Durante la última década, las redes de trata se expandieron de manera descomunal en Argentina, vinculadas al turismo, a la “ruta de la soja” y “la ruta del petróleo” –cuyos recorridos se convirtieron en los principales lugares de reclutamiento y destino de las mujeres secuestradas- y, fundamentalmente, porque estas redes actúan con la impunidad de contar con funcionarios políticos, jefes de las fuerzas represivas, empresarios y jueces entre los propios proxenetas o clientes “vip”.

Como lo denuncian distintas organizaciones por los derechos de la mujer, más de 600 mujeres y niñas permanecen desaparecidas, secuestradas por estas redes que operan impunemente. Un 50% de las víctimas son argentinas; la mayoría proveniente de las provincias del norte del país y muchas de ellas son enviadas a Chile, Brasil, México y España, sin dejar rastros. Pero Argentina –y Santa Cruz es una de las provincias que encabeza este oprobioso ránking- también es un país de destino para mujeres paraguayas, dominicanas, chilenas, bolivianas, brasileñas y peruanas que son engañadas con promesas laborales y finalmente, son privadas de su libertad, se les retienen los documentos, son violentadas, abusadas y obligadas a ejercer la prostitución.

Según la coordinadora de una investigación realizada por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la policía tiene una participación directa en estas redes y su presencia es, también, “un método de sometimiento a las víctimas. En algunos casos, la presencia era permanente, los policías cumplían funciones dentro de la whiskería. En otros, era circunstancial, aparecían haciendo supuestos controles. Y en otros, aunque no se tenga fehaciente confirmación, en calidad de clientes”. Hace apenas unas semanas, un legislador kirchnerista santacruceño respaldaba la existencia de los prostíbulos declarando que, si no existieran, habría violaciones. Pocos días antes, durante un allanamiento, encontraban al intendente de Salvador Mazza en un local donde se ejercía la prostitución, explotando a menores de edad. Si no fuera por la participación o la colaboración de políticos y policías, ¿cómo puede explicarse que, más del 70% de los casos de secuestros y desapariciones por redes de trata, son mujeres que están esclavizadas en whiskerías, cabarets y otros locales nocturnos habilitados por los municipios? En algunas provincias, como en Tucumán, el escandaloso fallo que dejó en libertad a los secuestradores de Marita Verón mostró que estas redes no son pequeñas organizaciones marginales, sino parte constituyente de un verdadero régimen político mafioso que incluye a la justicia, pero también a la policía, políticos y empresarios que comparten negocios y encubrimientos mutuos.

Las estadísticas, basadas en las pocas condenas y procesamientos de proxenetas, demuestran que el 16% de las mujeres secuestradas por estas redes son menores que son iniciadas en la prostitución entre los 13 y los 17 años. Ése es un verdadero problema de inseguridad para las mujeres, especialmente para las más jóvenes. Pero el gobierno ‘eligió’ fortalecer esas mismas fuerzas de seguridad que manejan la caja del crimen organizado, del juego clandestino, los desarmaderos, el narcotráfico y las redes de trata y prostitución.

Sólo con la organización de las familias y amigos, junto con compañeras y compañeros de trabajo, de estudio, en nuestros barrios, hemos logrado la liberación con vida de algunas jóvenes secuestradas. Por eso, nuestro camino es la lucha y la organización para enfrentar este flagelo que ha crecido, al amparo de la impunidad otorgada por el poder político, la justicia y las mafias policiales.

El Frente de Izquierda es la única fuerza política nacional que, en su Plataforma de Reivindicaciones Urgentes, propone en estas elecciones: “No a la baja de la edad de imputabilidad. Por una campaña nacional de las organizaciones obreras y populares por el desmantelamiento, juicio y castigo de las organizaciones de trata: por el apoyo a todos las movilizaciones contra ‘los hijos del poder’, que son responsables de la desaparición y asesinato de mujeres.” Es aquello por lo que luchamos todos los días.

Sin embargo, a pesar de la persistente negativa del Gobierno nacional, el apoyo al proyecto de ley, presentado ya en tres oportunidades en el Congreso por las organizaciones nucleadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, crece cada vez más. Según una investigación del CONICET, el 80% de los católicos del país aprueba el uso de anticonceptivos, un 70% acepta las relaciones prematrimoniales y hasta un 60% aprueba el aborto en casos de violación, malformación del feto o peligro de vida para la madre, contrariando el dogma eclesiástico.

No podría ser de otra manera: en Argentina, no hay mujer que, si no ha pasado por la experiencia de al menos una interrupción voluntaria del embarazo, no conozca de mínima a otra que lo haya hecho. El índice de abortos inducidos es altísimo, casi medio millón por año, lo que se acerca al número de nacidos vivos, que es de aproximadamente setecientos mil, superando el promedio de América Latina y duplicando la cifra que se estimaba hace una década atrás. En los hospitales públicos se registran casi sesenta mil internaciones por abortos inseguros al año; el 15% corresponde a adolescentes y niñas menores de veinte años, y el 50%, a mujeres de entre veinte y veintinueve años. Pero son apenas algunos casos de los centenares que no llegan a registrarse en las instituciones de salud pública.

Esto demuestra que la penalización no impide que el aborto se practique y, más bien, sólo redunda en que sean las mujeres más pobres, con menos recursos y más vulnerables las que mueran o sufran secuelas por las prácticas clandestinas realizadas en condiciones insalubres.

Junto con la impunidad con que operan las redes de trata en Argentina, donde más de seiscientas mujeres permanecen desaparecidas, bajo el amparo y la complicidad de las fuerzas de seguridad, jueces y funcionarios, el aborto clandestino es uno de los principales problemas de “inseguridad” para las mujeres. Actualmente, las consecuencias de los abortos clandestinos constituyen la principal causa de muerte de mujeres gestantes, muchas de ellas jóvenes y adolescentes, superando el promedio mundial.

¿Cuántas muertas más quiere cargar Cristina Kirchner sobre su conciencia? La Iglesia, la oposición de derecha y el Gobierno nacional tienen una coincidencia absoluta en este punto: impedir que se avance en la legalización del aborto. Las muertas, mientras tanto, las pone el pueblo trabajador.

Recientemente, el diputado neuquino Raúl Godoy, del Frente de Izquierda, presentó un proyecto en la Legislatura de Neuquén donde se declara la necesidad de que el Congreso Nacional retome el debate parlamentario y apruebe el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (expediente 1218-D-2012), presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. El Frente de Izquierda es la única alianza política nacional que, en las próximas elecciones -como lo hemos hecho en otras oportunidades-, apoya públicamente la legalización del aborto. No lo hacemos solo en nuestra plataforma electoral, sino con candidatas a diputadas y senadoras nacionales de las distintas fuerzas que integramos el Frente de Izquierda que somos reconocidas luchadoras del movimiento de mujeres. De conquistar una bancada obrera y socialista en las próximas elecciones, será para fortalecer las luchas de las trabajadoras, de los trabajadores y de la juventud, también para amplificar la lucha por el derecho al aborto, de la que participamos, todos los días, desde hace muchos años.

Porque no queremos ni una mujer muerta más por abortos clandestinos y tenemos derecho a decidir, exigimos acceso libre y gratuito a los anticonceptivos para no abortar, y derecho al aborto, legal, seguro y gratuito para no morir.

Este viernes 27 de septiembre las mujeres de la agrupación Pan y Rosas y del Partido de los Trabajadores Socialistas -que integramos el Frente de Izquierda- marchamos de Congreso a Plaza de Mayo, en una movilización unitaria con otras fuerzas y agrupaciones, al conmemorarse el Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.