Es el principal proveedor de gas de Brasil y de la Argentina. Y de lograr políticas públicas nuevas, eficientes, de largo plazo y con mentalidad de libre mercado, podría suplir de energía (electricidad, combustibles) a Paraguay, Uruguay y Chile. E inclusive vender gas vía LNG (licuificado y transportado en grandes barcos metaneros por los mares).

Recientemente, Argentina “teme que Bolivia no pueda cumplir con sus compromisos de venta de gas dentro de un par de años”, según un presunto documento de la petrolera estatal argentina, citado por el diario Clarín. Los argumentos: declinación de sus campos y la falta de descubrimiento de nuevas reservas. Hasta allí no hay misterio: es cierto que la producción de gas y líquidos en Bolivia está en baja (en realidad no subió a niveles esperados) y es cierto que las inversiones exploratorias no son suficientes para certificar nuevos reservorios para nuevos proyectos de venta de materia prima o para agregación de valor.

Siguiendo esa lógica política “de no mediar nuevos descubrimientos, los bolivianos no podrían cumplir con sus compromisos de venta de gas a la Argentina y Brasil en 2015” expresarían preocupados nuestros demandantes de gas de Argentina, y seguro de Brasil que aunque tiene al gigante “Presal” (en reservas de gas y petróleo) obviamente van a seguir requiriendo del gas boliviano más allá del 2019 (fecha en que concluye el contrato de venta de gas boliviano a Brasil).

La lógica es sencilla: habrán mayores volúmenes de gas cuando hayan mayores certificaciones, y eso ocurrirá únicamente si hay un buen capital (entre USD 7-12 mil millones) en exploración de áreas tradicionales, no tradicionales y potencialidad de shale-gas en Bolivia. Naturalmente Bolivia no puede invertir tal cantidad en exploración, menos en producción, transporte, refino o siquiera industrialización sin el concurso de los capitales privados. Y ni siquiera tiene una ley sectorial moderna y adecuada. Entonces estamos en un círculo vicioso que este régimen no podrá romper porque, adicionalmente, tiene serios problemas de cuestionamientos a prácticas antidemocráticas y abusos de derechos humanos.

Varios analistas bolivianos e internacionales -a los que me suscribo- hemos reclamado vehementemente por una nueva Ley de Hidrocarburos, que efectivamente retenga y atraiga nuevos capitalistas para toda la cadena de hidrocarburos y aparte la mano pesada, burocrática y antimercado del Estado en este juego de negocios tan competitivo y complejo como es el energético.

Para 2010, la certificación indica que hay 15,5 TCF (trillón de pies cúbicos, medida internacional) de gas que de momento aunque parezca “suficiente” para atender la demanda interna y externa, lo real es que esa cifra debe duplicarse o triplicarse en un futuro mediato si Bolivia quiere pensar en negocios de industrialización (gas-química, electricidad, diésel Premium a partir del gas, LNG y otros).

Según el régimen boliviano, de mantenerse la constante –y se acuerdo a las cifras de reservas de gas- la oferta de gas de Bolivia es de 15,5 TCF y la demanda, más los proyectos de industrialización, alcanzan a 14,8 TCF. Un juego de malabarismos a los que ejecutivos de negocios de corporaciones no están acostumbrados a jugar. Es mejor la seguridad de mayores reservas a tener que jugar con cifras ajustadas.

Ojo que ese dato es un ejercicio conceptual que no es otra cosa que la suma del 100% de las reservas probadas, más 50% de las reservas probables y 10% de las reservas posibles, aunque es perfectamente obvio que para tomar en cuenta para cualquier proyecto las únicas reservas que son válidas de utilizar son las probadas y todo lo que se pueda planificar o proyectar con reservas posibles y probables pareciera apenas una especulación.

Siendo así hay 9,94 TCF de reservas probadas. De allí Brasil consumirá 6 TCF, Argentina 4,1 y el mercado interno demandarán 4 TCF. Y de manera paralela debe haber exploración y certificación de nuevos reservorios.

Bolivia tiene una compañía estatal a cargo de la “agregación de valor” o industrialización de gas natural que pretende implementar proyectos hasta 2017: la industrialización de la urea 0,4 TCF de gas; la transformación de gas en diésel (GTL gas a líquidos) 0,6 y el proyecto siderúrgico del Mutún 0,6 TCF.

La receta para ésta danza de cifras y especulaciones siempre fue la misma: proyectar una política energética de largo plazo, con una ley moderna de hidrocarburos, reformar el sistema político de hidrocarburos, una nueva ley de electricidad, fomentar la participación de compañías y capitales privados en la exploración e industrialización y dejar de lado la mala imagen de país. Por supuesto que el ingrediente mayor debe ser que Bolivia debe retornar a la democracia para generar atracción de capitales.