Esto es una muestra de la nueva etapa que se ha abierto en el Gobierno y el campo: se terminó la guerra k, para pasar a una nueva etapa de diálogo y de cooperación, no exenta de tensiones, pero en donde las dos partes se ven como socias y se necesitan mutuamente.

La última vez que un funcionario oficial visitó la muestra fue Felisa Miceli, el 8 de marzo de 2006 (en aquel entonces se llamaba Expochacra), más recordada por su affaire con la bolsa de dinero en el baño. Aquel 8 de marzo de hace diez años, durante la recorrida de mañana por la feria, le preguntaron a la ministra si ante rumores de suba de precios de la carne el Gobierno iba a tomar medias. Miceli contestó que el Gobierno “no puede hacer anuncios todos los días” y sostuvo que se trabajaba en forma permanente para tratar de consensuar un precio entre la exportación y el mercado interno de carnes, para evitar aumentos al consumidor. Esa misma noche, en Casa Rosada y con Miceli en el acto, Néstor Kichner anunció el cierre total de las exportaciones de carne para contener la suba de precios y así “defender la mesa de los argentinos”. La decisión fue tan abrupta e improvisada que ni la propia ministra sabía su contenido. Kirchner decidió esa noche suspender por 180 días las exportaciones de carne.

Pocos días después de eso, se anunció la creación de los registros de operaciones de exportación (ROE), un supuesto registro estadístico de exportación que se transformó pronto en un verdadero cepo, un permiso que le daba primero a Guillermo Moreno y después a Augusto Costa la posibilidad de decidir quién exportaba y quién no.

La política de ROE sobre la carne fue lo que se puede decir una política de Estado y de largo plazo, pero en el peor de los sentidos. Duró diez años. Sus logros: las exportaciones de carne cayeron desde 2006 más del 70%, pasando de ser el tercer exportador mundial a estar hoy fuera del top ten. La inflación general entre 2006 y 2014, bien medida, ronda el 700%, tal como dijo el Presidente en el Congreso, mientras que para el consumo interno de carne, un promedio de diez cortes muestran una suba de diez veces en el valor al consumidor, un mil por ciento. Asimismo, desde que se cerraron las exportaciones de carne, cerraron más de 120 plantas frigoríficas. En el peor momento de la crisis, durante 2010, había 12,5 millones menos de cabezas de ganado que en 2008. El consumo interno de carne vacuna cayó en diez kilos de carne por habitante año.

Muchos se centran en “la 125” como el inicio del quiebre campo-gobierno, pero la realidad es que fue dos años antes, con estas medidas contra la ganadería, que empezó la cruzada kirchnerista contra la oligarquía vacuna. Y aunque las guerras y las divisiones en las sociedades puedan traer réditos políticos de corto plazo, en la ciencia política se afirma que el Gobierno no viene a dar o resolver guerras, sino que en las sociedades hay conflictos naturales y permanentes de intereses ante los que el Estado, como árbitro, debe buscar minimizar los daños y no fogonear el conflicto. Néstor y Cristina entendían el poder al revés. En ese tiempo, la inflación estaba lentamente empezando a ser un tema de agenda, que nunca fue atendido correctamente por el Gobierno k; ahora tiene efectos ya muy difíciles de manejar. Imprevisión y corto plazo han demostrado ser una mala receta para problemas complejos.

El cambio de época

La primera medida del primer día hábil del Gobierno de Mauricio Macri fue muy simbólica: en un lote de maíz en Pergamino anunció la baja y la eliminación de retenciones prometida en campaña, y luego la eliminación de los ROE a los granos. Hubo luego más anuncios sobre economías regionales, que están pasando una crisis gravísima y deben ser profundizados juntos con las provincias y los productores. En el medio, la lamentable crecida del Paraná de fin de año obligó a retrasar el inicio del tratamiento de los temas de largo plazo para atender dicha urgencia. A diferencia de otras épocas en que se tardaba meses en declarar la emergencia, en dos meses ya está declarada y están empezando a llegar fondos y beneficios a las zonas del litoral afectadas, algunas de ellas, como Entre Ríos, en donde aún no ha bajado el agua.

El cambio de época se ve también en los privados: aumentó fuertemente la liquidación de divisas, hay muchas más consultas por alquileres de campo, inversores privados de la ciudad han vuelto a mirar al sector como una forma de inversión para sus ahorros y hay voluntad de los productores de volver a sembrar. Por otro lado, un Gobierno con una herencia difícil y pocas buenas noticias para dar necesita que el campo mueva la macroeconomía, pero también las economías de los pueblos del interior, porque es el primer motor que puede encender la actividad; se lo necesita para poder enfrentar los otros grandes desafíos que tiene el país.

Durante los diez años después del cierre de carnes, la participación del Estado en Expoagro se limitó a las provincias, siempre destacándose estands de gran tamaño de la provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia, por supuesto, pintados de naranja furioso. Cuestiones propias de la campaña de ocho años de sutiles gestos de diferenciación de Daniel Scioli que no lograron detener la guerra campo-k, ni tampoco conseguir el sueño presidencial. Habrá que ver si, como todos esos años, esta vez Scioli visita la muestra para estar con los productores de su provincia.

Diez años después, lo que pasó es historia. Hoy la nación vuelve a Expoagro. “Unir a los argentinos”, uno de los lemas de campaña de Macri, también subyace en esta decisión. Además del ministro Buryaile y Vidal, se espera a sus secretarios y sus subsecretarios, muchos de ellos del sector y muchos otros de la filas de la Fundación Pensar “think tank” macrista que en 2014 elaboraron las 13 propuestas para la agroindustria. Y una verdadera peregrinación de referentes y legisladores, entre ellos Pablo Torello, Cornelia Schmidt-Liermann, Gisela Scaglia y Alfredo de Angeli, más los dirigentes radicales como Juan Casañas y Ernesto Sanz, y tal vez la sorpresa de la vuelta de Lilita Carrió, y más aún por confirmar. Queda mucho por hacer desde la gestión (lechería, frutas, vitivinicultura, emergencia, adaptación al cambio climático), pero el martes 8 se termina definitivamente la guerra y cambia la época: vuelve el Gobierno nacional a Expoagro.

Las líneas centrales de aquella propuesta guiaron la acción de toda la oposición en el Congreso y luego se transformaron en el núcleo de las 13 iniciativas agroindustriales del PRO. Esta propuesta es un compromiso público de Mauricio Macri, firmado en abril de 2014, un año y medio antes de estas elecciones. Eliminar los Registro de Operaciones de Exportación (ROE) y abrir las exportaciones, eliminar todas las retenciones (en carnes, granos, productos regionales) y avanzar en la rebaja para la soja, invertir en infraestructura, eliminar trabas internas al comercio y hasta persecuciones que han sufrido muchos productores, son el centro de nuestro plan. Esta propuesta fue además la primera en poner en agenda a las economías regionales para verlas como un verdadero motor de desarrollo en todo el interior, en lugar de ser actividades de subsistencia, siempre olvidadas en la agenda de los candidatos a presidente. También nos comprometemos a mejorar los planes de fomento para que dejen de ser una caja política de gobernadores y funcionarios que perpetúan a los pequeños productores en el atraso y la pobreza. Queremos usarlos como verdaderos planes de reconversión productiva, que estimulen el arraigo rural, la incorporación de tecnología y el mejor manejo de recursos naturales. Esto se puede hacer con un Ministerio de Agroindustria que trabaje con toda la cadena de valor y que tenga también en cuenta las cuestiones de alimentación interna y seguridad alimentaria global, uno de los grandes desafíos que enfrenta hoy la humanidad.

Este trabajo además goza hoy del aval del radicalismo y del partido FE, del líder de los trabajadores rurales, Momo Venegas. En el equipo que lo realizó confluyen técnicos provenientes de diferentes partidos. Hemos estudiado el detalle del costo fiscal de las medidas y su financiación. Además se ha logrado un amplio nivel de consenso con expertos en el tema.

A diferencia de 10 años atrás, cuando comenzamos, la situación de rentabilidad se ha esfumado. Todas las economías regionales están en una profunda crisis, se destruyó la ganadería incluso en la agricultura pampeana, en campo alquilado ya no es negocio. A esto se debe sumar la silenciosa hipoteca ambiental que nos deja la falta de rentabilidad: menor rotación, peores prácticas agrícolas y falta de fertilización adecuada, ya que todas estas tareas son irrealizables para productores endeudados que ni siquiera saben si van a poder vender los frutos de su trabajo o a qué precio se los permitirán comercializar.

El deterioro de Argentina es profundo en términos sociales, económicos e institucionales. La oportunidad de revertirlo es en las elecciones presidenciales. Hemos construido los acuerdos y el canal político de ese cambio. En agro tenemos las propuestas, el equipo, años de trayectoria que lo avalan y el compromiso de Mauricio Macri. Para que esto se vuelva una realidad, la única alternativa es que en agroindustria también Cambiemos.

La conclusión de los expertos invitados fue categórica: el próximo presidente recibirá una verdadera hipoteca ambiental y de suelos, junto con una larga lista de temas pendientes sobre los que no ha habido políticas, e incluso hasta graves errores y omisiones. También se destacó que la situación puede ser revertida con incorporación de tecnología y participación de los productores argentinos, que tienen la capacidad para producir de manera sostenible, pero para ello es ineludible que cambien las políticas y las instituciones para ir, justamente, camino a una agricultura sustentable.

Juan Cruz López Barrios, de la Fundación Pensar, abrió el debate sosteniendo que sin rentabilidad no hay sustentabilidad posible. “Ambos temas se deben abordar juntos. Hoy en casi toda la agricultura del país los márgenes dan negativos, eso genera pérdidas de dinero al productor, pero también pérdidas de recursos naturales por falta de fertilización adecuada y peores prácticas agrícolas”. También aportó el dato central que muestra la falta de sustentabilidad de la agricultura argentina en la actual coyuntura, al afirmar que es mala la rotación, ya que llega a un 30% de cereales contra un 70% de oleaginosas, cuando la relación ideal es 50% y 50%. “Un productor sin rentabilidad no tiene forma de aplicar técnicas sustentables, aun cuando las conozca y las quiera hacer, y eso está ocurriendo hoy. Es claro que doce años de presión tributaria récord (retenciones, inmobiliario, etcétera), sumados al cierre de exportaciones y la guerra K contra el campo han minado fuertemente esta rentabilidad. No es culpa de los productores: el marco de rentabilidad hoy lo define la política. El Estado debe pautar reglas de juego para que no se consuman los recursos naturales del país”, finalizó López Barrios.

Leonardo Sarquis, de vasta experiencia en empresas del sector y asesor de María Eugenia Vidal en temas productivos de Buenos Aires, profundizó en la rotación y el manejo como clave para el cuidado de los recursos naturales. Resaltó que estamos mal en comparación con otros productores de América. Señaló también un listado de pendientes en tareas institucionales que agravan el problema, como la inexistencia de regulación razonable y basada en elementos científicos de agroquímicos, semillas y uso del suelo. Pero también Sarquis explicó que hay una esperanza concreta: los productores argentinos ya han demostrado ser muy buenos en incorporación de tecnología y mejoras en el manejo, con lo cual el conocimiento está disponible y solamente faltan los incentivos correctos para dar vuelta la página. Representantes presentes de la Asociación de Siembra Directa (Aapresid), el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos (CPIA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (ConInAgro), la Sociedad Rural y la Fundación Barbechando compartieron esta visión.

En Diputados hubo también debate sobre cómo el escenario global impacta en el medio ambiente argentino. Martín Piñero, de extensa trayectoria y prestigio en el sector e invitado al evento como miembro del Comité Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), recordó que aun en crisis el mundo demanda alimentos y los países del Cono Sur americano son los responsables del 30% del excedente neto de alimentos global, lo cual nos da una posición privilegiada para negociar. La diputada Schmidt-Liermann (que además es actualmente candidata a la reelección en la ciudad de Buenos Aires y miembro de la Mesa Agroindustrial del PRO-Cambiemos) compartió esta afirmación y sostuvo: “Tenemos la responsabilidad de alimentar al mundo y de manera sustentable, además de ser esto un buen negocio para nosotros”. Por su parte, el delegado de ConInAgro vinculó la situación internacional con la tecnología para concluir que con técnicas de hace 30 años no se puede alimentar al mundo ni asegurar la sanidad de la población.

Estuvo presente también el diputado Omar Barchetta (Partido Socialista). Compartieron la organización y dieron su aval Elisa Carrió y Tato Brown, candidato a intendente de San Martín del Frente Renovador-UNA. Además participaron Arturo Navarro (Antiguo presidente de Confederaciones Rurales Argentinas), productores jujeños invitados por el diputado Mario Fiad (Unión Cívica Radical), jóvenes de los Ateneos Rurales, miembros de la Asociación de Cooperativas Argentinas, el agregado agrícola de la Embajada Alemana en Buenos Aires y miembros del Grupo de Acción Política para la Unidad (GAPU Agro).

La jornada cerró con dos grandes conclusiones. Por un lado, la necesidad de instalar en el debate los temas ambientales del agro y desterrar prejuicios informando al común de la gente con datos y elementos científicos. Esto es un desafío pendiente desde la agroindustria. El mensaje a transmitir es que es necesario explicar que el agro y su tecnología, lejos de ser el problema, pueden ser parte de la solución a temas ambientales. Cornelia Schmidt-Liermann finalizó listando las deudas del Congreso con estos temas, agregó a las mencionadas el manejo de aguas, los recursos hídricos y los humedales.

En una temática difícil para la comunicación masiva. En plena campaña quedó claro que hay debates claves que siempre quedan escondidos en la emergencia, deudas “invisibles” que se acumulan. Si no hay cambios en estos temas de tierras y ambiente hechos de manera conjunta entre Estado, privados y la sociedad, la hipoteca ambiental que el kirchnerismo le dejará a su sucesor se agravará. Será una deuda que afectará a todo el país y que pagarán caro las próximas generaciones.

Hoy los productores en la ruta afirman estar “en la peor situación de su historia”. Este año peras y manzanas quedaran en un 40% en la planta sin cosechar, en los galpones o en los frigoríficos porque no se puede vender. Federico Sacheri, representante de la Cámara de Productores de Cinco Saltos, explicó a diarios locales que “la situación es desesperante, hace tres semanas teníamos que empezar con la poda y no podemos contratar a la gente. Si no lo hacemos, la fruta no va a tener calidad para ser vendida”. Muchos productores optaron por no contratar a los trabajadores temporarios que realizan manualmente las tareas de recolección de frutas y empaque, porque pagar esos sueldos les generaba mayores pérdidas que simplemente dejar que las frutas se echen a perder en los árboles.

En los últimos años, los costos internos subieron un 50% en dólares y sólo 20% los precios. A esto se debe sumar los graves daños causados por el granizo: según la Federación Agraria, dichas tormentas de granizo que se desarrollaron desde octubre del 2014 hasta el 3 de febrero último afectaron alrededor de 8.000 hectáreas, con la pérdida total o parcial de 350 millones de kilogramos de fruta. Para la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) las pérdidas se estiman en cifras no menores a 190 millones de dólares. Rubén Ferrero, Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) afirmo que “el sector frutícola lleva 3 años de pérdidas, que ascienden a más de 500 millones de dólares. La crisis dejó sin trabajo estable a 3000 obreros rurales que perdieron sus puestos laborales”.

Ahora bien, en medio de campaña y crisis, no es fácil entender cómo es que una región que fue pujante y modelo hoy está en una crisis tan profunda. ¿Cómo llegamos a esto?

El potencial del valle

El mundo demanda alimentos en cantidad, calidad y diversidad. El cambio de dieta alimentaria en naciones de ingresos medios y altos a productos más saludables y variados, así como la salida de la pobreza de millones de personas de Asia, implican que el planeta es una verdadera “aspiradora” de alimentos, a la cual Argentina puede alimentar haciendo grandes negocios y generando desarrollo en el interior. Lamentablemente, estamos aprovechando apenas a media esta oportunidad, y en algunos casos la estamos dilapidando.

En años normales, Argentina es líder mundial en estos mercados: somos los primeros exportadores de peras y ocupamos el quinto lugar entre los de manzanas. Rio Negro y Neuquén explican más del 35% de las exportaciones frutícolas del país la magnitud de la crisis actual es tal que está afectando a todos: empresas, grandes, chicos, productores integrados y agricultura familiar, y por supuestos al nivel de actividad de los pueblos que viven en torno a estas actividades.

Son muchas las causas que explican la crisis actual por una combinación de factores: inflación, apreciación cambiaria, deudas y remates por partes de bancos públicos, competencia con el “fracking”, problemas para exportar por nuevas barreras de Brasil y por un conflicto con Uruguay que impide descargar allí ahorrando en fletes, devaluaciones del orden del 30% en Europa y Brasil, y por la caída de granizo el verano pasado, lo que configuro una “tormenta perfecta” que ha destruido la rentabilidad para todos los actores de la cadena.

Como a todo el país, la inflación erosiona la capacidad de producir para los frutícolas. El Valle está sufriendo desde hace 7 años o más una fuerte suba de costos de sus insumos que hacen que se vaya perdiendo rentabilidad. Además es una actividad que depende fuertemente de insumos importados y es mano de obra intensiva, y ambos ítems vienen subiendo fuertemente. Esta suba de costos afecta relativamente más a los productores más chicos, a los más atrasados tecnológicamente, con menor capital y con esquemas de agricultura familiares o de subsistencia, ya que la suba de los costos los encuentra sin ningún margen económico-financiero para enfrentarla.

Al problema de la suba de costos se suma el tema de conformación de presos. Aun cuando hay en Rio Negro una Ley Provincial que establece un precio mínimo que la industria debe pagar a los productores, en muchos casos esto no se cumple, o bien se paga con atrasos tales que impiden la continuidad del giro de negocios de quienes no tienen espaldas financieras para soportarlo.

Además de la cuestión del granizo ya mencionada, se agregan problemas en nuestros clientes externos. El Ministro de Agricultura de la Nacion, Carlos Casamiquela explicó: “La situación del Valle reconoce al menos dos cuestiones: una coyuntural, que está relacionada a los mercados internacionales, en donde se produjeron situaciones económicas complejas. Por ejemplo Rusia, llegó a devaluar el rublo en un 100 por ciento. Por lo cual deja en una situación compleja a los países exportadores, que no es solamente Argentina”. El titular de Agricultura también señaló que se está a punto de resolver la cuestión del ingreso de los productos a Brasil, mercado que había sido paralizado por un tema sanitario. “La crisis económica y la aceleración de la devaluación en Rusia pone en duda que se puedan exportar 120.000 toneladas y que no podrían redirigirse a otros mercados”, se expresó por su parte el presidente de CAFI, Oscar Martín.

Es justamente la combinación de todos estos factores –atraso cambiario, alta presión impositiva, inflación y suba de costos, problemas severos de infraestructura y logística, y falta de previsibilidad e incertidumbre para encarar mejoras e inversiones a futuro- que llevan al núcleo central del problema que enfrenta hoy el Valle y que lleva a los productores a la ruta: la falta de rentabilidad de su producción. Para buena parte de los productores su negocio, simplemente, ya no sea rentable. Esto lleva a deudas, baja de inversión, descapitalización, y en el extremo, desaparición de productores.

Las medidas anunciadas

En el marco de la pelea entre el gobierno nacional y el provincial, y con las elecciones que tuvieron lugar ayer como telón de fondo, se sucedieron visitas y anuncios sobre este problema.

Las primeras medidas tomadas se refirieron a la emergencia por granizo. En los últimos meses hubo muchas reuniones, visitas y anuncios, los cuales se multiplicaron en la previa de la elección provincial. Cinco días antes de las elecciones, la Secretaria de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Carla Campos Bilbao, anuncio en General Roca el envío de 75 millones de pesos para los productores frutícolas. Estuvo acompañada por el senador nacional -y derrotado candidato a gobernador- Miguel Pichetto y varios intendentes del FPV. Allí se firmaron los convenios por los cuales el dinero que enviará Nación será canalizado a través de los municipios para ser entregados a los productores. Los recursos serían para financiar tareas culturales en las chacras, como la poda, más otros 20 millones que serían del fondo de emergencia por granizo, ya pautado anteriormente, y otros cinco millones anexos. También se anunciaron aportes para consorcios de riego, por un total de 3,5 millones de pesos de fondos nacionales.

En rigor de verdad, estos anuncios son una repetición de otros prometidos, tanto en ocasión del granizo como en reuniones que los representantes de los productores mantuvieron en Casa Rosado cuando aún era jefe de Gabinete Jorge Capitanich. También el ministro Casamiquela había estado en la provincia, anunciado anteriormente el mismo monto de 50 millones como ayuda.

Al día siguiente, a 4 días de las elecciones, el Gobierno Provincial de Weretelnick repitió el anuncio respecto a un aporte de otros 50 millones de pesos. Las Cámaras de productores de la región hablan de una necesidad de al menos 250 millones de dólares para paliar la situación, cifra muy lejana a la prometida por las autoridades.

El futuro
El costado social de la crisis es tremendo. Todo el complejo frutícola representa el 30% de los empleos privados de la región. Si los productores no contratan empleados para la cosecha, se perderán 40.000 puestos de trabajo temporario, según Eduardo Artero, ex presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén.

Hay otro costo gravísimo, que atenta contra la estructura social del propio Valle y su conformación de ya más de un siglo: están desapareciendo productores y abandonando sus chacras. Ante la falta de opciones y rentabilidad para los productores más pequeños y atrasados, muchos dejan la producción, y en algunos casos, se están vendiendo chacras para loteo inmobiliario o fracking. Ya se empiezan a ver entre los frutales los pozos de excavación de shale gas. Hubo además remates e intentos de remates de chacras de productores endeudados con bancos, y aunque algunos pudieron ser frenados, el tema de la deuda sigue sin solución. En la última década se perdieron mil productores en la región.

Lamentablemente, situaciones similares a la del Valle de Rio Negro se repiten en casi todas las economías regionales. La Comisión de Economías Regionales de la CAME informó que en su reunión nacional, afirmo en un comunicado luego de reunir 300 dirigentes de 128 entidades que la situación “está llevando a la desaparición de centenares de productores del interior del país.Las economías regionales atraviesan momentos críticos: los pequeños y medianos productores de 28 complejos agropecuarios anticipan que este año no cubrirán sus costos de producción. Hay 900 mil empleos en riesgo.

La apertura prevista para el día martes se tuvo que suspender por fuertes lluvias. Para ese día estaba programada una conferencia de prensa de la Mesa de Enlace, en la que se anunciarían medidas de fuerza por la baja rentabilidad de casi todas las actividades, a excepción de las relacionadas con la cadena sojera.  La conferencia no se hizo, pero las medidas de fuerza fueron anunciadas igual: un cese de comercialización simbólico, de  48 horas, que comenzará el próximo 11 de Marzo, justo 6 años después que se iniciara el conflicto por la famosa Resolución 125 de las retenciones móviles. Pero la noticia, mucho más que la protesta, fue que la misma fue anunciada solo por tres de las cuatro entidades que forman la Mesa de Enlace. Federación Agraria, con su nuevo Presidente, Omar Príncipe, informo que no compartía la “metodología de la protesta”, mientras que en mismo momento del anuncio de la misma estaba en el Ministerio de Economía negociando con Axel Kiciloff. De dichas negociaciones se obtuvo el anuncio de un subsidio 30 centavos de peso por cada litro de leche para los productores tamberos de menos de 2900 litros diarios, para compensar la caída de precio. Corrió el rumor que en la mesa de negociaciones se habría también incorporado la promesa de buscar algún mecanismos para “segmentar” las retenciones para pequeños productores, un reclamo tan histórico de esta entidad como difícil de ejecutar en la práctica, sin tener que recurrir a subsidios digitados por el gobierno de turno.

El enojo con la cúpula de Federación Agraria no tardó en hacerse oír: mientras muchos de sus afiliados comentaban que igualmente se sumarian a la protesta, la filial entrerriana decidió adherir formalmente a la misma. Aun más simbólico, la Mesa Nacional de Productores Lecheros (supuestos beneficiados directos de las negociaciones entabladas con el gobierno y conformada en su mayoría por socios de la Federación) también se sumó a la protesta, señalando que el principal problema del sector son las trabas a las exportaciones. Por lo bajo muchos productores y dirigentes se quejaban: “Le regalaron al gobierno la foto de la ruptura de la Mesa de Enlace al comienzo del año electoral, a cambio de subsidios y promesas”, fue, palabras más o menos, la principal queja recolectada en el sector.

Políticos y Promesas

Mientras estas quejas e internas tenían lugar, los políticos no dejaron pasar la oportunidad de visitar la muestra. Julio Cobos recorrió junto con Margarita Stolbizer, apenas un día antes que Binner declinara su candidatura presidencial y la propusiera en su lugar. Tanto Stolbizer como su partido, el GEN, han tenido siempre una postura favorable al campo, en buena medida por estar compuesto principalmente por dirigentes y ex intendentes radicales del interior de la Provincia de Buenos Aires. Quedará por ver cómo se compatibiliza esta postura histórica con su alianza con Libres del Sur y el Partido Socialista.

También  Ernesto Sanz recorrió la muestra, el mismo día que Sergio Massa llego con una comitiva con varios referentes del sector: Eduardo Buzzi (antecesor de Príncipe en Federación Agraria), Carlos Garetto (Ex Coninagro), Jorge Solmi y Felipe Sola. Fiel a su estilo, prometió “sacarle la pata de la cabeza al campo”,  aunque sus definiciones en cuanto a propuesta tuvieron algo de ambigüedad ya que hablo de “suspender” los derechos de exportación al maíz. En la misma línea, su proyecto de Ley presentado en Diputados al respecto mantiene los niveles de retenciones actuales al girasol y todo el complejo sojero.

También Mauricio Macri y el PRO hicieron una apuesta fuerte. Acompañado de sus candidatos a gobernador en los principales distritos productores (Vidal en Buenos Aires, Del Sel en Santa Fe, De Angeli en Entre Rios y Baldassi en Córdoba), y con la compañía de sus recientes aliados “Lole” Reutemann, Luis Juez y Oscar Aguad, se definió en contra de las trabas a las exportaciones, prometiendo eliminación de ROE y retenciones a todos los productos salvo soja, en donde la baja será paulatina. Incluso firmó (literalmente) en una radio una promesa para los productores de trigo, que deben comenzar a sembrar en algunas semanas y cosechar en el verano de 2016: “Siembren todo lo que puedan, que conmigo en el próximo gobierno lo cosechan y venden sin ROE y sin retenciones”.

Las ausencias

Sin embargo también hubo ausencias políticas. A la ya tradicional falta de funcionarios nacionales, incluso de segunda  línea o técnicos, se sumó este año el faltazo de los gobernadores que iban a inaugurar la muestra. De la Sota y Bonfatti se quedaron en sus provincias por razones de fuerza mayor, atendiendo las graves inundaciones de estos días. En el caso de Daniel Scioli, que todos los años abre la muestra, se comentó que este año recibió indicaciones de desistir de dicha costumbre. Quien sí estuvo presente en su lugar el día sábado fue Gustavo Marangoni , presidente de Banco Provincia, una de los principales sponsors. Esa misma noche, el Gobierno Nacional vetaba su participación como precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad, al filo del cierre de listas porteñas. Otra visitante habitual que dio el faltazo fue “Lilita” Carrio, también flamante aliada de Macri, quien ya en la Expoagro de 2007 presento un plan para el sector que tituló “Dejar en Paz al Campo”, siendo la primera fuerza política proponer eliminación de permisos para exportar y reducción de todas las retenciones, incluida la soja. A pesar del faltazo, la propuesta para el sector es uno de los puntos de entendimiento que sin duda  allano el camino para el acuerdo entre  el PRO y la Coalición Cívica.

El futuro: cambios y la necesidad de unidad

Además de quejas, también hubo propuestas desde el Sector en Expoagro. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó las propias, elaboradas por el experto Juan Cruz Rey Kelly y enunciadas por su Presidente, Rubén Ferrero, con el objetivo de aumentar la producción un 50% y duplicar las exportaciones de alimentos. Aunque frustrada por el clima, estaba prevista la presentación de 10 puntos de acuerdo que iban ser firmados por más 40 referentes de diversos orígenes de la agroindustria, con la intención de ser “políticas de Estado”, sea cual sea el próximo gobierno, redactados por el GAPU AGRO (Grupo de Acción Política para la Unidad), con el apoyo de varios ex secretarios de Agricultura, como Marcelo Regunaga y Jesus Leguiza.

A pesar de la lluvia y las divisiones, quedó claro para todos los que tiene algo que ver con la agroindustria y la producción del interior del país que la clave para el futuro, más allá de las quejas, estará en nuevas propuestas, en un cambio de políticas, y en logro de la unidad, tanto de los políticos que tienen  ideas similares como hacia adentro del propio sector.

Según un informe especial del tema preparado por AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), la entidad técnica más prestigiosa del sector, la reducción del área sembrada y de la producción de trigo en la Argentina ha provocado una caída del valor agregado por la cadena comercial de 2.544 millones de dólares, al pasar de 5.500 millones en el ciclo 2007/8 a 2.956 millones en 2013/14. También está cayendo la participación de la cadena en la economía:  en la campaña 2007/8, el cereal representaba el 2,46% del PBI y en 2013/14 cayó a 1,87%. Asimismo afirman desde AACREA que en los últimos diez años, el área de siembra del cereal se derrumbó. En el ciclo 2001/2 se implantaron 7,1 millones y esta campaña, en cambio, 3,7 millones de hectáreas. No solo se redujo la producción y el área sembrada: tambien  las exportaciones del cereal sufrieron caídas muy importantes. En la campaña 2013/14 se embarcaron 1,9 millones de toneladas, una cifra que quedó muy lejos de las 9,4 millones de toneladas que se exportaron, por ejemplo, en el ciclo 2007/8, momento en el cual se instauraron los ROE.

Esta brutal caída de producción que explican los técnicos de AACREA ocurre aun cuando la producción argentina de trigo asegura de manera total el abastecimiento interno.  En la actualidad, entre la actual cosecha y el remanente de la anterior, hay disponibles entre 12 y 13 millones de toneladas de trigo, mientras que el consumo argentino histórico esta entre 6 y 7 millones. De esta forma, el remanente está en el orden de los 5 millones de toneladas, mucho menos de lo que el Gobierno autoriza a exportar. Esta  sobreoferta de trigo ficticia es la causal directa del bajo precio que reciben los productores, y es consecuencia directa de las políticas que se aplicaron en estos últimos años.

Un problema repetido

Hace días se anunció desde el Poder Ejecutivo una nueva “apertura” de las exportaciones de trigo. Estrictamente, se trató de la habilitación para la exportación de 1 millón de toneladas de grano correspondiente a la campaña 2014/2015, que comenzó a regir a partir del 1 de enero, que se suman a los ya habilitados previamente de 300.000 tn de harinas y 1,2 millones de granos, totalizando así autorización por 2,2 millones de tn granos.  Ahora bien, las empresas exportadoras ya tiene compradas 3 millones de toneladas, por lo tanto, el anuncio no tuvo ni va a tener ningún efecto en los precios internos. Al mantener las cuotas de exportación, los permisos y los ROE, el Gobierno sigue manteniendo la explicada sobreoferta ficticia de trigo en  el mercado interno argentino. En estas condiciones es que el anuncio no logro una modificación en los precios internos del trigo. Se suma a esta falta de efecto del anuncio por lo acotado de su monto, el estar enmarcado en el mantenimiento de un esquema arbitrario e impredecible de manejo de las exportaciones, y la nula confianza de los productores en el gobierno.

Las limitaciones en la operatoria comercial además generan perdidas concretas en los bolsillos de los productores. En casos extremos, directamente el trigo no se puede vender por ausencia de compradores en algunas regiones. Está desapareciendo el precio y el mercado, y allí es donde aparecen situaciones de abuso.

Leonardo Sarquis, de la Consultora CONFIAGRO, afirma que hoy  trigo argentino es el más barato del mundo, cotizando por debajo del precio internacional (que está por encima de los 250 dólares por tonelada) e incluso restándole a este precio los gastos comerciales de exportación y las retenciones, aun así los productores reciben 50 dólares menos de lo que deberían recibir por su grano, lo que se conoce como “descuento comercial”, generado por la existencia de los ROES.  Sarquis explica que “por errores de política interna, Argentina está desperdiciando una oportunidad única a nivel global, ya que el mundo demanda trigo. Hay  problemas climáticos de Alemania, Rusia y Ucrania, además de la crisis política en esa región del este europeo, y en Brasil, cliente histórico del trigo argentino, país que nuevamente en 2015 se lo comprara a Estados Unidos. Las posibilidades de exportartrigo son inmejorables, dependen de las decisiones que tome nuestro Gobierno”. Otros expertos señalan que ese descuento puede llegar a tener picos de hasta 70 dólares, según el precio internacional y el momento de apertura o cierre de las exportaciones locales.

En estos casos el hilo se corta por lo más delgado, y en este caso son los productores trigueros los afectados directamente. Por tal motivo se realizó una protesta el pasado 10 de diciembre en Tres Arroyos, lugar emblemático de la producción triguera bonaerense organizada por CARBAP. Allí los productores denunciaron que las equivocadas políticas del Gobierno, al eliminar la competencia, han dejado a los productores con su exceso de granos y pocos compradores, por los cuales las condiciones de negociación les resultan totalmente adversas, y ello les han generado una perdida que estiman en total de 500 millones de dólares. Esta situación está generando tensiones hacia dentro de la cadena, poniendo en riesgo parte de los trabajosos y muy valiosos avances en la articulación entre los diferentes eslabones (productores primarios, acopiadores, molineros, industriales y exportadores) que se fueron logrando en los últimos años.

Mientras tanto, los precios internos de los alimentos a base de trigo suben tanto o más que la inflación general, y la responsabilidad está lejos de estar en los productores rurales. El dirigente rural cordobés Néstor Roulet afirma que en la actualidad la incidencia del valor del trigo en el precio final del pan –históricamente fue del 12 %- es de tan solo un 5%. La diputada nacional santafecina del PRO, Gisela Scaglia, grafica la situación con un ejemplo cotidiano acorde a estas fechas: “Un pan dulce sale $ 85 en la góndola de un supermercado, mientras que 2 bolsas de 50 kg de harina o un quintal $ 70. La mesa de los argentinos es cara, mientras que los productores ganan muy poco”.

Entender la realidad

Hay una solución posible, y responde a cuestiones mínimas de lógica de negocios que exceden a la ideología. En nombre de “defender la mesa de los argentinos”, solo se ha logrado menos producción de trigo y harina, sin poder contener la suba de precios del pan y los demás productos elaborados con harinas, mientras que algunos actores de la cadena se quedaban con ventajas indebidas,  y a la vez que como país perdemos posiciones en los mercados mundiales que serán difíciles de recuperar. En el largo plazo, este tipo de errores de política, que hoy pueden generar algún beneficio concreto en la coyuntura para algún privado, generaran perjuicios para toda la cadena y toda la economía de las ciudades del interior que se mueven alrededor de la misma.

La solución es la competencia, y no desde una visión neoliberal o contraria a los intereses de la población o los pequeños productores, sino una competencia limpia y con la debida lealtad y control estatal, en donde los excedentes de producción que nuestros chacareros generan puedan ser libremente vendidos a los molinos, los exportadores, o el mercado interno, sin tener que pedir permiso al gGbierno. Con estas condiciones, a Argentina le sobra trigo para su población, como le sobró durante los últimos cien años, en donde fuimos el granero del mundo y a la vez exportábamos.

Esta referencia a nuestro pasado de manera alguna pretende volver al modelo agroexportador de fines del siglo XIX, sino que implica entender justamente que el mundo cambió, que el mundo demanda alimentos y que Argentina puede ante eso hacer buenos negocios, generar desarrollo en el interior del país, alimentar nuestros pueblos y vender alimentos a ese mundo con hambre. Para ello, en lugar de repetir errores, hay que entender la realidad y corregir las medidas que han demostrado a todas luces que han fracasado.

Este bono atado al dólar, que surge de la imperiosa necesidad publica de evitar la caída de las reservas, no es una novedad, y ya tuvo dos pruebas “piloto” en el sector agroindustrial: los adelantos de liquidaciones de divisas de las grandes firmas cerealeras, agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara de Exportadores de Cereales (CEC) cuyo principal y más rentable producto de exportación y es la soja, el aceite de soja y sus derivados, realizados en Enero de 2014 y nuevamente sobre el cierre de este año, hace pocos dias.

En el Verano de principios de año –con el tema del dólar tan caliente como la temperatura – CIARA Y CEC se habían comprometido a liquidar por ventas de granos y aceites un monto de 2.000 millones de dólares. En ese momento, el objetivo del gobierno era demostrar que  podía sostener el tipo de cambio en torno a  8 $ por dólar. En esa emisión de bonos se inauguró el mecanismo de “seguro de cambio”.   En aquel momento se destaco el carácter voluntario del acuerdo, afirmando que: “En las conversaciones preliminares al acuerdo, las autoridades nacionales no impusieron la obligatoriedad de suscribir ningún tipo de título público (sólo ofrecieron la suscripción de Letras del Banco Central de la República Argentina –BCRA- como una opción a juicio del exportador) ni las empresas asumieron ningún compromiso de suscribir esas Letras por monto alguno. Para anticipar el ingreso de divisas, las empresas asumieron deudas en dólares con entidades financieras del exterior y compromisos de exportaciones futuras con sus clientes externos.”

En Octubre, ya en Primavera y acercándose un nuevo Verano, Kicillof y el nuevotitular del Banco Central, Alejandro Vanoli, reunieron nuevamente a las grandes empresas de CIARA-CEC, para pedirles que el sector liquidara en el último trimestre unos 6.000 millones de dólares, muy por encima de 4.200 millones de dólares que se calculaba que de operarse normalmente se liquiden hasta fin de año previamente a esta negociación. El 22 de Octubre se firmó el compromiso entre el Gobierno Nacional y CIARA–CEC. Los propios privados en un comunicado oficial afirmaron que“prevén el ingreso de 5.700 millones de dólares en concepto de liquidación de divisas por exportación de granos y productos procesados, durante el último trimestre del corriente año.Como resultado de las reuniones mantenidas con funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, el Banco Central y la Jefatura de Gabinete de Ministros, en las que se efectuaron minuciosos análisis sobre la venta potencial de soja por los  productores hasta fin de año, en el marco de la estabilidad cambiaria actual y la perspectiva a la baja de los precios de las commodities, se concluyó que es factible un ingreso de divisas de 5.700 millones de dólares para el último trimestre del año.”. Del total informado,4200 millones corresponderán a por liquidación de ventas externas y otros son 1500 adelanto de futuras operaciones.

La herramienta que logro el acuerdo fue, otra vez, unbono atado a la cotización del dólar, con  “seguro de cambio” ante una eventual devaluación, con tasa de interés de 1,75% y  vencimiento en 2016. Así las firmas aceiteras y cerealeras introducen divisas que canjean por pesos en el Banco Central, y con esos pesos adquieran un bono con un corto plazo de 2 años, una muy baja tasa de retorno, pero que al momento de vencimiento se pagará también al tipo de cambio vigente.

Se espera con este compromiso que para fin de 2014  la inyección de agro-dólares debería rondar los 24.500 millones de dólares (en los tres primeros trimestres se habían declarado 18.800 millones), y sería superior a los 23.000  millones registrados en promedio en 2012 y 2013. Entre octubre y diciembre del año pasado, habían liquidado solamente 2937 millones de dólares contra los 5700 millones  comprometidos para la última parte de este año. Es decir, poco más de la mitad que la cifra actual.El récord del sector agrícola se logró en 2011, con 25.133 millones.

También hubo en esta negociación un acuerdo másallá de la liquidación de divisas, referido a compromisos de autorizaciones de Registros de Operaciones de Exportación (ROE). La agencia oficial TELAM informo que tras el compromiso alcanzado con CIARA-CEC, el gobierno nacional autorizó la exportación de 400.000 toneladas de trigo y 100.000 de harina adicionales, además de otras 500.000 toneladas de maíz correspondientes a la cosecha 2013-2014. El Palacio de Hacienda detalló que la medida fue tomada en conjunto con el ministerio de Agricultura luego de analizar los volúmenes de excedentes exportables de otros cultivos correspondientes a la última cosecha. “Estas definiciones ratifican el compromiso del Gobierno Nacional de permitir que todo el excedente por encima de lo que requiere el mercado interno se destine a la exportación, tal como se expresara a principios de año cuando se instituyó la mesa de diálogo permanente con el sector”, destacó en un comunicado oficial el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas Publicas. Traducido al castellano: El gobierno acepto que maneja el Sistema de ROES de manera totalmente discrecional, y los direcciona según sus intereses y necesidades del momento. Lejos, muy lejos, quedo el discurso que afirmaba estas medidas eran para “defender la mesa de los argentinos”, hoy los ROE se los pretende usar para conseguir dólares extra y crédito para financiar el déficit estatal.

Mientras el Gobierno mantiene su retórica anti-campo, acusa a los productores de golpistas por esperar el mejor momento para vender sus granos, y critica a las grandes empresas exportadoras, parece ser que el ministro Kicillof tiene un aprecio especial por los dólares del campo y de  la soja, o cuando menos, algo parecido a un “amor de verano”, ya que cada vez que sube la temperatura (del termómetro y de las reservas del Banco Central) recurre a las exportadoras de granos y soja para conseguir los dólares que día a día escasean cada vez más en la Argentina.

En la última década, la soja fue protagonista de un verdadero boom; aunque maltratada y vilipendiada, muchos fueron beneficiarios de ese boom, incluyendo algunos de sus críticos. Se dijo que la soja es “un yuyo”, que es mala por ser transgénica, que nos llevaba al monocultivo y a la degradación del ambiente. No faltaron también acusaciones a los sojeros de “esconder” la soja, una actividad de negocio que sería normal en cualquier otro rubro, pero que en este sector parece cercana a la conspiración o al golpismo.

Lo que no quedó tan claro como debería, en el debate público, fue que la soja por ser genéticamente mejorada pudo expandirse con menor necesidad de agua y usando agroquímicos de mucho menor toxicidad, con claras mejoras para el manejo agrícola del medio ambiente; que brindó un nuevo insumo de proteínas para la alimentación de ganado, permitiendo mejorar el abastecimiento de carne y leche en el mercado interno; y que construyó el sector industrial procesador de aceite más moderno del mundo alrededor del puerto de Rosario. Tampoco se dijo que nadie está obligado a sembrar soja, ni a alquilar su campo a algún pool sojero que no esté comprometido con las buenas prácticas agrícolas. Si hubo una década de oro para la soja es porque miles de productores, contratistas, agrónomos y propietarios de campos encontraron que esa actividad era un gran negocio, y supieron usar la tecnología disponible para aprovecharlo.

Ellos no fueron los únicos en aprovechar la década dorada de la soja. Inversores ajenos a la agroindustria, que aportaron dinero a fideicomisos para diversificar sus inversiones en un país con pocas perspectivas de inversión y con un sistema financiero deficitario en estos temas, también obtuvieron ganancias. El beneficio fue para todos: los inversores tuvieron ganancias respetando la ley vigente y el sector agroindustrial pudo encontrar en ellos el financiamiento necesario para generar el boom que vivimos en esta década.

En los últimos tres años (2012, 2013 y 2014), el complejo sojero argentino exportó cada año por encima de 21.000 millones de dólares en poroto, pellets, harina, aceite y biodiesel. El aporte al estado nacional solamente en concepto de retenciones (derechos de exportación), es de casi 7.000 millones de dólares, sin contar los demás impuestos que tributa el sector como el resto de la economía (ganancias, IVA, cheque, naftas, inmobiliario, etc.) Los municipios también han sido beneficiados ya que en marzo de 2009 la Nación creó el Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero para distribuir entre municipios 30% de lo que recauda por retenciones a la soja. Se suponía que el reparto iba a ser automático con los criterios de la coparticipación: en los hechos, el criterio imperante fue la arbitrariedad y el uso del dinero para alineamiento político directo de los intendentes con el poder central en Buenos Aires.

Hoy, en un contexto de fuerte demanda de dólares, con caída de reservas internacionales, apreciación del tipo de cambio real multilateral y caída de la demanda de pesos no podemos dejar de resaltar que durante esta década todos los años a mitad de año llegaron los llamados “agro-dólares”, en su mayoría de la soja. Durante toda la década el yuyo aportó ingresos fiscales y divisas. Más allá de la retórica anti-campo del gobierno nacional, y de la presentación discursiva del modelo de “matriz productiva diversificada”, la década de oro de la soja fue de la mano de la etapa de acumulación de poder kirchnerista. El sector sojero ha sido el aliado económico más relevante de las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, aún a pesar de los propios sojeros y del relato oficial.

¿Podemos decir a los invitados que la fiesta se está acabando? Hoy, la caída del precio de la soja es por una cuestión de oferta: todos los países productores han tenido buen clima y buen rendimiento, en especial Estados Unidos. Por otro lado, la demanda global sigue firme por cuestiones estructurales, aunque en esta coyuntura queda opacada por la oferta. La realidad es que la demanda no cayó, sino que sigue aumentando. El problema para esta campaña es que la tasa de crecimiento de la demanda es menor a la tasa de crecimiento de la oferta y esto acumula stocks, luego de un par de años de bajos stocks en Estados Unidos. Aun así, y aunque se verificó una fuerte baja en la soja respecto a los últimos tiempos, todos los estudios de largo plazo concuerdan en que las materias primas en general y la soja en particular se encuentran en precios mayores a sus precios históricos promedio; además, se espera que el promedio de precios de la próxima década sea mayor que el de los últimos 10 años. Los mismos estudios también preanuncian mayor volatilidad: veremos precios promedio altos, pero con picos y caídas relativamente importantes en el corto plazo. Para ponerlo en perspectiva histórica, cabe recordar que cuando De la Rúa dejó la presidencia en 2001 la soja valía menos de US$200 por tonelada. En mayo de 2003, al iniciarse el ciclo kirchnerista, ya había aumentado a US$300. Desde 2007 hasta hace unas semanas los precios se mantuvieron en niveles de US$400 por tonelada, con varios momentos por encima de los US$500 y un record histórico de US$ 650 en 2012. Es verdad que los actuales US$350 tienen “gusto a poco”, pero es innegable que en la comparación histórica no son precios mínimos ni mucho menos.

Si en Argentina 2014 discutimos la rentabilidad de la cosecha agropecuaria no es sólo por la baja del precio de los granos, sino porque esa baja se combina con una situación macroeconómica de recesión, inflación, debilidad fiscal y presupuestaria. Hoy, en lugar de análisis de productividad y agronómicos, el sector sojero sabe que la principal variable que explica la rentabilidad y viabilidad de los negocios agrícolas es el tipo de cambio, las expectativas sobre el tipo de cambio y las decisiones monetarias del gobierno nacional. El problema coyuntural de la agroindustria argentina reside en las distorsiones del mercado local, generadas por políticas equivocadas del gobierno y no en los precios internacionales.

A pesar de todo lo dicho, seguirá la tendencia a la sojización. Por un lado, el costo de las alternativas de siembra es aún mayor (todos los analistas coinciden, por ejemplo, en que la producción de maíz irá a perdida en esta coyuntura). Por otro lado, otros agronegocios potencialmente rentables dependen de la apertura o cierre de exportaciones que disponga de forma arbitraria y sin aviso el gobierno (son los casos del trigo, la leche y de la carne vacuna). Esperamos entonces para el año próximo, tal como para la campaña agrícola que termina, que los productores sigan con la soja empujados por falta de rentabilidad en cultivos alternativas y por los altos costos en dólares de los mismos. La situación es paradójica: con fuertes caídas de precios y soja demonizada tendremos en esta campaña otra producción cerca o por encima del record argentino de 55 millones de toneladas.

La época dorada de la soja no tiene porqué finalizar: puede continuar y seguir trayendo beneficios a Argentina, fuera de prejuicios y visiones que no tiene que ver con la realidad. En terrenos como el alimento de animales, el biodiesel o el uso de polímeros de soja para nuevos destinos (como plásticos), la soja aún puede crecer más, se puede invertir en industria y extender la cadena de valor. El precio actual no es el mejor, es verdad, pero si Argentina cambia sus políticas, tenemos todo para extender la década dorada de la soja por varios años más.

Argentina es un país de paradojas y de ciclos históricos con límites difusos, y el complejo sojero ayuda a explicar algunas de las situaciones que hemos vivido en la última década: la década dorada de la soja. Si estas paradojas se resuelven, la agroindustria puede retomar su papel de motor del desarrollo argentino y como fuente de divisas; en caso contrario, seguiremos pendientes, calculadora en mano, de precios internacionales combinados con tipo de cambio local, tal como estamos en este final de 2014.

Este sistema tampoco es nuevo: lo inventó Néstor Kirchner en 2006, luego que también intempestivamente anunciara, el 8 de marzo, la prohibición de exportar carne. En ese momento también la medida era supuestamente temporal (por 6 meses). Allí se inventaron los ROE, que hoy vuelven a ser la herramienta con la que el gobierno pretende “defender la mesa de los argentinos”.

Además de la suba del precio de la carne, esta medida se da en un contexto de crisis severa de la industria frigorífica, con creciente cantidad de cierre de plantas y despidos. A principios  de agosto cerró el frigorífico cordobés Estancias del Sur, donde trabajaban 350 operarios. Si a eso se le suman a los 160 despedidos de Carnes Huinca la industria frigorífica cordobesa  perdió más de 500 empleos en menos de dos meses. En junio pasado se había cerrado la Planta de San Fernando de Quickfood, con casi 200 despidos, que trasladó su producción a Santa Fe. Se trata de la histórica planta de la marca “Paty”, hace varios años ya en manos de los capitales brasileros de MARFIG.

El cierre de los frigoríficos encuentra tanto a patrones como trabajadores en la misma vereda: ambos son perjudicados. El SICGBA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne  y sus Derivados del Gran Buenos Aires y Zona Sur de la Provincia de Buenos Aires), adhirió al Paro General de la semana pasada  y declararon: “En la cadena cárnica debemos hablar de la década perdida.  El verso de cuidar la mesa de los argentinos tuvo como resultado escribir un manual del fracaso, cómo destruir una actividad en pocos años.” El líder sindical Silvio Etcheun agrega datos de primera mano para justificar sus afirmaciones: en marzo de 2008 un Kg de Cuadrada estaba a $ 7,18 y hoy $ 64, por citar apenas un ejemplo. En todos los cortes de carne se han verificado fuertes aumentos en los últimos años, aun por encima de la inflación.

El Gobierno insiste en enfrentar el tema de los precios del mercado interno de la carne con medidas que limitan las exportaciones. La semana pasada, el PRO organizó en la Cámara de Diputados un debate abierto, en donde el experto Leonardo Sarquis afirmo que “2014 fue  el peor año de los últimos 50 en materia de exportaciones de carne bovina y el más bajo en términos porcentuales de los últimos 100 (1914), expectuando el año 2001 con el brote de aftosa.”  Y agregó que en la comparación internacional nuestro país está perdiendo posiciones aceleradamente frente a sus competidores. “Argentina en 2005 era el tercer exportador de carne del mundo, luego de ser el líder durante décadas. En la actualidad está Nro. 13 en el ránking de los exportadores de carne al mundo, habiendo sido superado por la India, Uruguay, Paraguay, exportando actualmente a niveles similares a los de Bielorusia”, agrego Sarquis. En el mismo debate en Diputados, el productor ganadero del sudoeste bonaerense y dirigente agropecuario Jorge Srodek recordó: “Los ganaderos fuimos los primeros en sufrir las consecuencias de los errores en la intervención de mercados de este gobierno, y también fuimos los primeros en ponernos de pie frente a ellas”.

Lo cierto es que más allá de los discursos y posicionamientos, los datos, aun los oficiales, son contundentes.  La intervención al mercado de la carne comenzó en el año 2006. Desde entonces se cerraron más de 120 plantas frigoríficas. En el peor momento de la crisis, durante 2010, había 12,5 millones menos de cabezas de ganado que en 2008. El consumo interno de carne cayó en 10 kilos de carne por habitante año. El buscado efecto de mantener accesible la carne en el mercado interno no se logró: según los cortes y diferentes estudios, desde 2006 a la fecha el aumento del precio de la carne en el mostrador supero el 500 % en promedio. Todo esto se dio en un contexto de derrumbe de las exportaciones: en 2005  fueron 770.000 toneladas de carne mientras que 2012  y en 2013 por debajo de las 200.000 de toneladas, marcando mínimos históricos.

Hoy, Argentina exporta menos del 10% de su producción de carne, el problema de precios internos no se resuelve, se están cerrando frigoríficos y con ellos se pierden puestos de trabajo. La respuesta del Gobierno es la misma que hace 8 años: un nuevo cierre de exportaciones. Ante la misma respuesta, solo nos queda entonces esperar a futuro los mismos resultados: menos producción de carne, menos oferta interna, menos trabajo en los frigoríficos, menos exportaciones y divisas para el país, y menos carne y más cara para la mesa de los argentinos.

Hace apenas días, la Mesa de Enlace se reunió con José “Pepe” Scioli, y según las partes, en la reunión “debatieron sobre una agenda a futuro”. Esta reunión debe entenderse como un eslabón más de una estrategia desarrollada por la Mesa de Enlace, que se inició en diciembre del año pasado, cuando las 4 entidades presentaron públicamente un documento sobre el potencial de crecimiento que tenía el sector, con la presencia de Alfonsín, Macri, Binner, Duhalde, Cobos y Solanas, entre muchos otros políticos y empresarios. Alli la Mesa de Enlace anuncio que iniciarían una ronda de consultas con los partidos políticos y aspirantes a la presidencia en 2015 para pedirles definiciones concretas sobre las políticas públicas que aplicarían en caso de ser electos.

Las reuniones se sucedieron: en enero fueron recibidos por Sergio Massa en un campo de General Madariaga, donde el líder del Frente Renovador prometió un proyecto de ley que contempla bajarle la presión tributaria al sector agropecuario, con eliminación en caso de trigo, reducción en maíz y sin cambios para girasol y soja. En marzo las cuatro entidades visitaron a Ernesto Sanz en el Comité Nacional de la UCR, quien les entregó un documento titulado “Estamos con el futuro, estamos con el campo”, en el que el radicalismo expresa su visión del sector como políticas para la cadena agroindustrial como país proveedor de alimentos al mundo. En abril, Mauricio Macri recibió a los cuatro presidentes de la Mesa de Enlace y les presentó públicamente 13 propuestas de Política Agroindustrial, elaboradas desde la Fundación Pensar por un equipo que ya incorporo al PRO figuras provenientes del sector, como Alfredo de Angeli, Luciano Miguens y Jorge Srodek. El nivel de acuerdo expresado entre ambas partes fue muy elevado. En mayo participaron del panel de cierre del Congreso de CRA Sanz, Macri y Carrió, con grandes coincidencias en su visión respecto del sector. La líder de UNEN reivindicó haber sido la primera postulante a la presidencia en pronunciarse a favor del campo, usando el ejemplo de la ganadería, sector al que defiende públicamente desde 2005.

No sólo hay movimiento en la oposición: también parece haber cambios desde la vereda del oficialismo y los gobiernos locales. En Expoagro, los ministros de Agricultura y Ganaderia de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe anunciaron que coordinarán esfuerzos conjuntamente, y recientemente en Santa Fe avanzaron en detalles para fomentar la actividad lechera, estancada en su producción desde hace casi una década. Entre esos ministros se encuentra el bonaerense Alejandro “El Topo” Rodríguez, de estrecha confianza con el Gobernador Scioli, quien públicamente se expresó a favor de reducir las retenciones al trigo. Más voces oficialistas se expidieron sobre este tema. “Hemos cometido errores con el tema del trigo”, reconoció Julián Domínguez, quien fuera el primer Ministro de Agricultura y Ganadería de Cristina Kirchner, actualmente presidente de la Cámara de Diputados de Nación y ya lanzado en la carrera hacia el 2015. Ninguno de estos actores juegan un papel de reparto en sus espacios: son voces autorizadas y relevantes, que hablan en el marco de una estrategia política.

En la muestra rural de Palermo también habrá señales de unidad, en este caso de parte de los técnicos. Dos grupos de trabajo compartirán un mismo espacio de discusión: el Grupo de los Ex Secretarios de Agricultura de la Nación, representado por Marcelo Regunaga y Jesus Leguiza, debatirá con el grupo de técnicos de diferentes partidos de la oposición que estamos nucleados en el GAPU AGRO (Grupo de Acción Política para la Unidad), pensando en propuestas concretas de políticas públicas que puedan convertirse en el futuro próximo en políticas de estado.

Hay dos preguntas centrales a responder, para poder saber si finalmente cambiarán las políticas hacia el campo. La primera es el desafío de las propuestas: ¿lograrán las promesas de campaña y los aportes técnicos que se están generando desde diferentes espacios convertirse en propuestas concretas, solventes y aplicables por un gobierno nacional? La segunda es una pregunta temporal: ¿es razonable esperar que el cambio de las políticas se genere desde el propio gobierno que inició la “guerra contra el campo”, o habrá que aguardar a la sucesión en 2015?

Con las puertas de “la Rural” abiertas y pasados 6 años de la 125, hay señales de cambio para el campo en el presente y en el horizonte, pero serán los sucesos políticos de los próximos dos años los que finalmente definan si estas señales se convertirán en realidad, o se apagarán como si no fueran más que fogonazos propios de la disputa por el poder en nuestro país.