Ambicioso plan del Partido Revolucionario Institucional que está dando pasos certeros para estructurar un nuevo modelo societal basado en exitosos negocios energéticos. Adicional al cúmulo de iniciativas se incorporará una nueva Ley de Ingresos sobre los Hidrocarburos, que incluye el cambio de régimen fiscal de PEMEX, que adicionalmente permitirá superar la producción de petróleo (hoy cerca a 2,5 millones de barriles diario BPD versus el histórico de 3,4 millones en 2004).

En los próximos 10 años, México necesitará solamente en exploración y producción por lo menos 60.000 millones de dólares anuales, cifra impresionante si comparamos con modelos de inversión en gas de Bolivia o de petróleo en Venezuela.

Para efectivizar la reforma energética, el Congreso federal mexicano modificó la Constitución permitiendo así la entrada de capitales externos al rubro eminentemente fiscal. Ahora tocará a los congresos estatales (de cada uno de los estados de la Federación mexicana) aprobar dicha reforma.

Con estas reformas se permitirán contratos de compañías multinacionales privadas en exploración/producción en un mecanismo que será posteriormente reglamentado. La poderosa PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convertirán en “empresas productivas del Estado”. Y con autorización de la Secretaría de Energía se adjudicarán áreas de exploración (nuevos o aquellos en producción). Naturalmente se tomarán criterios gerenciales y corporativos para una buena ejecución del negocio.

La reforma crea además un Fondo del Petróleo para “estabilización y el desarrollo” con el objetivo de administrar la renta petrolera generada a partir de los nuevos contratos. Excelente noción de separar a los que exploran y producen de los que administran la renta. Este fondo, parecido al fondo de pensiones noruego (cuya principal fuente de financiamiento son petróleo y gas) y que controla más de 700.000 millones de dólares, tendrá a su cargo la administración de todos los recursos y los distribuirá para el pago a los contratistas, para la Hacienda federal mexicana, que rondará el 7% equivalente del Producto Interno Bruto (PIB), para destinarlo al presupuesto y para la reinversión en el sector.

La reforma, pese a críticas de la izquierda mexicana, va a permitir que se incremente la producción de petróleo en 1,5 millones BPD para 2025, un incremento del 60% respecto a la producción actual. Será el fin del monopolio estatal en el negocio energético permitiendo una sana competencia que mejorará niveles de producción. Habrán, además, “contratos para servicios”, “utilidad y producción compartida” de manera de incentivar la participación de todo tamaño de compañías en el negocio hidrocarburífero mexicano.

Algo novedoso y para imitar en legislaciones energéticas de Bolivia, Ecuador o Venezuela: el Estado tendrá la flexibilidad para pagar por los contratos a través de efectivo, o con barriles de crudo o gas natural, dependiendo del esquema. En cualquier caso, el Gobierno recibirá recursos por el cobro de impuestos o regalías. Ese tipo de esquema lo sugerimos, en alguna columna anterior, cuando propusimos que el Estado boliviano, ante su carencia de dinero en efectivo para grandes proyectos de industrialización de gas, pueda ofrecer como “contraparte” hasta 3 TCF (trillón de pié cúbico de gas natural) en negocios de industrialización a potenciales inversores.

Se incentivará mucho el gas natural: tanto exploración, producción como abrir el potencial del denominado shale-gas, dándose preferencia a la transformación gas-química del gas en derivados actividad que ahora está en manos exclusivas de PEMEX.

Se creó un Centro Nacional de Control del Gas Natural, encargado de operación del sistema de transporte y almacenamiento. La electricidad también fue liberada: oportunidad de establecer permisos para la transmisión y distribución de energía eléctrica.

En la temática ambiental se creó una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en materia de seguridad operativa y protección al medioambiente. Analistas mexicanos prevén que esta reforma permitirá un flujo de capitales a toda la cadena del sector de entre 22.000 y 30.000 millones de dólares de ingresos adicionales (2015-2018), si se toma como referencia un precio promedio del barril en 100 dólares.

Sin duda que en México han entendido perfectamente que la llave del desarrollo es un sector energético (gas, petróleo, electricidad, nuevas energías) fuerte, con regulación, estabilidad legal y garantía a la inversión. México camina a ser un Estado moderno y altamente tecnológico con un sector energético de primera. Ese tipo de reformas: agresivas, proactivas, modernas y a la vanguardia debieran ser imitadas por Bolivia y Venezuela que siguen prisioneras en la retórica antes que en la acción.