No se plantea aquí un análisis simplista y macartista de aquellas circunstancias para traspolarlas a nuestra realidad. Sin embargo, si pensamos en cambios que tendrán más que ver con lo simbólico que con lo material, los argentinos y todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino nos encontraremos en el 2016 teniendo que dar algunos pasos en el sentido del reencuentro. La grieta, término que popularizó el periodista Jorge Lanata pero que forma parte de las discusiones políticas en diversos ámbitos y desde hace varios años, tendrá que estrecharse hasta volver a dimensiones normales y sustentables. Las familias y grupos de amigos volverán seguramente a discutir de política sin que ello implique una enemistad permanente. Los canales de comunicación entre oficialistas y opositores deberán reconstruirse y las discusiones de argumentos excluyentes volverán a los set de televisión donde los políticos necesitan hacer notar sus diferencias por encima de sus coincidencias.

La política entendida como amigo-enemigo, concepto teorizado por el filósofo y jurista alemán Carl Schmitt pero reversionado en nuestras latitudes de manera no demasiado fiel al original, volverá a circunscribirse a los canales más lógicos para una República. Seguramente los 12 años de gobierno kirchnerista dejarán fanáticos –o interesados- de un lado y del otro, pero la imperiosa necesidad de reconstruir lazos sociales y culturales tendrá mayor impulso. Queda la sensación de que las fuerzas políticas que cuentan con mayores posibilidades de gobernar durante el próximo mandato (incluidos algunos candidatos del oficialismo) han comprendido que una acción de “refundación” es demasiado grande como para ser emprendida por un grupo de funcionarios y políticos que circunstancialmente tienen la labor de conducir políticamente un país. Parece también haber un consenso implícito de que la creación de un enemigo para aglutinar a la propia “tropa” es una empresa demasiado riesgosa para emprender una construcción política con vistas a futuro.

Deberemos hacer un esfuerzo por ver que el ser humano tiene múltiples facetas que impiden dividir a la sociedad entre un pobre y reducido nosotros vs. ellos; que la diversidad identitaria (religiosa, política, social, cultural, moral, sexual, económica y hasta futbolística) que cruza a los individuos no los hace repelentes los unos de los otros; y que las semejanzas y diferencias que todos los humanos tenemos no pueden quedar subyugadas por una identificación política partidaria, doctrinaria o personal hacia un líder.

Deberá recuperar vigor la visión periodística de que “los hechos son sagrados y las opiniones son libres” en lugar de la versión voluntarista que se sustenta en que “lo sagrado es la opinión y los hechos están para sustentarla” (y son plausibles de ser modificados, agregaría yo). No se debe volver a someter a un organismo técnico que gozaba de prestigio internacional, como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), a los caprichos y objetivos del gobernante de turno. Debemos recuperar la estima por el conocimiento histórico, entendiendo que hay muchas valoraciones posibles sobre acontecimientos, personas y circunstancias, pero que éstas no están al servicio del relato de gobierno.

Así como los habitantes de ambos lados del Muro tuvieron que reencontrarse y reconstruir una relación que sin dudas se inició bajo el signo de la desconfianza mutua y que aún un cuarto de siglo después sigue requiriendo de esfuerzos formales y materiales para hacer viable y satisfactoria la vida en conjunto, los argentinos debemos reconstruir los canales de diálogo y comprender así que nuestras acciones y pensamientos no son unicausales y que por lo tanto resultan muy inadecuados para ser encasillados.

Así como la caída del Muro de Berlín fue el golpe de gracia para el socialismo real -al menos en su versión soviética-, es probable que el retorno al diálogo entre argentinos que piensan políticamente diferente pero que pueden sentarse en una mesa de conversación sin temor a represalias sea finalmente para el kirchnerismo una derrota mucho mayor que la que la inflación, el crecimiento del narcotráfico, la recesión y la inseguridad le pueden infligir.

El ex jefe de gabinete Alberto Fernández cuenta que cuando Julio Cobos decretó con su voto “No Positivo” la derrota del gobierno en su intento de consagrar por ley la famosa resolución 125 que elevaba las retenciones, la presidente, impulsada por Néstor Kirchner, pensó fuertemente en renunciar. Fernández va más lejos y cuenta que tuvo que intervenir el entonces presidente brasileño Lula Da Silva y su jefa de gabinete Dilma Roussef para que esto no sucediera. Cierto o no, no fueron pocas las circunstancias donde la presidente hizo valer sus emociones a la hora de tomar decisiones. La elección de colaboradores y candidatos del Frente para la Victoria no se podrían explicar sin tener en cuenta esta dimensión, empezando por su actual vicepresidente.

En medio de una tormenta económica que todos vemos y al gobierno le cuesta cada vez más disimular, cada discurso, cada gesto, cada decisión en sentido contrario a una lógica elemental ahuyenta inversiones, fomenta el desempleo, acelera la inflación, eleva la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, hace que un comerciante tenga que bajar su persiana y una industria suspender personal. En ese contexto, tal vez la Presidente no patee el tablero pero al menos sí tiende a cascotearlo.

Al parecer llegan a la Argentina las únicas empresas en el mundo dispuestas a perder dinero, en palabras de la propia jefa de Estado, para hacerle daño y “poner de rodillas” al país y a su gobierno. En este caso, la acusada de llevar adelante tan siniestra maniobra fue la multinacional de imprenta gráfica RR Donnelley -en concomitancia con los fondos buitres- quien pidió su propia quiebra, tras 22 años de actividad en el país, persiguiendo este objetivo. Ante este panorama la Presidente no tuvo mejor idea que decir en cadena nacional que se le aplicaría la ley antiterrorista. Un sinsentido jurídico mayúsculo que tuvo que desmentir el propio gobierno al día siguiente. El presidente de la Cámara Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, dijo que se trató de una confusión acerca de ley a aplicar en este caso. Recordemos que este mismo argumento fue el usado por la presidente para culpar a Juan José Aranguren, CEO de Shell, por la devaluación de principios de año. Si se trataran de acusaciones formales en un juicio sería difícil para los fiscales encontrar el móvil de los “crímenes”.

En su estrategia de pegar y pegar, el gobierno no se queda en las acusaciones a los fondos buitres extranjeros sino que identifica en la oposición política a los buitres locales. Pero da un paso más y pide incluso que otros actores sociales y, en este caso religiosos, se expidan sobre ellos. Así sucedió cuando la Comisión Episcopal de la Iglesia Católica osó mostrar su preocupación por los recientes despidos de trabajadores, suspensiones y cierre de fábricas y que obviamente contó con la inmediata e irónica respuesta del jefe de gabinete.

Tal vez no podía anticiparse el envío al Congreso de un proyecto de ley para cambiar la jurisdicción de pago de los bonos reestructurados y del agente fiduciario pero sí deberíamos darnos cuenta que la estrategia comunicacional del gobierno es siempre la misma. Es más, si hacemos un análisis de las medidas adoptadas a lo largo de sus largos años de gobierno veremos que muchas de ellas fueron más pensando en la comunicación posterior más que en la propia política pública. Está claro que el kirchnerismo no necesita de los opositores para aprobar esa ley, pero sí los necesita de enemigos.

Como último paso para deslindar responsabilidades, optaron por volver a recordar los aciagos días de la caída de Fernando De La Rúa. En este caso adicionaron al elemento discursivo la vieja receta del escrache que durante tanto tiempo impulsaron directa o indirectamente. De la mano de un aliado como el grupo Quebracho se produjeron los incidentes con Domingo Cavallo y Ricardo López Murphy mientras intentaban conferenciar. Si tenía alguna duda acerca de la vinculación del gobierno con estos hechos, la perdí con el inmediato e infrecuente repudio de dirigentes y funcionarios del oficialismo a los escraches.

No tengo claro aún si la presidente finalmente va a tirar del mantel pero sí está claro que volvió a someter a la economía argentina a vientos huracanados localmente generados. Recesión, inflación, aumento de la desocupación e inseguridad creciente son consecuencia directa de estas decisiones. Unos tibios puntos de crecimiento de la imagen presidencial, ¿pueden ser el motivo de tamaño desaguisado? La idea que tenemos de tensar la cuerda proviene de la expresión inglesa stretching a longbow referida a unos arcos extra grandes usados por ingleses y galeses durante la Edad Media y que les permitían lanzar sus flechas a una distancia inusitada. De allí el concepto moderno de llevar las cosas a un extremo al cual tanto hace honor la presidente y que siempre conlleva la posibilidad latente de que la cuerda -final y definitivamente- se corte.

La discusión en los medios de comunicación mostró la incapacidad o falta de voluntad de los responsables para acercar personas capaces de aportar una mirada cuando menos informada sobre el tema y han optado, por el contrario, por convocar una multitud de interesados y advenedizos inmersos en una lucha por evitar que la situación perjudique sus intereses o posiciones ideológicas tomadas de antemano. Si a esto le sumamos que la mayoría de los actores políticos pusieron por encima de la búsqueda de la solución o la explicación del fenómeno sus propios beneficios y trataron de aparecer ante la opinión pública como los más cercanos a sus necesidades o bien como aquellos domadores bien pensantes necesarios para encausar una moral colectiva desvariada, la comprensión del tema resulta prácticamente una quimera. Justicia por mano propia, miedo generalizado a ser víctima de un delito, desconfianza en la actuación de la policía y la justicia, legítima defensa, discurso político, federalismo (¿a quién le corresponde brindar seguridad?) fueron discusiones que se dispararon a partir de estos acontecimientos hasta formar un combo quizás más virulento e incomprensible que los propios linchamientos.

Previo a la discusión de un fenómeno es importante al menos precisar los términos. El concepto de justicia por mano propia (usado hasta el hartazgo) no tiene ninguna entidad puesto que acarrea una intrínseca contradicción. Es obvio que una sociedad civilizada no puede apostar por la venganza como forma de hacer justicia. Otra cuestión es la legítima defensa ante un hecho del que se es víctima, lo cual está tipificado en nuestro código penal. También vale recordar que es lícito, y deseable siempre y cuando no corra riesgo la propia vida, detener in fraganti a quien comete un delito aunque esto implique aplicar algo de violencia para ello (tal como hicieron de acuerdo a las crónicas disponibles el encargado de edificio, Gerardo Romano y el policía en los hechos producidos en la C.A.B.A.). Bajo esas circunstancias, cualquier ciudadano está amparado para convertirse en un agente estatal con licencia para evitar la comisión de un delito.

Otro de los conceptos que debería tenerse en cuenta tiene que ver con la diferencia que existe entre tratar de entender un fenómeno social y justificar ese fenómeno. En la mayoría de los debates acerca del tema que nos ocupa, los interlocutores no pudieron o no quisieron comprender esto por lo cual se establecieron diálogos absolutamente ilógicos y absurdos. En este mismo sentido, es valioso intentar conocer los mecanismos que pueden llevar a una persona o a un grupo de ellas a comportarse de una manera que no les es habitual. Decir esto no es justificar un delito (como efectivamente es un linchamiento) sino que es tratar de buscar las causas que lo provocan. Por eso, ha sido carente de valor la chicana usada por comunicadores y políticos para acusarse mutuamente de favorecer una (pro linchamientos) u otra (pro delincuentes) postura. Hay que comprender que las reacciones de estos vecinos en los barrios donde se produjeron estos hechos encierran una serie de factores desencadenantes que podríamos resumir en miedo a transitar libremente por las calles sin ser víctimas de algún de delito, bronca por observar la constante repetición de estos acontecimientos y desazón por comprobar que aquellos que cometen los delitos son siempre los mismos y que, o bien la policía no hace nada por detenerlos o bien esa detención implica para quien delinque un mero trámite burocrático que los retiene un par de horas en la comisaría de la zona (tal como pasó con los dos casos porteños.). Hay también allí algunos aspectos que los especialistas de la sociología, la psicología y la psiquiatría pueden aportar para entender qué es lo que sucede con un individuo cuando forma parte de una horda, pero para eso deberíamos estar dispuestos a escucharlos.

Bajo este esquema de confusiones cruzadas, lo menos que se le puede pedir a la máxima autoridad del país es que aporte claridad y sincera mesura. En un contexto de alta conflictividad social, proponer el análisis de la situación bajo una mirada clasista (impropia incluso dentro de la matriz política-ideológica con la cual la presidente siempre se ha identificado) no sirve más que para avivar el desconcierto y el resentimiento mutuo. Si efectivamente esa es la explicación que los gobernantes encuentran para estos hechos de violencia, debemos colegir que los mismos no tienen posibilidad de ser solucionados. No es aceptable tampoco que luego de once años de gobierno, la presidente se haya convertido en analista y comentarista de una realidad en la cual tiene central responsabilidad.

Es evidente que tanto la justicia como los códigos que la regulan requieren una inmediata reforma y para eso es necesario abrir la discusión. Como ejemplo de lo imprescindible que es introducir un cuerpo sensato y estudiado de modificaciones en el código penal y de procedimientos vale apuntar que, en la jerga, los propios delincuentes llaman irónicamente a sus abogados como laboralistas en lugar de reconocerlos como penalistas. Ellos han encontrado y naturalizado en el delito un modo de vida tan habitual que les permite considerarlo una actividad similar a la de cualquier trabajador. En este contexto está claro que el incentivo para delinquir es mucho mayor que el riesgo de un castigo. Habría que entender que aquellos estamentos del Estado que deben ocuparse del fenómeno de la violencia y la inseguridad han caído en un proceso de impotencia que nos sugiere colocar nuestras esperanzas en el freno moral que una persona puede tener para no cometer delitos, lo cual es a todas luces insuficiente.