El ex jefe de gabinete Alberto Fernández cuenta que cuando Julio Cobos decretó con su voto “No Positivo” la derrota del gobierno en su intento de consagrar por ley la famosa resolución 125 que elevaba las retenciones, la presidente, impulsada por Néstor Kirchner, pensó fuertemente en renunciar. Fernández va más lejos y cuenta que tuvo que intervenir el entonces presidente brasileño Lula Da Silva y su jefa de gabinete Dilma Roussef para que esto no sucediera. Cierto o no, no fueron pocas las circunstancias donde la presidente hizo valer sus emociones a la hora de tomar decisiones. La elección de colaboradores y candidatos del Frente para la Victoria no se podrían explicar sin tener en cuenta esta dimensión, empezando por su actual vicepresidente.

En medio de una tormenta económica que todos vemos y al gobierno le cuesta cada vez más disimular, cada discurso, cada gesto, cada decisión en sentido contrario a una lógica elemental ahuyenta inversiones, fomenta el desempleo, acelera la inflación, eleva la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, hace que un comerciante tenga que bajar su persiana y una industria suspender personal. En ese contexto, tal vez la Presidente no patee el tablero pero al menos sí tiende a cascotearlo.

Al parecer llegan a la Argentina las únicas empresas en el mundo dispuestas a perder dinero, en palabras de la propia jefa de Estado, para hacerle daño y “poner de rodillas” al país y a su gobierno. En este caso, la acusada de llevar adelante tan siniestra maniobra fue la multinacional de imprenta gráfica RR Donnelley -en concomitancia con los fondos buitres- quien pidió su propia quiebra, tras 22 años de actividad en el país, persiguiendo este objetivo. Ante este panorama la Presidente no tuvo mejor idea que decir en cadena nacional que se le aplicaría la ley antiterrorista. Un sinsentido jurídico mayúsculo que tuvo que desmentir el propio gobierno al día siguiente. El presidente de la Cámara Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, dijo que se trató de una confusión acerca de ley a aplicar en este caso. Recordemos que este mismo argumento fue el usado por la presidente para culpar a Juan José Aranguren, CEO de Shell, por la devaluación de principios de año. Si se trataran de acusaciones formales en un juicio sería difícil para los fiscales encontrar el móvil de los “crímenes”.

En su estrategia de pegar y pegar, el gobierno no se queda en las acusaciones a los fondos buitres extranjeros sino que identifica en la oposición política a los buitres locales. Pero da un paso más y pide incluso que otros actores sociales y, en este caso religiosos, se expidan sobre ellos. Así sucedió cuando la Comisión Episcopal de la Iglesia Católica osó mostrar su preocupación por los recientes despidos de trabajadores, suspensiones y cierre de fábricas y que obviamente contó con la inmediata e irónica respuesta del jefe de gabinete.

Tal vez no podía anticiparse el envío al Congreso de un proyecto de ley para cambiar la jurisdicción de pago de los bonos reestructurados y del agente fiduciario pero sí deberíamos darnos cuenta que la estrategia comunicacional del gobierno es siempre la misma. Es más, si hacemos un análisis de las medidas adoptadas a lo largo de sus largos años de gobierno veremos que muchas de ellas fueron más pensando en la comunicación posterior más que en la propia política pública. Está claro que el kirchnerismo no necesita de los opositores para aprobar esa ley, pero sí los necesita de enemigos.

Como último paso para deslindar responsabilidades, optaron por volver a recordar los aciagos días de la caída de Fernando De La Rúa. En este caso adicionaron al elemento discursivo la vieja receta del escrache que durante tanto tiempo impulsaron directa o indirectamente. De la mano de un aliado como el grupo Quebracho se produjeron los incidentes con Domingo Cavallo y Ricardo López Murphy mientras intentaban conferenciar. Si tenía alguna duda acerca de la vinculación del gobierno con estos hechos, la perdí con el inmediato e infrecuente repudio de dirigentes y funcionarios del oficialismo a los escraches.

No tengo claro aún si la presidente finalmente va a tirar del mantel pero sí está claro que volvió a someter a la economía argentina a vientos huracanados localmente generados. Recesión, inflación, aumento de la desocupación e inseguridad creciente son consecuencia directa de estas decisiones. Unos tibios puntos de crecimiento de la imagen presidencial, ¿pueden ser el motivo de tamaño desaguisado? La idea que tenemos de tensar la cuerda proviene de la expresión inglesa stretching a longbow referida a unos arcos extra grandes usados por ingleses y galeses durante la Edad Media y que les permitían lanzar sus flechas a una distancia inusitada. De allí el concepto moderno de llevar las cosas a un extremo al cual tanto hace honor la presidente y que siempre conlleva la posibilidad latente de que la cuerda -final y definitivamente- se corte.

Paradójicamente, quienes más divulgan la posibilidad de una salida anticipada, aunque utilizando una retórica por la negativa, son miembros del oficialismo. Fue el gobernador de Misiones Maurice Closs quien primero “disparó” la posibilidad de que haya actores que jueguen para que Cristina se vaya del gobierno. Entre los ministros también hubo voces que se alzaron para negar la posibilidad de una salida anticipada. Confirmando la paradoja, no hubo casi ninguna mención de político opositor que haya esgrimido esa posibilidad; por el contrario, se han mostrado dispuestos a colaborar para que la Presidente termine su mandato y esto es porque nadie quiere recibir un gobierno bajo esas circunstancias. Quizás la explicación más descarnada de tales declaraciones en el oficialismo la haya dado el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo para quien “si tienen miedo de irse antes es porque se van a ir antes”. En cualquier caso, no se explica que dirigentes del Frente para la Victoria (FpV) pongan esa posibilidad sobre la mesa cuando saben que confianza y expectativas son dos fundamentales ingredientes de los cuales se nutre la sociedad.

Como si esto fuera poco y demostrando que la debilidad política no le otorga mayor prudencia, la Presidente decidió sumar a su habitual pelea con los grupos económicos, el campo, los medios de comunicación y gran parte de la clase media, al sector de los “trabajadores”. En su último discurso explicó que quienes están comprando dólares son “en su totalidad los asalariados”, aclarando que “los que menos compran son los de salarios más altos”. Además, dejó entrever la posibilidad de quitarles los subsidios de servicios públicos a aquellos que adquieran moneda extranjera, instándolos sutilmente a que eviten generarse un castigo posterior. Para completar la arremetida, decidió retar en vivo y en directo al jefe de la CGT oficialista Antonio Caló por decir que el sueldo no alcanzaba para comer.

Bajo estas circunstancias, nadie quiere cargar con el tan despreciable título de conspirador o destituyente y mucho menos desean ser puestos bajo ese mote los gobernadores y dirigentes de máximo peso dentro del PJ. Sin embargo, la situación los preocupa y mucho. Si bien es cierto que no harán ningún movimiento para que Cristina deje la conducción del Poder Ejecutivo, sí pretenden tener mayor ingerencia en las decisiones. Saben perfectamente que les será difícil presentarse como opción de gobierno en el 2015 sin cargar sobre sus espaldas con todos los desaguisados que está cometiendo la actual conducción. Su objetivo de máxima es forzar el desplazamiento de Cristina en el ejercicio del poder pero manteniéndola en el cargo para la cual fue elegida hasta diciembre de 2015.

Desde otro sector del oficialismo, el de los más identificados con el “modelo”, pretenden ganar tiempo echando culpas hacia afuera. Así fue que de la mano de los diputados Juliana Di Tullio y Julián Domínguez impulsaron una insólita declaración que atribuye a los empresarios la escalada inflacionaria (que hasta hace pocos meses negaban de manera rotunda), acusándolos de “realizar maniobras especulativas con el fin de colaborar con el terrorismo mediático y político que pretende debilitar (aún más) al gobierno”. Por si esto fuera poco y a modo de epílogo, instan a la sociedad a que demuestre su voluntad “de vivir y pensar en argentino”, como si esto pudiera ser impuesto desde “arriba”.

El modo particular en que los dirigentes tradicionales del Partido Justicialista (los cuales en poco tiempo seguramente intentarán separarse definitivamente del Frente para la Victoria) pretenden ayudar a que la presidente termine de la mejor manera posible su mandato choca de lleno con el ánimo y la voluntad presidencial.  Tal vez ya se hayan dado cuenta de que Cristina Kirchner no negocia ni en momentos de debilidad.

El caso del Fútbol para Todos es el ejemplo más reciente de esta forma de ser y de ejercer el poder que tienen los Kirchner. Todo el intento del (todavía) jefe de gabinete Jorge Capitanich por hacer más amigables las transmisiones de fútbol haciendo para ello un convenio con Torneos y Competencias (aquella empresa que tuvo “secuestrados los goles”) y con la productora de Marcelo Tinelli (IDS Sports, hoy en manos del empresario kirchnerista Cristóbal López) quedaron truncados por iniciativa de La Cámpora, orden de Máximo Kichner y la voluntad de la presidente.

Por si los focos de conflicto fueran escasos, esta mañana la ciudad amaneció empapelada con afiches firmados por el frente Unidos y Organizados, agrupación que pretende coordinar las fuerzas de todos los grupos militantes que apoyan al gobierno de Cristina, denunciando a dueños y gerentes de supermercados y casas de electrodomésticos por los aumentos de precios. Vale recordar que todos estos actores denunciados son frecuentes interlocutores del gobierno y no suelen enfrentársele (salvo el caso de Juan José Aranguren, CEO de la petrolera Shell, quien viene resistiendo los embates del gobierno desde que Néstor Kirchner era presidente).

Al margen de lo que antecede, quizás el mayor conflicto del gobierno pase por querer manejar de manera arbitraria a los distintos sectores políticos, económicos y sociales como si estos fueran variables que se pueden manipular sin ninguna consecuencia. Con esto no ha logrado más que generar una crisis inédita para el contexto en el cual le toca gobernar. En términos automovilísticos podríamos decir que el gobierno aún no fundió el motor pero sí rompió la caja y no le entran ni los cambios del Fútbol para Todos.