La llegada de Obama el miércoles marca, entre otras cosas, el apoyo a la reinserción financiera y comercial de Argentina en el mundo. El punto de partida es cerrar el acuerdo con los holdouts, donde se observa un gran respaldo del Gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de los fondos de inversión que le ganaron los juicios a la Argentina o tenían demandas pendientes son norteamericanos. Si es exitosa la colocación de unos 12.500 millones de dólares en bonos en el mercado internacional, que se utilizarán para pagar a los holdouts, los Estados Unidos se transformarán en un prestamista de última instancia y acelerarán los créditos de organismos financieros internacionales. El reciente anuncio de préstamos del Banco Mundial por más de cinco mil millones de dólares va en esa dirección.

Este apoyo no será gratis. Tendrá como contraparte permitir no sólo que el FMI audite las cuentas públicas por el artículo IV, sino que vuelva a tener una sede en el país, probablemente a partir de julio próximo. Como corolario, desde abril comenzarían a ingresar a la Argentina una gran cantidad de dólares provenientes de los Estados Unidos, el principal país inversor en Argentina. Pero nuestro país tiene un elevado déficit comercial bilateral, que llegó a los 4.700 millones de dólares en 2015, mientras que en el 2004 la Argentina tenía un superávit comercial a favor de unos 470 millones de dólares. A diferencia de Brasil, se trata de un país que no se complementa en la producción de bienes, como, por ejemplo, la industria automotriz.

A pesar de la poca complementariedad, no hay que descartar que la Argentina inicie un rápido acercamiento comercial a los Estados Unidos, por medio de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que formen este país, Canadá y México. El kirchnerismo rechazó enérgicamente ese acuerdo cuando George W. Bush visitó la Argentina, en noviembre de 2005. “Es un proceso que va a tardar, que va a ir más lento pero al menos debemos empezar a poder venderle limones, aumentar el biodiesel, y a traer tecnología”, ha manifestado Mauricio Macri al respecto.

El Mercosur es un bloque que representa el principal destino de las exportaciones, en particular a Brasil, que demanda el 80% de los autos que exportan Argentina y Brasil; es el destino de un 17% de las exportaciones argentinas. En 2015, el saldo comercial fue deficitario en 2.500 millones de dólares. Pese a la reciente devaluación en la Argentina, el tipo de cambio bilateral con Brasil todavía muestra una apreciación del peso frente al real del 30% respecto del promedio de los últimos 18 años, pero en caso de que la crisis se agrave, este podría transformarse en un expulsor de dólares, muchos de los cuales podrían tener como destino la Argentina.

Hay un flojo desempeño comercial, un bajo grado de institucionalidad y un reducido grado de integración con el mundo, pero la cercanía es un factor a favor. En los últimos años, se ha interrumpido la integración productiva por trabas de Argentina para importar insumos para producir y la imposibilidad de que las empresas envíen dividendos al exterior. La coordinación de las políticas macroeconómicas no se ha producido tampoco.

La gran duda luego del afianzamiento de las relaciones con los Estados Unidos es qué pasará con el Mercosur. Brasil muestra una crisis política con final impredecible y la peor recesión desde la crisis del treinta. La alternativa que se comenzará a plantear dentro del Gobierno y en los ambientes empresariales y financieros será seguir en un Mercosur muy golpeado, que cumplirá 25 años el 20 de abril o enfilar directamente hacia un TLC con los Estados Unidos y mejorar el acuerdo bilateral con la Unión Europea también.

Las moficaciones en la Unidad de Información Financiera (UIF), con el nombramiento del abogado Mariano Federici, de 42 años, que se desempeñó hasta el año pasado en el departamento de Asuntos Jurídicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) como abogado senior, resultan clave en ese sentido. Macri, de acuerdo con las opiniones de algunos de sus colaboradores, tiene centradas muchas expectativas en este funcionario, no solamente en los temas que están a cargo de la UIF, sino también con respecto al futuro ingreso de capitales a la Argentina.

Federici es uno de los especialistas que trabajó en los últimos años en el FMI en el diseño de planes contra el lavado de dinero y coordinó diagnósticos de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de Perú, Uruguay y Paraguay, donde se incrementó el ingreso de capitales como producto de las acciones que se entablaron. Como responsable de la UIF, Federici deberá iniciar una gran ofensiva que apuntará a los activos financieros y también deberá buscar mejorar la relación con bancos y organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estos fueron centros de confrontación del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que había designado al militante José Sbatella al frente de esa institución, quien presionó a políticos y empresarios opositores con denuncias de lavado de dinero y protegió a empresarios amigos del kirchnerismo. Por ese motivo, la FinCEN de Estados Unidos, un organismo similar a la UIF, interrumpió la cooperación con la Argentina que Federici buscará restaurar.

Nuestro país tendrá que recuperar las relaciones con Estados Unidos y Europa y las instituciones financieras mundiales para coordinar esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico, que es una prioridad de Mauricio Macri. También se debe priorizar el trabajo con las instituciones financieras locales incluyendo bancos y casinos para combatir el terrorismo internacional. El proyecto de ley de extinción de dominio para que a los investigados, los procesados o los condenados se los pueda rápidamente inhibir o eventualmente quitar los bienes producto de la plata negra y la figura del arrepentido son los dos proyectos de ley más importantes en los que trabaja el Gobierno.

Hay que destacar que la Argentina estuvo cuatro años en la lista gris, de los que poco cooperaban, de GAFI, lo que perjudicó la posibilidad de recibir créditos o inversiones de países desarrollados y fue el único país del grupo de los 20 en estar en esa zona gris. En los últimos quince años, sólo hubo cinco condenas por lavado en la Argentina, en tanto que en Colombia los funcionarios confiscaron unos 1.300 millones en activos provenientes del narcotráfico en los últimos tres años.

Basta comparar el saldo comercial del Indec, que se mide con exportaciones menos las importaciones, y las ventas de dólar ahorro del BCRA entre enero y julio de 2014 y 2015 para entender el problema. En el 2014 el saldo comercial fue de unos 4400 millones, mientras que las ventas de dólar ahorro llegaron a los 1000 millones de dólares, lo que deja una diferencia positiva de unos 3400 millones de dólares. En cambio, si comparamos el mismo período en este año, la diferencia es negativa de unos 1600 millones de dólares como consecuencia de un superávit comercial de unos 1400 millones contra ventas de dólar ahorro por 3000 millones. Esto refleja que el BCRA está vendiendo más dólares ahorro de los dólares netos que le quedan entre la liquidación que hacen los exportadores y las compras que hacen los importadores. La dupla Kicillof-Vanoli vende más dólares comerciales de los que entran y, para colmo, los dólares financieros que ingresan se evaporan con los pagos de deuda y de importaciones de energía que hace el Gobierno.

Lo llamativo es que en el mismo período se registra una suba de unos 2100 millones de dólares de las reservas internacionales del BCRA. ¿Cuál es la explicación? Además de vender más dólares de los que entran a las arcas del Central, la dupla Kicillof-Vanoli ha decidido maquillar las reservas internacionales, lo que puede costarle muy caro al país en el futuro. El atraso cambiario, tarde o temprano, este o el próximo Gobierno lo terminará pagando. El dólar oficial barato a un “precio cuidado” de 9,30 pesos es solo para algunos trabajadores que lo pueden comprar, para el Estado y para algunos importadores. En tanto que el dólar paralelo a “precio descuidado”, que va de 13,50 a 15,50 pesos, según la modalidad que uno elija, entre el contado con liqui y el dólar blue o ilegal, es difícil de adquirir por los controles del Gobierno.

En los últimos meses la gran ayuda para mantener las reservas internacionales en su actual nivel llegó por el lado de los llamados dólares financieros provenientes de ingresos netos del sector público y del BCRA. Estos surgen de la utilización del swap con China por unos 8000 millones de dólares, por lo que quedan todavía disponibles unos 3000 millones de dólares más que son un pasivo. En segundo término, lo ingresado por la colocaciones de Bonar 2024, cerca de 2000 millones de dólares, emisiones de deuda de YPF por 1500 y colocaciones de las provincias por unos 1000 millones de dólares y otros 1000 millones de dólares por la licitación de la banda 4G. En tercer lugar, 1500 millones de dólares más producto de la imposibilidad de pagar la deuda del canje con legislación extranjera que el BCRA computa como un activo y deberían contabilizarse como un pasivo. En total, 15.000 millones de dólares ingresados entre enero y julio, de los cuales unos 9500, como el swap y lo que no se pagó a los bonistas, deberían contabilizarse como deuda del BCRA.

Si al total de 33.800 millones de dólares de las reservas que mostraba el BCRA al cierre de julio le descontamos esos 9500 millones, 7000 millones de dólares de encajes de los ahorristas y otros 600 ingresados por el blanqueo de capitales, las reservas brutas del BCRA llegarían a los 16.700 millones de dólares. Esta suma solo alcanza para pagar cuatro meses de importaciones, que es la relación técnica adecuada que utiliza el FMI para medir la capacidad de pago de un país. Tal vez por ese motivo la semana pasada llegó esa especie de sincericidio del presidente del BCRA al afirmar: “No hay reservas suficientes para abrir el cepo cambiario”. Luego, el ministro de Economía manifestó: “Es relativo si las reservas del Central son muchas o pocas y depende para qué se usen”.

En el aspecto económico hay tres alternativas para analizar. Una futura reestructuración de la deuda con quita, una salida del euro, pero manteniéndose en la Unión Europea, y un nuevo ajuste con un paquete de ayuda financiera. Grecia redujo su déficit fiscal del 12 % al 3 % del PBI entre 2009 y la actualidad, por lo tanto ha hecho un ajuste fiscal muy duro. Este ajuste no es el resultado de políticas neoliberales, sino de un país que mentía las estadísticas al FMI. Hasta el presente recibió dos paquetes de ayuda, entre el 2010 y el 2012, que está pagando. A diferencia del megacanje y el blindaje que Argentina recibió en el 2001 y nunca pagó.

Una reestructuración de la deuda griega con quita no se puede hacer como la de Argentina. La deuda pública griega en manos de tenedores privados es solo del 15 %. El total de la deuda griega es de unos 250.000 millones de euros  y a la hora de una reestructuración o una quita importa su constitución. Un 60 % está en manos de 17 países de la zona euro, un 10 % en el FMI, 8 % en el Banco Central Europeo y el 4 % en el Banco Central Griego. El 15 % restante está en poder de tenedores locales y extranjeros. El default de Argentina fue sobre una deuda elegible de 87.000 millones de dólares en poder de bonistas locales y extranjeros. En cambio, la mayor parte de la deuda griega está concentrada en países. Alemania, Francia e Italia, a los que les deben unos 160.000 millones de euros. Grecia pide una quita de un 30 % del total de la deuda, por lo tanto será muy difícil negociar por acreedor.

El otro problema es que Grecia, como tantos países de la Unión Europa, integra una unión monetaria con una moneda común como el euro. No hay antecedente de un país que abandone el euro. Esta divisa es utilizada en 24 países del mundo, todos ellos europeos; 19 pertenecen a la Unión Europea y forman la denominada eurozona o zona euro, como Alemania, Francia, Italia, España y Portugal, entre las más importantes. En tanto que los cinco países restantes no pertenecen a la Unión Europea ni a la eurozona, pero están en el euro, como Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Portugal y San Marino. Estos países tienen asistencia del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (European Financial Stability Facility), una institución creada en el 2010. Este fondo lo utilizan los gobiernos que soliciten ayuda. En su origen, el fondo puede prestar hasta 440.000 millones de euros y ofrecer unas garantías por valor máximo de 750.000 millones de euros.

Los que proponen una salida del euro y la comparan con la salida de la convertibilidad de Argentina se equivocan. Este episodio sería más dramático. Grecia debe euros, por ende, deberá pagar euros y no tiene una moneda alternativa para ofrecer a los agentes económicos. La Argentina tenía pesos y capacidad de emitir moneda. Volver al dracma permitiría a Grecia recobrar su política monetaria y cambiaria, pero sería un golpe a la credibilidad del área de la moneda única que podría desestabilizar al euro. Hoy la idea de volver al dracma está muy alejada. En particular porque el Banco Central Griego depende del Banco Central Europeo, que emite los euros. La Troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI tiene la última palabra para saber el llamado Grexit, palabra compuesta del inglés Greece (Grecia) y exit (salida), se evite o no, pero la comparación con la Argentina del 2001 y Lehman Brothers del 2001 no es adecuada.