Según el artículo 4 de la ley 23.548/88, la provincia de Buenos Aires recibe de manera directa el 19,93 % de recursos fiscales. La provincia recibe otras erogaciones de la Nación (leyes especiales y programas de política pública). Entre ellas, se destacan el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense de 650 millones de pesos al año; los recursos del Fondo Federal Solidario resultantes de las retenciones a la soja; los recursos del ministerio de Desarrollo Social; de la seguridad social y el ANSES como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o los fondos de los planes PROCREAR; los recursos de las 18 universidades nacionales radicadas en la provincia; los fondos recibidos por la Ley de Financiamiento Educativo (26075/06), el incentivo docente o aquellos provenientes del plan de construcción de escuelas. Además deben mencionarse aquellos provenientes de los Aportes del Tesoro Nacional (artículo 5 de la ley 23.548/88).

Como complemento, deben tenerse en cuenta la renegociación de las deudas de la provincia con la Nación impulsadas desde 2003; los subsidios al combustible y a otras áreas económicas fundamentales como es el caso de la electricidad, el gas o el ferrocarril; las obras de infraestructura nacionales como son las viviendas, rutas, puentes, cloacas, puertos, hospitales, etc. y el personal de seguridad y de otras carteras del Estado nacional ubicados en la provincia (gendarmería, Argentina Trabaja, área de cultura, TV digital, etc.).

¿Qué ocurre con la coparticipación municipal? La Ley 10.559/95 estableció que las municipalidades recibirán el 16,14% de ingresos que percibe la provincia en concepto de impuestos. El decreto – Ley 6769/58, “Ley Orgánica de las Municipalidades”- fijó las potestades tributarias delegadas. De manera similar a la relación Nación y Provincia, para abordar sus costos operativos al año 2008 las municipalidades recaudaban solamente el 34% de los ingresos que necesita para saldar sus cuentas.Las municipalidades también reciben fondos directamente del gobierno nacional y las transferencias a los municipios crecieron un 240% entre 2002 y 2009.

Frente a este escenario, presento tres alternativas con respecto al debate del financiamiento público:

PROPUESTA 1: EL AUTONOMISMO MUNICIPAL. Una de las maneras de abordar las dificultades de gestión y financieras es planteando la transferencia de funciones y de recursos a las municipalidades. Con este objetivo, en el año 1988 Antonio Cafiero impulsó una reforma de la constitución provincial y propuso ampliar la autonomía municipal. En los aspectos económicos, planteó aumentar la coparticiparon municipal al 20%, mientras que en paralelo descentralizó la recaudación tributaria provincial.

PROPUESTA 2: EL AUTONOMISMO BONAERENSE. En términos financieros impulsa dos reivindicaciones: modificar la Ley de Coparticipación recuperando los 8 puntos entregados por la UCR en la gestión de Alejandro Armendáriz; y descartar el tope de los recursos del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense.

PROPUESTA 3: EL NACIONALISMO POPULAR. Para estos dirigentes y académicos, el primer paso para encarar el debate tiene que ver con organizar el proyecto nacional. El Estado central tiene que tener capacidad de gestión y de decisión en las provincias y en los municipios y se deben recuperar los recursos manejados por actores oligopólicos o extranjeros, que no contribuyan al desarrollo regional y nacional. Para hacer realidad la propuesta, es necesario impulsar una reforma fiscal de contenido nacional, federal y popular. Con dicho objetivo, el economista Ernesto Mattos propone profundizar la reforma fiscal bonaerense y en particular, considera que deben aumentarse el Impuesto Inmobiliario Rural y actualizarse las valuaciones fiscales de los inmuebles de los sectores de altos ingresos.

Asimismo, sus impulsores destacan la vitalidad del espacio con la buena performance electoral del Frente Para la Victoria (FpV) en provincias como Entre Ríos, Río Negro, Chaco o Tucumán. Si se suman otros distritos aliados como Santiago del Estero, el caudal electoral se acerca a los 30 puntos dejando muy atrás al resto de las fuerzas políticas. Los dirigentes y periodistas que auguran el fin de la etapa, lo hacen mencionando que disminuyó el caudal electoral del FpV en relación a 2011 o 2009. Asimismo, se refieren a que el kichnerismo perdió en distritos importantes como son Capital Federal, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe o Córdoba. Es bueno destacar que estas victorias electorales representan a cinco fuerzas diferentes y que no se vislumbra la posibilidad de reunirlos en un mismo frente opositor en 2015.

Más allá de una u otra postura, como resultado electoral y de no mediar divisiones del bloque, el FpV mantiene la misma cantidad de miembros en la legislatura. En este marco, es de esperar que el kichnerismo siga impulsando una agenda de reformas políticas y sociales del país en los próximos años. No se puede esperar menos de un gobierno que lo viene haciendo en coyunturas electorales y económicas adversas, como fueron el 2003 y el 2009. La Asignación Universal por Hijo o la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se aprobaron luego de la derrota de 2009.

El gobierno tiene poder legislativo, experiencia de gestión, capacidad de movilización y es la primera mayoría electoral nacional y eso lo va a ejercer. Lo que sí es innegable es que los resultados de la elección obligan a Cristina a negociar la alternancia política del 2015, en una situación de relativa debilidad en relación al 2011. A favor y si sigue esta coyuntura, el oficialismo tendrá el crecimiento de la economía que viene mostrando una recuperación luego de la crisis de 2009.

Como resultado de la elección, al FpV le que quedan abiertas varias preguntas. Por un lado, es importante reflexionar sobre cuál fue el funcionamiento de la herramienta política de cara a las dimensiones del adversario que se enfrentó. El gobierno desafió al poder económico (reguló bancos, estatizó AFJP, debatió con el “campo”, etcétera.-), interpeló al poder cultural (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Clarín) y discutió al poder político e institucional (promovió la democratización de la justicia, enfrentó a algunos dirigentes partidarios del justicialismo y a sectores sindicales). En este contexto, el FpV deberá sacar conclusiones de su relación con el conjunto del aparato político y de los logros y las limitaciones de la estrategia propia en Unidos y Organizados. Por otro lado y a sólo dos años de las elecciones de presidente, de gobernadores e intendentes, no se perfiló un candidato propio. El desconocimiento de la figura de Martín Insaurralde pone sobre el tapete si sigue siendo posible aplicar la estrategia de imponer desde arriba y a último momento, las candidaturas del FpV.

Para el conjunto de los argentinos, pareciere que la oposición ofrece una vuelta al pasado y una reconfiguración de un estilo de “ordenar los lugares de poder” de cada actor en la política argentina. Desde 2003, los representantes del poder político fueron ganando espacio sobre el poder económico y sobre el poder cultural. Incluso, en 2009 se acentuó el enfrentamiento dentro del mismo gobierno y las poleas de transmisión de la oligarquía terrateniente y de Clarín, fueron desplazados del seno del FpV. Contrariando esta tendencia que además de Argentina, es Latinoamericana, Sergio Massa armó una lista con representantes del empresariado concentrado, de los medios de comunicación oligopólicos y de representantes cercanos al sector agropecuario.

El kichnerismo dialogó, acompañó o enfrentó a esos actores, pero siempre desde el lugar de conducción política soberana, emanada del mandato popular. Parece que la ecuación se invierte y que las corporaciones van a ocupar, como en los años noventa, lugares centrales en la conducción de los destinos de la Argentina.