Patines, música, ropa, peinado, vestimenta, frescura, por alguno de estos sustantivos ella sentía identidad con el personaje principal. Luna hacía, en ese instante, presente su existencia, ¿sólo en la pantalla? Su intensidad me llevó a buscar en Google la trama de Soy Luna. Dos desagradables sorpresas y dos acciones concretas: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y solicitud de reunión de los diputados que integramos la Comisión de Mujer, Familia, Infancia y Adolescencia con los responsables de los contenidos de la serie en Argentina.

La primera: de la intuición a la confirmación. Disney conservador. La serie presenta, en los medios y con las palabras que se destacan entre comillas, la historia de una joven adoptada en México y contrasta ese trayecto vincular con el mayor desafío de su vida, en un viaje hacia Argentina de la protagonista: descubrir su “verdadera” identidad. Ese núcleo narrativo se presenta como trama principal. Esa tradición que destaca la serie, según la cual la construcción familiar adoptiva es de segunda categoría y la biológica, la razón de la identidad y la vida, no sólo no enriquece ni protege: asusta, paraliza, distorsiona y discrimina. Es decir, viola aspectos básicos de lo que las leyes, no la tradición, indican lo que es y debe ser: el derecho a la adopción y a la identidad en Argentina. En efecto, del relato se derivan múltiples asociaciones distorsivas del derecho a la identidad de las personas, niños y adultos, garantizado en el país por la ley 23849 que ratifica la Convención sobre los Derechos de los Niños y la ley 26743 sobre la elección de la identidad de género. Y, haciendo así, no sólo presenta a la adopción como un ¿acto de caridad? de gente buena, pero sin ¿verdadera? identidad y no como un derecho y una construcción amorosa que no requiere ningún ADN para pertenecer, sino que exalta y reinstala, en pleno siglo XXI, a la biología como principio excluyente y monopólico en la construcción de la personalidad ¿de las personas, adolescentes o niños? y no como un componente más. Disney Latinoamérica, Polka. El mensaje conmueve por lo reaccionario y asusta por su impacto colectivo. “Alas”, la primera canción de Soy Luna, lanzada primero en las redes, lleva 3,6 millones de visualizaciones en YouTube y más de cien mil reproducciones en Facebook. El disco se convirtió en álbum de platino con 30 mil copias vendidas y su fan page oficial ya tiene más de 185 mil seguidores en todo el mundo.

La segunda. ¿Soy Luna? Karol Sevilla, la actriz declaró: “En el fondo no somos conscientes del tamaño del proyecto que estamos encabezando ni de la magnitud que puede alcanzar, pero creo que es lo mejor”. Agregó: “Somos un ejemplo a seguir para quienes nos ven por la pantalla, más aún siendo parte de Disney, y nuestra responsabilidad es enseñarles a los chicos ir por el camino bueno. Esta señal enseña valores que a lo mejor se han perdido o los padres no han podido inculcárselos a sus hijos, mostrar eso por televisión es, para mí, el rol más importante de mi trabajo”. Gracias, Karol, por tu esfuerzo y tu compromiso, pero tamaña gesta no es tu responsabilidad. Para eso, en Argentina, así como en tantos otros países, están las leyes de una democracia que destaca valores distintos a los que transmite la serie, que, por suerte, en cuanto a adopción e identidad, celebramos que se hayan perdido. Leyes que padres, tutores, empresas —Disney— o Estado deben respetar y cumplir.

En la ecuación: sobró espectáculo y faltó política. ¿Son responsables de ese resultado los candidatos? Probablemente ¿Los grupos de interés que no son, necesariamente, sociedad civil? También. ¿Queremos que los debates sean una práctica que genere cultura democrática? Hablemos de por qué haciendo así es poco probable que este sea el caso.
El círculo gris. Fue el kirchnerismo el que, como ningún otro Gobierno desde 1983, instaló la idea de que hay actores sociales que se visten con el ropaje de la sociedad civil, pero que no son neutrales y ponen en jaque el poder democrático que debe gobernar para todos y no sólo para algunos. Con menos intensidad, pero en la línea de partida de un poder que se sabe vulnerable, y por ello víctima, primero fue Mauricio Macri, luego Sergio Massa y luego la dirigencia en general la que denominó a esta influencia con el nombre de un color que destaca por su visibilidad: círculo rojo.
En Estados Unidos, el pragmatismo evita eufemismos y, como los colores varían, tienen reglas. Los grupos de interés deben registrarse para poder influir. Este registro respeta un principio: el pueblo o la sociedad civil tiene derecho a saber quién defiende su interés. Porque no puede ser juez alguien que es parte, y a la inversa. Así, la neutralidad no se debe simular, se debe demostrar. Simple: ocultar influencias en democracia está mal, porque afecta el derecho de los demás. Por eso, si bien no hay ley que obligue a debatir, se regula quiénes pueden organizar un debate presidencial: asociaciones sin incompatibilidad de intereses con Gobiernos, partidos o candidatos. Porque, en caso de haberlos, rompe la neutralidad entre quienes organizan y protagonizan, es decir, entre quienes ponen las reglas y quienes deben cumplirlas.
El domingo no escuchamos sobre corrupción, cuestiones ambientales, impuesto a las ganancias y la lista puede seguir ampliándose. La organización corrió por cuenta de asociaciones que habitualmente se financian a través de contratos con el Estado. Es cierto, en Argentina ese registro no existe, ni está regulado el lobby. De haber existido, el primer debate presidencial en un ballotage competitivo habría sido organizado por actores distintos y, también, con otro formato.
Entonces, no es que la construcción de una práctica del debate en Argentina implicaba, necesariamente, comenzar con la regla: “Cuidar a los candidatos tanto como sea necesario, incluso al límite de que ese cuidado implique violar el derecho a informarse de los ciudadanos”. Comenzamos con ese exceso de cuidado, porque entre organizadores y candidatos no se pudo lograr, esta primera vez, la neutralidad que necesita un debate para crear cultura democrática.
Fue un excelente evento para equipos de campaña, medios de comunicación y público interesado: el lobbysmo democrático en acción. Y eso hay que destacarlo. Pero otra cosa es creer que así son los debates presidenciales. No era necesario remontarse a los sesenta para comenzar: ¿John Kennedy frente a Richard Nixon? No son hoy así en Estados Unidos ni en Brasil. En Estados Unidos, si un candidato no contesta lo que se le pregunta, el moderador lo invita, amable pero incisivamente, a responder y no a evadir. En Brasil, los candidatos respondieron 70 preguntas de ciudadanos indecisos y el tema clave en la lista fue la corrupción. Hoy es el que más afecta la legitimidad de la presidente Dilma Rousseff. Para ellos, la corrupción era y es central. En Argentina, no lo sabremos hasta una nueva ronda electoral, posterior a 2015.
Corolario: acompaña la cultura del elitismo democrático en el país no sólo el círculo rojo que denuncian sus víctimas, sino el difuso círculo gris que el domingo no ayudó a reflejar lo que importa en esta elección presidencial, la incidencia de un electorado exigente en Argentina. Que en las elecciones de 2015 viene sorprendiendo a expertos de todos los círculos. ¿Leyes? Sí, tal vez comenzar con la de los grupos de interés para que los debates, si queremos garantizar pisos mínimos de información, sean un espacio real de poder para la sociedad civil, el pueblo o el ciudadano que no tiene otro modo de influir. Sólo así podremos experimentar la diferencia entre poder democrático, transmitido por televisión y, además, espectáculo.

En su estudio, este politólogo argentino ponía en la escena académica lo que todos sabíamos en la política: que en el país la democratización era limitada. Llegaba a nivel nacional, pero se detenía en el muro de ciertas provincias. Lideraban entonces el ranking de ser las menos democráticas: Santa Cruz, San Luis, La Rioja, Formosa, Santiago del Estero. Tucumán y Chaco no estaban en el podio, acaso porque en ambas había ocurrido alguna alternancia, pero ocupaban lugares cercanos a la cúspide. ¿Cómo medía esto? Con un índice de democratización que integra las seis condiciones democráticas mínimas (Dahl, 1998): cargos públicos electos, elecciones libres, imparciales y regulares, libertad de expresión, fuentes alternativas de información, autonomía de las asociaciones, ciudadanía inclusiva.

Las preguntas: ¿Por qué es ahora Tucumán y no esas otras provincias la que nos ofrece el espejo de la democratización incompleta en Argentina? ¿Cuánto afecta esta situación al resto de los argentinos? Y lo más importante: ¿Qué debió haber hecho el Gobierno?

Tres respuestas. El federalismo para los argentinos, a pesar de la dirigencia, finalmente no es letra muerta. El 23 de agosto no fue un domingo más. La televisión mostró durante la jornada las imágenes del proceso electoral: violencia (verbal, simbólica y física), traslado y puja distributiva de electores. Votantes que no votaron pero hablaron. Y, como en un thriller, lo que se vio generó asombro y consternación. Lunes, martes y miércoles se agregó lo que faltaba para que la trama se nacionalizara: movilización, represión y liderazgo de la oposición. La indignación generó los protagonistas. Los héroes: los ciudadanos, no solo tucumanos. Los villanos: el Gobierno, no solo José Alperovich. El thriller se transformó en drama: la democracia que falta y la dirigencia que sobra. ¿Solo reglas? No. Ni reglas, ni política: habitantes en lugar de electores, irregularidad en lugar de elecciones, represión en lugar de libertad de expresión, subordinación en lugar de autonomía o ciudadanía fiscal, social y política. Tucumán mostró todo lo que nos faltaba en un solo día. Y los tucumanos se obstinaron en exigir lo que como argentinos les corresponde. ¿Federalismo? Sí, el que viene de abajo, no de arriba. Autonomía con igualdad.

Representantes que no representan lo que la Constitución garantiza. Hace 32 años que las provincias chicas tienen más diputados de los que les corresponde en el Congreso y las grandes, al revés, menos. Así, mientras la Presidencia gobierna para 40 millones de argentinos, los diputados solo representan a 27. Entre la dirigencia política, todos sabemos eso. Entre la ciudadanía, no. Lo cierto es que los 43 diputados que se envían al Parlasur, donde sobran, deberían ir al Congreso Nacional, donde faltan. Le faltan 27 a la provincia de Buenos Aires, tres a Córdoba, dos a Santa Fe, Mendoza y Salta. Y deberíamos agregar además un diputado a cada una de las provincias que eligen cinco, pero cada dos años solo eligen dos y violan así el principio de representar las minorías. No es necesario quitarle a nadie lo que tiene. Hace falta darle más a los que no tienen, lo que les corresponde según el artículo 47 de la Constitución que violamos desde 1983. Los ciudadanos no lo saben, pero que esto sea sí hace que las provincias menos democráticas de Argentina impongan al resto sus modalidades de liderazgos y preferencias de políticas. Y, haciendo así, el país se va pareciendo a Tucumán en lugar de que Tucumán sea rescatado por la política nacional. ¿Mucho con poco? No. Poco para muchos. ¿Federalismo? Sí, el que viene de arriba, no de abajo. Y es coactivo y poco democrático. Ni igualdad, ni autonomía.

Negar es todo menos democratizar. ¿Importa ahora lo que haga la oposición? No. Ahora importa lo que debería haber hecho el Gobierno nacional y no hizo. Pues lo que hace el Gobierno provincial es una nueva ilegalidad: no acatar lo que dispuso la Justicia provincial, que con buen tino ordenó no declarar ganadores hasta que no se prueben los delitos denunciados, porque entendió que legitimar la elección en estas condiciones era legalizar los delitos ocurridos. ¿La Presidencia ha perdido sagacidad? Contaba con el recurso de la intervención federal. Así lo indica la Constitución cuando en alguna provincia no se garantiza, esta vez, el inicio de la forma republicana de gobierno. Intervención exprés y acotada: anular la elección, convocar nuevas junto a las nacionales y entregar el Gobierno provincial a las autoridades electas. Pragmatismo e institucionalismo para demostrar al país que las condiciones de Dahl pueden garantizarse, no solo en Tucumán. ¿Épico? También. Fue Hipólito Yrigoyen quien dijo que las autonomías son de los pueblos, no de los Gobiernos. Era una oportunidad para hablar y democratizar. Ahora, en cambio, todo lo deberá explicar.

La patria no es el otro. Contra cualquier slogan de campaña, lo cierto es que la democracia no es de uno ni de otro sino de todos y lo que es válido en el ámbito público comenzó hace 32 años a exigirse en los ámbitos privados: la escuela, la familia, la pareja. Verdad de Perogrullo: la democracia democratiza los vínculos entre las personas, los despersonaliza y en el medio pone los derechos y las obligaciones que asigna la igualdad ante la ley. No se trata de afectos, como en la Patria, se trata de más o menos derechos, como en una nación democrática. No es una cuestión emocional, es una cuestión sistémica. Moraleja: a medida que la igualdad entre las personas se afianza, ni en la política, ni en las familias, ni en las parejas los vínculos son eternos. La relación, en democracia, siempre es electiva y trabajosa. Caso contrario, volátil y efímera. Pasa entre maestros y alumnos, entre padres e hijos, entre hombres y mujeres, y entre  géneros. La complejidad de la emancipación democrática, porque ningún proceso de igualdad es pacífico. Aumentan los casos de violencia de género porque hoy son más las mujeres que se atreven, casi en soledad, a pronunciar un monosílabo: No. No hay derecho a la agresión por género. La marcha expresa así un logro colectivo: su objetivo es hacer visible y masivo ese monosílabo y comunicarle a los ejecutivos, nacional y de las provincias, que como sociedad ya aprendimos que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y ahora queremos que ellos no se lo olviden.

Las leyes importan. No es verdad que no se hizo nada y tampoco que las leyes no sirven aun cuando no se cumplen. Hay dos enfoques legales. Aquel que cree que las leyes nunca deben anticiparse a las demandas sociales y aquel que cree que las leyes deben anticiparse a las demandas sociales y regular situaciones de desigualdad social. Argentina se ubica en el segundo. Y no es algo que debamos reprocharnos, al contrario. Debido a que las leyes existen podemos exigir su cumplimiento y no empezar, a 32 años, desde el principio. Dirán que no es la Plaza del Congreso el lugar al que hay que movilizarse sino a la Plaza de Mayo para que el Ejecutivo implemente la política que en 2009 votó el Congreso. Aquí también la ciudadanía está delante de la dirigencia política: los Congresos que funcionan bien no sólo sancionan leyes, también controlan la implementación de políticas. Y ello no depende de los presidentes sino de lo que los diputados y senadores quieran que sea el Congreso para la ciudadanía.

El género no es puro cuento. ¿Tienen coronita las mujeres asesinadas? En distintos medios digitales y mensajes de Twitter pudimos ver mensajes que aludían a que la mayoría de los homicidios en Argentina no eran del sexo femenino sino masculino y que, por lo tanto, la manifestación se quedaba corta justo allí donde debía ampliarse: el reclamo por la no violencia. ¿Competir hasta en las lágrimas? El #3dejunio no trata de todas las muertes, ni de la violencia o inseguridad en general.  Trata, específicamente, de una violencia en particular, la de género, y de su máxima intensidad, el femicidio. ¿Parece poco? No piensan así las mujeres, hombres ni familiares de las víctimas que el 3 de junio se movilizan.

La acusación fue promovida por las Madres del Dolor. El argumento: que el Juez Axel López decidió la libertad condicional de Juan Ernesto Cabeza sin atender a los informes psicológicos que advertían su potencial reincidencia. Condenado por haber cometido cuatro violaciones, y obtenida su libertad condicional, Juan reincidió a los 15 días y Tatiana murió. El caso demuestra tres cosas: que la justicia no es justa, que está oficializada no mediatizada y, sobretodo que no es universal.

La injusticia de la justicia. Uno de los puntos más ofensivos del proceso no fueron las irregularidades (que el defensor del Juez haya sido el ex miembro de la Corte Suprema y que el jurado no estuviera integrado por siete miembros como debía ser) sino los argumentos de la defensa. Destaco tres: “que el juez actuó en base a la ley no al sentido común; que en 144 salidas previas de 24 horas no había violado a nadie y que en el país ocurrieron más violaciones luego de Tatiana – Ángeles Rawson, Melina Romero, Daiana García- y que en ninguno había intervenido el Juez Axel López”. Sin embargo, ¿por qué denostar el rol del “sentido común” y el estándar mínimo de razonabilidad que debe estar presente en toda decisión judicial? En este sentido ¿son las salidas de 24 horas equivalentes a la libertad condicional, de más de 15 días? La respuesta es no. Sin sentido común, es sí. ¿Puede evitar la justicia los femicidios en Argentina? Si los jueces actúan como Axel, no.

Oficialización más que mediatización. Máximo decidió no recurrir a la Justicia. Tatiana no tuvo opciones. Él proyecta ser candidato a diputado, tal vez a presidente. Tatiana espera una explicación sobre su muerte. No es que no deberíamos haber llegado a esta instancia, “pues el daño ya está hecho” como afirmó Zaffaroni. Se llegó a esta instancia porque el daño no se evitó. Ayer quienes absolvieron al juez fueron jueces y senadores vinculados al Frente para la Victoria. No fue una resolución judicial, sino política. Justicia simulada. La peor forma de injusticia.

Militancia sin ciudadanía. De todos los legados del kirchnerismo, ayer uno quedó en claro. La militancia vale más que la ciudadanía en algo tan básico como el acceso a la justicia. Justo cuando el proceso concluía en el Consejo, en la Matanza la Presidenta cerraba el día reflexionando sobre la discriminación en Argentina y Carlés señalaba en el Senado que la representación de una mujer en la corte “no garantiza que defienda los derechos de la minoría”. Las mujeres somos mayoría, según el Indec, los femicidios y las violaciones seguidas de asesinato aumentan en el país y la justicia, ayer, le dio la razón a Máximo en la primera parte de su párrafo.

¿Política de Estado?  Lo que distingue una política de Estado de una de gobierno, no es el tiempo que se toma el Congreso para debatir ni el tema que trata, como argumentaron en la mayoría de los casos los diputados de la oposición. Es que, a diferencia de cualquier otra ley, cuentan con legalidad (número para sancionar una ley) y con legitimidad social (credibilidad de la ciudadanía). Es decir, son leyes de todos y no de un gobierno en particular porque la mayoría legislativa coincide y va unida con la mayoría social. No fue este el caso. El Gobierno perdió las elecciones legislativas en 2013 y representa sólo el 33% de la opinión nacional aunque cuente con mayorías para legislar. Por eso, y no por otra cosa, si quería que esta fuese una ley de todos debería haber incluido en el debate las preferencias de la oposición que es minoría legislativa pero, unida, representa el 70% de la opinión. No lo hizo así porque su objetivo no fue proteger la vida de los argentinos del poder letal del secretismo –Nisman mediante- sino subordinar “la autonomía” de los espías para controlar la sucesión presidencial. Eligió conformarse con ser una mayoría legislativa y una minoría social. Mucha legalidad, cero legitimidad.

¿Democratización? Se dice que, como al Director y Vicedirector de la nueva SIDE los designa la Presidente con acuerdo del Senado, se democratizan los servicios de inteligencia en el país. Ocurre que el Senado, en Argentina y en todas las democracias del mundo, no son instituciones que democratizan sino que son conservadoras. Están destinadas a vetar la política nacional en nombre de las provincias y no a garantizar la igualdad de los argentinos independientemente en donde vivan. Se le dio, así, al Senado, es decir, a las provincias chicas que controlan el 70% de las bancas y representan al 28% de la población total del país, el poder de incidir en la designación de los encargados de la inteligencia del país. Anoche el Kichnerismo, que hace de la democratización la palabra clave de su gestión, legalizó el poder de las oligarquías provinciales en Argentina, esta vez, para decidir sobre quienes nos vigilan. Así, el 28% de la población impondrá al 72% de los habitantes el país una decisión clave. Sí, un apartheid aunque esto no sea África.

¿Derogación vs. statu quo? Los líderes presidenciales de la oposición habían acordado derogar la ley que finalmente se sancionó. El argumento: que se trata de ley con legalidad pero sin legitimidad social. Anoche, sin embargo, ese acuerdo se desplazaba hacia el statuquismo del logro obtenido por el kirchnerismo. ¿Representa con eficiencia la oposición a la mayoría social que hoy expresa? Si sólo ofrece líderes y no liderazgo democrático (legalidad y legitimidad unidas, no separadas), las plazas públicas del país seguirán reclamando las certezas que la dirigencia hoy no representa.

Idoneidad y Militancia. García Muñoz cumplió su condena en España, no se pide que la repita en Argentina. Sería incluso injusto que se lo condene por algo que ya pagó. Pero resulta poco “idóneo” que alguien que arrasó con los derechos humanos de su esposa e hijos, y de su hija que tenía el derecho a ser elegida en la concepción en lugar de ser “hija de una violación”, esté como asesor en la secretaría de DDHH.

Así es que el caso no debería agotarse en la condena pública contra el señor García Muñoz ni en su reciente renuncia. Hubo un funcionario y un gobierno que fueron responsables. Que interpretaron que él sí satisfacía el inciso b del artículo 4 de la ley de empleo público que exige “condiciones de conducta e idoneidad para el cargo”. ¿Exceso de valoración en la idoneidad vinculada a la “memoria del pasado” y nula valoración en la idoneidad vinculada al presente? Violencia doméstica, de género y abuso sexual. Justo la secuencia penal de García Muñoz durante sus años de exilio. Corolario: la palabra “militante” es una expresión militarizada de la actividad política. Típica de un clima de época. Los ´50 en Europa, los ´70 en América Latina. Si bien instalada en los partidos tradicionales, lo cierto es que no es una palabra democrática. No se recupera “política democrática” exaltándola. Al contrario. ¿Por qué entonces suponer que es sinónimo de “no violencia”? Condición, en cambio, necesaria para evaluar la idoneidad de los funcionarios que se ocupan de la defensa de los derechos humanos; en democracia.

Programas sin Políticas. Una palabra muy usada por los agentes de las distintas áreas de la Administración es “articulación”. La pregunta es: ¿a quién tendríamos los ciudadanos que amonestar? Como incentiva la campaña auspiciada por la Presidencia de la Nación, “Sacale Tarjeta Roja al Maltratador”, que nos informa “que quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad”. Con la visibilidad del caso García Muñoz, ahora sabemos que tienen lugar en el Estado Nacional. Justo donde pensábamos que no podrían estar. La convención de Belem do Pará indica como deber de los Estados parte, en su art. 7 inciso a: condenar todas las formas de violencia contra la mujer (la simbólica es claramente una de ellas) y convienen en adoptar, por todos los medios (control del personal que se contrata) y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y (…) velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. Es, por lo tanto, relevante conocer la opinión del Consejo Nacional de las Mujeres al respecto, siendo el órgano de aplicación de la Ley 26.485. En efecto, el capítulo 3 de esta ley en su artículo 11, inciso a indica “que es función de la Secretaría de Derechos Humanos e Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) el promover la inclusión de la problemática de la violencia contra las mujeres en todos los programas y acciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del INADI, en articulación con el Consejo Federal de Derechos Humanos. ¿Esperaba el Consejo que una persona condenada por delitos contra las mujeres incorpore en sus charlas de DDHH la perspectiva de género? La denuncia de un periodista demuestra la ausencia de articulación en la evaluación de los recursos humanos que deben implementar estos programas y sugiere que el propio organismo de aplicación de la ley –El Consejo Nacional de las Mujeres o no articula ninguna política o no las aplica. Pero sobre todo no nos informa.

Cuando los Estados son confesionales la respuesta a este dilema es fácil. Todos sabemos que hacer. Cuando los Estados, en cambio, son democráticos y garantizan la libertad de cultos como en Argentina, las respuestas fáciles son irresponsables.

Como diputados de la Nación nuestra primera obligación es informar con honestidad de modo que el debate sobre la legalización del aborto pueda ayudarnos a afrontar como sociedad el desafío y la complejidad de vivir en libertad.

1. Sobre lo que está permitido y no se cumple en Argentina. En nuestro país está permitido el aborto en dos situaciones: cuando la salud de la madre está en riesgo y cuando el embarazo ocurrió por violación. Así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia en 2012. Aún hay 8 provincias argentinas que violan lo dispuesto por la Corte porque no cuentan con el protocolo hospitalario en estos casos: Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán y Corrientes.

No hay datos oficiales sobre la cantidad de embarazos adolescentes en Argentina que ocurren por violación o abuso sexual. Sin embargo, los datos del Fondo de Población de Naciones Unidas informan que el fenómeno de Niñas Madres (13-17 años) se ha incrementado en el país. A fines 2012, 114.292 niñas y adolescentes fueron madres en Argentina. El 69% de ellas no planeó ese embarazo; el 40,4% no lo deseaba y el 65,5% no utilizaba un método anticonceptivo al momento del mismo. ¿Quién se hace responsable por el derecho reproductivo de estas niñas si no se denuncian los abusos sexuales? ¿Las obligamos a parir como dé la situación porque eso “moralmente” es lo correcto? Amar es cuidar, dicen los libros de psicología infantil. ¿Qué deberíamos hacer los diputados frente a estos casos? ¿Negar su existencia o asumir la complejidad del problema? Nuestra responsabilidad es exigir que estas provincias permitan ejercer los derechos que están permitidos en lugar que su dirigencia omita involucrase en nombre de valores personales.

2. Sobre lo que está prohibido pero no es constitucional que así sea. El Código Penal argentino prohíbe la interrupción voluntaria en el embarazo. Asimismo, hace poco se ha sancionado en el nuevo código civil que en su artículo 19 dice que la vida debe entenderse desde la concepción. Lo cierto es que ningún Código, ni Penal ni Civil, puede penalizar lo que la propia Constitución no prohíbe ni penaliza. Más aún. Se argumenta que por los pactos internacionales que Argentina ha firmado no podría legalizarse el aborto en el país.

Lo cierto es que la Corte Interamericana de Derechos en su fallo de 2012 contra Costa Rica ha establecido que un embrión no puede considerarse una persona. De modo que debatimos que hoy está en debate la legalización del aborto en el Congreso precisamente porque constitucionalmente sí se puede debatir y nada lo impide salvo los valores personales que los diputados y diputadas representemos. Pero eso es una cuestión diferente a decir que el debate es inconstitucional.

3. Sobre una minoría de diputados contra la mayoría del país. Se ha dicho que son pocos los diputados y que no hay consenso nacional para tratar este tema. Lo cierto es que somos 70 los diputados que apoyamos este debate en el congreso. Que representamos a distintos partidos y que provenimos de 11 provincias del país que representan el 80% de la población. Así es que no es un tema de la clase política de los distritos urbanos es un tema que está nacionalizado. Por esa razón y no por otra no debería ser ignorado.

4. Sobre las mortalidad femenina por abortos clandestinos. Se habla de cuantas muertes pueden evitarse. Pero no se trata de cantidades, con que exista un caso la vida tiene el mismo valor. No es la magnitud. Hablamos del derecho personalísimo de cada mujer de poder enfrentar en privacidad los dilemas de su derecho a procrear, o no.

Se trata de que un Estado secular no puede decirnos ni cómo vivir, ni cómo morir. Son derechos privados, no públicos y el Estado, si es secular, debe garantizar ese derecho. El desafío entonces es colectivo, no personal. Y este sentido el congreso debe ser el ámbito donde podamos pensar cómo resolver esta complejidad. Los proyectos no se presentan para imponer sino para debatir y pensar, aunque se pierda. Se ganará cuando el clima social y político así lo decida.

En efecto. Nada hasta fines del Siglo XX sugiere que la infancia fuera feliz. En Grecia y Roma hasta el Siglo IV el infanticidio era una costumbre permitida sobre los niños de uniones ilícitas, los hijos de “madres solteras” o prostitutas. De modo paulatino y hasta el Siglo XIII fue reemplazado por el abandono, práctica por la que se los ofrecía al cuidado de terceros, entre otros motivos relacionado con la creencia de que los niños “molestos” estaban poseídos por el demonio.

Así, en cada época, las concepciones de la infancia han guardado una estrecha relación con la sociedad que las establece: las convicciones religiosas integraron a los niños como soldados de las cruzadas; la revolución industrial y científica de los siglos XVII y XVIII dio origen a los niños aprendices y a los escolares. Alternativamente, el niño fue “malo” o “desperfecto por naturaleza” y necesitado de ser “redimido”, un “pequeño hombre incompleto”, una tabula rasa, en la que un educador podía inscribir sus aspiraciones. Para “modelarlos” como a una arcilla se legitimaba el castigo corporal. Recién con la Ilustración cedió el enfoque hostil hacia los niños, y con la necesidad de crecimiento de la pirámide poblacional, apareció la Pediatría y a fines del Siglo XX la Convención de los Derechos del Niño fue ratificada por 179 países, el nuestro incluido.

La ley 26.061 fue así una conquista. El niño ya no sería visto por el aparato del Estado y sus agentes como objeto de nadie sino como sujeto de derecho. Para su cumplimiento, los artículos 3, 47, 48 y 49 preveían la creación del “Defensor del Niño” entendiendo que sin un ámbito donde se puedan denunciar las violaciones u omisiones de particulares o del Estado los derechos enumerados serían letra muerta: habría ley pero no políticas. Lejos de aquella expectativa y a 9 años de su sanción, el Congreso no cumplió. No creó la comisión bicameral que debe designar el Defensor del Niño. Paradoja si las hay: la Casa de las Leyes, en infracción.

Se sabe que los niños no pueden constituirse en un “grupo de presión” para golpear las puertas del Congreso de la Nación. Las golpean madres que enfrentan al Estado en sus decisiones arbitrarias cuando tienen hijos/as que han sido abusados por su progenitor y el juez obliga a una re-vinculación; los medios cuando compiten por el ranking de la pantalla chica “Priscila, la niña de 7 años indocumentada asesinada por su madre en Berazategui”; “Una joven esclavizada 9 años con un mono y un perro”; o las asociaciones civiles con sus datos y su impotencia. Pero las puertas no se abren.

Según datos de la SENAF de 2011, el 57% de los casi 15.000 niños/as y adolescentes que están actualmente a cargo de agencias del Estado, ingresan por violencia familiar y el 46% de ellos por abuso sexual. En 2011 la Presidente solicitó al Congreso la sanción un nuevo régimen de adopción y la mayoría de la Presidenta lo votó pero se implementará a partir de 2016.

De acuerdo el informe presentado en septiembre por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (UCA), en el período 2010-2013, el 58,7% de los niño/as en Argentina que residen en zonas urbanas experimentó algún tipo de privación moderada o severa en sus derechos, el 19,6% de ellos encuentra vulnerado su derecho a la alimentación –un 6,5% de manera severa-, el 47% vive en espacios con algún o varios problemas de contaminación ambiental, el 19% en condiciones de hacinamiento y el 17,5% en viviendas precarias.

Para la Presidenta, los senadores y diputados estos niños pueden esperar. Para los niños, niñas y adolescentes que tienen actualmente vulnerados sus derechos en el país, la certeza del escritor argentino Héctor Tizón (“a veces creo que sólo existimos en la infancia”) configura una tragedia y no una espera. No un recuerdo, un acto permanente. Un Defensor del Niño les hubiese ayudado a poder decírselos.

No obstante, cuando se reconstruyen los debates sobre la modificación del régimen de adopción, se observa que se han naturalizado (o desnaturalizado) conceptos como “instinto materno” y generado controversias acerca de “la identidad verdadera”. Disputas que no están exentas de condimentos ideológicos, cargados de tradición y atravesados por una supuesta modernidad de nuestras pautas culturales. Sin embargo, una vez más, cabe preguntarnos: ¿la sola progenitura establece una dimensión parental? ¿Son las relaciones parentales sólo sanguíneas?

En el imaginario colectivo y en la legislación campea el implícito de que la adopción no es un hecho “natural”. ¿Acaso porque una madre adoptiva sea menos mujer? ¿Acaso porque la capacidad de fecundación de un hombre sea homologada, y agotada entera, en su virilidad? El mismo implícito olvida que en términos de lo humano, de “natural” hay cada vez menos; y por suerte. Pero sirve para que el Estado pida requisitos especiales para la adopción: buena salud física y mental, ciertas garantías económicas, etcétera. La adopción está así connotada como un hecho peligroso. Adoptante y adoptado deben cumplimentar un “apto” frente al Estado. La decisión de un progenitor/a de dar un niño en adopción, la decisión parental de adoptar un hijo y el niño adoptado son cubiertos por el velo de una opacidad sospechosa y, en épocas no muy lejanas, estigmatizantes.

Por oposición, el Estado, con su bagaje de leyes lacunares, se propone como una entidad ideal. Garante de una prudencia preventiva. Su implícito podría formularse como sigue: ¿es posible seleccionar madres y padres? Mientras, y con olímpica negación, se desconoce la innumerable cantidad de niños recluidos, condenados a la privación de un hogar que los cobije sólo porque algún pariente biológico los visita una vez por año. Desconoce el número de niños indocumentados y no combate el tráfico de menores. Hechos que, pese a los esfuerzos de algunas ONG, naufragan en la desidia política, policial o judicial.

Las sucesivas leyes de adopción y los proyectos que intentan ser superadores pocas veces tienen en cuenta la diversidad de experiencias afectivas en los cuidados de un niño. Lejos de esto, sus postulados son robustos en visiones hegemónicas y poco lugar queda para la dimensión del amor que en los entramados burocráticos queda perdida o se da por supuesta. ¿En qué momento una estructura familiar a la que ingresa un niño recibe un hijo? Esta pregunta debería ser abarcadora no sólo para las familias adoptantes y debería inspirar una política para la niñez, que el Estado no parece capaz de conjeturar porque se le escapa una verdad de Perogrullo: cualquiera sea la forma familiar armada según las posibilidades propias de cada nicho cultural, es el deseo de los padres (progenitores o no) lo que nos ha permitido vivir. En este sentido bien vale la pena hacer nuestra la frase de Lacan: somos todos hijos adoptados.