Sin embargo, a pesar de la persistente negativa del Gobierno nacional, el apoyo al proyecto de ley, presentado ya en tres oportunidades en el Congreso por las organizaciones nucleadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, crece cada vez más. Según una investigación del CONICET, el 80% de los católicos del país aprueba el uso de anticonceptivos, un 70% acepta las relaciones prematrimoniales y hasta un 60% aprueba el aborto en casos de violación, malformación del feto o peligro de vida para la madre, contrariando el dogma eclesiástico.

No podría ser de otra manera: en Argentina, no hay mujer que, si no ha pasado por la experiencia de al menos una interrupción voluntaria del embarazo, no conozca de mínima a otra que lo haya hecho. El índice de abortos inducidos es altísimo, casi medio millón por año, lo que se acerca al número de nacidos vivos, que es de aproximadamente setecientos mil, superando el promedio de América Latina y duplicando la cifra que se estimaba hace una década atrás. En los hospitales públicos se registran casi sesenta mil internaciones por abortos inseguros al año; el 15% corresponde a adolescentes y niñas menores de veinte años, y el 50%, a mujeres de entre veinte y veintinueve años. Pero son apenas algunos casos de los centenares que no llegan a registrarse en las instituciones de salud pública.

Esto demuestra que la penalización no impide que el aborto se practique y, más bien, sólo redunda en que sean las mujeres más pobres, con menos recursos y más vulnerables las que mueran o sufran secuelas por las prácticas clandestinas realizadas en condiciones insalubres.

Junto con la impunidad con que operan las redes de trata en Argentina, donde más de seiscientas mujeres permanecen desaparecidas, bajo el amparo y la complicidad de las fuerzas de seguridad, jueces y funcionarios, el aborto clandestino es uno de los principales problemas de “inseguridad” para las mujeres. Actualmente, las consecuencias de los abortos clandestinos constituyen la principal causa de muerte de mujeres gestantes, muchas de ellas jóvenes y adolescentes, superando el promedio mundial.

¿Cuántas muertas más quiere cargar Cristina Kirchner sobre su conciencia? La Iglesia, la oposición de derecha y el Gobierno nacional tienen una coincidencia absoluta en este punto: impedir que se avance en la legalización del aborto. Las muertas, mientras tanto, las pone el pueblo trabajador.

Recientemente, el diputado neuquino Raúl Godoy, del Frente de Izquierda, presentó un proyecto en la Legislatura de Neuquén donde se declara la necesidad de que el Congreso Nacional retome el debate parlamentario y apruebe el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (expediente 1218-D-2012), presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. El Frente de Izquierda es la única alianza política nacional que, en las próximas elecciones -como lo hemos hecho en otras oportunidades-, apoya públicamente la legalización del aborto. No lo hacemos solo en nuestra plataforma electoral, sino con candidatas a diputadas y senadoras nacionales de las distintas fuerzas que integramos el Frente de Izquierda que somos reconocidas luchadoras del movimiento de mujeres. De conquistar una bancada obrera y socialista en las próximas elecciones, será para fortalecer las luchas de las trabajadoras, de los trabajadores y de la juventud, también para amplificar la lucha por el derecho al aborto, de la que participamos, todos los días, desde hace muchos años.

Porque no queremos ni una mujer muerta más por abortos clandestinos y tenemos derecho a decidir, exigimos acceso libre y gratuito a los anticonceptivos para no abortar, y derecho al aborto, legal, seguro y gratuito para no morir.

Este viernes 27 de septiembre las mujeres de la agrupación Pan y Rosas y del Partido de los Trabajadores Socialistas -que integramos el Frente de Izquierda- marchamos de Congreso a Plaza de Mayo, en una movilización unitaria con otras fuerzas y agrupaciones, al conmemorarse el Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.