Una profesional de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) nos estaba dando una mano con el borrador del proyecto. Pero no lográbamos encontrar una fórmula sustentable  de organización: ¿qué área se haría cargo de la convocatoria a los nuevos empadronados? ¿cómo y quiénes y dónde se organizaría a los ingresantes? ¿cuáles los ejes de la capacitación? ¿y cómo conducir o coordinar los servicios sociales a prestarle a la comunidad? ¿qué papel se le asignaría a las FFAA para que no se opusieran al proyecto? Lo único cierto y consensuado era que el SMO no daba para más y que después del desastre de Malvinas, debía liquidarse o sustituirse por otro con un sentido de Patria que no pase por las armas bélicas. El Presidente Menem avalaba esa iniciativa.

En eso estábamos cuando ocurrió el caso Omar Carrasco que precipitó los hechos.

Esa muerte fue la gota que colmó un vaso ya rebosante de cuestionamientos a las FFAA. Estaba maduro el fruto amargo del autoritarismo militar,  y la sociedad preparada para el cambio. Nuestros borradores y sus interrogantes quedaron –justamente- archivados.

Sorprende que haya quienes imaginan retroceder veinte años. Quizás sueñen con recorrer un camino inverso, y así, a partir de una resurrección de la colimba, también resucitar la cultura de la subordinación, uniformidad y castigos corporales.   

Al mismo tiempo es una simpleza creer que la muerte de Carrasco fue la que cambió la Historia.  Había un contexto proclive. Es erróneo descontextualizar ese hecho de su clima de época,  porque niega la acumulación continua en la conciencia política y cultural de una sociedad que va construyéndose  a sí misma.  Atribuir la derogación de la “colimba” a un solo acontecimiento no se hace sólo para ningunear al gobierno de entonces sino también a todo el movimiento de DDHH que desde hace décadas y aún con sus propias contradicciones, construye día a día las condiciones para que en cada etapa se supere la anterior.

El proyecto de sustituir el Servicio Militar por otro Social fracasó en ese momento, pero  hoy hay un contexto proclive que permitiría sumar voluntades. El país no necesita militares sino docentes que entrenen en conocimientos, responsabilidades y derechos a los jóvenes para servir a la Patria en tareas comunitarias junto a los que más necesitan.

Las preguntas que quedaron archivadas,  hoy quizás podrían encontrar sus respuestas.

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013

Hay tragedias que trazan una línea entre el antes y el después. No sólo para las víctimas o sus familias. También para toda la sociedad.

En diciembre del 2004 nos pasó con Cromagnon, aquí, en la ciudad, en pleno Once. En una crónica de entonces escribí lo que había visto: “familias destrozadas buscando a sus hijos, cientos de sobrevivientes hospitalizados y traumatizados… desesperación en la búsqueda … padres atravesados por el dolor… y también: Funcionarios atónitos y atemorizados por su propio destino, ausentes de solidaridad”.

¿ Hay alguna diferencia entre aquél diciembre del 2004 y ese febrero del 2012 ? Si hasta el barrio del Once los hermana…

Teñida de dolor y de bronca, la palabra Cromagnon quedó como un emblema. Significa DESASTRE EVITABLE , tragedia que no remite a causas naturales.

Desastre evitable fue también el del 22 de febrero del año pasado.

Creímos que Cromagnon sería una línea divisoria entre dos tiempos, que pondría fin a la omnipotencia del “a mí no me va a pasar”.

Pero no ha sido así, al contrario: ha vuelto a pasar.

Y por las mismas causas: desidia, corrupción, ineficiencia.

Otra vez: empresarios y Estado asociados en lo que el fiscal Federico Delgado califica de “relación espúrea” cuando explica que “las fuentes que posibilitaron el estrago han sido una deliberada desidia y un ciego interés económico”.

Tremendamente igual que en Cromagnon.

Ocho años después, el único aprendizaje parece haberlo asimilado sólo el sistema de Emergencias: porque en 2012 la emergencia se coordinó profesionalmente; mientras que en el 2004 había sido una vergüenza.

La tragedia de hace un año hubiera podido evitarse simplemente con un poco menos de corrupción.  El dolor y la bronca son difíciles de sobrellevar y requiere tiempo cicatrizar y más aún superar.

Los que integramos la Defensoría del Pueblo les hacemos llegar nuestra solidaridad y nuestro abrazo fraternal. Los acompañaremos en la búsqueda de verdad y de justicia, en el aporte a la conciencia social para no olvidar, para que no se repita. Más aún: para aprender a no tolerar más la corrupción.

Junto a ustedes queremos volver  a creer: en que nunca más ni boliches ni transportes se transformen en trampas mortales,  o –como diría el Fiscal-: queremos creer que no se reiterarán “las desidias cómplices de intereses económicos”.

Dra. Alicia Pierini

Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

Hemos presenciado un fuerte disenso vecinal respecto de las rejas, y ninguna mediación para el diálogo. Seguramente muchos creen que enrejar es una solución al vandalismo y la depredación que se viene sufriendo en los parques, pero también otros muchos exigen que haya libertad en el espacio público para su esparcimiento.  Cuesta creer que en un parque tan grande como el Parque Centenario no se puedan acordar los lugares para conformar a todos o casi todos los sectores.

En cambio se vio al mismo funcionario con la misma inflexibilidad que ya había mostrado en las calles Florida y Perú al desalojar agresivamente a los vendedores informales y convocando a la policía para que reprima, decomise sus mercancías y los estigmatice como “ilegales”, lo que equivale a “delincuentes”.

El derecho a comprar y vender es constitucional, además de universal y existir desde el tiempo de los fenicios. No es ilegal, excepto que se vendan cosas robadas a sabiendas. Los funcionarios debieran saber que las normas que regulan el espacio público son de rango inferior a la Constitución.  Y que un parque es un lugar donde las personas tienen derecho a ejercer sus derechos.

Los llamados “manteros” son trabajadores informales, irregulares. Bastaría con regularizar sus situaciones -aunque dé mas trabajo que reprimir- asignando los espacios y paulatinamente abordar un problema social que es obvio y creciente en tanto el trabajo formal disminuye y aumenta la pobreza. Sin embargo, aun siendo irregulares, los manteros son trabajadores, y a quienes trabajan y no salen a robar, hay que protegerlos, ordenarlos legalmente y no llamar a la policía que, para colmo, actuó brutalmente.

El Centenario fue un lamentable espectáculo de intolerancia y ausencia de conducción democrática, para finalmente -como siempre- terminar poniendo en manos de jueces el conflicto que debió haber sido previsto y encauzado cívicamente por el área ejecutiva.

Por favor, reflexionen: hay otros métodos para abordar la conflictividad social, es usando las herramientas de la democracia.