El impacto de la crisis internacional de 2009 -2011 produjo un retraso en la materia. Los indicadores desmejoraron parcialmente en un contexto internacional desfavorable. Paralelamente la escalada progresiva de precios cambió el escenario: la inflación -tan desmentida en un primer momento por el gobierno nacional- terminó siendo un problema de la agenda pública.

En este último tramo la reacción de las autoridades fue bien distinta: en la emergencia no reparó en poner en marcha programas asistenciales, la mayoría de ellos, consistentes en poner dinero en los bolsillos de la población abandonando la idea de que los aportes directos deben promover la inserción laboral y no prolongar el estado social en el cual se encuentra la población.

Ya sabemos que la contracara negativa de las políticas asistenciales con sesgo subsidiario sostenidas en el tiempo no promueve la salida de la pobreza, sino más bien la prolonga. Y que sin organización social en los barrios y comunes, la pobreza no es digna.

Los debates que surgieron hace dos años al respecto fueron de escaso nivel y contenido: opinar sobre qué hacen los argentinos subsidiados con esos fondos, si los vuelcan en alimentación y vestimenta o lo despilfarran en la timba o el alcohol sólo garantiza un escándalo mediático pasajero para obtener una cuota de prensa.

La UE tiene una Estrategia Europea de Empleo que básicamente consiste en el monitoreo semestral del crecimiento en cada país, ya que sin evolución, no hay política activa que se sostenga.  Esa Estrategia se sostiene en “paquetes” con programas de empleo, entre los que se destaca la promoción de los profesionales y el empleo juvenil.

El salto que Argentina debe dar en materia de políticas de empleo activas pasa por un enfoque y promoción regional. Ponerse a diseñar en 2015 políticas nacionales solo adquiere sentido si se estudia la relación y desarrollo en ese terreno de nuestro continente. Respetando los matices culturales y sociales el camino es conjunto. Allí está el salto que requieren nuestras políticas de empleo.

Todos los días vemos ejemplos en los jóvenes profesionales: aquellos que tienen trabajo buscan empleos de mayor calidad y no dudan en viajar al exterior para aprovechar dichas oportunidades. Y quienes intentan insertarse, al poco tiempo, se esfuerza porque se trate de un trabajo registrado.  La realidad se adelanta al Estado.

La inflación, en los dos últimos años fundamentalmente, ha originado que se generen programas que básicamente subsidian. Por ejemplo,  a los “jóvenes nini”; se mantiene un subsidio desigual e injusto en materia de servicios públicos; los subsidios cruzados en materia de transporte, son algunos de los temas a debatir y resolver a partir de 2015. La clave estará seguramente en obtener al autoabastecimiento energético, que hoy origina que millones de divisas se vayan al exterior.

Tal como afirmó un documento de  la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) del año pasado, es imprescindible para reducir la pobreza revisar toda la política de subsidios. Observar las políticas de empleo exitosas que se pusieron en marcha en la última década, corregir aquellas que fallaron en la articulación. También reparar en el promedio de promoción hacia el empleo formal  muy bajo o inexistente de algunos programas oficiales. Se requiere de un enfoque  sin anteojeras.

Para obtener grandes éxitos es necesario correr grandes riesgos. Que los riesgos que corremos con la inflación devengan en políticas públicas acertadas en 2015.

Analizar la evolución de esos sectores medios resulta vital a la hora de comprender, entre otras cuestiones, su comportamiento en las preferencias pre electorales.  Y, en quienes quieren detectar las predilecciones de los sectores que buscan un cambio político, para comprender el fenómeno social latente.

Según el INDEC y el ministerio de Economía, entre los años 2003 y el 2013, el 30% de la población de menor nivel de ingreso aumentó del 11% al 16% su parte en la distribución del ingreso. Eso explica por qué en las mediciones de opinión pública el oficialismo conserva un alto porcentaje de los sectores bajos.

De acuerdo a las mismas fuentes, el 10% de la población de mayor nivel de ingreso se redujo del 30% al 20%. Ese 10% abarca a lo que hoy se considera “clase media”. Sólo hace falta observar que en ese decil de ingresos se incluyen a los hogares con una retribución per cápita del orden de los $7.000 mensuales.  Por lo cual, una pareja de clase media sumaría ingresos mensuales de $14.000, o una familia tipo en donde uno o más integrantes también trabajen reuniría  $28.000 mensuales.

Esta situación explica por qué ese sector termina siendo abarcado por el impuesto a las Ganancias,  al menos uno o dos casos, de los miembros que integran la familia. Y también por qué los sindicatos –aun cuando se trate de un porcentaje bajo de sus afiliados- terminan siendo arrastrados por el conflicto de la presión impositiva.

La estrategia impositiva del Impuesto a las Ganancias es vital desde la perspectiva de su implementación porque puede contribuir a una distribución más justa de la riqueza. 

Cuando el impuesto no estaba tan extendido a la gran masa de las remuneraciones, el tributo tuvo fama de ser una carga “para ricos”. Ese elemento cultural también incide en la población de sectores medios que quedan obligados por una diferencia de montos muy pequeña a tributarlo, a veces por una simple diferencia irrelevante.

Queda demostrado que el descenso del 10% fue por el impacto del impuesto a las Ganancias. Mientras que el 90% restante mejoró su relación al Ingreso, esos contribuyentes quedaron atrapados a la baja. Los que quedan abarcados se sienten perseguidos. Y la convivencia con otros argentinos que por unos pocos pesos quedan exentos del impuesto  causa mayor irritación. Y además conlleva la solidaridad de aquellos que no tributan pero se ven muy cerca de la “guillotina”. Ese el problema eterno de la injusticia que siempre provoca un límite cuantitativo.

Por eso se equivoca el Gobierno nacional cuando –aún con razón- trata al tema como un problema de una minoría de los sectores medios o de los trabajadores bien remunerados. No es un problema de unos pocos. Es el problema de la clase media ascendente.

La falta de liderazgo político para resolver estas cuestiones bien prácticas agrava la situación. Los afectados no visualizan un dirigente de los sectores opositores con la suficiente racionalidad para resolver este tema de Gestión. Los medios de comunicación consultan sobre la temática a economistas de aquí y de allá. Y el debate se vuelve intricado, cuando en realidad no se trata solamente de una cuestión de especialistas sino de decisores políticos.

Cada vez que la clase media ha votado en cada una de las elecciones en el período 2003 / 2013 ha reconocido con su voto las mejoras que el oficialismo ha volcado en ese sector. Y cada vez que lo hizo incorporó esas reivindicaciones y derechos como un bien propio.

A partir de ello, sus conquistas son propias y no del Gobierno de turno. Quien tuvo acceso a un plan de viviendas oficial vota en consecuencia. Pero una vez que termina de pagar su vivienda, la casa o departamento le pertenece: la persona o el grupo familiar fue el que pagó. Lo incorpora como un logro personal o familiar. Y de inmediato irá por nuevos derechos: el asfalto, la iluminación pública, el acceso a la Salud y la Educación. Votará de cara hacia el futuro por lo que no tiene. No vuelve a votar por lo que ya conquistó a partir de una iniciativa del Estado, sea nacional, provincial o municipal.

Generar políticas públicas que solidifiquen la misma para convertirla en el motor imparable de la demanda interna, que impulse la producción y el trabajo resulta clave. Por lo tanto, cuando se diseñan políticas que causan divisiones e injusticias obtienen el resultado inverso. Y deben ser resueltas en el presente. No en 2015.

O la clase media, ya se sabe cómo votará.