En las mismas se regula un tope al credito, limitando la tasa de interés, que no es otra cosa que precios máximos al costo del dinero y al financiamiento formal. Además, se modifica la obligación a las entidades financieras de pedir autorización al BCRA para incrementar ciertas comisiones y los cargos por gastos administrativos, y se limitan varios aspectos la libre contratación entre privados de diferentes instrumentos crediticios/financieros.  A la vez se incorporan criterios “orientativos” hasta ahora inexistentes, que aumentan la incertidumbre jurídica y financiera de los posibles tomadores de crédito.

Lo que no se explicita en esas resoluciones es que de hecho el ajuste al credito ya esta entre nosotros. En la primera mitad el año la oferta de crédito ya se redujo y se encareció. Luego de la devaluación y aumento de tasas de enero, el crédito en Argentina se ajustó por cantidad (hubo menor oferta y con plazos menores) y por precio (aumento de las tasas de interés de referencia del BCRA y de las tasas aplicadas a créditos y tarjetas por los demás Bancos).

Existe una gran distancia entre el discurso detrás de estos anuncios y la realidad. Ante esta situación de facto de ajuste por mercado -ajuste en reacción a las medidas enero-, el gobierno tomo ahora la decisión de intervenir. La intención declarada de esta intervención es aumentar la cantidad y acceso al crédito, atacando retóricamente las ganancias de los bancos. El fin declarado es abaratar el crédito para que haya más consumo, pero en verdad el tope al crédito generara un efecto totalmente contrario al buscado: la cantidad de préstamos ofrecidos por los bancos será menor y el acceso al crédito para los consumidores será más difícil.

La reacción del mercado ante esta medida será clara: menos crédito en la economía y caída del consumo. Esta medida puede implicar un freno aun más brusco al consumo doméstico, que ya se venía cayendo velozmente. En particular, puede haber una fuerte contracción en la oferta de crédito hipotecario, por las características económicas y los extensos plazos propios de los mismos. Tampoco es razonable esperar que estas medidas reactiven el mercado de créditos para compra de automotores. De esta manera, por la retracción del consumo combinada con la baja oferta de créditos, es esperable que el nivel de actividad se vea afectado negativamente.

Los princípiales afectados por esta medida y sus efectos no son los bancos: son los usuarios y consumidores de crédito. En particular, los usuarios de crédito menos sofisticados o de mayor informalidad serán los más afectados (trabajadores en negro, empleados en relación de dependencia con sueldos bajos, autónomos de ingresos medios y bajos). En los hechos será en este segmento de mercado en donde se verificara la merma de hecho en la otorgación de créditos (por mayores requisitos formales, por ejemplo). En caso de necesidad de crédito por cualquier cuestión personal o económica, estos usuarios deberán recurrir a financiamiento por fuera del sistema, sin control y a tasas mayores, ya no solo que reguladas por el gobierno, sino incluso mayores a las que hasta hoy existían en el mercado.

El mayor riesgo de estas medidas es que se abrió la puerta a un camino equivocado y potencialmente muy perjudicial de  mayor regulación del sistema financiero. Si el tope al crédito tiene, como prevemos, efectos negativos en el total de créditos asignados y no logra aumentar el consumo, posteriores medidas en la misma línea pueden implicar regular obligatoriamente por cantidades el mercado de crédito. En otras palabras: eventualmente se pueden llegar a tomar medidas para obligar a los bancos a prestar cierta proporción de sus activos, en cantidades y precios fijados por el Estado. Este equivocado camino no solo será ineficiente para mejorar el consumo, sería además muy nocivo para la solvencia del sistema financiero, el incentivo al ahorro y la confianza en la macroeconomía argentina.

El tope al crédito es una señal más de una economía que ya está en un proceso fuerte de ajuste, con un gobierno que repite errores y medidas equivocadas que solo agravan los problemas, y van forjando la senda hacia más y peores errores, con costos cada vez más altos.  Los problemas macroeconómicos argentinos son graves, pero no son  irresolubles. Medias equivocadas como estas no hacen más que agravar los problemas, dificultar las soluciones, aumentar los costos para todos los actores de la sociedad, incluido el gobierno (el actual y el próximo) y los consumidores. Al final de cuentas, se está adelantando y empeorando el tránsito hacia el fin de ciclo.

En el origen del blanqueo están otros fracasos. El gobierno recurrió a él por una sucesión de errores de política económica y de medidas coyunturales equivocadas. Fue una medida de corto plazo que no estuvo destinada a solucionar problemas de fondo sino a emparchar una situación que por su propia acción se había tornado insostenible. La medida en sí, convertida en ley por el Congreso pocos días después de ser anunciada por el Ejecutivo, implicó beneficios concretos para que quienes poseían dinero ilícito y habían incumplido obligaciones legales y tributarias ingresaras sus dólares al Central. En su desesperada necesidad de fondos, el Estado argentino abrió las puertas del país y entregó por ley ventajas legales para dinero ilegal. Con la reglamentación de la autoridad monetaria se estableció que los CEDIN pueden ser endosados y transmitidos antes o después de ser aplicados a inversiones inmobiliarias. De esta forma se pretendió que los CEDIN puedan circular como una especie de cuasi-moneda nominada en dólares.

Además de ser una mala medida, el blanqueo ha tenido malos resultados. Sus objetivos eran fomentar el ingreso de divisas y alimentar las reservas del BCRA, aliviar el mercado cambiario y movilizar el mercado inmobiliario. Ninguno de ellos se ha cumplido.

En lo que hace al ingreso de divisas, la cantidad de dinero ingresada es ínfima, y la caída de reservas sigue tanto o más fuerte que antes de la medida. En el último año, el BCRA perdió un total de 8.293 millones de dólares en reservas; y 3.551 millones se perdieron durante los cuatro meses de vigencia del blanqueo. Contrastar esta caída con los 379 millones ingresados por el blanqueo es la muestra más clara de este fracaso. Tampoco se cumplió el objetivo de aliviar el mercado cambiario. La prueba más clara es que desde la puesta en marcha del blanqueo, en el cuatrimestre junio-septiembre, el tipo de cambio oficial se devaluó a un ritmo anualizado de 31,3%. El dólar paralelo, mientras tanto, se mantuvo relativamente estable a partir de las presiones de la Secretaría de Comercio. Finalmente, el blanqueo no parece haber ayudado a movilizar el mercado inmobiliario: a pesar de la entrada en vigor del CEDIN se mantuvo el retroceso del número de escrituras, con una caída interanual de 22% en el mes de julio.

El debate al interior del gobierno a días del vencimiento del blanqueo respecto de su prórroga fue una muestra más del fracaso de esta política. Con prorroga o sin ella el blanqueo demostró que no consiguió sus objetivos. Cabe recordar que en este anuncio el gobierno puso en juego a todo el equipo económico e hizo sancionar esta ley al Congreso. A pesar de eso, sólo consiguió 379 millones de dólares, lo que demuestra que el gobierno se quedó sin margen de maniobra en términos económicos y cambiarios; y que, mientras tanto, rifó su ya escasa credibilidad ante los agentes económicos y la sociedad.

En síntesis, el blanqueo fue una mala medida, injusta, ineficaz para lograr los objetivos planteados, que ha generado malos resultados en el corto plazo, que y socava los incentivos de mediano y largo plazo para cumplir la ley, invertir en Argentina y confiar en las políticas económicas del gobierno nacional y en su capacidad de llevarlas a la práctica eficientemente.

Escrito en colaboración con Juan Cruz López Barrios.