Las principales ciudades argentinas, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, han sufrido cortes de suministro eléctrico por horas y días completos en pleno verano, sufriendo una ola de calor (hasta 42 °C) y en fiestas de fin de año, hecho que demostró la fragilidad del “modelo K” (del gobierno de Kirchner/Fernández) en manejo de crisis y una absoluta falta de criterio y visión de futuro en relación a la energía.

Millones de argentinos protestaron -y continúan haciéndolo- en “piquetes” o revueltas callejeras contra la falta de electricidad y agua que los motivó a pedir, inclusive, la renuncia de la presidenta. En las redes sociales se posicionó un trending topic condenando la ausencia de reacción de Fernández ante la crisis energética evidente.

Realidad energética

Aunque Argentina tiene un gran potencial de producción de gas (principal fuente de generación eléctrica del país), en formaciones denominadas “convencionales” (reservorios geológicos de relativo fácil acceso en exploración), también tendría formaciones de gas en reservorios de modalidad shale-gas, que requieren inmensas cantidades de dinero para ser desarrollados (desde exploración, producción y comercialización). Y deberían empezar a atraer al país inversiones en exploración y certificación de volúmenes de gas en breve.

Argentina continúa recibiendo gas de Bolivia y además trayéndolo en barcos metaneros (gas tipo LNG liquid natural gas) desde Trinidad y Tobago, y desde Qatar. Adicionalmente empezará a adquirir 5 millones de metros cúbico de gas diario desde Uruguay, que tendrá lista su planta de regasificación (de gas LNG) en 2015.

Sin embargo, una notoria ausencia de visión de largo plazo indica que Argentina está en “crisis energética” por un alto consumo eléctrico, baja generación de energía y desconocidas nuevas fuentes de suministro.

En desesperadas medidas -que son simples paliativos- tanto el sector privado como el Estado argentino decidieron reducir el consumo de electricidad en inadmisibles operaciones. Por ejemplo, los teatros mantendrán por siete días todas sus marquesinas sin encender, la cadena norteamericana McDonald’s reducirá luces de sus marquesinas y la iluminación de su cartelería exterior, y todas las compañías privadas del Gran Buenos Aires apagarán la iluminación de todos los carteles y dispositivos publicitarios durante 24 horas, hasta que concluya la emergencia.

Modelo socialista

El problema de esta crisis radica, entre otros, en un modelo político que no funciona para Argentina, que es similar al venezolano o boliviano, y que en vez de hacer una planificación energética integral se dedicó a “despilfarrar” fondos estatales en subsidios: el 2013 cerrará seguramente con 120.000 millones de dólares que “cubren” el déficit energético argentino y el transporte público.

El gas y la electricidad reciben subsidios, por ello las tarifas están muy por debajo de lo real. El subsidio en este caso “compensa” la diferencia entre el precio real de importación del gas o el costo real de generación de electricidad y los precios finales que los usuarios pagan.

Analistas argentinos han confirmado que el verdadero problema de la crisis energética radica en que estos multimillonarios subsidios se aplican indiscriminadamente a todos los usuarios, beneficiando proporcionalmente más a los ricos de grandes ciudades que son los que más gas y electricidad consumen. Muchos de esos subsidios financian operaciones de gasto corriente y no estarían beneficiando directamente a los usuarios, sumado a ello que políticamente no han estructurado fórmulas de atracción de capitales a nuevos proyectos gasífero/petroleros y que más bien las nacionalizaciones que se han verificado años atrás están haciendo efecto negativo en la imagen argentina ante el mundo corporativo de los negocios energéticos.

Urge, consecuentemente, que Argentina, con una absoluta potencialidad de generación de recursos financieros a través de la energía (gas, petróleo y venta de electricidad y derivados de gas), encare una nueva política de inversiones, modernizaciones al sistema y definitivamente abandone el “modelo K” que no ha permitido nuevas inversiones multinacionales en sectores tan sensibles como hidrocarburos y energía, que son cosa de todos los días.

No olvidemos que Argentina tiene -además- como fuente de generación energética la energía nuclear, que tanto les costó en tiempo y en inversión pero que no está rindiendo en su máxima potencia. Además, debemos agregar la potencialidad económica del gigantesco reservorio de gas natural anteriormente conocido como “Vaca Muerta” y el diseño de planes de desarrollo en energías alternativas e hidroeléctricas que merecen inversiones y mejoras de sus centrales.

Todas esas fuentes energéticas requieren inversiones multimillonarias que se producen únicamente con estabilidad política, legal y respeto a inversiones extranjeras, aspectos que no han estado ocurriendo en la denominada “década ganada” de los esposos Kirchner-Fernández.

Argentina cada vez se parece más a la convulsa Bolivia o Venezuela y menos a la Argentina que otrora era el ejemplo de crecimiento latinoamericano.

Ambicioso plan del Partido Revolucionario Institucional que está dando pasos certeros para estructurar un nuevo modelo societal basado en exitosos negocios energéticos. Adicional al cúmulo de iniciativas se incorporará una nueva Ley de Ingresos sobre los Hidrocarburos, que incluye el cambio de régimen fiscal de PEMEX, que adicionalmente permitirá superar la producción de petróleo (hoy cerca a 2,5 millones de barriles diario BPD versus el histórico de 3,4 millones en 2004).

En los próximos 10 años, México necesitará solamente en exploración y producción por lo menos 60.000 millones de dólares anuales, cifra impresionante si comparamos con modelos de inversión en gas de Bolivia o de petróleo en Venezuela.

Para efectivizar la reforma energética, el Congreso federal mexicano modificó la Constitución permitiendo así la entrada de capitales externos al rubro eminentemente fiscal. Ahora tocará a los congresos estatales (de cada uno de los estados de la Federación mexicana) aprobar dicha reforma.

Con estas reformas se permitirán contratos de compañías multinacionales privadas en exploración/producción en un mecanismo que será posteriormente reglamentado. La poderosa PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convertirán en “empresas productivas del Estado”. Y con autorización de la Secretaría de Energía se adjudicarán áreas de exploración (nuevos o aquellos en producción). Naturalmente se tomarán criterios gerenciales y corporativos para una buena ejecución del negocio.

La reforma crea además un Fondo del Petróleo para “estabilización y el desarrollo” con el objetivo de administrar la renta petrolera generada a partir de los nuevos contratos. Excelente noción de separar a los que exploran y producen de los que administran la renta. Este fondo, parecido al fondo de pensiones noruego (cuya principal fuente de financiamiento son petróleo y gas) y que controla más de 700.000 millones de dólares, tendrá a su cargo la administración de todos los recursos y los distribuirá para el pago a los contratistas, para la Hacienda federal mexicana, que rondará el 7% equivalente del Producto Interno Bruto (PIB), para destinarlo al presupuesto y para la reinversión en el sector.

La reforma, pese a críticas de la izquierda mexicana, va a permitir que se incremente la producción de petróleo en 1,5 millones BPD para 2025, un incremento del 60% respecto a la producción actual. Será el fin del monopolio estatal en el negocio energético permitiendo una sana competencia que mejorará niveles de producción. Habrán, además, “contratos para servicios”, “utilidad y producción compartida” de manera de incentivar la participación de todo tamaño de compañías en el negocio hidrocarburífero mexicano.

Algo novedoso y para imitar en legislaciones energéticas de Bolivia, Ecuador o Venezuela: el Estado tendrá la flexibilidad para pagar por los contratos a través de efectivo, o con barriles de crudo o gas natural, dependiendo del esquema. En cualquier caso, el Gobierno recibirá recursos por el cobro de impuestos o regalías. Ese tipo de esquema lo sugerimos, en alguna columna anterior, cuando propusimos que el Estado boliviano, ante su carencia de dinero en efectivo para grandes proyectos de industrialización de gas, pueda ofrecer como “contraparte” hasta 3 TCF (trillón de pié cúbico de gas natural) en negocios de industrialización a potenciales inversores.

Se incentivará mucho el gas natural: tanto exploración, producción como abrir el potencial del denominado shale-gas, dándose preferencia a la transformación gas-química del gas en derivados actividad que ahora está en manos exclusivas de PEMEX.

Se creó un Centro Nacional de Control del Gas Natural, encargado de operación del sistema de transporte y almacenamiento. La electricidad también fue liberada: oportunidad de establecer permisos para la transmisión y distribución de energía eléctrica.

En la temática ambiental se creó una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en materia de seguridad operativa y protección al medioambiente. Analistas mexicanos prevén que esta reforma permitirá un flujo de capitales a toda la cadena del sector de entre 22.000 y 30.000 millones de dólares de ingresos adicionales (2015-2018), si se toma como referencia un precio promedio del barril en 100 dólares.

Sin duda que en México han entendido perfectamente que la llave del desarrollo es un sector energético (gas, petróleo, electricidad, nuevas energías) fuerte, con regulación, estabilidad legal y garantía a la inversión. México camina a ser un Estado moderno y altamente tecnológico con un sector energético de primera. Ese tipo de reformas: agresivas, proactivas, modernas y a la vanguardia debieran ser imitadas por Bolivia y Venezuela que siguen prisioneras en la retórica antes que en la acción.

Es el principal proveedor de gas de Brasil y de la Argentina. Y de lograr políticas públicas nuevas, eficientes, de largo plazo y con mentalidad de libre mercado, podría suplir de energía (electricidad, combustibles) a Paraguay, Uruguay y Chile. E inclusive vender gas vía LNG (licuificado y transportado en grandes barcos metaneros por los mares).

Recientemente, Argentina “teme que Bolivia no pueda cumplir con sus compromisos de venta de gas dentro de un par de años”, según un presunto documento de la petrolera estatal argentina, citado por el diario Clarín. Los argumentos: declinación de sus campos y la falta de descubrimiento de nuevas reservas. Hasta allí no hay misterio: es cierto que la producción de gas y líquidos en Bolivia está en baja (en realidad no subió a niveles esperados) y es cierto que las inversiones exploratorias no son suficientes para certificar nuevos reservorios para nuevos proyectos de venta de materia prima o para agregación de valor.

Siguiendo esa lógica política “de no mediar nuevos descubrimientos, los bolivianos no podrían cumplir con sus compromisos de venta de gas a la Argentina y Brasil en 2015” expresarían preocupados nuestros demandantes de gas de Argentina, y seguro de Brasil que aunque tiene al gigante “Presal” (en reservas de gas y petróleo) obviamente van a seguir requiriendo del gas boliviano más allá del 2019 (fecha en que concluye el contrato de venta de gas boliviano a Brasil).

La lógica es sencilla: habrán mayores volúmenes de gas cuando hayan mayores certificaciones, y eso ocurrirá únicamente si hay un buen capital (entre USD 7-12 mil millones) en exploración de áreas tradicionales, no tradicionales y potencialidad de shale-gas en Bolivia. Naturalmente Bolivia no puede invertir tal cantidad en exploración, menos en producción, transporte, refino o siquiera industrialización sin el concurso de los capitales privados. Y ni siquiera tiene una ley sectorial moderna y adecuada. Entonces estamos en un círculo vicioso que este régimen no podrá romper porque, adicionalmente, tiene serios problemas de cuestionamientos a prácticas antidemocráticas y abusos de derechos humanos.

Varios analistas bolivianos e internacionales -a los que me suscribo- hemos reclamado vehementemente por una nueva Ley de Hidrocarburos, que efectivamente retenga y atraiga nuevos capitalistas para toda la cadena de hidrocarburos y aparte la mano pesada, burocrática y antimercado del Estado en este juego de negocios tan competitivo y complejo como es el energético.

Para 2010, la certificación indica que hay 15,5 TCF (trillón de pies cúbicos, medida internacional) de gas que de momento aunque parezca “suficiente” para atender la demanda interna y externa, lo real es que esa cifra debe duplicarse o triplicarse en un futuro mediato si Bolivia quiere pensar en negocios de industrialización (gas-química, electricidad, diésel Premium a partir del gas, LNG y otros).

Según el régimen boliviano, de mantenerse la constante –y se acuerdo a las cifras de reservas de gas- la oferta de gas de Bolivia es de 15,5 TCF y la demanda, más los proyectos de industrialización, alcanzan a 14,8 TCF. Un juego de malabarismos a los que ejecutivos de negocios de corporaciones no están acostumbrados a jugar. Es mejor la seguridad de mayores reservas a tener que jugar con cifras ajustadas.

Ojo que ese dato es un ejercicio conceptual que no es otra cosa que la suma del 100% de las reservas probadas, más 50% de las reservas probables y 10% de las reservas posibles, aunque es perfectamente obvio que para tomar en cuenta para cualquier proyecto las únicas reservas que son válidas de utilizar son las probadas y todo lo que se pueda planificar o proyectar con reservas posibles y probables pareciera apenas una especulación.

Siendo así hay 9,94 TCF de reservas probadas. De allí Brasil consumirá 6 TCF, Argentina 4,1 y el mercado interno demandarán 4 TCF. Y de manera paralela debe haber exploración y certificación de nuevos reservorios.

Bolivia tiene una compañía estatal a cargo de la “agregación de valor” o industrialización de gas natural que pretende implementar proyectos hasta 2017: la industrialización de la urea 0,4 TCF de gas; la transformación de gas en diésel (GTL gas a líquidos) 0,6 y el proyecto siderúrgico del Mutún 0,6 TCF.

La receta para ésta danza de cifras y especulaciones siempre fue la misma: proyectar una política energética de largo plazo, con una ley moderna de hidrocarburos, reformar el sistema político de hidrocarburos, una nueva ley de electricidad, fomentar la participación de compañías y capitales privados en la exploración e industrialización y dejar de lado la mala imagen de país. Por supuesto que el ingrediente mayor debe ser que Bolivia debe retornar a la democracia para generar atracción de capitales.

Entre sus objetivos están “coordinar políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados parte: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados parte”. Naturalmente la energía es punto vital de cualquier coordinación en proyectos bi o trinacionales.

Y se entiende como energía genéricamente a la electricidad, gas, petróleo y los hidrocarburos transados y comerciados en el marco de los acuerdos del Mercosur.

En términos de energía: Bolivia, Brasil y Venezuela son un trípode en gas y petróleo que el Mercosur debe aprovechar.

Bolivia es la reserva de gas más grande, de momento, que hay en el continente. Apenas tiene un 20% de su territorio explorado y las posibilidades en nuevos reservorios shale-gas aún no fueron descubiertos. Su situación geoestratégica central la hacen accesible desde varios mercados importantes: por el Atlántico y por el Pacífico. De manera que contar con electricidad, gas y combustibles de bajo costo para incentivar la industria del Mercosur será tarea fundamental para Bolivia.

Brasil, con sus reservorios de “presal”, son parte importante, aunque faltan dinámicas financieras y logísticas para desarrollar aquel gigantesco reservorio. Brasil será un eje de soporte en energía al Mercosur. No olvidemos que tiene un consumo propio de gas y petróleo muy fuerte, entonces una vez más Bolivia y Venezuela jugarán rol central en el desarrollo de la industria del bloque regional.

Tanto Bolivia, como Venezuela y Brasil tienen la potencialidad de producir gas, derivados de gas, electricidad, productos petroquímicos y combustibles a partir de constituir su visión de desarrollo ligada a la industrialización a escala de gas natural.

El Mercosur en breve podría ser el eje energético por donde circule toda la oferta de valor agregado del gas. Desde nuevos combustibles hasta electricidad excedentaria.

La integración y complementariedad del Mercosur pasa necesariamente por formular una visión de desarrollo histórico del Cono Sur basado en oferta de energía a bajo costo, promoviendo exploración, explotación y comercialización de gas, fundamentalmente, para que ulteriormente en valor agregado hagan de la región un motor de suministro energético continental.

La energía va a generar desarrollo económico, reducción de la pobreza y generación de ingresos fiscales, inversiones de escala y proyectos de innovación en gas, petróleo, biocombustibles.

Argentina y Paraguay, en el contexto del análisis de su situación energética, tienen la potencialidad de desarrollar inversiones en exploración de nuevos reservorios de gas y petróleo y adscribirse así como estados oferentes de energía. De momento Argentina tiene interdependencias energéticas con Brasil y Chile, lo propio que Paraguay que tiene un gran porcentaje de su matríz energética sustentada en hidroeléctricas.

El caso de Uruguay se plantea de igual forma con espectancia: de generar los mecanismos de fomento a la inversión en su propio territorio o de buscar alianzas con países del Mercosur (como Bolivia o Venezuela) bien podría ser el “puerto designado” de la exportación de valor agregado del gas boliviano a mercados de ultramar, teniendo de paso gas y electricidad a coste reducido.

Con la adhesión de Venezuela, el Mercosur se convierte en una potencia energética que suma un PIB de 3,3 billones de dólares y una población de más de 275 millones de personas.

El Mercosur integra economías muy dispares, la mayor la brasileña, con un PIB de 2,4 billones de dólares, seguida de la argentina con 447.644 millones y la venezolana con 315.841 millones.

Con Venezuela, el Mercosur pasa a tener las mayores reservas petroleras del mundo, 20% del total, con más de 310.000 millones de barriles certificados por la OPEP.

Pero para capitalizar esas cifras y datos es importante plantearnos la visión de la integración y la complementariedad en el marco de los acuerdos del Mercosur, y para ello se plantea la jerarquización del subgrupo de trabajo No 9 (de energía) del bloque regional y darle un nivel de secretariado ejecutivo en Energía e Hidrocarburos que sea designado por una Junta de Integración Energética de Ministros de Hidrocarburos y Electricidad del Mercosur con la principal responsabilidad de elaborar una “Carta energética” y apoyar a los países del bloque en la toma de decisiones relacionados a un aspecto central que es el gas y petróleo, genéricamente hablando: la energía.

Esa “Carta Energética” del Mercosur podría ser una especie de “manual de integración y complementariedad” en temas de gas, petróleo, combustibles, electricidad y productos de gas-química.

Esta “carta” buscaría consolidar en el paso del tiempo un marco regulatorio mínimo que dé preeminencia a la seguridad en suministro de gas, petróleo y electricidad entre Estados miembro aplicando reglas de mercado, sociales y de complementariedad que sean inviolables y que permitan la fluidez de la energía en el espacio geográfico denominado Mercosur, y lo que es más importante: señale las bases principales para la inversión en infraestructura energética (gasoductos, oleoductos, plantas de refino y otras) de energía.

Esta “carta” tendría un “organismo de energía”, una especie de “foro” técnico económico encargado de asegurar una institucionalidad en la elaboración de marcos jurídicos y técnicos de negocios en gas y petróleo.

Lo que se busca, principalmente, es establecer un mecanismo de integración multinacional en generación de iniciativas en inversión en exploración de gas y petróleo en el marco del Mercosur. Segundo, establecer reglas y mecanismos mínimos de intercambio de energía (gas, combustibles, electricidad) otorgando condiciones de seguridad de suministro y oferta y establecer mecanismos de compensaciones y de condiciones que otorguen seguridad jurídica tanto para el exportador como para el importador de energía.

El gran objetivo es establecer un “mercado energético regional”, que aproveche la potencialidad de Bolivia, Brasil y Venezuela en gas y petróleo.

El segundo gran paso es buscar inversiones multinacionales (de los Estados miembro) en proyectos que asumidos sólo por un Estado podrían ser gigantescos, como por ejemplo la construcción de una nueva industria gas-química de plásticos, fertilizantes o la industria de producción de diésel a partir del gas natural, que requieren operaciones de finanzas, banca y gerencia multimillonarias.

Una real integración y vinculación del Mercosur pasará necesariamente por tener reglas claras en venta y compra de gas, petróleo, combustibles y energías; adicionalmente, por la capacidad de aunar esfuerzos en inversiones a escala que pongan a esta parte del Cono Sur en mejores condiciones de vida.

Creemos que debe haber un secretariado ejecutivo en Energía e Hidrocarburos del Mercosur que dependa directamente de la máxima cabeza del bloque. Este funcionario internacional tiene la misión de empujar a los ministros del área de los Estados miembro a consolidad una “carta energética” y fundamentalmente a buscar proyectos multilaterales y multinacionales relacionados en energía.

La energía es vital para la integración, desarrollo económico y social del Mercosur.

Alguna prensa boliviana refleja alborozada que “Bolivia decidió abrir sus recursos naturales y potencialidad agrícola al poder y necesidad venezolano, a través de la constitución de empresas denominadas ‘Gran Nacional’ que operarán sin restricciones para la producción de alimentos, litio, gas, petróleo, industria textil y acordaron profundizar la presencia ideológica del socialismo y comunitarismo a través de sus radios comunitarias”.

Esas alianzas de papel son vitales para Venezuela que no tiene ni papel higiénico para sus ciudadanos. ¿Que habrán hecho con los miles de millones de dólares que el petróleo genera?

En Cochabamba, ciudad-eje de apoyo al régimen boliviano, ambos mandatarios acordaron “profundizar su dependencia mutua en materia económica, cultural y deportiva, en el marco del sistema económico socialista del ALBA”.

Se mencionaron siembras de granos en Bolivia para consumo venezolano, una textilera de procesamiento de algodón e hilo, una compañía binacional de cemento que comenzará sobre un proyecto en Potosí y luego otra en Oruro y la participación de Venezuela en la industrialización de litio, así como profundizar los trabajos de exploración de reservas de gas y petróleo bolivianos. ¿Y de dónde saldrá el dinero para financiar aquello? ¿Qué experiencia tienen en industrializar el dar valor agregado al litio los bolivianos o los venezolanos?

Si han despilfarrado tanto hasta ahora, ¿cuál será la garantía de que podrán hacer funcionar esos proyectos? Cómo son alianzas de papel también firmaron sobre ciencia, tecnología, hidrocarburos, energía, comunicación, comercio, salud, deportes y becas. Vale decir, todo.

También mencionaron que la estatal boliviana de petróleo pueda participar en “exploración y explotación de petróleo en la franja del Orinoco” (poderosa reserva de petróleo venezolano). ¿Cómo? Si no tiene dinero para explorar el amplio territorio boliviano. Apenas tiene explorado menos del 30% como para pensar en ir a Orinoco. Quizá será mejor que explore Orinoca.

La pregunta que nos hacemos es cómo se podrán colaborar si ambos países tienen serias deficiencias en, por ejemplo, producción de alimentos. O producción petrolera o de gas, para hablar de energía. O cómo se podrán colaborar en materia tecnológica si tenemos entendido que ningún país destinó recursos -de los millonarios que recibió por venta de petróleo y gas, respectivamente- a inventar un teléfono inteligente más poderoso que el Galaxy de Samsung o el iPhone de Apple. La pregunta es cómo se pueden ayudar a combatir el narco o el crimen si ambas ciudadanías sufren en carne propia el delito diariamente.

Generalmente la ayuda se pacta entre un país con mayor experiencia, tecnología y recursos con otro de menos, pero no entre dos desposeídos. Y son desposeídos porque están mal gerentados y mal administrados, no por pobres. Son alianzas de papel que no se han cumplido y no se van a cumplir, por lo menos en los niveles retóricos que ambos regímenes se platean.

No puedo entender cómo es posible que hayan estados (gobernaciones) a los que se les corte su presupuesto o por lo menos se les reduzca sabiendo que hay tal cantidad de ingresos. Todos los reportes, las cifras de los analistas y los amigos de Caracas coinciden en que -mínimamente- Venezuela en 14 años de régimen recaudó, por barriles exportados en total, la fortuna de 700 mil millones de dólares.

Varios especialistas han analizado -con los pocos datos que tienen al alcance por los celos del régimen- que hasta un 60% de esa cifra se habría dirigido a importaciones, se habría “fugado” más o menos un 26%, habrí un 12% en distintos ”fondos” nacionales e internacionales y un 2% a las reservas internacionales.

Más de un analista explicó en varios eventos internacionales que Venezuela es la de peor desempeño de administración de sus fondos generados por el petróleo del cártel petrolero internacional OPEP. Y este hecho se puede evidenciar claramente haciendo una comparación del crecimiento del PIB en los últimos 10 años de todos los miembros de la OPEP con Venezuela. Seguramente los resultados serán para llorar. Y debemos llorar todos los latinoamericanos porque el despilfarro de recursos naturales de América Latina incide, directamente, en todos los países del Cono Sur. Aquí un alto: habrá que ver cómo va también el manejo de fondos producto de venta de gas natural de otro país bendecido por Dios en hidrocarburos: Bolivia.

La pobreza, la ausencia de educación, de salud, la deuda externa, la inflación, los niveles de inseguridad jurídica, inseguridad ciudadana, crimen organizado, drogas, y otras lacras bien pudieron haber sido contenidos, reducidos y por qué no erradicados de la sociedad venezolana y también de Bolivia de haberse ejecutado un claro y coherente manejo de fondos producto de venta de petróleo y gas, respectivamente.

Es importante que América Latina tenga en mente y muy en claro cómo se manejan los recursos petroleros y gasíferos venezolanos y bolivianos. Esta preocupación latinoamericanista es perfectamente válida, más aún si ambos Estados no han incrementado sus inversiones en el sector petrolero y gasífero, respectivamente, no han construido mayor infraestructura energética que los reposicione como jugadores clave en la nueva economía de la energía y peor aún: si sobre esos Estados pesan serias denuncias de ausencia de prácticas democráticas, abusos a derechos humanos y con visos de que ya han cruzado el umbral de lo que debe ser un Estado de derecho moderno, humanitario y global.

Los datos señalan que con un precio del barril de petróleo, siguiendo con el ejemplo venezolano, de 105 dólares el barril, y con una notoria contracción de la economía y con una galopante inflación (que ya debe estar sobre el 35%), obviamente la gente se pregunta ¿qué hicieron con el manejo de la economía de la energía? ¿Qué aconteció en Venezuela? Tanto la infraestructura energética, como las carreteras, la atención de salud y la educación notoriamente no han mejorado. En todo caso se incrementaron índices de violencia y crimen propios de Estados-fallidos o Estados-forajidos que ya anunciaba con tanta anticipación y con augusto criterio académico el filósofo norteamericano John Rawls (1921-1992), que en su libro Una teoría de la justicia explicaba claramente que los denominados estados-forajidos son regidos por conceptos antidemocráticos y grupos e individuos que dejan el Derecho de lado y empiezan a gobernar con actitudes de verdaderos bandidos.

Volviendo al tema energético: está por demás claro que las economías venezolana y boliviana se mueven gracias a la venta de petróleo y gas, respectivamente, y sin embargo su mala utilización regida por “modelos” antimercados, por “modelos” antihumanos han logrado poner a Venezuela -y quizá a Bolivia, también, a la cola del desarrollo. Latinoamérica está preocupada y debiera estar tomando acciones para evitar que se siga con el despilfarro de fondos de recursos naturales.

La próxima vamos a ver cuánto va ya “disponiendo” (¿gastando?) la dirigencia estatal boliviana.

Infortunadamente, de momento Bolivia está fuera del negocio petrolero, dado que es más gasífero que petrolero, pero no descartamos que en las próximas décadas, con el avance de la tecnología y el descubrimiento de nuevos reservorios de shale-gas y shale-oil pueda ser parte del negocio.

Veamos qué podría suceder en estos años: actualmente el barril Brent está a USD 110. Brent es la unidad de medida con la que se están rigiendo la mayoría de contratos en los países dado que antes era el tradicional WTI (West Texas Intermediate), que era incluso más caro que el Brent porque Estados Unidos siempre era deficitario en producción. WTI cayó el pasado año y hoy se descuenta entre 10-15 USD respecto al Brent porque hay ya mucha producción doméstica almacenada en Estados Unidos. Mucha oferta y poca demanda por ausencia de transporte interno (oleoductos). Naturalmente ese precio retornará a niveles similares del Brent cuando haya mayor refinación y transporte interno en Estados Unidos.

El alto precio del petróleo está causando fuerte impacto en economías europeas principalmente. Grandes productores e inversionistas verán de no permitir mayores subidas de precio porque el barril Brent a 130/140 o 150 pareciera no le conviene a nadie, ni a bancos ni a inversionistas. Ganarían mucho más pero se derrumbarían las economías de los Estados, volviendo insostenible el precio del combustible. Europa es un caso paradigmático de economías en riesgo que deben ser “rescatadas”.

Con relación a la relación petróleo – política: temas políticos puntuales como sanciones a Irán, las crisis financieras en países del “primer mundo” y la denominada “primavera árabe” habrían logrado finalmente persuadir a la OPEP (el cártel económico-petrolero más importante del mundo) y a sus miembros de recortar (en algo) la producción de petróleo para mantener precios (Brent) que de alguna manera “acompañen” a las economías europeas que no marcharon muy bien 2012 y a las que les está costando trepar positivamente en 2013. Siendo así OPEP logró reducir 1 millón de barriles menos de producción para el mercado (de los aproximadamente 30 millones día de producción) por cuotas y límites acordados entre sus miembros.

Además han surgido problemas de operaciones en países productores Nigeria y Libia (ataques terroristas y reciente expulsión del régimen khadafista, entre otros). Arabia Saudita sigue siendo el key player para controlar precios en el mercado. Irak logró, luego de diez años de invasión norteamericana, crecer en producción a 3.3 millones por día.

El caso de Venezuela es preocupante. No llega a producir ni 2.2 millones por día. Analistas bien informados pueden certificar que el régimen de Chávez perjudicó a la industria petrolera por ausencia de nuevas inversiones. Antes producía 1 millón más de barriles de petróleo que hoy. El régimen chavista dilapidó dinero en programas sociales en vez de atender la industria: exploración, producción o mejora de refinación. Venezuela no está aprovechando el alto precio del barril, en todo caso está despilfarrando sus ingresos. Además está atrapada en créditos con China contra petróleo barato. No va a mejorar el negocio petrolero venezolano de seguir el régimen.

Estados Unidos es un caso de crecimiento positivo: la producción de crudo “ligero” incrementó y se combina con crudo “pesado” mexicano o venezolano, situación técnica que no es aprovechada por Venezuela. Sobre el despilfarro de petrodólares y de fondos venezolanos -y sobre el despilfarro de fondos del gas natural en Bolivia- hemos comentado ampliamente.

Estados Unidos sigue avanzando en shale gas y shale oil. Siguen buscando petróleo y gas, han incrementado casi 1.5 millones de barriles de petróleo solamente en los últimos meses, pudiéndose incrementar a 2.5 millones de crudo ligero hasta 2020 de crudo ligero (densidad 35-40º API, para refino de gasolina), dejando de importar crudo ligero de Nigeria o Venezuela, evitando gasto de dólares. También dejarán de importar crudo-medio de Arabia Saudita de manera que se abre otro tipo de escenarios de mercado.

América Latina (Venezuela, Colombia, inclusive Argentina, Ecuador y Bolivia de elevar cuotas de producción) de crudo pesado que complementa crudo ligero norteamericano para refinar tendrían nuevas oportunidades de negocios. Pero la visión debe cambiar y deben haber sólidas estructuras de inversión y políticas para llegar al centro refinador del eje Texas-Luisiana para que va a seguir demandando “crudo pesado”. Inclusive la lejana China e India tiene preferencia por el “crudo pesado” latinoamericano.

México: se viene una reforma de PEMEX y con participación privada en el sector energético, por la nueva visión del presidente Enrique Peña Nieto y por el manejo altamente gerencial y moderno que se imprimirá en PEMEX, dando paso a inversiones privadas en shale gas shale oil, petroquímica.

Argentina no está en su mejor momento en el tema energético. Hay nacionalizaciones y aún no han logrado independencia energética. Sigue los malos pasos de Bolivia en el tema hidrocarburos.

Brasil aún camina para consolidar “presal” necesita muchas inversiones y aún más tiempo quizá a partir de 2018. Inversiones complejas, esquemas complejos, por ello es que el “mundo petrolero” debe ser afrontado con criterio y con imaginación.

Así está esta parte del mundo en el negocio más importante, y en Bolivia se sigue en la bizantina discusión y politiquería interna.

El “asunto” del petróleo será siempre un tema de actualidad económica latinoamericana; gran parte de los ingresos de la región provienen de la venta de petróleo y gas y por los próximos 100 años será la gran fuente de recursos financieros del Continente.

Milton Friedman

El (de) mérito del régimen boliviano, aliado incondicional del ya en declive chavismo, fue endeudar al país y encadenarlo financieramente a Venezuela.

Antes de entrar en materia conviene recordar que Bolivia es una potencia gasífera continental. De haber desarrollado oportuna y eficientemente sus reservas y de haber estructurado negocios a escala, estaría vendiendo energía a varios países del continente y habría evitado ser cooptada político, ideológica y financieramente por el régimen de Venezuela.

Varios analistas independientes coinciden, sin tener todas las cifras y los datos (porque tenerlas es un verdadero mérito en un régimen como el boliviano), que desde el 2006, año del inicio de la presidencia de Evo Morales, la deuda que Bolivia contrajo con Venezuela ha crecido ostensiblemente hasta llegar alrededor de los 500 millones de dólares.

Algunos ingenuos pensaron que eran regalos. Naturalmente, habrán recibido regalos de Venezuela, pero una gran parte del dinero es préstamo. Por ello es que las finanzas de Venezuela no cuadran. Esto se debe a que han despilfarrado una gran suma de sus petrodólares. Hoy debe ser casi imposible hacer una auditoría a los lugares y objetos a los que fueron destinados esos montos.

La prensa boliviana y venezolana reprodujo hasta el cansancio el alto nivel de discrecionalidad con el que el régimen boliviano manejó los fondos. Los fondos de los que no hay pistas de cómo han llegado a Bolivia.

Ante varios medios, el ex embajador del régimen boliviano dejó deslizar que Bolivia mantendría una deuda de “alrededor de 500 millones de dólares”. Eso es “lo poco” que se sabe. Dado el hermetismo de estas transacciones y la ausencia de transparencia, se puede entrever que esos montos pueden crecer en franco perjuicio para la economía boliviana.

Aquí, un tremendo contrasentido: Bolivia es una potencia gasífera y de haber estructurado una industria de escala, estaría produciendo el diésel que tanto le hace falta a su matriz de combustibles interna; lo curioso es que la mayor cantidad de deuda boliviana a Venezuela ¡es por importación de diésel!

Lamentablemente la industria del diésel no fue desarrollada en Bolivia y los dirigentes del régimen boliviano prefirieron echar mano de lo fácil: importar diésel caro desde Venezuela. Esta movida retrasó los planes bolivianos de estructuración industrial de gas natural.

El diesel es importado desde Venezuela en complejos esquemas de transporte. En el 2004, enviaban 50 mil barriles mensuales. Hoy en día, se ha llegado a la cifra de 350 mil barriles mensuales. El país que podría producir diésel barato y venderlo solamente se anima a comprarlo. ¡Qué gran negocio socialista! Parecieran estar influenciados por el dicho del economista francés Frederic Bastiat: “El Estado es esa gran falacia que permite a muchos vivir a costa de todos los demás”.

Por más “hermanos revolucionarios” que hayan sido entre los regímenes de Venezuela y Bolivia, business are bussines. Negocios son negocios. Así como Venezuela no tiene empacho en tener una retórica fulminante contra Estados Unidos, tampoco se hacen problemas en continuar vendiéndole petróleo a Bolivia.

El propio gobernador de Miranda, Henrique Capriles, indicó que se destinó bastante dinero a Bolivia en vez de atender a temas internos venezolanos: “Un nuevo estadio para el club San José de Oruro en Bolivia. ¿Acaso el Caracas Fútbol Club o Los Leones tienen un estadio?“, se preguntó, en el marco de su lucha por conocer cuáles son los montos reales de esa particular relación bilateral de dos regímenes que de números saben muy poco, pero de despilfarro parece que saben mucho.

Además de dólares, el régimen de Venezuela regaló vehículos y hasta ambulancias que posteriormente hicieron falta en la tragedia de Amuay (la refinería que explotó en agosto en Venezuela).

Gracias por los regalos. Pero no es la forma. Creemos que la irresponsabilidad de ambos regímenes fue muy lejos. Se aprovecharon de las finanzas que producen los recursos naturales, como el petróleo, no sólo para hacer política sino para despilfarrar.

La cuestión principal que debe ser objeto de análisis financiero profundo es cuánto dinero venezolano ingresó a Bolivia y que hizo el régimen boliviano con ese dinero.

La pregunta está lanzada.

Comparando la película y lo que ocurre en Venezuela, seguramente a los ciudadanos de ese país les parece poco menos que raro que su país esté sin piloto. Tras las burdas maniobras de un sector del régimen, que se cree “favorecido” por la herencia política del chavismo, obviamente hay un “gobierno” en Venezuela. Pero más que un gobierno es una apariencia/pantomima de tal. Sin la legitimidad electoral ni la legalidad constitucional mínima.

Estando así las cosas la economía de esa potencia petrolera mundial se está derrumbando. Han decretado devaluaciones y para peor: el mundo del hampa y la violencia siguen haciendo estragos contra la debilitada sociedad venezolana que hace malabares diariamente para sortear los altos niveles de inseguridad.

A los bolivianos en particular y a los latinoamericanos en general nos interesa, y mucho, el destino de Venezuela no sólo porque tenemos la misma historia libertaria. Bolivia y Venezuela son las hijas predilectas del libertador Simón Bolívar que las separó del entonces poderoso reino de España para crear en este lado del continente dos nuevos espacios en donde las sociedades forjen nuevos futuros. Bolívar nunca hubiera imaginado que hoy sus hijas estén bajo regímenes. Con Venezuela no sólo compartimos historia. Sino también esperanza. Dos pueblos hermanos, valientes y nobles que hacen ya varios años -doce en Venezuela y casi siete en Bolivia- cayeron bajo el influjo maligno de lo que algunos trasnochados denominan “socialismo del siglo XXI”. Un experimento. Una suerte de nueva ideología que permite a una élite dirigencial tomar el Estado, usar/abusar del poder del Estado y sacrificar a la inmensa mayoría de la sociedad esclavizándola vía la economía: impidiendo el desarrollo de la libre iniciativa, permaneciendo salarios bajos y tutelajes irrisorios del Estado vía bonos; abusando de la democracia llamando a elecciones, consultas, referéndums por todo y por nada, para dar visos de transparencia y juego democrático a sus regímenes;  o por la vía de la libertad política: muchas libertades están en serio riesgo de ser coartadas. Ejemplos de presos y perseguidos políticos y de abusos a derechos humanos en ambas naciones se cuentan por miles.

Más allá de las consideraciones políticas resulta un verdadero atropello a la sociedad venezolana que sus actuales administradores –porque no merecen de llamarse Gobierno– hayan secuestrado la información relacionada su Jefe de Estado. Resulta una grosería política de mal gusto que raya en lo ilícito: esconder la información relacionada al Presidente y esconder al Presidente mismo debe ser sujeto de sanción penal, indiscutiblemente.

Para corroborar esa falta de información sobre el paradero y salud del jefe del régimen venezolano, por dos veces estuvo el jefe del régimen boliviano, principal aliado del presidente de Venezuela, a querer visitarlo. Primero se largó a La Habana –en donde dicen estuvo internado/recluido por dos meses– y no logró ver a su comandante. Luego se fue a Caracas con igual propósito. Si su principal aliado en el continente y seguidor incondicional no puede ver al presidente de Venezuela, entonces ¿qué queda para el resto de los ciudadanos?

La forma en que están mal-administrando a Venezuela los detentadores del poder del Estado, con despilfarro de sus petrodólares, sus poco acertadas políticas contra la pobreza y su profundo desprecio por la democracia, les va a generar no sólo sanción legal sino la repulsa del continente entero. No es posible que una de las principales potencias petrolera del mundo y la más grande del Hemisferio no tenga Presidente. ¿Dónde está el piloto de Venezuela?

Hasta sus principales aliados comerciales como China ya empiezan a ponerse quisquillosos con relación al vacío de poder que existe en Venezuela. Con mayor propiedad expertos constitucionalistas venezolanos han explicado las mil y un violaciones a la Constitución a las que han recurrido los actuales detentadores para no perder el poder de las manos. Seguramente el tiempo, ya breve, dará la razón a la democracia y retornará la libertad y democracia a Venezuela, y consecuentemente a Bolivia, que es un reflejo-miniatura de lo que allí ocurre.

Caso concreto de la política de nacionalizaciones implementada desde 2006 en Bolivia que es una acción política que –física y económicamente- generaron una obvia reacción: hay causas judiciales surgidas ante tribunales internacionales.

Aunque no se conocen las cifras de arreglos con asesores y abogados por concepto de honorarios ni pagos que el Estado boliviano debe hacer por la defensa de sus intereses, hay como 12 causas internacionales que -en la vía de procesos de arbitraje o dinámicas alternativas directas de solución de controversias- seguramente van a generar un coste a las arcas del Estado boliviano. Por ello sería importante que algún senador o diputado, en el marco de sus atribuciones constitucionales, pregunten al Ejecutivo cuáles los montos de honorarios y quiénes están a cargo de la defensa de Bolivia en esos escenarios internacionales en donde los afectados han expuesto sus reclamaciones por saber sus derechos vulnerados.

El régimen continúa con sus nacionalizaciones importándole un comino lo que la opinión pública internacional pueda decir y hundiendo a los bolivianos en mucho más incertidumbre.

Las cifras indemnizatorias que se señalan en la prensa están al rededor de los 1000 millones de dólares y algo más, considerando daños, perjuicios y otros montos que seguramente se adicionarán a la principal reclamación que señalan aquellas compañías que se vieron afectadas por acciones del actual régimen izquierdista que a estas alturas perjudica claramente a las venideras generaciones de bolivianos y a la imagen del país en el mundo.

Obviamente para llegar a esos montos indemnizatorios se deben cumplir con previas evaluaciones técnicas y peritajes. Más allá de las consideraciones estrictamente técnico-jurídicas, que si los derechos están o no vulnerados, que si se han cumplido contratos, que si se han acudido a escenarios jurisdiccionales idóneo, se tiene que tener en mente que lamentablemente estas causas dicen mal de un país. Sólo Venezuela tiene tal cantidad de reclamaciones internacionales por montos millonarios. Igual que Bolivia. En estos procesos, al final, hay un claro deterioro de la imagen de Bolivia y de los bolivianos.

Recordemos que el actual régimen sometió a nacionalizaciones a capitales de una veintena de compañías privadas que tiene sus sedes principales fuera del país, y que tiene capitales e inversiones circulando en todo el mundo. Se podría inferir -de manera general- que esos capitales invertidos en Bolivia tuvieron la “mala experiencia” de haber sido objeto de “nacionalización” figura cercana a la confiscación y sus derechos vulnerados porque los contratos que han suscrito -al margen de la consideración si eran muy buenos o muy malos contratos- existe un elemento que no debe perderse de vista: la fe de un Estado se compromete al suscribir un contrato. Y para el actual régimen boliviano le resulta muy sencillo romper la fe del Estado boliviano y hacernos quedar como retrógrados que desconocemos los pactos y la convivencia del respeto a los papeles suscritos.

A esas compañías internacionales -hoy sometidas a nacionalización en Bolivia- seguramente no sólo les causó disgusto, pérdida, costos, sino además un costo de oportunidad por haber venido a Bolivia en vez de ir a otros estados con mayor seguridad jurídica. ¡Deben estar maldiciendo el día que arribaron a Bolivia! 

De esa veintena de compañías sometidas a nacionalizaciones el Estado boliviano ya habría pagado cerca de 615 millones de dólares. Eso muestra que las nacionalizaciones no son un buen negocio porque al final hay tres tipos de pérdida para Bolivia: primero por el pago per se de la indemnización; segundo por la pérdida de imagen del país; y tercero por la pérdida de oportunidad de atracción de otros  nuevos capitales a invertir.

Muchos analistas aseguran, además, que éstos procesos nacionalizatorios tampoco han generado utilidades adicionales al país. Habría que seguir indagando si estas nacionalizaciones redundaron en educación, salud y reducción de la pobreza del sufrido pueblo boliviano que no está gozando las bondades, por ejemplo, de los ingresos por la multimillonaria venta de gas natural. Somos la potencia latinoamericana más grande en gas natural y en el ámbito rural y en la periferia de las ciudades ¡se sigue cocinando a leña de madera!

La política de nacionalizaciones seguramente va a continuar en otros escenarios de la economía boliviana. Primero fue en hidrocarburos, luego en electricidad, minería y seguramente el agro, la industria y el comercio, que tiene fuertes capitales externos en inversiones seguramente podrían ser parte de ese esquema de nacionalizaciones. Hoy la administración de aeropuertos, mañana veremos qué sigue.

Las controversias judiciales internacionales producto de esas “nacionalizaciones” han dañado notoriamente la imagen de Bolivia en el exterior. Nos pinta ante los capitales externos como un Estado forajido, que no respeta las reglas, los pactos y los contratos. Esa imagen, que cuesta ganarla, será difícilmente recobrada –particularmente en el mundo del capital y de las inversiones- más aún si también el país, aparte de tener la “fama” de “nacionalizador”, tiene profundos cuestionamientos en derechos humanos, democracia e institucionalidad, pobreza y exclusión de minorías políticas.

Así anda Bolivia, la hija predilecta del Libertador Bolívar, transitando en esos desvencijados pasajes del autoritarismo que tanto desdeño Simón Bolívar.