En este difícil contexto, la comunicación de los actos de gobierno ha caído -necesariamente y por acción directa del entorno- a una mera repetición de “logros” del pasado. Las cruzadas actuales requieren del receptor una muestra de fe inquebrantable porque si no ¿cómo interpretar que lo que se propone el nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones es abrir el juego de la TV por cable en lugar de ser un ataque más sobre su enemigo número uno? ¿Cómo explicar ahora que todo el esfuerzo puesto en la aprobación y puesta en ejecución de la ley de medios necesita de la corrección de uno de sus artículos fundamentales? Cabe recordar que en discurso público al enviar el proyecto de la ley de medios al Congreso Nacional, la Presidente dejó en claro que no existía la pretensión de brindarle a las prestadoras de servicios públicos -más precisamente a las telefónicas- una supremacía por sobre los operadores del cable. Con esa premisa hace cinco años habían logrado cooptar para la causa a ingenuos legisladores de Proyecto Sur, el Partido Socialista y Libres del Sur.

Al menos deberíamos valorar que las cartas están, más que en años anteriores, sobre el tablero político. Este nuevo proyecto de ley, conocido como Ley Argentina Digital, reúne en una escueta extensión al histórico intento de sojuzgamiento del adversario político que caracterizó desde sus comienzos en la política al matrimonio Kirchner, con la pretensión de control sobre todos los aspectos del mercado que el ministro de economía Axel Kicillof no cesa en su intento por ejecutar y así lograr el viejo anhelo de demostrar que el fracaso de la Unión Soviética encuentra su principal razón de ser en la falta de información del sistema; lo que ahora puede subsanarse con tecnología.

Néstor Kirchner disfrutaba afirmando que debían juzgarlo por lo que hacía y no por lo que decía. En este caso, los proyectos “bajados” (así ve la presidente Cristina Kirchner al Poder Legislativo) al recinto hablan por sí solos. Así es que todo lo que la ley de medios de comunicación audiovisual tiene para democratizar la palabra lo tiene el nuevo Código Procesal Penal para agilizar los procesos. Como suele hacer, el kirchnerismo se blinda también en una causa que parece justa y asentida para imponer condiciones que de lo contrario no serían fáciles de explicar ni bien recibidas por la opinión pública. Este empoderamiento que el nuevo código propone no hace más que darle fuerza al sector de la justicia donde mayor injerencia y fuerza tiene el gobierno. Efectivamente, de la mano de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó y con el trabajo de fiscales militantes como el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella –quien debe presentarse a indagatoria por haber excluido de su investigación al empresario amigo y socio de Néstor Kirchner Lázaron Báez- el gobierno intenta rodear a la Justicia por su lado más vulnerable a la influencia política.

La reciente aprobación de la nueva ley de hidrocarburos también marca el camino que decidió encarar el gobierno mientras promete ir en busca del autoabastecimiento perdido. Impulsada por el CEO de YPF Miguel Galuccio, esta ley avasalla las autonomías provinciales para impulsar una inversión que el gobierno mismo había logrado frenar con su torpe intervención sobre los incentivos en el mercado petrolero. La desesperación por la búsqueda de inversiones que no llegan y la necesidad de hacerse de amigos poderosos a futuro explican los alcances de esta ley.

No es conveniente desdeñar el empeño que el kirchnerismo ha puesto en dotarse de medios que le permitan transmitir a su gusto y piacere sus mensajes. Sin embargo, no siempre es sencilla la tarea de comunicar cuando las papas queman. Así es como puede caerse en el mensaje grandilocuente y sin sentido del jefe de gabinete Jorge Capitanich cuando afirma que la Ley Argentina Digital “promueve el bienestar del pueblo argentino porque garantiza la universalidad del servicio”, como también en el más sincero y, sin dudas, mucho más modesto objetivo del titular del AFSCA Martín Sabatella cuando reconoce que lo que va a permitir esta nueva ley es “que no te rompan la pared con un agujerito por cada servicio”.

Con ese objetivo e iniciando el trabajo con la cruel versión del militante kirchnerista Alex Freyre referida a los remedios para controlar la infección por HIV, el kirchnerismo puso a varios exponentes de la oposición en la complicada tarea de tener que fijar posición acerca de distintas políticas implementadas a lo largo de todos estos años por parte de Néstor y Cristina. El jefe de gobierno porteño Mauricio Macri fue conminado a aclarar que mantendría las estatizaciones de YPF y de las AFJP cuando tanto propios  como extraños saben que el PRO se había mostrado contrario a esas políticas. Macri encontró un resquicio de argumentación en la dificultad que impondría desandar el camino emprendido, aunque es probable que lo que tengan medido es el consenso social respecto a que esas áreas estén en manos del Estado (al menos por ahora). La previsibilidad, algo de lo cual este gobierno a todas luces carece, oprime paradójicamente el accionar de la oposición que intenta por todos los medios “no asustar” a los electores.

Siguiendo con las simulaciones, el AFSCA de Martín Sabatella acusa a Clarín de haber presentado un plan de adecuación que simplemente aparenta cumplir con la ley pero que utiliza todo lo que tiene a su alcance para evitarla. Lo curioso en este caso es que cuando este plan fue presentado a principios de año había tenido una acogida favorable por parte del organismo de regulación. El propio Sabatella había dicho que “a primera vista, lo que se presentó cumple los requisitos de la ley” para terminar congratulándose por “haber logrado que todos los grupos de medios, aún el más poderoso y perjudicial para la democracia, hayan tenido que rendirse al imperio de la ley”. Quedaba ya claro en aquella frase que la ecuanimidad en la autoridad de aplicación no iba a ser su característica más sobresaliente. El gobierno simula medir con la misma vara aunque todos reconocen de manera privada que el objetivo primordial de la ley siempre fue desmantelar al Grupo Clarín.

También el INDEC ha vuelto a repetir conductas que lo pusieron como organismo líder en la falsificación de cifras. Con una diferencia en la medición de la inflación acumulada en el año de alrededor de 10 puntos porcentuales (por debajo obviamente) respecto a lo que miden las consultoras privadas agrupadas en el índice del Congreso y las mediciones estatales de otras jurisdicciones, el IPC nacional -nuevo índice lanzado a principios de año y fruto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para dotar de mayor credibilidad a las estadísticas oficiales- ya genera tantas dudas como su antecesor. El período de sinceramiento fue realmente corto. Nadie utiliza las cifras que este organismo produce como insumo para su actividad, por lo que todas las cifras que funcionan como indicadores de la realidad social y económica del país son meras fantasías. El cepo cambiario hizo aquí aún más para que exista un desdoblamiento entre lo formal y lo real; sólo con intentar medir el PBI del país alcanza para notar esta dualidad.

Los gobernadores del Partido Justicialista, entre ellos el dócil mandatario bonaerense Daniel Scioli, tiemblan al pensar que se acerca un fin de año que puede volver a ser complicado. Con sus arcas en rojo, simulan y sobreactúan un apoyo al gobierno nacional para no quedarse afuera de la ayuda que les permita atravesar sin sobresaltos las fiestas. Todos recuerdan los acuartelamientos de las fuerzas policiales y los saqueos iniciados en la provincia de José Manuel de la Sota y temen ser ellos quienes este año deban pagar por mostrar un matiz en la relación con el gobierno nacional. Denostan por lo bajo al equipo económico que conduce Axel Kicillof pero lo aplauden desde la primera fila.

El intento por manipular a la justicia no cesó con el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional parte de la reforma judicial en la que se había embarcado el oficialismo. Por estos días, y faltando sólo 15 meses para que Cristina Kirchner abandone el gobierno, la procuradora Alejandra Gils Carbó insiste en la promoción de fiscales absolutamente afines al kirchnerismo. Los militantes de la agrupación Justicia Legítima acaparan las postulaciones. Para la crucial Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la cual debe ocuparse de investigar los casos de corrupción que afectan al gobierno, propone al actual gerente de asuntos legales de la ANSES, Sergio Leonardo Rodríguez. Con este nombramiento pretende cubrir el cargo que dejó vacante con su renuncia en marzo de 2009 el ex fiscal Manuel Garrido. Vale recordar que en aquel momento Garrido adujo una limitación a su trabajo por parte de su entonces jefe directo Esteban Righi. Detrás de la mentada agilización de los procesos subyace el intento de cooptación final de una justicia ya bastante maniatada en su accionar pero que intentaba salir de su letargo.

El flagelo del trabajo informal (en negro) es reconocido por los propios funcionarios cuando los micrófonos están apagados. Los mismos organismos gubernamentales destinan enormes sumas de dinero a pagos no remunerativas para sus empleados. Sin embargo, la presidente montó en cólera cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) situó las cifras de trabajo informal en el país en un preocupante 46,8%. Según Cristina, este organismo, como tantos otros que han caído bajo su verba iracunda, pretenden “asustar para ajustar”. Todos ellos estarían en las antípodas de los extranjeros que “hablan maravillas de Argentina”.

Elogios y reproches, conquistas y flagelos, opositores y oficialistas, críticos y apologistas, todos parecen haberse convertido en especialistas en el arte de simular.