La salida definitiva del default del 2001, el abandono del default del 2014 que dejó Axel Kicillof y los siete mil millones de dólares adicionales que se consiguieron para el programa financiero del 2016 son los tres tiros que menciona el ministro, quien en los últimos diez días ha comenzado a eclipsar a algunos ministros del gabinete económico que conforman Rogelio Frigerio, Francisco Cabrera, Juan José Aranguren y Guillermo Dietrich.

Prat-Gay consiguió en sólo cuatro meses unificar el mercado cambiario, eliminar el cepo, obtener unos 16.500 millones dólares en el mercado internacional de capitales para pagar a los holdouts y sacar a la Argentina definitivamente del default. Es un logro que ningún ministro en la historia había conseguido. En las principales reuniones de empresarios, estos señalan una gran diferencia con la tarea de otros ministros y su imagen de gradualismo. “Prat-Gay sólo ha dado buenas noticias a la sociedad, mientras que otros fueron encargados de anunciar despidos en la administración pública, aumentos de las tarifas de luz y gas y de los boletos del transporte público”, comentan muchos de ellos.

En esas reuniones, también se dice que fue Prat-Gay quien recomendó a Mauricio Macri pagarle en efectivo a los holdouts, en lugar de darles bonos, como ellos querían. Con esta operación ideada por el ministro junto al secretario de Finanzas Luis Caputo, el Gobierno se ahorró unos tres mil millones de dólares. Esto se debe a que los holdouts pedían una tasa del 11%, frente al promedio del 7,5% que consiguió el Gobierno. A eso hay que sumarle que Prat-Gay fue el encargado de bajar los intereses que querían cobrar los holdouts y parte del capital adeudado, lo que le generó al Gobierno otro ahorro de unos cuatro mil millones de dólares con respecto a lo que la Argentina tendría que haber pagado. Con esas dos ideas de Prat-Gay, el Gobierno se ahorró unos siete mil millones de dólares.

Los empresarios destacan de Prat-Gay su independencia para manejarse dentro del Gobierno, a diferencia de otros ministros del equipo económico, que responden al jefe de Gabinete Marcos Peña. En la conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda del martes pasado, el ministro destacó la labor de su equipo económico, del Congreso de la Nación y el apoyo que tiene del presidente Mauricio Macri. Dejó de lado el nombre de algunos funcionarios que esperaban tener un reconocimiento de su parte.

Esta es la segunda vez que Prat-Gay muestra su estilo independiente. La ocasión anterior fue en otra conferencia de prensa en el mismo lugar, el 16 de diciembre del año pasado, cuando explicó la salida del cepo cambiario, pero evitó hablar de la devaluación del peso. Pese a que el jefe de Gabinete Marcos Peña lo sumó al vicejefe de Gabinete Mario Quintana para seguir sus pasos y amenaza con crear una Oficina de Presupuesto similar a la que funciona en los Estados Unidos, que dependa de él, para reducir la injerencia de Prat-Gay en el manejo del presupuesto de la nación, Prat-Gay se las ingenió para evitar cualquier tipo de problema y se apoyó en sus principales colaboradores, como su viceministro Pedro Lacoste y el secretario de Finanzas Luis Caputo. Manejó directamente las negociaciones con el mediador Daniel Pollack.

La tarea de Prat-Gay sólo es comparable con la de Roberto Lavagna, cuando entre abril del 2002 y septiembre del 2005 logró estabilizar el valor del dólar, normalizar la economía, hacerla crecer y comenzar a sacar a la Argentina del default con el canje I de la deuda, con el apoyo de Eduardo Duhalde, primero y de Néstor Kirchner, luego. La reducción de la inflación es una asignatura pendiente para Prat-Gay y habrá que ver si el ministro logra bajarla al 25% anual, como prometió en febrero pasado, mientras que hoy llega al 35% anual y no se observa por el momento una gran baja.

“Algunos empresarios argentinos se merecen un Moreno y no les basta con pedirles, hay que hacerles caer todo el peso de la ley”, dijo Sanz en un reportaje esta semana. Agregó: “Este es un Gobierno que no puede hacer la de Moreno, que era de prepo, tiene que actuar con la ley”, pero fue más allá al afirmar: “Para mí, hay que ser más duros con los empresarios que no han entendido el rol que tienen ahora y en lugar de ayudar a combatir la inflación, aprovechan el río revuelto con demarcaciones; en el rubro alimentos, hay quienes no están a la altura de las circunstancias”. Por su parte, Blanco Muiño manifestó: “En un contexto como el actual, donde algunos sectores subieron precios injustificadamente, el boicot es una herramienta válida”.

Ante la fuerte suba de precios que se observa desde noviembre pasado, el Gobierno de Mauricio Macri se comienza a enredar en una peligrosa morenización de la economía que no es una buena señal. Sólo falta que les fijen a los empresarios el precio al que tienen que vender tal o cual producto en función de sus costos, como hacían Guillermo Moreno y el ex ministro de Economía Axel Kicillof. Lo que deberían entender tanto Sanz como Blanco Muiño es que en una economía abierta, con tipo de cambio fijo o flotante, como es el actual caso, los precios son libres y los determina el mercado, no los funcionarios de turno. Llama también la atención que el presidente Mauricio Macri manifieste que si no hay arreglo con los holdouts, puede venir una hiperinflación, con lo que mezcla dos temas que no tienen nada que ver. Excepto que las autoridades gubernamentales piensen en realizar una gran devaluación del peso frente al dólar y expandir la emisión monetaria si no se cierra el acuerdo.

Se debe evitar que los funcionarios de Cambiemos repitan el error de la dupla Moreno-Kicillof de pensar que los precios de los bienes se calculan en función de los costos de producción y de comercialización, como impone la teoría marxista, por medio de la explicación del valor trabajo y la teoría keynesiana, a través de la obtención del margen de ganancia. Lo que deberían asumir, tanto Moreno y Kicillof como Sanz y Blanco Muiño, o los que se le quieran sumar, es que son los precios los que determinan los costos y no la inversa. Es recomendable que lean los Principios de Economía Política de Carl Menger.

En ese aspecto, cobra un rol fundamental el consumidor. En verdad no es necesaria una ley de defensa al consumidor ni un defensor de los consumidores, ni los tribunales para defender a los consumidores. Los consumidores no sólo fijan los precios de los bienes, sino también de todos los factores que intervienen en un proceso de producción. No deben ser los empresarios ni los sindicalistas, ni los políticos los que fijen los precios, sino que deben ser los consumidores, que son los que pagan por cada insumo y a cada trabajador su salario. Las causas de los aumentos de los precios no están en la suba de los costos, sino en el aumento de la emisión monetaria, que devalúa los pesos que se utilizan para comprar esos bienes y pagar los salarios.

El libro 4000 años de controles de precios y salarios, de los economistas Robert Schuettinger y Eamonn Butler, concluye: “No existe un solo caso en la historia en el que el control de precios haya detenido la inflación o haya superado el problema de la escasez de productos”. En ese aspecto, los autores señalan que desde la quinta dinastía de Egipto (2830 a. C.), en Sumeria, en Babilonia, con el Código de Hammurabi, la Grecia antigua y la Roma imperial, mediante el tristemente célebre Edicto de Diocleciano, los gobernantes siempre respondieron a las subas de precios de la misma forma. Acusaron a los vendedores de especuladores y les solicitaron a los consumidores que mostraran un sentido de responsabilidad social, recurrieron a leyes u otros expedientes para fijar los precios y los salarios, y evitar así que los precios siguieran subiendo. Sanz y Blanco Muiño deberían estudiar cómo funciona un mercado libre, saber que los costos no determinan el precio de un producto y que la inflación es un fenómeno de origen estrictamente monetario.

En tanto, el próximo presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, reconoce que no hace falta y que sólo hay que modificar los objetivos de la política económica del Central que se fijaron en la nueva Carta Orgánica ideada por Axel Kicillof y aprobada por el Congreso de la Nación en abril de 2012.

Esta reforma fue estrictamente de carácter ideológico, en particular el artículo 3: “El BCRA tiene por finalidad promover, en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Luego de casi más de tres años de puesta en vigencia, lo que se puede observar es que sólo un objetivo, el del empleo, se ha cumplido; el resto no. Esto ocurre en particular porque los bancos centrales en el mundo, como lo hace la FED en los Estados Unidos, el Banco Central Europeo en la Comunidad Europea o el Banco Central de Brasil, tienen como único objetivo preservar el valor de la moneda, como indicaba el artículo 3 de la Carta Orgánica que Kicillof reformó a su manera.

Lo que está claro en función de lo ocurrido desde la aprobación de la Carta Orgánica en vigencia es que el BCRA no puede alcanzar los cuatro objetivos al mismo tiempo, ya que ante más objetivos de política monetaria, mayor será la probabilidad de que ninguno pueda ser alcanzado. La experiencia internacional indica que a lo sumo debe haber dos objetivos: atacar la inflación y fomentar el crecimiento económico.

Desde su creación en 1935 hasta la fecha, el BCRA ha sido de los bancos centrales más dependientes del poder político. Hasta ahora tuvo 58 presidentes y 12 cartas orgánicas, lo cual muestra su grado de dependencia política. Si hacemos el promedio, observamos que en 80 años los presidentes duraron 1 año y cuatro meses y la Carta Organica fue reformada cada seis años y medio. La independencia del BCRA es necesaria, porque los efectos de la política monetaria sólo se manifiestan con largos retardos y porque los resultados que busca la política monetaria no se obtienen de un día para el otro. Esa es la explicación y la ideología debe quedar de lado. Las estadísticas son evidentes y muestran que una reforma a la Carta Orgánica del BCRA no soluciona los problemas. El tema principal es tener un Banco Central independiente.

Hay sólo dos ejemplos de independencia del poder político del BCRA. Entre 1935 y 1944 su presidente fue Enrique Bosch y lo curioso es que en ese período hubo cuatro presidentes de la nación: Agustín P. Justo, Roberto Ortiz, Oscar Castillo y Edelmiro Farrell. En ese lapso no tuvo que financiar al sector público y la inflación fue del 3% anual en promedio. El otro período para diferenciar es entre abril de 1991 y fines del 1999. Con la aparición de la ley de convertibilidad, la emisión monetaria dejó de ser la principal causante de la inflación, porque se le prohibió al BCRA que financie al sector público, dado que el objetivo principal fue que el BCRA preservara el valor de la moneda.

Entre 1944 y 1991 el BCRA tuvo 50 presidentes con una total dependencia del poder político, donde la emisión monetaria pasó a ser la principal fuente de financiamiento del Tesoro, como ocurre en la actualidad y la inflación promedio fue superior al 200% anual, con récord histórico de dos hiperinflaciones: la del 89 con el 5.000% anual y la de principios de los noventa, con el 1.300 % anual. El hecho de que el BCRA sea independiente no significa que debe o puede elegir los objetivos de política económica en forma unilateral y autónoma. Es el Congreso quien debe establecer esos objetivos y ordenar al BCRA que los alcance. El BCRA debe tener total libertad para decidir cómo va a perseguir sus objetivos y, además, sus decisiones deben ser muy difíciles de revocar por cualquier otra instancia política. La independencia del BCRA se define como el hecho de tener independencia para elegir y mover libremente los instrumentos, las reservas internacionales, las tasas de interés, la cantidad de dinero y el tipo de cambio, pero no para determinar los objetivos, como la tasa de inflación y los niveles de crecimiento del PBI.

El trabajo El dólar y los precios: anticipando el fin del cepo llega a las siguientes conclusiones: “Liberar el cepo y dejar flotar el peso, aun con una devaluación del tipo de cambio oficial igual a la brecha entre éste y el dólar blue, no implicaría necesariamente un aumento en el valor en el precio los bienes, porque estos ya están valuados al tipo de cambio libre o ilegal anticipado por el mercado”. Agrega: “Cuanto más claros sean los líderes políticos acerca de la fecha en que liberen el cepo y acerca de su programa monetario y, por ende, fiscal y financiero, más suave será la transición de un régimen cambiario a otro”. Sostiene, también: “La decreciente credibilidad del cepo indujo a los agentes económicos a valuar los precios de los bienes al dólar libre o ilegal a un dólar superior que el oficial, por lo tanto si hay una devaluación del peso, esta no se trasladará a los precios y no generará inflación”.

El economista explica que el alarmante bajo nivel de las reservas internacionales de libre disponibilidad del Banco Central indica que el cepo cambiario es insostenible. Se plantea, entre otros aspectos, ¿qué pasará con el precio del dólar y con la inflación el día que se libere el cepo?, ¿cuál sería el precio del dólar en un mercado único y libre de cambios?, ¿cuánta inflación se producirá si el dólar oficial se libera y se lo deja flotar? Neumeyer considera que la respuesta está en los precios, que contienen información sobre su valor futuro y plantea que el llamado pass through, esto es, el porcentaje de la devaluación que se traslada a los precios de los bienes de la economía será muy bajo, por consiguiente, una devaluación no tendrá casi impacto en los precios, tal como ocurrió con la devaluación de enero de 2014. Lo que los economistas llaman una devaluación indolora para la sociedad.

Pero se podría plantear que ese análisis no es del todo correcto, en particular porque podemos citar varios factores que juegan en contra. Por ejemplo: a) que la economía sea abierta y hoy no lo es, ya que Argentina es el país con más casos perdidos en la Organización Mundial de Comercio; b) que haya equilibrio en el mercado de trabajo, hoy no se crea empleo en el sector privado y se genera mucho empleo en el sector público; c) que el mercado de bienes esté en equilibrio y esto no se cumple, dado que hace cuatro años que el PBI per cápita cae; d) que haya equilibrio en el mercado monetario, hoy está totalmente desequilibrado por la fuerte emisión monetaria y la existencia de unos doscientos mil millones de pesos de dinero sobrante en poder de los agentes económicos (money overhang) que por el cepo están atrapados, pero si se levanta, podrían irse rápidamente al dólar y generar una corrida cambiaria. En resumen, Neumeyer no analiza que hay un problema de stock y no de flujos en la economía.

Pese al trabajo de Neumeyer, los voceros de Cambiemos estiman que habría que tener un mercado desdoblado con tres tipos de dólar antes de salir del cepo. Un dólar oficial para las operaciones de comercio exterior, un dólar financiero para las operaciones de futuros y, por último, un dólar libre que sería el reemplazo para el dólar ilegal. Para su estudio, Neumeyer considera un llamado dólar PPP, que es el cociente entre el costo en pesos de una canasta de bienes en Argentina y el costo en dólares de la misma canasta en Estados Unidos. La canasta contiene 250 bienes en las categorías alimentos, combustibles y electrónica y el peso de cada grupo de bienes en estas categorías es consistente con el de los índices de precios al consumidor.

Pero en los pasillos del Palacio de Hacienda la palabra que más se mencionó el día después de la elección fue “traición”. ¿De quién? De Daniel Scioli, tal vez por eso el ministro no concurrió al Luna Park y se quedó en el búnker de La Cámpora.

Desde el viernes pasado, cuando el Daniel Scioli anunció que aumentaría el mínimo no imponible de ganancias para los trabajadores a unos treinta mil pesos por mes, Axel Kicillof comenzó a hablar entre sus colaboradores más cercanos de traición. Se mencionan a dos funcionarios del Gobierno: el director general de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Diego Bossio y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.

Estos dos funcionarios habrían sido quienes le sugirieron a Scioli que hiciera ese anuncio sin la venia del ministro de Economía, el principal defensor de ese impuesto.

Rol pasivo en Diputados

Pero, además, Axel Kicillof se enteró a través de mensajeros del gobernador que sus posibilidades de ser presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda eran casi nulas. En particular no por una sugerencia de Daniel Scioli, sino por la mayoría de los gobernadores a quien Kicillof ni siquiera les atiende el teléfono y ellos lo consideran como el responsable de la debacle de las economías regionales por el cepo cambiario y el dólar retrasado.

Hay que recordar que Kicillof es el ministro más devaluador en la historia del kirchnerismo, pero, aun así, el ajuste cambiario del 25% en enero de 2014 fue inferior a la suba acumulada de los precios.

Más allá de todas esas razones, se suma que la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía es la peor de los últimos 12 años. Sólo se diferencia de sus antecesores en que ha sido el más pagador de la historia de deuda externa: al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Repsol, Club de París, vencimiento del Boden 2015, aunque no pagó una sentencia firme que la Argentina tiene con los holdouts. Kicillof es quien muestra los peores indicadores de los últimos doce años, como lo explicó Daniel Sticco en Infobae este fin de semana.

Su fuerte influencia sobre la presidente Cristina Kirchner y la libertad para administrar casi todo le han dado poderes superiores a los que tuvo en su momento Domingo Cavallo y es el verdadero ideólogo del nefasto cepo cambiario. Además, es el que ordenó que no se publiquen las estadísticas de pobreza y de indigencia desde diciembre del 2013.

Balance claramente negativo

Axel Kicillof es el ministro que repudió el aumento de la deuda pública, pero es el que más emisiones de títulos convalidó después de la reestructuración de 2005 y 2010. Se estima que la deuda pública terminaría en el equivalente al 50% del PBI.

Pero también es el que impuso un freno a la actividad económica. En el primer mandato de Néstor Kirchner el PBI creció a un promedio del 8,7% al año, en el primer Gobierno de Cristina Kirchner se atenuó a 5,2%; luego desaceleró en la primera parte del segundo mandato a 2%, con la gestión de Hernán Lorenzino y cayó 3% en promedio bajo su conducción.

El ministro y ahora diputado nacional electo siempre manifestó su desprecio por la formación de los precios en la economía. Los dos claros ejemplos son el cepo cambiario y los Precios Cuidados, que vende como los éxitos de su gestión, pese a la caída del consumo.

Pero el mayor deterioro de su gestión se ha registrado en la inversión: entre 2003 y 2007 poseía un promedio de suba del 25% anual y desde la vigencia del cepo cambiario comenzó a caer sin ninguna recuperación.