Obra de la casualidad, tal vez, ese mismo día la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py frente al juez federal Claudio Bonadio, que pretende imputarla por asociación ilícita y administración fraudulenta en las ventas de dólar futuro que hasta ahora le han hecho perder unos setenta mil millones de pesos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y podrían llegar a los cien mil pesos en junio.

La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York es fundamental para que Argentina normalice su situación en los mercados de deuda. La colocación será la mayor emisión de deuda pública soberana en los mercados financieros internacionales. En lo que respecta a las colocaciones en dólares de deuda soberna de este año, México lidera, con una emisión de 2.500 millones de dólares a 10 años a una tasa del 4,95, le sigue Chile con 1.240 millones de dólares en bonos a 10 años, con un rendimiento 3,4 por ciento. La novedad y la buena noticia para la Argentina es que Brasil por ahora continúa afuera de los mercados de deuda por su situación política. La mala noticia es que nuestro país deberá pagar una tasa anual que oscilará entre un 7,5% y un 8% por la emisión de bonos similares. El Gobierno argentino luego tendrá que salir a buscar en lo que resta del año aproximadamente otros 15 mil millones de dólares en los mercados financieros internacionales, y podría transformarse en uno de los mayores emisores de deuda de los países de la región.

A nivel corporativo la emisión más alta de deuda latinoamericana en los mercados internacionales es un bono de Petróleos Mexicanos (PEMEX) por seis mil millones de dólares en el 2015. La Argentina duplicará esa cifra.

El otro acontecimiento es de origen local. La citación a declarar por las ventas de dólar futuro a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, quien todavía no designó abogado pero en la lista figuran Carlos Beraldi o el ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni. El problema es que la investigación no está relacionada con una decisión de política económica, esta no es judiciable, sino con la venta de esos dólares baratos, antes de la devaluación y con que el Gobierno anterior haya buscado beneficiar a funcionarios o empresas como producto de la diferencia entre los precios pactados y los finalmente pagados por el BCRA tras la devaluación y el levantamiento del cepo cambiario.

En caso de que la investigación de Bonadio avance se podrían poner en duda los pagos de las operaciones que efectivizaron las nuevas autoridades del BCRA de diciembre pasado a la fecha en los mercados de dólar futuro, tanto en el Mercado Abierto Electrónico como en el Rofex. Las autoridades tendrán que explicar por qué pagaron esos contratos de futuros que habían sido denuciados por los diputados Federico Pinedo y Mario Negri el 30 de noviembre pasado, por pedido del ministro Alfonso Prat-Gay. El problema es que se acusa al Gobierno anterior por pérdidas que se produjeron luego de que el actual Gobierno devaluara y después pagara esos futuros.

El BCRA deberá dar a conocer el monto total de las operaciones y quiénes fueron las instituciones financieras y las empresas que se beneficiaron con esas operaciones al comprar un dólar a unos 9,80 pesos en el mercado oficial, mientras que en los Estados Unidos el dólar futuro cotizaba a unos 15 pesos por unidad desde noviembre del año pasado. Una operación de dólar futuro consiste en fijar un precio del valor del dólar para un momento futuro determinado. Si la cotización es más alta el día fijado, el BCRA le paga al comprador la diferencia en pesos, y si la cotización está por debajo de lo fijado, el comprador le debe pagar al BCRA. Una de las excusas que se manejan dentro del equipo económico es que se cancelaron para salir del cepo cambiario. Frente a ex directores del BCRA que desfilaron ante Bonadio la semana pasada, este formuló una acusación por asociación ilícita. De un total de trece imputados, la ex Presidente fue citada en último lugar y deberá presentarse en Comodoro Py el 13 de abril, mientras que Axel Kicillof y Alejandro Vanoli lo deberán hacer antes. Por esos dos acontecimientos los mercados financieros estarán muy atentos a lo que pase el próximo miércoles 13 de abril.

Este novedoso sistema podría permitir en el futuro que la cuota de un crédito hipotecario sea menor a la de un alquiler, como ocurría en los noventa con los créditos hipotecarios a 10 y 30 años que se otorgaron durante la convertibilidad. Por ese motivo, desde el BCRA apuntan que un crédito hipotecario con una tasa de interés del 1%, en unidad de cuenta, podría permitir un crédito a 30 años con una cuota parecida o por debajo a la de un alquiler.

Por ejemplo, para un crédito de unos 750 mil pesos, la cuota mensual inicial sería de unos 2.300 pesos, en tanto que el ingreso familiar requerido sería de unos $7.500 pesos que no tiene nada que ver con el sueldo que se necesita ganar hoy para acceder a un crédito hipotecario por la relación cuota-ingreso que se debe demostrar.

La aplicación de este mecanismo les permitió a los chilenos construir un sistema financiero que es seis veces más grande que el argentino. Chile, en créditos hipotecarios, es una vez y media el total de créditos del sistema financiero argentino. Por consiguiente, un mecanismo de estas características les podría permitir a los bancos comerciales captar dinero, y ese valor estará preservado por la actualización de la unidad de fomento.

Se trata de una especie de instrumento que provocará que se deje de lado al dólar como una herramienta de ahorro y se fomente más la utilización del peso en la economía. El sistema financiero argentino muestra hoy depósitos y créditos privados que representan un 17% y un 14% del PBI. En tanto, en Chile esos valores llegan al 68% y 75%, respectivamente y en ese desarrollo ha sido fundamental la aplicación de la unidad de fomento como instrumento indexador de la economía.

Es un sistema de ajuste de contratos con base en la variación del índice de precios al consumidor y lo que se busca es crear un mecanismo que permita hacer rentable y a la vez accesible el crédito de largo plazo junto a la posibilidad de ahorrar en pesos y que esos ahorros se actualicen a través de la unidad de fomento. Sería una especie de continuidad del coeficiente de estabilidad de referencia (CER) instrumentado a partir del 2002 que se utilizó para el ajuste de determinados bonos y de otros contratos.

El uso de la unidad de fomento en Chile se extendió a todo tipo de préstamos bancarios o financieros de privados o particulares, inversiones (depósitos a plazo u otros instrumentos reajustables), contratos y en algunos casos honorarios. Sigue siendo la forma preferida y predominante de determinar los costos de construcción, los valores de las viviendas y de cualquier préstamo hipotecario, sea privado o del Estado.

En tanto, el próximo presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, reconoce que no hace falta y que sólo hay que modificar los objetivos de la política económica del Central que se fijaron en la nueva Carta Orgánica ideada por Axel Kicillof y aprobada por el Congreso de la Nación en abril de 2012.

Esta reforma fue estrictamente de carácter ideológico, en particular el artículo 3: “El BCRA tiene por finalidad promover, en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Luego de casi más de tres años de puesta en vigencia, lo que se puede observar es que sólo un objetivo, el del empleo, se ha cumplido; el resto no. Esto ocurre en particular porque los bancos centrales en el mundo, como lo hace la FED en los Estados Unidos, el Banco Central Europeo en la Comunidad Europea o el Banco Central de Brasil, tienen como único objetivo preservar el valor de la moneda, como indicaba el artículo 3 de la Carta Orgánica que Kicillof reformó a su manera.

Lo que está claro en función de lo ocurrido desde la aprobación de la Carta Orgánica en vigencia es que el BCRA no puede alcanzar los cuatro objetivos al mismo tiempo, ya que ante más objetivos de política monetaria, mayor será la probabilidad de que ninguno pueda ser alcanzado. La experiencia internacional indica que a lo sumo debe haber dos objetivos: atacar la inflación y fomentar el crecimiento económico.

Desde su creación en 1935 hasta la fecha, el BCRA ha sido de los bancos centrales más dependientes del poder político. Hasta ahora tuvo 58 presidentes y 12 cartas orgánicas, lo cual muestra su grado de dependencia política. Si hacemos el promedio, observamos que en 80 años los presidentes duraron 1 año y cuatro meses y la Carta Organica fue reformada cada seis años y medio. La independencia del BCRA es necesaria, porque los efectos de la política monetaria sólo se manifiestan con largos retardos y porque los resultados que busca la política monetaria no se obtienen de un día para el otro. Esa es la explicación y la ideología debe quedar de lado. Las estadísticas son evidentes y muestran que una reforma a la Carta Orgánica del BCRA no soluciona los problemas. El tema principal es tener un Banco Central independiente.

Hay sólo dos ejemplos de independencia del poder político del BCRA. Entre 1935 y 1944 su presidente fue Enrique Bosch y lo curioso es que en ese período hubo cuatro presidentes de la nación: Agustín P. Justo, Roberto Ortiz, Oscar Castillo y Edelmiro Farrell. En ese lapso no tuvo que financiar al sector público y la inflación fue del 3% anual en promedio. El otro período para diferenciar es entre abril de 1991 y fines del 1999. Con la aparición de la ley de convertibilidad, la emisión monetaria dejó de ser la principal causante de la inflación, porque se le prohibió al BCRA que financie al sector público, dado que el objetivo principal fue que el BCRA preservara el valor de la moneda.

Entre 1944 y 1991 el BCRA tuvo 50 presidentes con una total dependencia del poder político, donde la emisión monetaria pasó a ser la principal fuente de financiamiento del Tesoro, como ocurre en la actualidad y la inflación promedio fue superior al 200% anual, con récord histórico de dos hiperinflaciones: la del 89 con el 5.000% anual y la de principios de los noventa, con el 1.300 % anual. El hecho de que el BCRA sea independiente no significa que debe o puede elegir los objetivos de política económica en forma unilateral y autónoma. Es el Congreso quien debe establecer esos objetivos y ordenar al BCRA que los alcance. El BCRA debe tener total libertad para decidir cómo va a perseguir sus objetivos y, además, sus decisiones deben ser muy difíciles de revocar por cualquier otra instancia política. La independencia del BCRA se define como el hecho de tener independencia para elegir y mover libremente los instrumentos, las reservas internacionales, las tasas de interés, la cantidad de dinero y el tipo de cambio, pero no para determinar los objetivos, como la tasa de inflación y los niveles de crecimiento del PBI.

El primero es que por primera vez el presidente que asuma el 10 de diciembre próximo encontrará varios tipos de cambio diferenciales, algo que no ocurría desde que Carlos Menem asumió el poder, el 9 de julio de 1989. En ese entonces existían por los menos cinco tipos de cambio diferentes, como el dólar oficial, el financiero, el turista y el paralelo, entre otros, una situación parecida a la actual, pero donde la brecha cambiaria no superaba más del 40 % entre el valor más caro y el más barato, mientras que hoy la diferencia es del 70 %, pero con un mercado declarado ilegal, una diferencia muy importante con respecto a aquella época donde el Banco Central (BCRA) podía intervenir en el mercado cambiario comprando y vendiendo dólares en el mercado paralelo, algo que ahora está impedido de hacer. Por consiguiente, esta situación de desdoblamiento cambiario se debe modificar.

El segundo aspecto se relaciona con el precio del dólar en el mercado de futuros frente al valor calculado por el Gobierno para fin de ese año, en 9,70 pesos, de acuerdo con las minidevaluaciones del BCRA. Este valor está por debajo del dólar futuro de aproximadamente unos 9,90 pesos que se opera en los contratos que se realizan en mercados como el Rofex y el Mercado Abierto Electrónico y considerando que el dólar paralelo, libre o ilegal cotiza a 15,95 pesos. Se observa una situación de atraso cambiario que afecta a las economías regionales que tienen problemas a la hora de exportar al valor del tipo de cambio oficial. En la plaza de futuros de Nueva York, los contratos de dólar en el mercado NDF reflejan apuestas de que el valor del dólar oficial será de 10,55 pesos a fin de diciembre y de 14,65 de pesos en octubre del año próximo. En estos casos se deben considerar las circunstancias locales de un atraso cambiario producto de una alta inflación y un tipo de cambio oficial semifijo, y razones externas, como las devaluaciones de las monedas de países emergentes, en particular Brasil, que podrían obligar al próximo Gobierno a aumentar el ritmo de devaluación del peso para recuperar la competitividad.

El tercer aspecto es el nivel de las reservas del BCRA, que a fin de octubre podrían llegar a unos 28.000 millones de dólares, luego de hacer frente al pago del vencimiento del Boden 2015, si el Gobierno no esgrime antes alguna estrategia financiera para evitar la caída, como hizo hasta ahora con el swap de monedas con China. Ese total de reservas internacionales parece escaso para mantener la actual paridad cambiaria del mercado oficial de 9,40 pesos, comparado con la cantidad de pesos que hay en el mercado. Si comparásemos la vieja relación de convertibilidad entre el total de activos del BCRA y el total de pasivos, ese valor está más cerca de los 15,85 del dólar paralelo o ilegal que del dólar oficial. A su vez, este nivel de reservas estará afectado por la cantidad de dólares ahorro y dólares turista que decida seguir vendiendo este Gobierno a los particulares hasta antes del 10 de diciembre. Desde que se empezó a aplicar este sistema, en enero de 2014, los particulares se han llevado unos 8500 millones de dólares de las reservas internacionales del BCRA a un valor de dólar subsidiado por el Estado que será difícil mantener luego del 10 de diciembre, cuando asuma otro presidente, que al parecer no podrá evitar esa devaluación tan temida que está antes de doblar la esquina.

Basta comparar el saldo comercial del Indec, que se mide con exportaciones menos las importaciones, y las ventas de dólar ahorro del BCRA entre enero y julio de 2014 y 2015 para entender el problema. En el 2014 el saldo comercial fue de unos 4400 millones, mientras que las ventas de dólar ahorro llegaron a los 1000 millones de dólares, lo que deja una diferencia positiva de unos 3400 millones de dólares. En cambio, si comparamos el mismo período en este año, la diferencia es negativa de unos 1600 millones de dólares como consecuencia de un superávit comercial de unos 1400 millones contra ventas de dólar ahorro por 3000 millones. Esto refleja que el BCRA está vendiendo más dólares ahorro de los dólares netos que le quedan entre la liquidación que hacen los exportadores y las compras que hacen los importadores. La dupla Kicillof-Vanoli vende más dólares comerciales de los que entran y, para colmo, los dólares financieros que ingresan se evaporan con los pagos de deuda y de importaciones de energía que hace el Gobierno.

Lo llamativo es que en el mismo período se registra una suba de unos 2100 millones de dólares de las reservas internacionales del BCRA. ¿Cuál es la explicación? Además de vender más dólares de los que entran a las arcas del Central, la dupla Kicillof-Vanoli ha decidido maquillar las reservas internacionales, lo que puede costarle muy caro al país en el futuro. El atraso cambiario, tarde o temprano, este o el próximo Gobierno lo terminará pagando. El dólar oficial barato a un “precio cuidado” de 9,30 pesos es solo para algunos trabajadores que lo pueden comprar, para el Estado y para algunos importadores. En tanto que el dólar paralelo a “precio descuidado”, que va de 13,50 a 15,50 pesos, según la modalidad que uno elija, entre el contado con liqui y el dólar blue o ilegal, es difícil de adquirir por los controles del Gobierno.

En los últimos meses la gran ayuda para mantener las reservas internacionales en su actual nivel llegó por el lado de los llamados dólares financieros provenientes de ingresos netos del sector público y del BCRA. Estos surgen de la utilización del swap con China por unos 8000 millones de dólares, por lo que quedan todavía disponibles unos 3000 millones de dólares más que son un pasivo. En segundo término, lo ingresado por la colocaciones de Bonar 2024, cerca de 2000 millones de dólares, emisiones de deuda de YPF por 1500 y colocaciones de las provincias por unos 1000 millones de dólares y otros 1000 millones de dólares por la licitación de la banda 4G. En tercer lugar, 1500 millones de dólares más producto de la imposibilidad de pagar la deuda del canje con legislación extranjera que el BCRA computa como un activo y deberían contabilizarse como un pasivo. En total, 15.000 millones de dólares ingresados entre enero y julio, de los cuales unos 9500, como el swap y lo que no se pagó a los bonistas, deberían contabilizarse como deuda del BCRA.

Si al total de 33.800 millones de dólares de las reservas que mostraba el BCRA al cierre de julio le descontamos esos 9500 millones, 7000 millones de dólares de encajes de los ahorristas y otros 600 ingresados por el blanqueo de capitales, las reservas brutas del BCRA llegarían a los 16.700 millones de dólares. Esta suma solo alcanza para pagar cuatro meses de importaciones, que es la relación técnica adecuada que utiliza el FMI para medir la capacidad de pago de un país. Tal vez por ese motivo la semana pasada llegó esa especie de sincericidio del presidente del BCRA al afirmar: “No hay reservas suficientes para abrir el cepo cambiario”. Luego, el ministro de Economía manifestó: “Es relativo si las reservas del Central son muchas o pocas y depende para qué se usen”.

Lo cierto es que no hay muchas posibilidades de mantener la actual política fiscal monetaria y cambiaria, que conduce inexoralmente a esa mala palabra que se llama “retraso cambiario” o, dicho de otra forma, una fuerte apreciación del peso frente al dólar o al euro. Esta política consiste en emitir una gran cantidad de pesos sin respaldo en reservas del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) para financiar el exagerado déficit fiscal que llega a unos 6 puntos del PBI pagando altas tasas de interés a los bancos por sus títulos en cartera. A esto se suma mantener el tipo de cambio oficial semifijo que no ajusta con la inflación vendiendo dólares baratos al Estado para pagar deuda pública y a los particulares a través del dólar ahorro. El Gobierno debería estar atento a las PASO de agosto ya que las elecciones del 2011 y el 2013 marcaron importantes subas en la cotización del dólar.

La política monetaria muestra que su hacedor, el BCRA, está quebrado en términos patrimoniales. Por lo tanto no podrá pagar a los bancos tasas del 28 % anual como la que paga por la renovación de las LEBACs, cuyo monto total llega a los 320.000 millones de pesos. Hay que sumar un Tesoro Nacional deficitario que no podrá pagar mucho tiempo mas tasas del 24% anual por sus bonos aunque su bajo nivel de endeudamiento le permitiria seguir colocando deuda en el mercado.

En lo que respecta a la política cambiaria, podemos decir que no será fácil mantener la política que privilegia un dólar barato subsidiado de 9 pesos para que compre la gente a través del dólar ahorro, el Gobierno para pagar los intereses de la deuda pública y con el que se hace mas difícil poder exportar frente al súper dólar del mundo. Al respecto, se puede mencionar un reciente trabajo presentado por el economista Martín Redrado a los equipos técnicos del Fremte Renovador. Redrado puntualiza que las reservas internacionales del BCRA llegarán a unos 25.000 millones de dólares a fin de año. Pero a eso le suma que la institución está cuasi quebrada. Los pasivos monetarios llegan a unos $ 750.000 millones dice el informe, y puntualiza que se trata de una relación 22 a 1 contra las reservas internacionales, mientras que en el 2009, cuando él presidía el BCRA, esa relación llegaba a solo 4 veces las reservas internacionales.

El trabajo destaca además que el BCRA tiene un patrimonio neto negativo de $470.000 millones, ajustado por el valor de las letras intransferibles que el Tesoro colocó en el BCRA, los adelantos transitorios al Tesoro y las utilidades del ejercicio 2014 recientemente aprobadas y que distribuirán. Redrado plantea modificar la Carta Orgánica del Banco Central para terminar con la práctica que en los hechos implica ser la chequera del Gobierno, es decir, fijando límites precisos a las transferencias de dólares y pesos a la Tesorería. En este caso, debe quedar claro que el BCRA no tiene mucho tiempo más para pagar los intereses que le paga los bancos mientras mantiene el valor del dólar oficial cuasi fijo.

Analizando la política monetaria, un trabajo de la consultora Ecolatica indica que el stock de plazos fijos subió a una tasa anual del 26,5% desde fines de diciembre hasta abril pero en mayo ese valor pasó al 35,5%. Pero gran parte de esa suba está explicada por los depósitos a menos de 90 días de plazo y 60 días o menos. Esto indica que los inversionistas no están dispuestos a dejar el dinero en los bancos más allá de setiembre próximo. La suba de las tasas de interés impulsada por el BCRA alienta colocarse en pesos en lugar de comprar dólares en el mercado libre pero solo se ha logrado que el vencimiento de los plazos fijos no superen los tres meses. Las tasas del 25 % anual que pagan algunos bancos parecen rentables, pero no lo son frente a una inflación del 25% anual. En la actualidad el rendimiento del plazo fijo es nulo si lo medimos contra la inflación y de casi un 2 % si lo medimos contra un dólar cuasi fijo. Esta especie de bicicleta financiera transita a gran velocidad por una bicisenda que al parecer no está preparada para soportar ese sprint al que la somete la dupla Kicillof y Vanolli. Con gradualismo o con shock habrá que salir de ella.

Hasta el jueves pasado los directores eran siete, de los diez que marca la Carta Orgánica. El presidente, Alejandro Vanoli, su vice, el radical Miguel Pesce, los kirchneristas Santiago Carnero y Waldo José Farías y los jóvenes camporistas Germán Feldman y Pedro Biscay. La intención del kirchnerismo, luego de la partida de Redrado fue mantener un directorio con seis o siete miembros para evitar presiones. Al quedar cuatro o tres lugares vacantes con la firma del presidente y vice y cuatro directores tenía la mayoría absoluta para sesionar y tomar decisiones.

Kicillof cubre esos tres puestos para mantener su poder dentro del BCRA con el actual gobierno y con el entrante, sea éste oficialista u opositor, después de diciembre. Estos nuevos directores permanecerán hasta el 2021 en caso que el Senado apruebe sus pliegos. Vanoli y los directores German Feldman y Pedro Biscay tienen mandato hasta el 2020 mientras que los patagónicos Santiago Garnero y Waldo Farias todavía permanecen nombrados en comisión. El periodo del vice Miguel Ángel Pesce vence en el 2016. Pesce es considerado un intocable en el BCRA. Llegó en junio de 2003 para luego ocupar el cargo de vicepresidente durante las gestiones de Martín Redrado, Mercedes Marcó del Pont, Juan Carlos Fábrega. Estos dos últimos fueron echados por pedido de Kicillof.

El poder de Kicillof creció sin límites desde abril de 2012, cuando se reformó la Carta Orgánica (CO) del BCRA. Kicillof fue el ideólogo de las modificaciones. Era viceministro de Economía de Hernán Lorenzino y Mercedes Marcó del Pont la presidente del BCRA. Su desembarco en el directorio fue en junio de 2013, cuando por un decreto del Poder Ejecutivo hizo nombrar a Pablo López, el actual secretario de Finanzas, en el directorio de la entidad. Luego, en setiembre de ese mismo año, al vencer los mandatos de tres directores del Banco Central -Carlos Pérez, Carlos Sánchez y la vicepresidente segunda de la entidad Gabriela Ciganotto-, el gobierno decidió no nombrar reemplazantes para manejar el directorio a su manera. Con la llegada de Juan Carlos Fábrega a la presidencia del Banco la designación como director en comisión del joven economista camporista Germán Feldman y lo nombró al frente de la superintendencia de Entidades Financieras quedándose con el manejo de bancos, financieras y casas de cambio.

En abril de 2012 entró en vigencia la nueva Carta Orgánica del BCRA (Ley 26.739) que modificó el objetivo del banco que era preservar el valor de la moneda. El artículo 3° de la nueva normativa establece que “el BCRA promueve no sólo la estabilidad monetaria y del sistema financiero sino que también procura el pleno empleo de los recursos y el desarrollo de la economía con equidad social”. Un cambio sustancial para que el ente monetario emita dinero sin respaldo como lo viene haciendo. La normativa amplía peligrosamente los límites previstos en el Artículo 20°, al generar un canal adicional de financiamiento al Tesoro Nacional que es equivalente al 10% de sus ingresos en efectivo. Se trata de adelantos  transitorios, que deben ser cancelados pasados los dieciocho meses de su otorgamiento y esto aumenta el financiamiento del banco al Tesoro Nacional que aumenta su déficit fiscal irresponsablemente. Otro de los aspectos cuestionables es que se eliminó la relación fija entre la base monetaria y las reservas internacionales. Con esto se abandonó el régimen de tipo de cambio fijo para que el gobierno pueda definir la relación de paridad entre el dólar y el peso. “Este nivel de reservas necesarias para la conducción de las políticas cambiaria y monetaria deberá definirse en cada caso, a través de un ejercicio dinámico de evaluación de las fortaleces y los riesgos que enfrente la economía argentina”, dice.

La nueva ley permite al BCRA intervenir en el sistema financiero. En los últimos tiempos hubo una embestida contra casas de cambio y agentes de bolsa por la venta del dólar blue o ilegal, y hasta con un banco extranjeros como el Citibank suspendiéndolo como agente en la operatoria de títulos y acciones. La nueva CO reformulada por Kicillof le otorga al BCRA facultades e instrumentos que antes no tenía para incidir sobre el empleo y la producción y aumenta el poder de intervención del Estado sobre el BCRA que ha dejado de ser un organismo independiente. 

Y ahora al parecer Kicillof va por más: quedarse en el BCRA con Cristina o sin Cristina.

La reciente historia argentina tiene dos antecedentes de episodios que golperaron a los gobiernos de turno y provocaron luego drásticos cambios en la política económica: el copamiento al Regimiento de La Tablada y la renuncia del vicepresidente de la Nación, Carlos “Cacho” Alvarez. La característica común de estos procesos es que ambos finalizaron con una gran perdida de confianza de los inversores, aumento de la tasa de inflación, salida de dólares del sistema financiero, corridas bancarias, corridas cambiarias y abruptas megadevaluaciones del peso.

El copamiento del Regimiento de La Tablada sucedió el 23 y 24 de enero de 1989 en manos del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), cuando estaba en vigencia el “Plan Primavera” en el gobierno de la UCR de Raúl Alfonsín. Luego de esa toma se produjo la primera hiperinflación, hubo una fuerte fuga de dólares del sistema financiero, aumento del valor del dólar y se debieron adelantar las elecciones y la entrega del poder en julio del 89 a Carlos Menen. La renuncia el 5 de octubre de 2000 de Carlos “Chacho Alvarez” como vicepresidente el gobierno de la Alianza, por los sobornos que se habrían pagado en el Senado de la Nación para sacar la Ley de Reforma Laboral durante la “Convertibilidad”, finalizó con la renuncia del presidente De La Rúa, una posterior salida traumática de la Convertibilidad y la llegada de Néstor Kirchner al poder en mayo de 2003.

Si bien el escenario actual dista bastante del que se observaba en enero de 1989 y en octubre de 2000, tanto en el aspecto local como internacional, es importante que el Gobierno tome las previsiones necesarias para evitar que el caso Nisman provoque disturbios en el campo económico. A pesar del cepo cambiario no se debe descartar que este terremoto institucional genere una nueva pérdida en la confianza de los inversores, lo que podría traducirse en una corrida como producto de una salida de dólares del sistema cuya consecuencia podría ser una crisis cambiaria.

Sobre ese punto, recientemente el presidente del Banco Central República Argentina (BCRA), Alejandro Vanoli, reconoció que se podrían hacer los cambios rápidos con respecto a las restricciones cambiarias. Pero por el momento el Gobierno no tiene esa intención. “Ahora es necesario fortalecer esta calma cambiaria”, aseguró Vanoli. Pero deben estar atentas las autoridades del ministerio de Economia y del BCRA acerca de esta ultima cuestión si la muerte del fiscal genera una mayor perdida de confianza de los agentes económicos.

Pero el error de diagnostico del equipo económico que comanda Axel Kicillof, de creer que el aumento de la inflación es producido por un aumento de la demanda de bienes y servicios superior a la oferta de los mismos o culpa de empresarios inescrupulosos que aumentan los precios, le juega en contra. El problema es que la inflación se debe a un fenómeno monetario. Un proceso de emisión de pesos nunca visto desde los 90 a la fecha para financiar el déficit fiscal, agravado ahora por una caída en la demanda de dinero de los agentes económicos que se desprenden de los pesos para comprar bienes o dólares legales, ilegales o los que consiga.

Los números de inflación de setiembre que dio el Indec muestran  un aumento de la tasa de inflación anualizada que no se observaba desde los primeros meses del 2002. De no modificarse, este diagnóstico equivocado podría llevar a la Argentina a otro proceso hiperinflacionario similar al vivido entre enero y marzo de 1990 que desembocó luego en el Plan de Convertibilidad instrumentado a partir de abril de 1991 después de una abrupta megadevaluación del peso
frente al dólar. Por el momento no están dadas las condiciones para una Primera Hiperinflación como la de julio de 1989 donde los aumentos de precios llegaron al 5000 % anual.

La teoría económica describe tres tipo de inflación. La inflación por demanda que está  relacionada con un aumento de  la demanda de bienes y servicios por encima de la oferta de los mismos, la inflación por costos provocada por el incremento de los salarios, y la inflación por  emisión monetaria para financiar el déficit fiscal del gobierno. Esta es la causa de la inflación actual.

El fenómeno inflacionario que se ha desatado en el país desde principios del 2007 cuando se intervino el Indec y con mayor virulencia a partir del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner responde efectivamente a un aumento de la emisión  monetaria desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para financiar el déficit fiscal producto de ingresos que crecen a una tasa anual del 25 % y un gasto público que aumenta al 50 % anual en promedio. Ese déficit fiscal, de acuerdo a los números del Presupuesto 2015, llegará este año a unos 160.000  millones de pesos y, en caso de no reducirse, incrementará la inflación a valores insospechados, lo que a su vez podría provocar fuertes presiones en el mercado cambiario oficial y paralelo que obligarían al gobierno a devaluar el peso frente al dólar de una manera más brusca que la del 25 % realizada por el BCRA en enero de este año.

Para entender el error de diagnóstico hay que destacar que el Presupuesto 2014 preveía un superávit fiscal de unos 4600 millones de pesos y una inflación del 9,8 % en todo el año. En realidad, el acumulado de los primeros nueve meses muestra una tasa de inflación que llega al 20 %. Esto significa que, medida con los sospechosos datos del Indec, la inflación calculada en términos anualizados se duplicó entre setiembre del año pasado que llegaba al 10 % y septiembre de este año. El valor de septiembre adquiere más gravedad, si a eso le sumamos que este número fue logrado durante la vigencia de un programa de Precios Cuidados lanzado por la Secretaría de Comercio a partir de enero pasado y que lleva ya su cuarta versión de ajuste de precios. El error de diagnóstico puede costar muy caro.

En la medida en que el Gobierno no reconozca el principal problema que tiene es bajar la inflación, es probable que Juan Carlos Fábrega no sea el último presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que echa la presidente Cristina Fernández de Kirchner con el acuerdo del ministro de Economía Axel Kicillof. Además Fábrega era reconocido tanto en el ambiente empresarial como en el sistema financiero como una especie de “Garante” que frenaba a Kicillof en su intento por aumentar la emisión monetaria, reducir las tasas de interés y no devaluar el peso.

Fábrega es el tercer titular del BCRA que echa la presidenta. Para entender el verdadero problema conviene repasar la inflación que dejó cada uno de los presidentes que fueron echados. Martín Redrado a principios del 2010 se fue con una inflación del 15%, luego Mercedes Marcó del Pont dejó en noviembre del 2013 una inflación del 25 % en tanto que “El Garante” se va con una inflación del 45 % medida a través de consultoras privadas. Ambos se fueron en medio de fuertes corridas cambiarias, caída de reservas y suba del dólar en el mercado paralelo

Redrado fue eyectado del BCRA cuando el dólar oficial valía 3,50 pesos por negarse a utilizar las reservas internacionales del Central para pagar deuda pública y privada y esa es una de las principales causas de la pérdida de reservas internacionales desde mediados del 2011 hasta la fecha.  Del Pont fue acusada por CFK de no poder manejar el mercado cambiario, y Fábrega, de ser parte de una conspiración nacional e internacional para voltear a este gobierno, como afirmó la Presidente en su discurso del martes pasado. También lo acusó de no controlar las operaciones de dólar contado con liqui. Fábrega se va con un dólar paralelo de 15 pesos. Aunque la presidente y Kicillof no lo reconozcan, ambos se fueron como víctimas de un aumento en la inflación y del dólar paralelo que el gobierno no puede frenar.

Esto implica que cuanto más dependiente sea el BCRA del poder político, esta dependencia debe leerse como una mayor emisión monetaria para financiar el déficit del Estado, la inflación y el dólar en sus diferentes versiones en el mercado paralelo seguirán subiendo. En la medida que el BCRA siga emitiendo pesos sin respaldo para financiar el déficit fiscal como ocurre desde marzo del 2012, cuando el actual ministro Axel Kicillof logró modificar la Carta Orgánica del BCRA, la situación se agravará en una economía en la que sobran los pesos y faltan los dólares y la gente cada vez quiere comprar más dólares y desprenderse de los pesos que pierden valor frente al dólar y al euro aceleradamente.

Hay que considerar que con la llegada de Alejandro Vanoli al BCRA es probable que el gobierno controle aun más la compras de dólares en el mercado que llama ilegal e intervenga en la cotización del dólar contado con liqui y el llamado dólar bolsa. Al parecer este comportamiento no se modificará en la medida que el gobierno mantenga el cepo cambiario que instrumentó desde fines de octubre de 2011. En ese entonces el dólar oficial valía 4,40 pesos en tanto que el único dólar paralelo que existía era el contado con liqui cuya cotización llegaba a los 4,50 pesos. La brecha entre ambos llegaba al 10 % en cambio ahora supera el 80 %. El problema no es el valor del dólar paralelo sino el retraso que muestra la cotización del dólar oficial a 8,44 pesos.

La llegada de Alejandro Vanoli en reemplazo de Juan Carlos Fábrega no surge como la solución para frenar las corridas cambiarias que vive este gobierno desde el 2012 en adelante y que le han costado la pérdida de reservas internacionales más grave desde la ocurrida entre 2000 y 2001. La salida de Fábrega despeja por el momento la posibilidad de una devaluación del peso frente al dólar del 25 % similar a la de enero pasado. En ese entonces Fábrega decidió intervenir en el mercado cambiario y contradecir a Kicillof que no estaba de acuerdo con una devaluación del peso y una suba en las tasas de interés. Luego llegaron las acusaciones de la Presidente y Kicillof de actuar a favor del los bancos privados en un virtual acuerdo para pagar la sentencia con los holdouts, y el final está a la vista.