Es el principal proveedor de gas de Brasil y de la Argentina. Y de lograr políticas públicas nuevas, eficientes, de largo plazo y con mentalidad de libre mercado, podría suplir de energía (electricidad, combustibles) a Paraguay, Uruguay y Chile. E inclusive vender gas vía LNG (licuificado y transportado en grandes barcos metaneros por los mares).

Recientemente, Argentina “teme que Bolivia no pueda cumplir con sus compromisos de venta de gas dentro de un par de años”, según un presunto documento de la petrolera estatal argentina, citado por el diario Clarín. Los argumentos: declinación de sus campos y la falta de descubrimiento de nuevas reservas. Hasta allí no hay misterio: es cierto que la producción de gas y líquidos en Bolivia está en baja (en realidad no subió a niveles esperados) y es cierto que las inversiones exploratorias no son suficientes para certificar nuevos reservorios para nuevos proyectos de venta de materia prima o para agregación de valor.

Siguiendo esa lógica política “de no mediar nuevos descubrimientos, los bolivianos no podrían cumplir con sus compromisos de venta de gas a la Argentina y Brasil en 2015” expresarían preocupados nuestros demandantes de gas de Argentina, y seguro de Brasil que aunque tiene al gigante “Presal” (en reservas de gas y petróleo) obviamente van a seguir requiriendo del gas boliviano más allá del 2019 (fecha en que concluye el contrato de venta de gas boliviano a Brasil).

La lógica es sencilla: habrán mayores volúmenes de gas cuando hayan mayores certificaciones, y eso ocurrirá únicamente si hay un buen capital (entre USD 7-12 mil millones) en exploración de áreas tradicionales, no tradicionales y potencialidad de shale-gas en Bolivia. Naturalmente Bolivia no puede invertir tal cantidad en exploración, menos en producción, transporte, refino o siquiera industrialización sin el concurso de los capitales privados. Y ni siquiera tiene una ley sectorial moderna y adecuada. Entonces estamos en un círculo vicioso que este régimen no podrá romper porque, adicionalmente, tiene serios problemas de cuestionamientos a prácticas antidemocráticas y abusos de derechos humanos.

Varios analistas bolivianos e internacionales -a los que me suscribo- hemos reclamado vehementemente por una nueva Ley de Hidrocarburos, que efectivamente retenga y atraiga nuevos capitalistas para toda la cadena de hidrocarburos y aparte la mano pesada, burocrática y antimercado del Estado en este juego de negocios tan competitivo y complejo como es el energético.

Para 2010, la certificación indica que hay 15,5 TCF (trillón de pies cúbicos, medida internacional) de gas que de momento aunque parezca “suficiente” para atender la demanda interna y externa, lo real es que esa cifra debe duplicarse o triplicarse en un futuro mediato si Bolivia quiere pensar en negocios de industrialización (gas-química, electricidad, diésel Premium a partir del gas, LNG y otros).

Según el régimen boliviano, de mantenerse la constante –y se acuerdo a las cifras de reservas de gas- la oferta de gas de Bolivia es de 15,5 TCF y la demanda, más los proyectos de industrialización, alcanzan a 14,8 TCF. Un juego de malabarismos a los que ejecutivos de negocios de corporaciones no están acostumbrados a jugar. Es mejor la seguridad de mayores reservas a tener que jugar con cifras ajustadas.

Ojo que ese dato es un ejercicio conceptual que no es otra cosa que la suma del 100% de las reservas probadas, más 50% de las reservas probables y 10% de las reservas posibles, aunque es perfectamente obvio que para tomar en cuenta para cualquier proyecto las únicas reservas que son válidas de utilizar son las probadas y todo lo que se pueda planificar o proyectar con reservas posibles y probables pareciera apenas una especulación.

Siendo así hay 9,94 TCF de reservas probadas. De allí Brasil consumirá 6 TCF, Argentina 4,1 y el mercado interno demandarán 4 TCF. Y de manera paralela debe haber exploración y certificación de nuevos reservorios.

Bolivia tiene una compañía estatal a cargo de la “agregación de valor” o industrialización de gas natural que pretende implementar proyectos hasta 2017: la industrialización de la urea 0,4 TCF de gas; la transformación de gas en diésel (GTL gas a líquidos) 0,6 y el proyecto siderúrgico del Mutún 0,6 TCF.

La receta para ésta danza de cifras y especulaciones siempre fue la misma: proyectar una política energética de largo plazo, con una ley moderna de hidrocarburos, reformar el sistema político de hidrocarburos, una nueva ley de electricidad, fomentar la participación de compañías y capitales privados en la exploración e industrialización y dejar de lado la mala imagen de país. Por supuesto que el ingrediente mayor debe ser que Bolivia debe retornar a la democracia para generar atracción de capitales.

Entre sus objetivos están “coordinar políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados parte: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados parte”. Naturalmente la energía es punto vital de cualquier coordinación en proyectos bi o trinacionales.

Y se entiende como energía genéricamente a la electricidad, gas, petróleo y los hidrocarburos transados y comerciados en el marco de los acuerdos del Mercosur.

En términos de energía: Bolivia, Brasil y Venezuela son un trípode en gas y petróleo que el Mercosur debe aprovechar.

Bolivia es la reserva de gas más grande, de momento, que hay en el continente. Apenas tiene un 20% de su territorio explorado y las posibilidades en nuevos reservorios shale-gas aún no fueron descubiertos. Su situación geoestratégica central la hacen accesible desde varios mercados importantes: por el Atlántico y por el Pacífico. De manera que contar con electricidad, gas y combustibles de bajo costo para incentivar la industria del Mercosur será tarea fundamental para Bolivia.

Brasil, con sus reservorios de “presal”, son parte importante, aunque faltan dinámicas financieras y logísticas para desarrollar aquel gigantesco reservorio. Brasil será un eje de soporte en energía al Mercosur. No olvidemos que tiene un consumo propio de gas y petróleo muy fuerte, entonces una vez más Bolivia y Venezuela jugarán rol central en el desarrollo de la industria del bloque regional.

Tanto Bolivia, como Venezuela y Brasil tienen la potencialidad de producir gas, derivados de gas, electricidad, productos petroquímicos y combustibles a partir de constituir su visión de desarrollo ligada a la industrialización a escala de gas natural.

El Mercosur en breve podría ser el eje energético por donde circule toda la oferta de valor agregado del gas. Desde nuevos combustibles hasta electricidad excedentaria.

La integración y complementariedad del Mercosur pasa necesariamente por formular una visión de desarrollo histórico del Cono Sur basado en oferta de energía a bajo costo, promoviendo exploración, explotación y comercialización de gas, fundamentalmente, para que ulteriormente en valor agregado hagan de la región un motor de suministro energético continental.

La energía va a generar desarrollo económico, reducción de la pobreza y generación de ingresos fiscales, inversiones de escala y proyectos de innovación en gas, petróleo, biocombustibles.

Argentina y Paraguay, en el contexto del análisis de su situación energética, tienen la potencialidad de desarrollar inversiones en exploración de nuevos reservorios de gas y petróleo y adscribirse así como estados oferentes de energía. De momento Argentina tiene interdependencias energéticas con Brasil y Chile, lo propio que Paraguay que tiene un gran porcentaje de su matríz energética sustentada en hidroeléctricas.

El caso de Uruguay se plantea de igual forma con espectancia: de generar los mecanismos de fomento a la inversión en su propio territorio o de buscar alianzas con países del Mercosur (como Bolivia o Venezuela) bien podría ser el “puerto designado” de la exportación de valor agregado del gas boliviano a mercados de ultramar, teniendo de paso gas y electricidad a coste reducido.

Con la adhesión de Venezuela, el Mercosur se convierte en una potencia energética que suma un PIB de 3,3 billones de dólares y una población de más de 275 millones de personas.

El Mercosur integra economías muy dispares, la mayor la brasileña, con un PIB de 2,4 billones de dólares, seguida de la argentina con 447.644 millones y la venezolana con 315.841 millones.

Con Venezuela, el Mercosur pasa a tener las mayores reservas petroleras del mundo, 20% del total, con más de 310.000 millones de barriles certificados por la OPEP.

Pero para capitalizar esas cifras y datos es importante plantearnos la visión de la integración y la complementariedad en el marco de los acuerdos del Mercosur, y para ello se plantea la jerarquización del subgrupo de trabajo No 9 (de energía) del bloque regional y darle un nivel de secretariado ejecutivo en Energía e Hidrocarburos que sea designado por una Junta de Integración Energética de Ministros de Hidrocarburos y Electricidad del Mercosur con la principal responsabilidad de elaborar una “Carta energética” y apoyar a los países del bloque en la toma de decisiones relacionados a un aspecto central que es el gas y petróleo, genéricamente hablando: la energía.

Esa “Carta Energética” del Mercosur podría ser una especie de “manual de integración y complementariedad” en temas de gas, petróleo, combustibles, electricidad y productos de gas-química.

Esta “carta” buscaría consolidar en el paso del tiempo un marco regulatorio mínimo que dé preeminencia a la seguridad en suministro de gas, petróleo y electricidad entre Estados miembro aplicando reglas de mercado, sociales y de complementariedad que sean inviolables y que permitan la fluidez de la energía en el espacio geográfico denominado Mercosur, y lo que es más importante: señale las bases principales para la inversión en infraestructura energética (gasoductos, oleoductos, plantas de refino y otras) de energía.

Esta “carta” tendría un “organismo de energía”, una especie de “foro” técnico económico encargado de asegurar una institucionalidad en la elaboración de marcos jurídicos y técnicos de negocios en gas y petróleo.

Lo que se busca, principalmente, es establecer un mecanismo de integración multinacional en generación de iniciativas en inversión en exploración de gas y petróleo en el marco del Mercosur. Segundo, establecer reglas y mecanismos mínimos de intercambio de energía (gas, combustibles, electricidad) otorgando condiciones de seguridad de suministro y oferta y establecer mecanismos de compensaciones y de condiciones que otorguen seguridad jurídica tanto para el exportador como para el importador de energía.

El gran objetivo es establecer un “mercado energético regional”, que aproveche la potencialidad de Bolivia, Brasil y Venezuela en gas y petróleo.

El segundo gran paso es buscar inversiones multinacionales (de los Estados miembro) en proyectos que asumidos sólo por un Estado podrían ser gigantescos, como por ejemplo la construcción de una nueva industria gas-química de plásticos, fertilizantes o la industria de producción de diésel a partir del gas natural, que requieren operaciones de finanzas, banca y gerencia multimillonarias.

Una real integración y vinculación del Mercosur pasará necesariamente por tener reglas claras en venta y compra de gas, petróleo, combustibles y energías; adicionalmente, por la capacidad de aunar esfuerzos en inversiones a escala que pongan a esta parte del Cono Sur en mejores condiciones de vida.

Creemos que debe haber un secretariado ejecutivo en Energía e Hidrocarburos del Mercosur que dependa directamente de la máxima cabeza del bloque. Este funcionario internacional tiene la misión de empujar a los ministros del área de los Estados miembro a consolidad una “carta energética” y fundamentalmente a buscar proyectos multilaterales y multinacionales relacionados en energía.

La energía es vital para la integración, desarrollo económico y social del Mercosur.