal y la evolución de los precios. Como el precio del dólar oficial o “Dólar Cuidado” subió un 25 % y los “Precios Cuidados” un 11,9 % en ese mercado hay una devaluación del peso frente al dólar.

Por consiguiente una mejora del tipo de cambio real que hace más competitivas las exportaciones y encarece las importaciones. En cambio si vemos el tipo de cambio real en el mercado sin cuidar se observa que el Dólar Descuidado aumentó casi un 40%, en tanto los Precios Sin Cuidar lo hicieron casi un 40% por lo tanto no hubo mejora en la competitividad de las exportaciones ni se encarecen las importaciones.

En el primero no sería necesaria una mejora del tipo de cambio o una devaluación mientras que en el segundo sí. Algo totalmente absurdo.

Esto implica que, de no modificarse la intervención en el mercado de precios de los bienes y servicios y en el mercado cambiario, el Gobierno carecerá de una política cambiaria y monetaria para definir un valor del “Dólar Descuidado” o dólar paralelo cuya tendencia mas allá de las ultimas medidas, como una suba de la tasa de interés del BCRA, no es consistente con la actual política cambiaria y de precios.

En primer lugar, debemos decir que la metodología es una pieza fundamental para todo tipo de investigación, y es un método científico, internacionalmente aceptado, cuyo fin es sistematizar los procedimientos. En cambio la numerología, a la que parece suscribir el jefe de Gabinete, es una práctica adivinatoria que utiliza los números. Se trata de un conjunto de creencias o tradiciones que pretende establecer una relación mística entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales. Algo parecido a lo que ocurre en el Indec, más allá de la pseudo-normalización recientemente anunciada del cálculo del índice de precios al consumidor, definido como IPCNu.

Si bien Capitanich reconoció que el Instituto Nacional de Estadística discontinuó la publicación de la serie histórica del indicador por “severas carencias” en la medición anterior con la actual, omitió explicar que se trata de dos series totalmente distintas.  Los indicadores que se tenían que dar a conocer ayer eran los correspondientes a la Encuesta Permanente de Hogares del segundo semestre del año pasado. El último dato se divulgó el 29 de octubre de 2013, correspondiente al primer semestre de ese año. Además, Capitanich debería explicar por qué Axel Kicillof dio la orden no sólo de no publicar los indicadores sino también de adulterar el cronograma de publicación de esos datos del Indec.

En su justificación el Jefe de Gabinete manifestó que “hay una metodología de cálculo diferente, una modificación de carácter estructural en el cálculo del IPC urbano federal, antes era sólo del Gran Buenos Aires. Hay problemas de empalme”. Esto es totalmente inexacto, ya que en febrero, en la conferencia de prensa que dio Axel Kicillof para presentar el nuevo IPCNu base 2004, que reemplaza al viejo IPC base 1993, el ministro dijo “no habrá coeficiente de empalme entre la base nueva y la base vieja, algo inédito en la historia de la estadísticas del Indec”. Por ese motivo el jefe de Gabinete sumó otra incongruencia al advirtir que “cuando se dé a conocer nuevamente los valores de pobreza e indigencia, será porque se habrán resuelto estos problemas metodológicos y de empalme”. ¿De qué empalme habla Capitanich si Kicillof dijo que las series no se podrán empalmar porque se trata de canastas de medición con diferentes productos y diferentes precios?

Claramente, lo que el Gobierno no quiso hacer es mostrar los números que tiene el Indec en base a las nuevas mediciones que no tienen nada que ver con los de la última EPH difundida en octubre que indicaba que al cierre del primer semestre de 2013 se encontraban por debajo de la línea de pobreza unos 448.000 hogares, los que incluían a 1.189.000 personas. A su vez de ese total se encontraban bajo la línea de indigencia 189.000 hogares, lo que significaba unas 367.000 personas indigentes. Esto es, apenas 4,7 por ciento del total de la población en el primer caso y 1,4 por ciento en el segundo.

Por si esto fuera poco, y exhibiendo un desconocimiento total del tema, Capitanich afirmó que “la última actualización del poder de compra se hizo en 2001 y se determinó en ese momento el valor de la CBA actualizando el valor de la misma que daba el proyecto de investigación sobre pobreza en la Argentina, del Gobierno de Raúl Alfonsín”. Esto también es falso ya que para construir la nueva metodología del IPCNu se tomaron los valores de las canastas actualizadas del último trimestre del 2004.

El Indec salió al cruce con un comunicado que virtualmente replica los dichos de Capitanich, al indicar que “el valor de la CBA se determinó actualizando mensualmente el valor de la canasta que el proyecto ‘Investigación sobre Pobreza en Argentina’ fijó en 1985 en 16 australes. Esto es lo que se conoce como ‘Canasta de Costo Mínimo’. Para realizar esta actualización se utilizó la variación de precios del IPC GBA según la composición de la CBA inicialmente definida. Según el tipo de cambio nominal los referidos 16 australes eran equivalentes a algo menos de u$s17. de 1985”.

De este modo, las expectativas favorables, a favor de una mayor transparencia que generó la elaboración de un nuevo índice de inflación, con la venia del FMI, vuelven a opacarse. Está claro que esta nueva intervención del ministro de Economía dan cuenta de un manejo discrecional de las estadísticas públicas similar o peor al de la época en que Guillermo Moreno mandaba en el Indec.