El vicejefe de gabinete Mario Quintana reconoció el viernes pasado frente a varios periodistas que habrá modificaciones estructurales en el FGS para vender esas acciones. En tanto, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, declaró a la prensa: “Para pagar a los jubilados no hace falta vender esas acciones”. Por otro lado, el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, manifestó: “Esa opción forma parte de las fuentes de financiamiento que se plantearon para pagar la deuda con los jubilados. Las otras fuentes son el producido por la exteriorización de capitales, los títulos públicos y los plazos fijos que están dentro del FGS, que cuenta hoy con unos 770 mil millones de pesos”. Llama la atención que haya tres versiones distintas de funcionarios que participaron en la redacción del proyecto de ley.

La intención del Gobierno de Mauricio Macri de utilizar parte de los fondos —plazos fijos, títulos públicos y acciones privadas— del FGS de la Anses para pagar a los jubilados puede tener un fuerte rechazo de la oposición en el Congreso. En particular porque se quiere derogar la ley 27181 de 2015, promulgada en octubre del 2015, que prohíbe la venta de las participaciones accionarias de la Anses en empresas sin la autorización previa del Congreso mediante una mayoría calificada de dos tercios de cada una de las Cámaras.

En caso de una venta total de las acciones en poder de la Anses —cotizadas a unos 92 mil millones de pesos a valor de mercado—, el Gobierno debería reconocer que será una privatización de estas. Podría ser la primera del Gobierno de Mauricio Macri y la primera acción de desfinanciamiento del sistema previsional. La venta total o parcial de esas acciones debería hacerse en bloques en el mercado local como si fuera una licitación de títulos públicos. La Anses no debería comprar acciones transitoriamente, como algunos funcionarios pretenden. En particular porque esas operaciones podrían realizarse discriminadamente por un funcionario del Gobierno, que decidiría a quién vender y a quién comprar. La Anses sí tiene permitido vender y comprar títulos del Estado nacional, como lo ha venido haciendo desde la creación del FGS, en octubre del 2008.

Los activos del FGS, a fin de diciembre, revelan que un 60% eran títulos públicos y las acciones, un 15%; el resto son plazos fijos. En caso de que la Anses vendiese los bonos, habría una caída del valor de los títulos. Pero si vende las acciones, perdería su participación en los directorios de algunas de las principales empresas cotizantes. Lo importante es que la Anses informe sobre el estado actual de los activos que posee el FGS. Los legisladores del Frente para la Victoria acusan al Gobierno de Mauricio Macri de haber montado una especie de cepo informativo sobre la situación del FGS, que sostiene todo el sistema previsional argentino.

El último informe de la evolución de los activos del FGS publicado en la web de la ANSES es el sexto bimestre del 2015. En él se da a conocer que, a diciembre de 2015, el valor de la cartera del FGS fue de 664.029 millones de pesos, una tasa de rendimiento neto interanual del cuarenta por ciento. Lo curioso es que desde ese informe hasta el presente el Gobierno no presentó ningún informe bimestral sobre la evolución del FGS. Sólo nombró al ex Goldman Sachs, Luis María Blaquier, como el gerente del FGS, pero no nombró a los funcionarios que componen el directorio, entre los cuales había empresarios, sindicalistas y jubilados. Tampoco se formó la Comisión Bicameral de Seguimiento del FGS. En ella debe haber seis senadores y seis diputados. Por el momento, el Gobierno no informó sobre la situación del FGS luego de la devaluación de diciembre pasado y a más de cinco meses de gestión. Ese último informe está firmado por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y el ex director ejecutivo de Anses Diego Bossio. La gran pregunta es por qué el Gobierno todavía no actualizó sus valores, que deben ser públicos y transparentes. La venta de las acciones es una de las grandes dudas que encierra el proyecto de reparación histórica para los jubilados.

En caso de ser aprobado, se declarará de interés público la participación del Estado en las más de 40 empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES con una capitalización bursátil de unos 61.000 millones de pesos sobre un total de $540.000 millones que tiene el fondo. Pero también de otras empresas en donde el Estado tiene participación. El proyecto de ley excluye de los alcances de la norma a YPF e YPF GAS y aclara que las mismas se regirán por la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Esta agencia estará integrada por un directorio de cuatro miembros, elegidos cada cuatro años, en línea con los mandatos presidenciales y el presidente será el director ejecutivo de la ANSES que es elegido por el Poder Ejecutivo.

Si la ley fuese aprobada, hay que destacar que podria provocar una fuerte caída de la inversión privada, que se traduciría en una  baja del nivel de actividad económica y concecuentemente en la generacion de empleo. El proyecto genera varios inconvenientes queremos destacar. Primero, le restará liquidez a las acciones de las empresas que forman parte del FGS que cotizan en la Bolsa de Comerciro de Bs. As. y tambien los ADR de Nueva York, ya que frente a la posibilidad tener de socio a un accionista que no quiere vender -eso es lo que en definitiva busca el proyecto-, el valor de esa empresa en el mercado bursátil es probable que caiga ya que el valor de una empresa no solo se da por sus ganancias sino también por su liquidez. Al tener de socio a un Estado que depende de una decisión del Congreso para vender, le resta margen de maniobra al resto de los accionistas de la empresa en caso de querer venderla o recapitalizarla.

En segundo lugar, se reduce el retorno sobre los activos de la empresa, porque las ganancias operativas que pueden generar los activos de la empresa dependerán de un socio como el Estado que tiene directores nombrados por él mismo que pueden manejar la política comercial de la empresa.

Finalmente, sube la tasa de descuento por dos vías, por el daño institucional que produce un gobierno que aumenta el riesgo o pais y aumenta el riesgo de la empresa porque su funcionamiento se puede asimilar al de una empresa pública  como los casos de YPF o Aerolineas Argentinas o las viejas empresas del Estado de antes de las privatizaciones. Por lo tanto se podría reducir la capacidad de creación de valor de las empresas y se derrumbará la inversión privada y esto significará un menor stock de capital per cápita y menores salarios reales

El proyecto de ley aclara que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) seguirá como dueño de las acciones, cobrará los dividendos que le correspondan, y seguriá designado los directores en representación del Estado en las compañías que irán a las  asambleas de accionistas de las empresas en las cuales la ANSES tiene participación. Pero para vender alguna de esas acciones deberá contar con dos tercios de los votos del Congreso. Esta es la misma proporción que se necesita para reformar la Constitución Nacional y además se  traslada el poder de decisión desde el Ejecutivo al Legislativo.

Esto implica que los derechos políticos de las acciones que estaban en la Direccion de Empresas, que depende de la Secretaría de Competitividad del ministerio de Economía, se trasladarán a la nueva agencia. “Se crea una agencia para definir las políticas que los directores estatales pretenden de las empresas, que las obliguen a inviertir mas, que repartan dividendos, y que hagan una supervisión general de las empresas”, dijo Axel Kicillof este fin de semana. El futuro luce ominoso -y la Argentina, poco rentable.

El eslogan de “Continuidad o cambio” que el PRO utilizó en su campaña para identificar al oficialista Daniel Scioli como el candidato que seguirá la política del Gobierno y a Macri como el hombre que cambiaría la política actual, ha pasado a ser “Continuidad o mejorar lo hecho”. Esa modificación impacta hoy en el valor del dólar por un cambio en las expectativas de los agentes económicos. La suba del dólar blue o ilegal, que se ubica por encima de los 15 pesos, mientras el valor del dólar oficial sigue prácticamente quieto a 9,17 pesos, con una brecha entre ambos del 65 %, es algo que ninguno de los candidatos esperaba antes de las PASO, pero que podía ocurrir.

Lo que asombró al mundo financiero y a los empresarios que confiaban en Macri fue comenzar a escuchar frases como: “Aerolíneas Argentinas seguirá en manos del Estado, pero debe ser mejor administrada”, “YPF no será privatizada”, “En un eventual gobierno del PRO no corren peligros los planes sociales y los subsidios” y “No habrá una privatización del sistema jubilatorio que maneja la Anses”.

Como se sabe, el PRO votó en el Congreso de la Nación en contra de la estatización de Aerolíneas Argentinas y de YPF, y se opuso en el 2009 a la estatización de los fondos en poder de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que pasaron a ser administradas por la Anses, y no estaba de acuerdo con mantener planes sociales y subsidios a las tarifas.

Pero el cambio discursivo de Macri no fue el inicio de esta nueva corrida cambiaria. Esta comenzó el 17 de julio pasado por un cambio de las expectativas que generaron una dolarización de los activos de las empresas y de los agentes económicos. Ese día Daniel Scioli anunció que su compañero de fórmula, tal como se lo solicitó la Presidenta, sería el actual secretario Legal y Técnico Carlos Zannini. A partir de ese momento y hasta ahora el valor del dólar blue o ilegal no dejó de subir y pasó de 12,80 a los 15 pesos actuales. Ese fue el primer golpe para el mercado financiero, que comenzó a descontar que con Zannini a su lado Scioli no podría hacer modificaciones a la actual política del Gobierno. Entonces solo quedaban Macri o Sergio Massa como los candidatos del cambio. Pero ahora Macri modificó su discurso y Massa, según los encuestadores, por ahora sigue sin despegar.

El cambio discursivo vuelve a aparecer en medio de una campaña presidencial, como ocurrió en mayo del 1999. En aquel entonces fue el húngaro George Soros el que obligó al candidato por la Alianza, Fernando De La Rúa, a modificar su discurso, en cambio ahora es el economista de ECO, Martín Lousteau. Soros había dicho que la Argentina tenía que abandonar la convertibilidad, porque el tipo cambio estaba retrasado. De la Rúa, que luego le ganó con más del 48 % de los votos a Eduardo Duhalde, salió a defenderla y cimentó gran parte de su triunfo en primera vuelta al apoyar el modelo económico de Carlos Menem, que sufría un gran desgaste. El concluyente triunfo de De la Rúa mucho tuvo que ver con su apoyo a la convertibilidad, de la que ni siquiera tuvo que salir, ya que abandonó el poder antes de que la convertibilidad finalizara, el 7 de enero del 2002, con el gobierno de Eduardo Duhalde, que realizó la mayor devaluación histórica del peso frente al dólar, cuando el atraso cambiario golpeaba diversos sectores de la economía, como ocurre en la actualidad.

Pero ahora, en función de los últimos acontecimientos que han tenido como principal actor al ministro de Economía, en particular su reciente pelea con el presidente del Banco Central de la República Argentina, Juan Carlos Fábrega, para presionarlo a que baje las tasas de interés en medio de una nueva mini corrida cambiaria, se ha comenzado a hablar del “Teorema de Axel Kicillof”, tanto en ambiente empresarial como en el mercado financiero.

Éste expresa que, en la medida que un funcionario del Gobierno se acerca al joven ministro, corre el riesgo de irse o de ser fulminado políticamente por acercarse a sus ideas. El primer caso fue el del ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien pensó que cerca de Kicillof continuaría en su puesto. Se equivocó. Significó su ida del Gobierno a una representación diplomática en Roma. “Los pendejos de La Cámpora me traicionaron y en particular Axel”, comenta Moreno” en su círculo íntimo. El segundo funcionario que sufrió en carne propia el “Teorema de Axel Kicillof” fue el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ya que pese a ser socio en una consultora en los 90 y uno de los empleadores del joven ministro, vio como su poder se esfumaba cuando se acercó en las ideas económicas: fue dejado de lado en las decisiones económicas y dentro del equipo de Kicillof comentan que el ex gobernador del Chaco no ha sido un buen comunicador de las acciones del Gobierno.

El tercer funcionario alcanzado por el “Teorema de Axel Kicillof” fue el ex ministro de Economía, Hernán Lorenzino, a quien su sucesor comenzó a esmerilar desde que llegó como su viceministro. Se había acercado luego de ser designado como Director de la Unidad de Reestructuración de la Deuda, creada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, pero fue desplazado rápidamente en los primeros días de enero de este año, quedando la reestructuración de la deuda a cargo del nuevo súper ministro y su secretario de Finanzas, Pablo López. Lorenzino fue eyectado y todavía la Cancillería no le aprobó su placet como embajador en la Unión Europea.

Cintura política para preservarse

Por el momento hay tres funcionarios del Gobierno que forman parte de las decisiones de política económica que toma la presidente Cristina Kirchner y que prefieren preservarse para no ser alcanzados por el “Teorema de Axel Kicillof”.

En primer lugar, se encuentra el presidente del BCRA, Juan Carlos Fábrega, quien prefiere estar lejos del ministro y hasta podría dejar su sillón en Reconquista 266 para dedicarse a la política. Se habla de una probable candidatura a gobernador en su Mendoza natal. Además, prefiere hablar más con los banqueros que con el propio Kicillof, quien cuenta con tres directores que le responden en el directorio del BCRA, mientras “El Garante” -así lo llaman a Fábrega en el mercado financiero- cuenta con dos directores que le respoden.

Otro de los funcionarios que prefiere no estar cerca de Kicillof es el titular de la Anses, Diego Bossio, un economista técnico con buena relación con la presidente y su hijo Máximo Kirchner. Este economista egresado de la Universidad de San Andrés, que maneja el segundo presupuesto mas grande de la Argentina, unos 380.000 millones de pesos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses, prefiere recorrer la provincia de Buenos Aires y todas las semanas para luego candidatearse como futuro gobernador por el oficialismo. Bossio surge dentro de los gobernadores peronistas como uno de lo candidatos a ministro de Economía en caso que la situación de Kicillof se complique en el futuro.

También el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ha preferido estar distante del ministro de Economía. Esta semana se lo vio muy serio al anunciar una virtual moratoria impositiva. El recaudador ya tuvo dos pasos en falso cuando dio a entender que el Gobierno no extendería el blanqueo de capitales o exteriorización de divisas y luego fue prorrogado las dos veces por un pedido de Kicillof a la Presidente.

Echegaray estuvo a punto de entrar dentro de las víctimas que plantea el “Teorema de Kicillof” cuando comenzaron a analizar conjuntamente una aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, pero dejó todo en manos del joven ministro, porque habría considerado que es mejor estar distante y consolidarse como el funcionario más eficiente de este Gobierno. A este listado se suma el CEO de YPF, Miguel Galluccio, a quien varios empresarios también encumbran como uno de los funcionarios más capacitados. Responde a la presidente Cristina Kirchner y se acerca lo menos posible al ministro para no ser opacado y no formar parte de las víctimas del “Teorema de Axel Kicillof”.