Centrándonos en el caso particular de nuestro país, vemos que la recesión económica ya se traduce en números que el propio INDEC convalida tímidamente y que las principales consultoras privadas estiman en alrededor de un 4% de contracción de un año a esta parte. Lo que descoloca al gobierno es que su receta más usada –la de arrojar pesos a la calle bajo distintas formas-  tiene ahora el efecto dramático de una inflación desbordada. Recursos frescos como los fondos de los jubilados ya han sido utilizados en una importante variedad de programas impulsados desde el ejecutivo nacional. La gente escapa a la tenencia de pesos de todas las formas en las que su propia situación personal se lo permite y eso parece imposible que tenga vuelta atrás mientras sea Cristina Kirchner quien se encuentre en el sillón de Rivadavia.

La producción de autos, otro de los pilares en los cuales se basó este autodenominado “modelo de acumulación de matriz diversificada con inclusión social”, sufrió en la comparación interanual una baja  de más del 30%. En ese contexto, lo que pueda o no reactivar el extendido plan Pro.Cre.Auto es un simple paliativo. Las automotrices, a las que la presidente acusó de “encanutar” los vehículos, tienen dificultades para acceder a los dólares y ver aprobadas las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) que les permiten comprar los insumos para poder continuar con su línea de producción. Por si esto fuera poco, la inflación fue agregando cada vez más modelos de autos a los cuales alcanzó el impuesto interno que el Congreso Nacional aprobó en el mes de diciembre pasado. Todo este explosivo combo se tradujo lógicamente en la suspensión de trabajadores en las plantas, el cierre de concesionarios y la eliminación de sucursales o la fusión de las mismas tanto de autos usados como de 0 K.M.

En el agitado mercado cambiario, el gobierno, en la voz ya cansada de su jefe de gabinete Jorge Capitanich, promete combatir a los “arbolitos” que venden el “dólar ilegal” pero sabe al mismo tiempo que cuanto más se restrinja ese mercado más va a ser la brecha cambiaria, que hoy ya supera el 85%. Dólar oficial, dólar ahorro, dólar tarjeta, dólar blue, contado con liquidación son variantes que muestran a las claras un mercado cambiario enfermo.

El enfrentamiento que el gobierno mantiene desde el 2008 con el campo, principal proveedor de divisas, también parece haberlo acorralado en su propio cerco. Las restricciones que siempre sufrieron los exportadores, en retenciones o prohibiciones según el caso, con el objetivo de engrosar las arcas del estado o bien para “cuidar la mesa de los argentinos” tuvieron la consecuente pérdida de mercados internacionales para los cuales el sector estaba altamente capacitado para abastecer. El caso de la carne es dramático. La caída de precios en las exportaciones agrícolas también afectó tanto al sector exportador como al propio gobierno. Las expectativas de devaluación que genera la brecha cambiaria atentan contra la liquidación de divisas por parte del sector y la historia económica demuestra largamente que cualquier intento por hacer coercitivo lo que debe ser voluntario repercute negativamente de una forma o de otra pero siempre más temprano que tarde.

En este explosivo combo, la Presidente decide utilizar sus discursos en los organismos internacionales para denostar a la justicia y al gobierno del país que imprime la moneda que los argentinos demandan. Los discursos mayormente no solucionan ni crean los problemas, pero sería bueno que no tiendan a agravarlos. Como suelen decirle a los flojos arqueros de fútbol, “no te pido que las atajes pero al menos no metas las que van afuera”. La presidente utilizó sus recientes alocuciones, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para dejar constancia de sus posturas. “No sólo son terroristas los que ponen bombas, sino también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de los países y provocan hambre, miseria y pobreza” dijo ante la Asamblea. Quiso abarcar aquí una crítica tripartita, a los fondos buitre, al juez Thomas Griesa (y toda la justicia norteamericana) y al gobierno de los Estados Unidos por generar en nuestro país consecuencias que según los últimos datos del Indec no tenemos (5% de pobreza señala la última medición disponible, un nivel comparable al de Suiza).

Ante tales acusaciones, el gobierno de los Estados Unidos responde simplemente que Argentina no es en estos momentos un país relevante para su agenda mientras que reconoce que la relación entre ambos atraviesa un período de distanciamiento. La indiferencia es seguramente la reacción que menos esperaba la presidente y hay que reconocer que había hecho bastante para evitarla criticando, entre otras cosas, la política exterior de la Casa Blanca. Cristina Kirchner se fue convirtiendo por sus intervenciones en Naciones Unidas en un personaje casi pintoresco, tal como lo fuera su fallecido amigo Hugo Chávez, y esto no es algo muy valorado en el contexto diplomático.

Durante años el discurso del kirchnerismo ha sido la exaltación de las políticas activas que, según ellos, fomentaron el crecimiento del país. A esta altura cabe preguntarse si todas esas políticas fueron la solución o simplemente una herramienta de propaganda que terminó desperdiciando un contexto que se mostró durante casi una década ampliamente favorable a las exportaciones argentinas y que le permitió al Gobierno contar con una abundante caja para realizar gastos de corto plazo sin ninguna intención de proyectar al país en un desarrollo a largo plazo. La respuesta, al menos para mí, resulta bastante obvia.

“Cuando hay caída del consumo o problemas en la economía se lanzan descuentos, pero acá hicieron al revés”, les espetó a los empresarios del sector automotor durante el anuncio. La Presidente jamás reconoce los propios errores que llevan a que estos problemas se reproduzcan, de lo contrario sería difícil entender frases como la que antecede. En lugar de corregir las malas políticas públicas que generan los trastornos, Cristina Kirchner opina sobre las estrategias comerciales de las empresas hasta el punto en que ella misma se pone en ridículo, al menos ante el público que posee cierto conocimiento acerca del manejo de un negocio o bien que trata de usar algo de sentido común.

El gobierno ha hecho una épica de las políticas que denomina activas. Sean los planes Pro.Cre.Ar (para la construcción y remodelación de viviendas), el recién mencionado Pro.Cre.Auto o los extinguidos planes para todos: créditos, bicicletas, taxis, ropa, carne, pescado y hasta milanesas. Estas políticas con las cuales la presidente se complace, no son más que una cabal muestra del fracaso de un rumbo político y económico. Se calcula que en países como Japón las políticas y el marco legal, que permite tanto a empresas y particulares como a gobiernos planificar a mediano y largo plazo, tienen una vigencia no menor a 30 años. En países como el nuestro, los cambios son casi diarios. Todo esto que nos aleja del “aburrimiento”, también es un atentado al progreso del país.

Este gobierno ha confiado demasiado en el “viento de cola” que el contexto global y la salida del pozo más profundo en que la economía argentina haya estado alguna vez le brindaron y creyó que las consecuencias negativas de las políticas populistas implementadas nunca los iban a alcanzar. Cuando los problemas se hicieron más evidentes recrudeció el viejo y conocido mecanismo de buscar el enemigo externo: los empresarios, el FMI, la oposición, los medios de comunicación, la justicia y ahora, los fondos buitres y el juez Griesa. En lo que respecta a esto último, el gobierno se encontró un escenario con el cual no está muy habituado a lidiar porque a los titulares de los bonos argentinos no reestructurados no les interesan en lo más mínimo las diatribas presidenciales ni su imagen pública, porque la jurisdicción que los ampara no depende de jueces ligados a la política argentina y porque luego de un enfrentamiento directo siempre han quedado en mejores condiciones de negociación que el gobierno argentino.

Todos los gobiernos, sobre todo los de corte populista, son abonados a la permanente exaltación de las “políticas activas”. Si tomamos como válida esta terminología, deberíamos oponerlo con las “políticas pasivas”, concepto que, de utilizarse, no tendría adherente alguno. Toda política activa (hago la salvedad de que no termino de entender realmente la adjetivación) que se genere en un marco no acorde tiene destino de caer en un saco vacío y representar incluso para el gobierno y el conjunto de la sociedad un esfuerzo inútil. Tal vez el mejor ejemplo de esto sea la política de exención fiscal y proteccionismo en Tierra del Fuego: una enorme masa de recursos destinada a un polo supuestamente industrial que, de recibir otro destino, tendría una eficiencia enormemente superior. Todo ello sin contar con el perjuicio que para millones de argentinos representa tener que abonar más del doble por la tecnología y al mismo tiempo tener que ejercitar la paciencia (o usar canales no convencionales) para acceder a lo último que el mundo ofrece en la materia, todo lo cual sin dudas repercute en el nivel de productividad de individuos y empresas.

Seguramente no le caería bien la comparación a ningún miembro del gobierno pero todos estos planes tienen una reminiscencia con los Planes de Competitividad que Domingo Cavallo quiso implementar como ministro de Economía de Fernando De la Rúa a partir de mayo de 2001 y que intentaron dotar de aire fresco a empresas que ya estaban en serias dificultades para honrar sus compromisos dada la crisis general de la economía y las nulas respuestas que el gobierno podía dar al fondo de la cuestión, con una convertibilidad insostenible y un nivel de deuda que resultaba impagable.

Así como lo fueron aquellos planes de competitividad del ex ministro Cavallo, los que la Presidente anuncia son la respuesta intempestiva, voluntarista e irracional de una problemática generada en la mayoría de los casos por el propio gobierno. ¿Qué son los planes de ropa, carnes, autos, heladeras y demás sino una torpe e ineficiente respuesta a la inflación que el propio gobierno generó y acumuló durante años de erradas políticas (fiscal, monetaria y de generación de confianza)?

Sin dudas que las medidas de gobierno más “aburridas” y de nombres sobrios (o carentes de él), los anuncios menos estridentes y las promesas más modestas son las que más reditúan al conjunto de la sociedad. Sin embargo, es lo más fácil culpar a los políticos por la propensión a hacerse ver como “grandes proveedores de felicidad”, pero correspondería a la sociedad entera hacer un mea culpa de lo fácil que les resulta vendernos esos espejitos de colores.

Establecer bases sólidas, dar previsibilidad a empresas y personas, evitar los anuncios grandilocuentes, reconocer que la generación de riqueza proviene de la sociedad y no del gobierno para así poner a éste a su servicio, deberían ser los principios sobre los que se asiente la República a partir de la elección del próximo gobierno dado que es difícil albergar alguna esperanza de que Cristina Kirchner pueda virar 180º su timón.