La apertura prevista para el día martes se tuvo que suspender por fuertes lluvias. Para ese día estaba programada una conferencia de prensa de la Mesa de Enlace, en la que se anunciarían medidas de fuerza por la baja rentabilidad de casi todas las actividades, a excepción de las relacionadas con la cadena sojera.  La conferencia no se hizo, pero las medidas de fuerza fueron anunciadas igual: un cese de comercialización simbólico, de  48 horas, que comenzará el próximo 11 de Marzo, justo 6 años después que se iniciara el conflicto por la famosa Resolución 125 de las retenciones móviles. Pero la noticia, mucho más que la protesta, fue que la misma fue anunciada solo por tres de las cuatro entidades que forman la Mesa de Enlace. Federación Agraria, con su nuevo Presidente, Omar Príncipe, informo que no compartía la “metodología de la protesta”, mientras que en mismo momento del anuncio de la misma estaba en el Ministerio de Economía negociando con Axel Kiciloff. De dichas negociaciones se obtuvo el anuncio de un subsidio 30 centavos de peso por cada litro de leche para los productores tamberos de menos de 2900 litros diarios, para compensar la caída de precio. Corrió el rumor que en la mesa de negociaciones se habría también incorporado la promesa de buscar algún mecanismos para “segmentar” las retenciones para pequeños productores, un reclamo tan histórico de esta entidad como difícil de ejecutar en la práctica, sin tener que recurrir a subsidios digitados por el gobierno de turno.

El enojo con la cúpula de Federación Agraria no tardó en hacerse oír: mientras muchos de sus afiliados comentaban que igualmente se sumarian a la protesta, la filial entrerriana decidió adherir formalmente a la misma. Aun más simbólico, la Mesa Nacional de Productores Lecheros (supuestos beneficiados directos de las negociaciones entabladas con el gobierno y conformada en su mayoría por socios de la Federación) también se sumó a la protesta, señalando que el principal problema del sector son las trabas a las exportaciones. Por lo bajo muchos productores y dirigentes se quejaban: “Le regalaron al gobierno la foto de la ruptura de la Mesa de Enlace al comienzo del año electoral, a cambio de subsidios y promesas”, fue, palabras más o menos, la principal queja recolectada en el sector.

Políticos y Promesas

Mientras estas quejas e internas tenían lugar, los políticos no dejaron pasar la oportunidad de visitar la muestra. Julio Cobos recorrió junto con Margarita Stolbizer, apenas un día antes que Binner declinara su candidatura presidencial y la propusiera en su lugar. Tanto Stolbizer como su partido, el GEN, han tenido siempre una postura favorable al campo, en buena medida por estar compuesto principalmente por dirigentes y ex intendentes radicales del interior de la Provincia de Buenos Aires. Quedará por ver cómo se compatibiliza esta postura histórica con su alianza con Libres del Sur y el Partido Socialista.

También  Ernesto Sanz recorrió la muestra, el mismo día que Sergio Massa llego con una comitiva con varios referentes del sector: Eduardo Buzzi (antecesor de Príncipe en Federación Agraria), Carlos Garetto (Ex Coninagro), Jorge Solmi y Felipe Sola. Fiel a su estilo, prometió “sacarle la pata de la cabeza al campo”,  aunque sus definiciones en cuanto a propuesta tuvieron algo de ambigüedad ya que hablo de “suspender” los derechos de exportación al maíz. En la misma línea, su proyecto de Ley presentado en Diputados al respecto mantiene los niveles de retenciones actuales al girasol y todo el complejo sojero.

También Mauricio Macri y el PRO hicieron una apuesta fuerte. Acompañado de sus candidatos a gobernador en los principales distritos productores (Vidal en Buenos Aires, Del Sel en Santa Fe, De Angeli en Entre Rios y Baldassi en Córdoba), y con la compañía de sus recientes aliados “Lole” Reutemann, Luis Juez y Oscar Aguad, se definió en contra de las trabas a las exportaciones, prometiendo eliminación de ROE y retenciones a todos los productos salvo soja, en donde la baja será paulatina. Incluso firmó (literalmente) en una radio una promesa para los productores de trigo, que deben comenzar a sembrar en algunas semanas y cosechar en el verano de 2016: “Siembren todo lo que puedan, que conmigo en el próximo gobierno lo cosechan y venden sin ROE y sin retenciones”.

Las ausencias

Sin embargo también hubo ausencias políticas. A la ya tradicional falta de funcionarios nacionales, incluso de segunda  línea o técnicos, se sumó este año el faltazo de los gobernadores que iban a inaugurar la muestra. De la Sota y Bonfatti se quedaron en sus provincias por razones de fuerza mayor, atendiendo las graves inundaciones de estos días. En el caso de Daniel Scioli, que todos los años abre la muestra, se comentó que este año recibió indicaciones de desistir de dicha costumbre. Quien sí estuvo presente en su lugar el día sábado fue Gustavo Marangoni , presidente de Banco Provincia, una de los principales sponsors. Esa misma noche, el Gobierno Nacional vetaba su participación como precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad, al filo del cierre de listas porteñas. Otra visitante habitual que dio el faltazo fue “Lilita” Carrio, también flamante aliada de Macri, quien ya en la Expoagro de 2007 presento un plan para el sector que tituló “Dejar en Paz al Campo”, siendo la primera fuerza política proponer eliminación de permisos para exportar y reducción de todas las retenciones, incluida la soja. A pesar del faltazo, la propuesta para el sector es uno de los puntos de entendimiento que sin duda  allano el camino para el acuerdo entre  el PRO y la Coalición Cívica.

El futuro: cambios y la necesidad de unidad

Además de quejas, también hubo propuestas desde el Sector en Expoagro. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó las propias, elaboradas por el experto Juan Cruz Rey Kelly y enunciadas por su Presidente, Rubén Ferrero, con el objetivo de aumentar la producción un 50% y duplicar las exportaciones de alimentos. Aunque frustrada por el clima, estaba prevista la presentación de 10 puntos de acuerdo que iban ser firmados por más 40 referentes de diversos orígenes de la agroindustria, con la intención de ser “políticas de Estado”, sea cual sea el próximo gobierno, redactados por el GAPU AGRO (Grupo de Acción Política para la Unidad), con el apoyo de varios ex secretarios de Agricultura, como Marcelo Regunaga y Jesus Leguiza.

A pesar de la lluvia y las divisiones, quedó claro para todos los que tiene algo que ver con la agroindustria y la producción del interior del país que la clave para el futuro, más allá de las quejas, estará en nuevas propuestas, en un cambio de políticas, y en logro de la unidad, tanto de los políticos que tienen  ideas similares como hacia adentro del propio sector.

Este bono atado al dólar, que surge de la imperiosa necesidad publica de evitar la caída de las reservas, no es una novedad, y ya tuvo dos pruebas “piloto” en el sector agroindustrial: los adelantos de liquidaciones de divisas de las grandes firmas cerealeras, agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara de Exportadores de Cereales (CEC) cuyo principal y más rentable producto de exportación y es la soja, el aceite de soja y sus derivados, realizados en Enero de 2014 y nuevamente sobre el cierre de este año, hace pocos dias.

En el Verano de principios de año –con el tema del dólar tan caliente como la temperatura – CIARA Y CEC se habían comprometido a liquidar por ventas de granos y aceites un monto de 2.000 millones de dólares. En ese momento, el objetivo del gobierno era demostrar que  podía sostener el tipo de cambio en torno a  8 $ por dólar. En esa emisión de bonos se inauguró el mecanismo de “seguro de cambio”.   En aquel momento se destaco el carácter voluntario del acuerdo, afirmando que: “En las conversaciones preliminares al acuerdo, las autoridades nacionales no impusieron la obligatoriedad de suscribir ningún tipo de título público (sólo ofrecieron la suscripción de Letras del Banco Central de la República Argentina –BCRA- como una opción a juicio del exportador) ni las empresas asumieron ningún compromiso de suscribir esas Letras por monto alguno. Para anticipar el ingreso de divisas, las empresas asumieron deudas en dólares con entidades financieras del exterior y compromisos de exportaciones futuras con sus clientes externos.”

En Octubre, ya en Primavera y acercándose un nuevo Verano, Kicillof y el nuevotitular del Banco Central, Alejandro Vanoli, reunieron nuevamente a las grandes empresas de CIARA-CEC, para pedirles que el sector liquidara en el último trimestre unos 6.000 millones de dólares, muy por encima de 4.200 millones de dólares que se calculaba que de operarse normalmente se liquiden hasta fin de año previamente a esta negociación. El 22 de Octubre se firmó el compromiso entre el Gobierno Nacional y CIARA–CEC. Los propios privados en un comunicado oficial afirmaron que“prevén el ingreso de 5.700 millones de dólares en concepto de liquidación de divisas por exportación de granos y productos procesados, durante el último trimestre del corriente año.Como resultado de las reuniones mantenidas con funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, el Banco Central y la Jefatura de Gabinete de Ministros, en las que se efectuaron minuciosos análisis sobre la venta potencial de soja por los  productores hasta fin de año, en el marco de la estabilidad cambiaria actual y la perspectiva a la baja de los precios de las commodities, se concluyó que es factible un ingreso de divisas de 5.700 millones de dólares para el último trimestre del año.”. Del total informado,4200 millones corresponderán a por liquidación de ventas externas y otros son 1500 adelanto de futuras operaciones.

La herramienta que logro el acuerdo fue, otra vez, unbono atado a la cotización del dólar, con  “seguro de cambio” ante una eventual devaluación, con tasa de interés de 1,75% y  vencimiento en 2016. Así las firmas aceiteras y cerealeras introducen divisas que canjean por pesos en el Banco Central, y con esos pesos adquieran un bono con un corto plazo de 2 años, una muy baja tasa de retorno, pero que al momento de vencimiento se pagará también al tipo de cambio vigente.

Se espera con este compromiso que para fin de 2014  la inyección de agro-dólares debería rondar los 24.500 millones de dólares (en los tres primeros trimestres se habían declarado 18.800 millones), y sería superior a los 23.000  millones registrados en promedio en 2012 y 2013. Entre octubre y diciembre del año pasado, habían liquidado solamente 2937 millones de dólares contra los 5700 millones  comprometidos para la última parte de este año. Es decir, poco más de la mitad que la cifra actual.El récord del sector agrícola se logró en 2011, con 25.133 millones.

También hubo en esta negociación un acuerdo másallá de la liquidación de divisas, referido a compromisos de autorizaciones de Registros de Operaciones de Exportación (ROE). La agencia oficial TELAM informo que tras el compromiso alcanzado con CIARA-CEC, el gobierno nacional autorizó la exportación de 400.000 toneladas de trigo y 100.000 de harina adicionales, además de otras 500.000 toneladas de maíz correspondientes a la cosecha 2013-2014. El Palacio de Hacienda detalló que la medida fue tomada en conjunto con el ministerio de Agricultura luego de analizar los volúmenes de excedentes exportables de otros cultivos correspondientes a la última cosecha. “Estas definiciones ratifican el compromiso del Gobierno Nacional de permitir que todo el excedente por encima de lo que requiere el mercado interno se destine a la exportación, tal como se expresara a principios de año cuando se instituyó la mesa de diálogo permanente con el sector”, destacó en un comunicado oficial el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas Publicas. Traducido al castellano: El gobierno acepto que maneja el Sistema de ROES de manera totalmente discrecional, y los direcciona según sus intereses y necesidades del momento. Lejos, muy lejos, quedo el discurso que afirmaba estas medidas eran para “defender la mesa de los argentinos”, hoy los ROE se los pretende usar para conseguir dólares extra y crédito para financiar el déficit estatal.

Mientras el Gobierno mantiene su retórica anti-campo, acusa a los productores de golpistas por esperar el mejor momento para vender sus granos, y critica a las grandes empresas exportadoras, parece ser que el ministro Kicillof tiene un aprecio especial por los dólares del campo y de  la soja, o cuando menos, algo parecido a un “amor de verano”, ya que cada vez que sube la temperatura (del termómetro y de las reservas del Banco Central) recurre a las exportadoras de granos y soja para conseguir los dólares que día a día escasean cada vez más en la Argentina.

En la última década, la soja fue protagonista de un verdadero boom; aunque maltratada y vilipendiada, muchos fueron beneficiarios de ese boom, incluyendo algunos de sus críticos. Se dijo que la soja es “un yuyo”, que es mala por ser transgénica, que nos llevaba al monocultivo y a la degradación del ambiente. No faltaron también acusaciones a los sojeros de “esconder” la soja, una actividad de negocio que sería normal en cualquier otro rubro, pero que en este sector parece cercana a la conspiración o al golpismo.

Lo que no quedó tan claro como debería, en el debate público, fue que la soja por ser genéticamente mejorada pudo expandirse con menor necesidad de agua y usando agroquímicos de mucho menor toxicidad, con claras mejoras para el manejo agrícola del medio ambiente; que brindó un nuevo insumo de proteínas para la alimentación de ganado, permitiendo mejorar el abastecimiento de carne y leche en el mercado interno; y que construyó el sector industrial procesador de aceite más moderno del mundo alrededor del puerto de Rosario. Tampoco se dijo que nadie está obligado a sembrar soja, ni a alquilar su campo a algún pool sojero que no esté comprometido con las buenas prácticas agrícolas. Si hubo una década de oro para la soja es porque miles de productores, contratistas, agrónomos y propietarios de campos encontraron que esa actividad era un gran negocio, y supieron usar la tecnología disponible para aprovecharlo.

Ellos no fueron los únicos en aprovechar la década dorada de la soja. Inversores ajenos a la agroindustria, que aportaron dinero a fideicomisos para diversificar sus inversiones en un país con pocas perspectivas de inversión y con un sistema financiero deficitario en estos temas, también obtuvieron ganancias. El beneficio fue para todos: los inversores tuvieron ganancias respetando la ley vigente y el sector agroindustrial pudo encontrar en ellos el financiamiento necesario para generar el boom que vivimos en esta década.

En los últimos tres años (2012, 2013 y 2014), el complejo sojero argentino exportó cada año por encima de 21.000 millones de dólares en poroto, pellets, harina, aceite y biodiesel. El aporte al estado nacional solamente en concepto de retenciones (derechos de exportación), es de casi 7.000 millones de dólares, sin contar los demás impuestos que tributa el sector como el resto de la economía (ganancias, IVA, cheque, naftas, inmobiliario, etc.) Los municipios también han sido beneficiados ya que en marzo de 2009 la Nación creó el Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero para distribuir entre municipios 30% de lo que recauda por retenciones a la soja. Se suponía que el reparto iba a ser automático con los criterios de la coparticipación: en los hechos, el criterio imperante fue la arbitrariedad y el uso del dinero para alineamiento político directo de los intendentes con el poder central en Buenos Aires.

Hoy, en un contexto de fuerte demanda de dólares, con caída de reservas internacionales, apreciación del tipo de cambio real multilateral y caída de la demanda de pesos no podemos dejar de resaltar que durante esta década todos los años a mitad de año llegaron los llamados “agro-dólares”, en su mayoría de la soja. Durante toda la década el yuyo aportó ingresos fiscales y divisas. Más allá de la retórica anti-campo del gobierno nacional, y de la presentación discursiva del modelo de “matriz productiva diversificada”, la década de oro de la soja fue de la mano de la etapa de acumulación de poder kirchnerista. El sector sojero ha sido el aliado económico más relevante de las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, aún a pesar de los propios sojeros y del relato oficial.

¿Podemos decir a los invitados que la fiesta se está acabando? Hoy, la caída del precio de la soja es por una cuestión de oferta: todos los países productores han tenido buen clima y buen rendimiento, en especial Estados Unidos. Por otro lado, la demanda global sigue firme por cuestiones estructurales, aunque en esta coyuntura queda opacada por la oferta. La realidad es que la demanda no cayó, sino que sigue aumentando. El problema para esta campaña es que la tasa de crecimiento de la demanda es menor a la tasa de crecimiento de la oferta y esto acumula stocks, luego de un par de años de bajos stocks en Estados Unidos. Aun así, y aunque se verificó una fuerte baja en la soja respecto a los últimos tiempos, todos los estudios de largo plazo concuerdan en que las materias primas en general y la soja en particular se encuentran en precios mayores a sus precios históricos promedio; además, se espera que el promedio de precios de la próxima década sea mayor que el de los últimos 10 años. Los mismos estudios también preanuncian mayor volatilidad: veremos precios promedio altos, pero con picos y caídas relativamente importantes en el corto plazo. Para ponerlo en perspectiva histórica, cabe recordar que cuando De la Rúa dejó la presidencia en 2001 la soja valía menos de US$200 por tonelada. En mayo de 2003, al iniciarse el ciclo kirchnerista, ya había aumentado a US$300. Desde 2007 hasta hace unas semanas los precios se mantuvieron en niveles de US$400 por tonelada, con varios momentos por encima de los US$500 y un record histórico de US$ 650 en 2012. Es verdad que los actuales US$350 tienen “gusto a poco”, pero es innegable que en la comparación histórica no son precios mínimos ni mucho menos.

Si en Argentina 2014 discutimos la rentabilidad de la cosecha agropecuaria no es sólo por la baja del precio de los granos, sino porque esa baja se combina con una situación macroeconómica de recesión, inflación, debilidad fiscal y presupuestaria. Hoy, en lugar de análisis de productividad y agronómicos, el sector sojero sabe que la principal variable que explica la rentabilidad y viabilidad de los negocios agrícolas es el tipo de cambio, las expectativas sobre el tipo de cambio y las decisiones monetarias del gobierno nacional. El problema coyuntural de la agroindustria argentina reside en las distorsiones del mercado local, generadas por políticas equivocadas del gobierno y no en los precios internacionales.

A pesar de todo lo dicho, seguirá la tendencia a la sojización. Por un lado, el costo de las alternativas de siembra es aún mayor (todos los analistas coinciden, por ejemplo, en que la producción de maíz irá a perdida en esta coyuntura). Por otro lado, otros agronegocios potencialmente rentables dependen de la apertura o cierre de exportaciones que disponga de forma arbitraria y sin aviso el gobierno (son los casos del trigo, la leche y de la carne vacuna). Esperamos entonces para el año próximo, tal como para la campaña agrícola que termina, que los productores sigan con la soja empujados por falta de rentabilidad en cultivos alternativas y por los altos costos en dólares de los mismos. La situación es paradójica: con fuertes caídas de precios y soja demonizada tendremos en esta campaña otra producción cerca o por encima del record argentino de 55 millones de toneladas.

La época dorada de la soja no tiene porqué finalizar: puede continuar y seguir trayendo beneficios a Argentina, fuera de prejuicios y visiones que no tiene que ver con la realidad. En terrenos como el alimento de animales, el biodiesel o el uso de polímeros de soja para nuevos destinos (como plásticos), la soja aún puede crecer más, se puede invertir en industria y extender la cadena de valor. El precio actual no es el mejor, es verdad, pero si Argentina cambia sus políticas, tenemos todo para extender la década dorada de la soja por varios años más.

Argentina es un país de paradojas y de ciclos históricos con límites difusos, y el complejo sojero ayuda a explicar algunas de las situaciones que hemos vivido en la última década: la década dorada de la soja. Si estas paradojas se resuelven, la agroindustria puede retomar su papel de motor del desarrollo argentino y como fuente de divisas; en caso contrario, seguiremos pendientes, calculadora en mano, de precios internacionales combinados con tipo de cambio local, tal como estamos en este final de 2014.

Así las cosas, aparece hace menos de diez años la demanda de los países desarrollados por biocombustibles. Si bien ellos también los producen, como Estados Unidos y Alemania, su consumo de combustibles es tan alto que requieren importar de otros países el biodiesel para cumplir con sus propios cortes internos obligatorios, en especial los países europeos. ¿Quiénes estaban en condiciones de aprovechar esa oportunidad? Un puñado de naciones en desarrollo: Brasil puede transformar la caña de azúcar en etanol, Indonesia y Malasia pueden transformar el aceite de palma en biodiesel, y lo mismo cuenta para Argentina con el aceite de soja.

El éxito del biodiesel argentino (2006-2012)

La industria del biodiesel en Argentina nace en 2006. En 2011 alcanzó su punto máximo: exportó 1700 toneladas por casi 2100 millones de dólares, ubicando al país como primer exportador mundial de dicho producto, todo esto en tan solo 5 años. Este enorme éxito se dio por cuatro factores, en el siguiente orden de importancia: 1) la demanda externa por el corte obligatorio. 2) la competitiva de la cadena de la soja, producto en el cual nuestro país ya en ese entonces tenía claras ventajas competitivas y el complejo de crushing de soja más avanzando del planeta, en torno al puerto de Rosario. 3) El diferencial arancelario que existía para las retenciones: las exportaciones de biodiesel tributaron de 2006 a 2012 un 14%, contra  un 35% del poroto y un 32% del aceite de soja, lo que incentivó a la creación de muchas plantas de biodiesel de diferentes escalas, y 4)  la Ley de Fomento del Biodiesel, impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso durante 2006 (Ley 260936). Esta ley argentina incluyo cortes obligatorios de los combustibles en el mercado local y cupos y precios mínimos que se debían pagar a los productores de biodiesel. El corte interno de biodiesel se fue aplicando paulatinamente, llegando al 10% desde diciembre pasado. Si bien hay acuerdo entre los expertos en considerar valiosa esta ley, ese acuerdo también entiende que el biodiesel en particular es mucho más un negocio de exportación para la cadena sojera argentina que una solución a nuestros problemas energéticos. El éxito del biodiesel estuvo sin dudas en la exportación.

El derrumbe del biodiesel argentino (2012-2013)

Pero las ventajas competitivas no están “dadas” ni son inmutables: cambian con el tiempo y dependen de lo que hagan los países. Argentina durante 5 años (de 2007 a 2012) aprovechó estas ventajas, y desde 2012 hasta la fecha no hizo más que dilapidarlas por errores del gobierno nacional. En agosto de 2012, Axel Kiciloff aumentó las retenciones del 14% al 24%. Esto generó una fuerte caída de rentabilidad en muchas plantas de biodiesel, particularmente medianas y pequeñas, y frenó la producción que venía en aumento. Ante la queja del sector exigiendo cambios y el parate productivo, se dictó otro decreto estableciendo “retenciones móviles” al biodiesel, que con un complejo sistema, las fijó en ese momento en 19,1%. Antes que ocurra esto, en abril del año 2012, Argentina expropió el 51% de las acciones de la empresa Repsol-YPF. Como reacción, España, comprador del 50% del biodiesel que exporta argentina, frenó la importación de biodiesel argentino, e inicio un proceso “antidumping” ante la Unión Europea que termino en la decisión conjunta de la UE de imponer mayores aranceles a nuestro biodiesel, lo que ocurrió en Noviembre de 2013.

El enorme éxito del biodiesel construido en 5 años se derrumbó en menos de un año y medio, con dos medidas equivocadas del gobierno nacional. Del récord de exportación de 2011 (2100 millones de dólares), en 2013 se exporta prácticamente cero (solo 60 millones de dólares). Así las cosas, el 2014 empezó en esta industria con suspensiones de trabajadores, cierres de fábricas, y caída de proyectos de inversión de nuevas plantas que estaban en evaluación o en los primeros pasos de su ejecución.

Actualidad y Futuro

La primera reacción el gobierno intento reorientar la producción de biodiesel al mercado interno. En diciembre de 2010 aumentó el corte obligatorio de gasoil con biodiesel de 7 a 10%. En abril pasado, Cristina Fernández envía un proyecto de ley al Congreso para reducir impuestos internos al biodiesel. En dicho proyecto, ignorando la realidad del mercado mundial y los propios errores de su gestión, el ejecutivo sostiene básicamente que el éxito del biodiesel fue un logro generado solo de la ley de fomento, y que el problema actual es en totalmente “solamente culpa de la Unión Europea”. Aun así, aunque las rebajas de impuestos internos propuestas en dicho proyecto son correctas y ampliamente consensuadas (eximir al biodiesel del impuesto interno a los combustibles líquidos, y eximirlo de impuestos cuando sea vendido a usinas generadoras de electricidad) la realidad es que no atienden ni resuelven los problemas de fondo: el cierre del mercado europeo y las altas retenciones. El proyecto fue obtuvo media sanción en diputados y se tratará hoy en el Senado, con perspectivas claras de ser aprobado. Aun cuando se trasforme, como se espera, en Ley, y como bien señalaron diputados opositores es, cuando mucho, un paliativo.

Mientras la Cámara de Diputados estaba tratando este proyecto, el Poder Ejecutivo aplicó, sin pasar por el Congreso, una nueva y fuerte rebaja de las retenciones. Redujo la alícuota al 11,07%. El efecto fue inmediato: se dispararon nuevamente las exportaciones de biodiésel y las empresas del sector concretaron en un día operaciones por 100.000 toneladas, el 6% del total exportado en 2013.

Esta situación tiene varias singularidades. La primera es que mientras el Congreso tenía un tratamiento una ley sobre impuestos internos al biodiesel para resolver un problema que era externo, el Gobierno redujo las retenciones por sin darle participación al Congreso. La segunda singularidad es que el gobierno, al reducir las retenciones, está reconociendo implícitamente que el problema era externo y que eran sus medidas equivocadas sobre retenciones la causa de dicho problema. La tercera singularidad es el Gobierno toma la medida sobre retenciones por resolución apenas días después que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminara como inconstitucional la modificación de las retenciones sin pasar por el Congreso. Al menos podemos afirmar que “tarde y mal”, el gobierno reconoció y corrigió parcialmente su error. La última singularidad en nuestro modesto entender es lo poco que se ha debatido públicamente esta conjunción de singularidades.

Creemos que los problemas del biodiesel argentino en 2012 y 2013 se podrían haber evitado con mejores políticas. Creemos que la salida de la actual coyuntura en 2014 podría haber sido realizada mucho mejor. Planteamos aquí las dudas y singularidades del caso como un aporte para una discusión más solvente e inteligente respecto al tema. Mirando al futuro y pensando propositivamente, el biodiesel argentino puede recuperar el camino del éxito.