No queda claro hasta qué punto esta intervención suma a sus ambiciones pero, ejercitando la empatía, reconozco que si fuera asesor de alguno de ellos no me atrevería a aconsejarle dejar plantado al popular animador. Es evidente que los desaires no agradan en lo más mínimo a Tinelli. Así se lo hace notar a Jorge Capitanich cada vez que puede, aunque bien sepa que la última decisión de aquel frustrado ingreso en Fútbol para Todos no haya tenido que ver con la voluntad del ex jefe de gabinete; alguien debe pagar su paso en falso y mejor que sea un candidato a intendente de Resistencia y no el hijo de la Presidente. Dicen que los boxeadores más exitosos no son sólo aquellos con mayor talento sino también quienes saben elegir bien a sus rivales y eso hace con maestría el conductor. De ello puede dar cuenta el vicepresidente Amado Boudou, quien recibió un sonoro golpe en la presentación de la nueva temporada del ciclo sin importar que su ex novia Agustina Kämpfer sea una de las famosas que bailan.

Siempre se intenta dilucidar a quién favorece Tinelli con su discurso y sus actitudes y sin dudas ha tenido mayor o menor afinidad por uno u otro sector en distintos momentos de su larga trayectoria en los medios, pero lo cierto es que el conductor siempre trabaja fundamentalmente para sí mismo. En estos momentos, su objetivo es presidir la Asociación del Fútbol Argentino y su interés demostrar que tiene el apoyo político de los tres principales candidatos. “Marce, los dos venimos de la lucha y el sacrificio. Miranos ahora: vos querés ser presidente de la AFA y yo de la Nación”, le manifestó Daniel Scioli en ese tono que es marca registrada. Sergio Massa le dijo directamente que nadie podía prohibirle ser el titular de la máxima organización del fútbol argentino y que ambos iban a encontrarse como presidentes el 11 de diciembre. Macri fue más prudente en esta oportunidad aunque un mes atrás había dicho que veía a Tinelli “muy vocacionado” para presidir la AFA.

La jugada del de Bolívar es riesgosa. La FIFA ha dicho infinidad de veces que el fútbol debe arreglar los problemas del fútbol por lo que interferir en los estatutos de la AFA desde la justicia ordinaria puede traerle complicaciones. Sabiendo esto intenta crear un clima de acompañamiento político que obligue a Luis Segura y a los responsables legales de la AFA a modificar la interpretación que hicieron apenas unas semanas atrás y que le impedía a Tinelli presentarse en octubre. En esta dirección van también las elogiosas declaraciones sobre Cristina Kirchner, hechas hace tan sólo una semana. “En todos lados –dice Segura- hay requisitos para presentarse a un cargo”. Al parecer los 3 millones de televidentes y el apoyo recibido van a poder flexibilizar esos requisitos.

Al margen del show televisivo y las influencias en materia política y de conducción del fútbol, lo que parece evidente es que los argentinos siempre terminamos postergando el respeto a las normas en pos de satisfacer las conveniencias personales e inmediatas.

No es una novedad en la Argentina la utilización de los recursos del Estado para intereses personales. Sin embargo, la presidente Cristina Fernández de Kirchner, lo hace con un atrevimiento que ya no sorprende aunque -al menos a mí- asusta. En esta ocasión, la mira ha quedado dirigida sobre el juez Claudio Bonadio; su investigación sobre la empresa Hotesur S.A., propiedad de la Presidente, ha desatado una ola de ataques por parte de distintos funcionarios y dirigentes del oficialismo que se extiende en el tiempo y promete ir a fondo. No sorprende tampoco el recurso del contraataque para responder acusaciones. A una investigación –sea periodística o judicial- el kirchnerismo nunca le opone un argumento sino que utiliza básicamente dos caminos según la ocasión: responde con fuego sostenido en la dirección contraria, o se dedica a denostar al emisario. Sin embargo, últimamente lo más habitual es que ambos caminos se fusionen y retroalimenten para conformar así un furibundo ataque.

La denostada -por neoliberal y “privatizadora”- década del ’90 nunca había llegado al punto de apropiarse desembozadamente del Estado para uso personal. Parece de Perogrullo pero hay que resaltar que el Jefe de Gabinete de ministros –en este caso Jorge Milton Capitanich- no es el vocero de una persona (por más presidente que ella sea) sino que sus funciones están expresadas con claridad en el artículo 100 de la Constitución Nacional; que el Secretario de Justicia Julián Alvarez no es quien tiene que llevar adelante su defensa en juicio aunque actúe como su abogado personal y se golpee el pecho por el “logro” de que el Consejo de la Magistratura haya multado a Bonadio por causas remotas reflotadas en estas circunstancias con el sólo objeto de castigar; ni tampoco el Senador Aníbal Fernández es quien debe evaluar qué es lo que puede o no investigarse según los parámetros de protección para la “imagen del país”.

Señalado en varias columnas anteriores, no debemos cansarnos de repetir que cuando las instancias técnicas de cualquier organismo del Estado se desdibujan para ponerlas al servicio de la militancia política (o personal en este caso), lo único que queda como salvaguarda es la justicia. El control administrativo de los actos de gobierno es para el kirchnerismo una simple instancia de reafirmación que carece de valor alguno para la gestión. En el caso de la empresa que administra los hoteles de la presidente en la Patagonia, estaba más que claro que tanto la Inspección General de Justicia (IGJ) como la Unidad de Información Financiera (UIF) deberían haber alertado con anterioridad de sus irregularidades pero esperar esto, cuando lo único que caracteriza a ambos organismos es una identificación sumisa al mandato de Cristina Kirchner, es de una ingenuidad absoluta.

Las denuncias sobre el juez adoptaron el clarísimo formato de represalia y amedrentamiento que ni los propios integrantes del oficialismo se atreven a negar por lo evidente. El senador kirchnerista Marcelo Fuentes, quien debería concentrarse en defender (siempre en el marco la plataforma del Frente para la Victoria por la cual supuestamente fue votado) los intereses de la provincia de Neuquén, se ocupa por estos días de urdir la venganza contra un juez que se atrevió a investigar al poder. Fuentes acusó a Bonadío de enriquecerse ilícitamente, lavar dinero y abusar de la autoridad, todos cargos absolutamente oportunos al momento político.

Debería ser más que una obviedad reafirmar que los funcionarios electos por el titular del Poder Ejecutivo para ejercer un cargo, si bien deben responder a las directivas de quien los puso en funciones, no pueden ponerse al servicio de causas personales de los mandatarios. Más aún, la propia Presidente, renuente como es a responder sobre cuestiones que hacen a la gestión de su gobierno, sí se ocupa de replicar acusaciones que ni siquiera están ligadas de manera directa (al menos en un primer paso) al ejercicio de su función, utilizando para ello todos los recursos que el cargo –y su investidura- le ponen al alcance.

A esta altura de decadencia del modelo kirchnerista se empieza a extrañar aquellos funcionarios que al menos se inmolaban en la defensa del mismo y que optaban por “dejar que la justicia actúe” en aquellos casos en los cuales se investigaba a algún funcionario del Poder Ejecutivo. Evidentemente, y a menos de un año de terminar el mandato, está claro que esa abstención en apariencia respetuosa de uno de los poderes del Estado ha dado paso a una guerra sin cuartel contra todo aquello que ponga en riesgo al relato oficial y la supervivencia política de su máxima representante.

Finalmente, este nuevo choque entre el kirchnerismo y parte de la justicia deja también nuevos interrogantes por resolver. ¿Cuál es finalmente el patrimonio real de la Presidente si una de sus empresas no tiene los balances al día? ¿Incluyó información confidencial –sólo asequible en razón de su cargo y función- la acusación que Cristina Kirchner lanzó por Twitter al juez Bonadío? Y a modo más general,  ¿podremos recuperar, ya con el próximo gobierno desde ya, la capacidad de asombro como sabio mecanismo de defensa?

Paradójicamente, quienes más divulgan la posibilidad de una salida anticipada, aunque utilizando una retórica por la negativa, son miembros del oficialismo. Fue el gobernador de Misiones Maurice Closs quien primero “disparó” la posibilidad de que haya actores que jueguen para que Cristina se vaya del gobierno. Entre los ministros también hubo voces que se alzaron para negar la posibilidad de una salida anticipada. Confirmando la paradoja, no hubo casi ninguna mención de político opositor que haya esgrimido esa posibilidad; por el contrario, se han mostrado dispuestos a colaborar para que la Presidente termine su mandato y esto es porque nadie quiere recibir un gobierno bajo esas circunstancias. Quizás la explicación más descarnada de tales declaraciones en el oficialismo la haya dado el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo para quien “si tienen miedo de irse antes es porque se van a ir antes”. En cualquier caso, no se explica que dirigentes del Frente para la Victoria (FpV) pongan esa posibilidad sobre la mesa cuando saben que confianza y expectativas son dos fundamentales ingredientes de los cuales se nutre la sociedad.

Como si esto fuera poco y demostrando que la debilidad política no le otorga mayor prudencia, la Presidente decidió sumar a su habitual pelea con los grupos económicos, el campo, los medios de comunicación y gran parte de la clase media, al sector de los “trabajadores”. En su último discurso explicó que quienes están comprando dólares son “en su totalidad los asalariados”, aclarando que “los que menos compran son los de salarios más altos”. Además, dejó entrever la posibilidad de quitarles los subsidios de servicios públicos a aquellos que adquieran moneda extranjera, instándolos sutilmente a que eviten generarse un castigo posterior. Para completar la arremetida, decidió retar en vivo y en directo al jefe de la CGT oficialista Antonio Caló por decir que el sueldo no alcanzaba para comer.

Bajo estas circunstancias, nadie quiere cargar con el tan despreciable título de conspirador o destituyente y mucho menos desean ser puestos bajo ese mote los gobernadores y dirigentes de máximo peso dentro del PJ. Sin embargo, la situación los preocupa y mucho. Si bien es cierto que no harán ningún movimiento para que Cristina deje la conducción del Poder Ejecutivo, sí pretenden tener mayor ingerencia en las decisiones. Saben perfectamente que les será difícil presentarse como opción de gobierno en el 2015 sin cargar sobre sus espaldas con todos los desaguisados que está cometiendo la actual conducción. Su objetivo de máxima es forzar el desplazamiento de Cristina en el ejercicio del poder pero manteniéndola en el cargo para la cual fue elegida hasta diciembre de 2015.

Desde otro sector del oficialismo, el de los más identificados con el “modelo”, pretenden ganar tiempo echando culpas hacia afuera. Así fue que de la mano de los diputados Juliana Di Tullio y Julián Domínguez impulsaron una insólita declaración que atribuye a los empresarios la escalada inflacionaria (que hasta hace pocos meses negaban de manera rotunda), acusándolos de “realizar maniobras especulativas con el fin de colaborar con el terrorismo mediático y político que pretende debilitar (aún más) al gobierno”. Por si esto fuera poco y a modo de epílogo, instan a la sociedad a que demuestre su voluntad “de vivir y pensar en argentino”, como si esto pudiera ser impuesto desde “arriba”.

El modo particular en que los dirigentes tradicionales del Partido Justicialista (los cuales en poco tiempo seguramente intentarán separarse definitivamente del Frente para la Victoria) pretenden ayudar a que la presidente termine de la mejor manera posible su mandato choca de lleno con el ánimo y la voluntad presidencial.  Tal vez ya se hayan dado cuenta de que Cristina Kirchner no negocia ni en momentos de debilidad.

El caso del Fútbol para Todos es el ejemplo más reciente de esta forma de ser y de ejercer el poder que tienen los Kirchner. Todo el intento del (todavía) jefe de gabinete Jorge Capitanich por hacer más amigables las transmisiones de fútbol haciendo para ello un convenio con Torneos y Competencias (aquella empresa que tuvo “secuestrados los goles”) y con la productora de Marcelo Tinelli (IDS Sports, hoy en manos del empresario kirchnerista Cristóbal López) quedaron truncados por iniciativa de La Cámpora, orden de Máximo Kichner y la voluntad de la presidente.

Por si los focos de conflicto fueran escasos, esta mañana la ciudad amaneció empapelada con afiches firmados por el frente Unidos y Organizados, agrupación que pretende coordinar las fuerzas de todos los grupos militantes que apoyan al gobierno de Cristina, denunciando a dueños y gerentes de supermercados y casas de electrodomésticos por los aumentos de precios. Vale recordar que todos estos actores denunciados son frecuentes interlocutores del gobierno y no suelen enfrentársele (salvo el caso de Juan José Aranguren, CEO de la petrolera Shell, quien viene resistiendo los embates del gobierno desde que Néstor Kirchner era presidente).

Al margen de lo que antecede, quizás el mayor conflicto del gobierno pase por querer manejar de manera arbitraria a los distintos sectores políticos, económicos y sociales como si estos fueran variables que se pueden manipular sin ninguna consecuencia. Con esto no ha logrado más que generar una crisis inédita para el contexto en el cual le toca gobernar. En términos automovilísticos podríamos decir que el gobierno aún no fundió el motor pero sí rompió la caja y no le entran ni los cambios del Fútbol para Todos.