Está claro que en poco más de sesenta días de gestión no es demasiado lo que se le puede exigir a un Gobierno en cuanto a resultados. Sí aparece como lógico el cuestionamiento o el elogio si lo que se evalúan son los planes encarados para el combate de un flagelo que es unánimemente visto como nocivo para la salud de la economía de nuestro país y los bolsillos de quienes lo habitan. En este sentido, puede haber cuestionamientos acerca de la falta de un plan articulado y consecuente que ataque los diversos frentes que componen un fenómeno inflacionario que, convengamos, desde hace un par de décadas se encuentra en los libros de los recuerdos de los economistas. En América Latina, el chavismo y el kirchnerismo han logrado reflotarlo, para desgracia de Venezuela y Argentina.

El Gobierno de Mauricio Macri no utilizó la opción de anunciar un plan completo y ordenado de cambios que conduzcan a la reducción de la inflación, pero sí adoptó medidas que van en ese sentido. El propio Presidente ha marcado con claridad el inicio del problema: ‘’El Gobierno anterior administró mal y gastó mucho más de lo que ingresó por los impuestos. Generó muchísimos billetes y esa cantidad de moneda generó este proceso’’, señaló. El déficit fiscal acumulado durante años (y que las últimas mediciones sitúan en ocho puntos del PBI), cubierto con una emisión monetaria descontrolada (ante el cierre de todo financiamiento externo que se ganó el Gobierno de Cristina Kirchner), es el principal responsable de la inflación. De esta problemática enunciada surgen las soluciones que, anunciadas o no, pasan por aspirar ese excedente de moneda (tarea que por ahora ha llevado adelante el Banco Nación) y por bajar el déficit fiscal. Claro está que la puesta en marcha de ambas medidas tiene limitantes tanto en la economía y como en la política.

Con este objetivo claro y explicitado de reducir paulatinamente la inflación, una de las primeras batallas iniciadas —y que tiene aún muchos y extensos capítulos pendientes— por el Gobierno de Cambiemos ha sido la racionalización del empleo público (una tarea titánica y harto difícil). En ese sentido, sería interesante que el Gobierno, más allá de los trabajos de auditoría que se están haciendo en los distintos estamentos de la administración pública nacional, comience a explicar la necesidad de revalorizar el empleo en el Estado. Para ello, debe quedarle claro a toda la sociedad que el trabajo en el sector público no puede ser un premio a la militancia y que tampoco puede funcionar como seguro de desempleo. El daño que se le hace al Estado y a todos los ciudadanos por el uso del cargo público en estas nocivas formas es enorme al quitarle al sector privado y al país recurso humano productivo para asignarlo en tareas no productivas (o ni siquiera asignarle tareas), acrecentar la voracidad fiscal de un Estado que presiona cada vez más sobre sus contribuyentes para pagar esos sueldos y la mencionada impresión descontrolada de pesos que pierden valor. Esta forma de entender el trabajo en el Estado también quita la posibilidad de profesionalizarlo, retribuirlo con mejores salarios y ponerlo al servicio de facilitarle al ciudadano su vida personal (comercial y civil), que a su vez permita retroalimentar, y no entorpecer, el sistema en beneficio de todos.

En este planteo, el Gobierno ha puesto la lupa sobre los contratados y algunos ascendidos irregularmente a planta permanente durante los últimos años, pero debería también modificar un sistema perverso que impide que los ñoquis y los malos empleados se amparen en la famosa estabilidad del empleo público que impide que sean removidos. De hecho, quienes alguna vez pasamos por la administración pública sabemos que en muchos casos son los contratados quienes sostienen cierto normal funcionamiento del Estado y que deben frecuentemente reemplazar en sus tareas a quienes saben que nada ni nadie los puede desplazar.

En el plano comunicacional, el Gobierno ha percibido que, pese a que las razones de la inflación son estructurales, hay un sector, sobre todo en los medios de comunicación, que le reclaman acciones directas e inmediatas. En este sentido, quedan en evidencia aquellos comunicadores que sólo criticaban al kirchnerismo por sus formas o por los resultados negativos que obtenían, pero que nada tenían para objetar en cuanto a las políticas de fondo, más allá de sus propias percepciones. Es así como nos aturden en radio y televisión con conceptos como “formadores de precios”, “estructuras de costos”, “cadenas de valor”, “empresarios inescrupulosos” y toda la terminología habitual de Guillermo Moreno y compañía.

En su afán por atender ese frente de acción —que, permítame el Gobierno decirle, es un reclamo más de los medios que de los ciudadanos, quienes hasta ahora premian los primeros meses de gobierno con un 70% de aprobación a la gestión— ha lanzado el sistema electrónico de publicidad de precios argentinos (SEPA, una sigla digna del mejor kirchernismo) que obliga a los comercios a informar diariamente los precios de los productos de consumo masivo. Me cuesta comprender cómo este supuesto sistema de información transparente para los clientes pueda reemplazar las páginas enteras de diarios que los principales supermercados utilizan como publicidad para competir con sus rivales o hasta dónde llega el poder de control y sanción sobre empresarios que hacen uso de su libertad para comerciar, prevista en la Constitución Nacional. No obstante ello, es comprensible la necesidad de mostrar que el Gobierno toma medidas para contrarrestar la inflación, aunque, no tengo dudas, son pocos quienes en Cambiemos creen que este tipo de controles sirve para algo.

El Gobierno debería profundizar los temas de fondo que hasta ahora inició en la búsqueda de solucionar no sólo el problema de la inflación, sino también la flagrante distorsión en los precios relativos (tarifas, transporte) instrumentada por el kirchnerismo, la apertura de la economía (proceso que debe agilizarse), las nuevas relaciones con el mundo, la solución de los problemas con nuestros acreedores externos, la atracción de inversores tanto internos como externos, que, como en todo el mundo, claman por reglas de juego claras y estables para invertir, y no perder energías en convencer a quienes en realidad no pretendían un cambio profundo, sino que querían que el nuevo Gobierno ejerciera un kirchnerismo con buenos modales. Al parecer, hay muchos que aún se esfuerzan por vulnerar aquella máxima de Albert Einstein según la cual: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

¿Cuáles serían las razones que hicieron que finalmente -y como era de esperarse- el gobernador y su equipo de campaña hayan decidido no participar del debate? Al margen de lo antedicho, con el primer puesto obtenido en las PASO y un escenario que parece no haberse modificado, hay otras motivaciones detrás de la negativa. Todos sabemos que el estilo del exmotonauta no es la confrontación, y un debate donde no solamente habría periodistas preguntando sino que también está prevista la interpelación entre candidatos no es el mejor escenario para Scioli. El equilibrio que necesita -y tanto sabe ejecutar- para pescar votos de los que quieren un cambio (moderado, tal vez) y de los que se resignan a la continuidad del modelo K a través suyo (como transición para muchos de ellos, tal como lo expresó la propia Estela de Carlotto) es lo que más se vería cuestionado en un debate amplio. Scioli pide permanentemente que confíen en él como sujeto político, es el más claro ejemplo de la personalización de la política. Su estrategia es mostrarse y decirse previsible para que el votante deposite en él el deseo de llegar a buen puerto. De allí también la apelación a su historia de vida, a la desgracia personal, al éxito deportivo. Este es el candidato que desean mostrar, los detalles quedan para el elector, es un Scioli para armar.

¿Cómo haría el gobernador bonaerense para proponer una Argentina donde la infraestructura y la obra pública sean sus bases de crecimiento mientras la realidad de la provincia que administra desde hace 8 años es claramente deficiente en estos aspectos? ¿Cómo proponer un shock de inversión extranjera directa cuando quien encabeza la lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires es un persistente expulsor de estas a través de su discurso y las medidas de Gobierno que llevó adelante? ¿Cómo prometer la baja de la inflación cuando, por un lado, se la niega y, por el otro, se evita aplicar medidas concretas para lograr ese objetivo? Son todas cuestiones que Scioli puede prometer como eslogan de campaña, pero que difícilmente pueda sostener ante preguntas o bien ante la inquisición de sus rivales políticos.

La apuesta de Scioli para alcanzar el Gobierno (en primera vuelta, si es posible) sigue siendo la misma: presentarse como un candidato a la medida del votante. El gobernador puede ser lo que el votante quiere que sea. Por eso es que su principal virtud es haberse afirmado como un político camaleónico, exento del sube y baja de la política argentina desde finales de los años noventa. Así fue que logró mantenerse en los primeros planos habiendo sido menemista, duhaldista, kirchnerista y sciolista en etapas sucesivas. Por eso es que ha podido defender con igual ahínco las privatizaciones de Carlos Menem como las estatizaciones de Kirchner.

Los gobernadores peronistas lo animan a hacer su propio camino, sin enfrentar al kirchnerismo, pero sí con una lógica opuesta. Tienen la esperanza de una construcción más federal del poder. No tolerarían un nuevo período de imposiciones que solo les permitió ser actores de reparto en el teatro kirchnerista. Especulan con que un presidente a quien ellos consideran un par pueda darles el rol que con Néstor y Cristina no tuvieron. La dependencia presupuestaria seguirá siendo la misma, pero apelan a la buena voluntad del gobernador; ellos también armaron su propio Scioli.

Despertando la confianza personal, aunque persistan las dudas instrumentales, es como siempre ha construido su poder el gobernador. El propio kirchnerismo no sabe si puede confiar en él, pero no tuvieron otra opción que aceptarlo y apostar a continuar influyendo con Cristina Kirchner desde El Calafate, Carlos Zannini desde la Casa Rosada, algunos intendentes del interior del país y los legisladores camporistas en el Congreso Nacional. Quienes pretenden algunos cambios en las políticas y en los resultados esperan que, sin hacer demasiadas olas, Scioli pueda darle su propia impronta -personal más que política- al próximo Gobierno.

El gobernador deja en la nebulosa si está dispuesto a cumplir con ese mandato o bien pateará el tablero para armar su propio juego. Ni siquiera él tiene demasiado claro cuál es el mejor camino a tomar, sin embargo, como ha hecho a lo largo de toda su trayectoria política, Daniel Scioli espera que la historia, el devenir de los acontecimientos y, en última instancia, el azar le dicten el camino a seguir que será, como siempre, con fe y con esperanza.

No se plantea aquí un análisis simplista y macartista de aquellas circunstancias para traspolarlas a nuestra realidad. Sin embargo, si pensamos en cambios que tendrán más que ver con lo simbólico que con lo material, los argentinos y todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino nos encontraremos en el 2016 teniendo que dar algunos pasos en el sentido del reencuentro. La grieta, término que popularizó el periodista Jorge Lanata pero que forma parte de las discusiones políticas en diversos ámbitos y desde hace varios años, tendrá que estrecharse hasta volver a dimensiones normales y sustentables. Las familias y grupos de amigos volverán seguramente a discutir de política sin que ello implique una enemistad permanente. Los canales de comunicación entre oficialistas y opositores deberán reconstruirse y las discusiones de argumentos excluyentes volverán a los set de televisión donde los políticos necesitan hacer notar sus diferencias por encima de sus coincidencias.

La política entendida como amigo-enemigo, concepto teorizado por el filósofo y jurista alemán Carl Schmitt pero reversionado en nuestras latitudes de manera no demasiado fiel al original, volverá a circunscribirse a los canales más lógicos para una República. Seguramente los 12 años de gobierno kirchnerista dejarán fanáticos –o interesados- de un lado y del otro, pero la imperiosa necesidad de reconstruir lazos sociales y culturales tendrá mayor impulso. Queda la sensación de que las fuerzas políticas que cuentan con mayores posibilidades de gobernar durante el próximo mandato (incluidos algunos candidatos del oficialismo) han comprendido que una acción de “refundación” es demasiado grande como para ser emprendida por un grupo de funcionarios y políticos que circunstancialmente tienen la labor de conducir políticamente un país. Parece también haber un consenso implícito de que la creación de un enemigo para aglutinar a la propia “tropa” es una empresa demasiado riesgosa para emprender una construcción política con vistas a futuro.

Deberemos hacer un esfuerzo por ver que el ser humano tiene múltiples facetas que impiden dividir a la sociedad entre un pobre y reducido nosotros vs. ellos; que la diversidad identitaria (religiosa, política, social, cultural, moral, sexual, económica y hasta futbolística) que cruza a los individuos no los hace repelentes los unos de los otros; y que las semejanzas y diferencias que todos los humanos tenemos no pueden quedar subyugadas por una identificación política partidaria, doctrinaria o personal hacia un líder.

Deberá recuperar vigor la visión periodística de que “los hechos son sagrados y las opiniones son libres” en lugar de la versión voluntarista que se sustenta en que “lo sagrado es la opinión y los hechos están para sustentarla” (y son plausibles de ser modificados, agregaría yo). No se debe volver a someter a un organismo técnico que gozaba de prestigio internacional, como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), a los caprichos y objetivos del gobernante de turno. Debemos recuperar la estima por el conocimiento histórico, entendiendo que hay muchas valoraciones posibles sobre acontecimientos, personas y circunstancias, pero que éstas no están al servicio del relato de gobierno.

Así como los habitantes de ambos lados del Muro tuvieron que reencontrarse y reconstruir una relación que sin dudas se inició bajo el signo de la desconfianza mutua y que aún un cuarto de siglo después sigue requiriendo de esfuerzos formales y materiales para hacer viable y satisfactoria la vida en conjunto, los argentinos debemos reconstruir los canales de diálogo y comprender así que nuestras acciones y pensamientos no son unicausales y que por lo tanto resultan muy inadecuados para ser encasillados.

Así como la caída del Muro de Berlín fue el golpe de gracia para el socialismo real -al menos en su versión soviética-, es probable que el retorno al diálogo entre argentinos que piensan políticamente diferente pero que pueden sentarse en una mesa de conversación sin temor a represalias sea finalmente para el kirchnerismo una derrota mucho mayor que la que la inflación, el crecimiento del narcotráfico, la recesión y la inseguridad le pueden infligir.

En este contexto, el pasado jueves, los sindicalistas opositores Hugo Moyano y Luis Barrionuevo junto a la CTA de Pablo Micheli y organizaciones de la izquierda gremial fueron a un paro que intentó reeditar el que había tenido lugar el pasado 10 de abril. Cual partida de golf pero sin árbitro y en presencia de contendientes sumamente tramposos y poco honorables, se desarrolló un juego de acusaciones previas, durante y a posteriori de la medida de fuerza que corrieron el foco de lo que realmente preocupa -y que difícilmente admita algún tipo de discusión- y es que Argentina está en una situación económica que dista mucho de ser la mejor. Seguramente muchos de quienes quisieron concurrir a su lugar de trabajo no pudieron hacerlo por falta de medios de transporte y otros tantos que encontraban motivos para adherirse o protestar tuvieron que asistir por temor a perder su trabajo pero, ¿es esto realmente lo importante? Los que trabajamos, como fue mi caso, ¿lo hicimos porque avalamos las políticas de este gobierno?; los que faltaron, ¿lo hicieron para apoyar a los sindicalistas Moyano y Barrionuevo? Intuyendo con sólidos fundamentos que ambas respuestas son negativas para la mayoría de los casos, la discusión pasa a ser de política minúscula.

Es probable que el mayor o menor éxito de la medida de fuerza influya sobre el poder de los sindicalistas que convocan y en su pelea interna para liderar el movimiento obrero pero esto tiene sin cuidado a la gran mayoría de los argentinos. Sabemos también que el gremio de la UTA, liderado por Roberto Fernández, logró que el gobierno se retractara en su decisión de no subsidiar al transporte de larga distancia y por lo tanto fueron más permeables al pedido del ejecutivo de no ser parte de la huelga. Como sostuvo el propio Fernández, “estamos de acuerdo con todos los reclamos, pero lamentablemente en este momento, por la situación económica que vive el país, no compartimos el paro”. Esta situación, reconocida incluso por todo el sindicalismo cercano al gobierno, diluye cualquier intento del jefe de gabinete y otros funcionarios por “festejar” que la adhesión al paro haya sido menor a la esperada por sus organizadores.

Algunos de los reclamos concretos que se hicieron durante la protesta también carecen de un análisis básico de la realidad que nos toca vivir. Sin dudas, los aumentos logrados en las paritarias no alcanzan a cubrir el alza generalizada de precios y de allí que parezca lógico el reclamo de reapertura de paritarias pero la cruda verdad es que los empresarios tienen dificultades incluso para cubrir sueldos efectivamente depreciados por la inflación. Este flagelo, que la gran y abrumadora mayoría de países del mundo resolvió y archivó en el cajón de los recuerdos más tristes, se combina aquí y ahora con una recesión ya instalada que ni siquiera el maniatado Indec puede ocultar.

Estos problemas por los que transita el país fueron largamente anunciados por voces de distinto calibre, aunque todas ellas fueron debida y contundentemente reprendidas, repudiadas y descartadas por el gobierno y su monumental aparato de propaganda. Cuando la plaga se ha vuelto a instalar entre nosotros, el camino elegido vuelve a ser patear la pelota afuera. Encontrar culpables de problemas por ellos generados fue siempre una característica muy aceitada en el universo kirchnerista.

Como bien dijo Steve Jobs en ese discurso para los egresados de Stanford en el año 2005, y que ante su lamentable deceso ha quedado como parte de su herencia más importante a nivel simbólico, los puntos siempre se unen hacia atrás, y Cristina Kirchner, que sin dudas toma muchas decisiones en base a impulsos emocionales, ha previsto y elegido concienzudamente también llevar adelante políticas de corte populista y para ello ha impulsado cambios institucionales que le permitieron profundizarlas. Dos de los más relevantes fueron la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (expulsión mediante de su entonces titular Martín Redrado) para transformar al presidente y su directorio en simples ejecutantes de políticas económicas y monetarias emanadas desde la presidencia; y la estatización compulsiva y forzosa de las jubilaciones, que fue decidida para dotar a la ANSES de mayores recursos para la ejecución de políticas originadas con exclusividad por la Jefa de Estado. Por encima de los argumentos utilizados, lo cierto es que el gobierno ha usado al Banco Central como si fuera parte del Tesoro Nacional acumulando así una deuda con el organismo (supuestamente) descentralizado de más de U$D 50.000 millones, de la misma forma en que ha usado los fondos de la seguridad social, y particularmente de los futuros jubilados, para financiar políticas de distinto tipo a través del denominado Fondo de Garantía de Sustentabilidad que tiene la “generosidad” de adquirir todas las Letras del Tesoro Nacional que el gobierno pone convenientemente a disposición. En este sentido, hay que reconocer que el kirchnerismo ha dejado demasiadas pistas en el camino como para lograr que muchos neo opositores deban adoptar su mejor cara de póker para afirmar convincentemente que había una esencia en los Kirchner que no alcanzaron a divisar a su debido tiempo. 

El ex jefe de gabinete Alberto Fernández cuenta que cuando Julio Cobos decretó con su voto “No Positivo” la derrota del gobierno en su intento de consagrar por ley la famosa resolución 125 que elevaba las retenciones, la presidente, impulsada por Néstor Kirchner, pensó fuertemente en renunciar. Fernández va más lejos y cuenta que tuvo que intervenir el entonces presidente brasileño Lula Da Silva y su jefa de gabinete Dilma Roussef para que esto no sucediera. Cierto o no, no fueron pocas las circunstancias donde la presidente hizo valer sus emociones a la hora de tomar decisiones. La elección de colaboradores y candidatos del Frente para la Victoria no se podrían explicar sin tener en cuenta esta dimensión, empezando por su actual vicepresidente.

En medio de una tormenta económica que todos vemos y al gobierno le cuesta cada vez más disimular, cada discurso, cada gesto, cada decisión en sentido contrario a una lógica elemental ahuyenta inversiones, fomenta el desempleo, acelera la inflación, eleva la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, hace que un comerciante tenga que bajar su persiana y una industria suspender personal. En ese contexto, tal vez la Presidente no patee el tablero pero al menos sí tiende a cascotearlo.

Al parecer llegan a la Argentina las únicas empresas en el mundo dispuestas a perder dinero, en palabras de la propia jefa de Estado, para hacerle daño y “poner de rodillas” al país y a su gobierno. En este caso, la acusada de llevar adelante tan siniestra maniobra fue la multinacional de imprenta gráfica RR Donnelley -en concomitancia con los fondos buitres- quien pidió su propia quiebra, tras 22 años de actividad en el país, persiguiendo este objetivo. Ante este panorama la Presidente no tuvo mejor idea que decir en cadena nacional que se le aplicaría la ley antiterrorista. Un sinsentido jurídico mayúsculo que tuvo que desmentir el propio gobierno al día siguiente. El presidente de la Cámara Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, dijo que se trató de una confusión acerca de ley a aplicar en este caso. Recordemos que este mismo argumento fue el usado por la presidente para culpar a Juan José Aranguren, CEO de Shell, por la devaluación de principios de año. Si se trataran de acusaciones formales en un juicio sería difícil para los fiscales encontrar el móvil de los “crímenes”.

En su estrategia de pegar y pegar, el gobierno no se queda en las acusaciones a los fondos buitres extranjeros sino que identifica en la oposición política a los buitres locales. Pero da un paso más y pide incluso que otros actores sociales y, en este caso religiosos, se expidan sobre ellos. Así sucedió cuando la Comisión Episcopal de la Iglesia Católica osó mostrar su preocupación por los recientes despidos de trabajadores, suspensiones y cierre de fábricas y que obviamente contó con la inmediata e irónica respuesta del jefe de gabinete.

Tal vez no podía anticiparse el envío al Congreso de un proyecto de ley para cambiar la jurisdicción de pago de los bonos reestructurados y del agente fiduciario pero sí deberíamos darnos cuenta que la estrategia comunicacional del gobierno es siempre la misma. Es más, si hacemos un análisis de las medidas adoptadas a lo largo de sus largos años de gobierno veremos que muchas de ellas fueron más pensando en la comunicación posterior más que en la propia política pública. Está claro que el kirchnerismo no necesita de los opositores para aprobar esa ley, pero sí los necesita de enemigos.

Como último paso para deslindar responsabilidades, optaron por volver a recordar los aciagos días de la caída de Fernando De La Rúa. En este caso adicionaron al elemento discursivo la vieja receta del escrache que durante tanto tiempo impulsaron directa o indirectamente. De la mano de un aliado como el grupo Quebracho se produjeron los incidentes con Domingo Cavallo y Ricardo López Murphy mientras intentaban conferenciar. Si tenía alguna duda acerca de la vinculación del gobierno con estos hechos, la perdí con el inmediato e infrecuente repudio de dirigentes y funcionarios del oficialismo a los escraches.

No tengo claro aún si la presidente finalmente va a tirar del mantel pero sí está claro que volvió a someter a la economía argentina a vientos huracanados localmente generados. Recesión, inflación, aumento de la desocupación e inseguridad creciente son consecuencia directa de estas decisiones. Unos tibios puntos de crecimiento de la imagen presidencial, ¿pueden ser el motivo de tamaño desaguisado? La idea que tenemos de tensar la cuerda proviene de la expresión inglesa stretching a longbow referida a unos arcos extra grandes usados por ingleses y galeses durante la Edad Media y que les permitían lanzar sus flechas a una distancia inusitada. De allí el concepto moderno de llevar las cosas a un extremo al cual tanto hace honor la presidente y que siempre conlleva la posibilidad latente de que la cuerda -final y definitivamente- se corte.

“Cuando hay caída del consumo o problemas en la economía se lanzan descuentos, pero acá hicieron al revés”, les espetó a los empresarios del sector automotor durante el anuncio. La Presidente jamás reconoce los propios errores que llevan a que estos problemas se reproduzcan, de lo contrario sería difícil entender frases como la que antecede. En lugar de corregir las malas políticas públicas que generan los trastornos, Cristina Kirchner opina sobre las estrategias comerciales de las empresas hasta el punto en que ella misma se pone en ridículo, al menos ante el público que posee cierto conocimiento acerca del manejo de un negocio o bien que trata de usar algo de sentido común.

El gobierno ha hecho una épica de las políticas que denomina activas. Sean los planes Pro.Cre.Ar (para la construcción y remodelación de viviendas), el recién mencionado Pro.Cre.Auto o los extinguidos planes para todos: créditos, bicicletas, taxis, ropa, carne, pescado y hasta milanesas. Estas políticas con las cuales la presidente se complace, no son más que una cabal muestra del fracaso de un rumbo político y económico. Se calcula que en países como Japón las políticas y el marco legal, que permite tanto a empresas y particulares como a gobiernos planificar a mediano y largo plazo, tienen una vigencia no menor a 30 años. En países como el nuestro, los cambios son casi diarios. Todo esto que nos aleja del “aburrimiento”, también es un atentado al progreso del país.

Este gobierno ha confiado demasiado en el “viento de cola” que el contexto global y la salida del pozo más profundo en que la economía argentina haya estado alguna vez le brindaron y creyó que las consecuencias negativas de las políticas populistas implementadas nunca los iban a alcanzar. Cuando los problemas se hicieron más evidentes recrudeció el viejo y conocido mecanismo de buscar el enemigo externo: los empresarios, el FMI, la oposición, los medios de comunicación, la justicia y ahora, los fondos buitres y el juez Griesa. En lo que respecta a esto último, el gobierno se encontró un escenario con el cual no está muy habituado a lidiar porque a los titulares de los bonos argentinos no reestructurados no les interesan en lo más mínimo las diatribas presidenciales ni su imagen pública, porque la jurisdicción que los ampara no depende de jueces ligados a la política argentina y porque luego de un enfrentamiento directo siempre han quedado en mejores condiciones de negociación que el gobierno argentino.

Todos los gobiernos, sobre todo los de corte populista, son abonados a la permanente exaltación de las “políticas activas”. Si tomamos como válida esta terminología, deberíamos oponerlo con las “políticas pasivas”, concepto que, de utilizarse, no tendría adherente alguno. Toda política activa (hago la salvedad de que no termino de entender realmente la adjetivación) que se genere en un marco no acorde tiene destino de caer en un saco vacío y representar incluso para el gobierno y el conjunto de la sociedad un esfuerzo inútil. Tal vez el mejor ejemplo de esto sea la política de exención fiscal y proteccionismo en Tierra del Fuego: una enorme masa de recursos destinada a un polo supuestamente industrial que, de recibir otro destino, tendría una eficiencia enormemente superior. Todo ello sin contar con el perjuicio que para millones de argentinos representa tener que abonar más del doble por la tecnología y al mismo tiempo tener que ejercitar la paciencia (o usar canales no convencionales) para acceder a lo último que el mundo ofrece en la materia, todo lo cual sin dudas repercute en el nivel de productividad de individuos y empresas.

Seguramente no le caería bien la comparación a ningún miembro del gobierno pero todos estos planes tienen una reminiscencia con los Planes de Competitividad que Domingo Cavallo quiso implementar como ministro de Economía de Fernando De la Rúa a partir de mayo de 2001 y que intentaron dotar de aire fresco a empresas que ya estaban en serias dificultades para honrar sus compromisos dada la crisis general de la economía y las nulas respuestas que el gobierno podía dar al fondo de la cuestión, con una convertibilidad insostenible y un nivel de deuda que resultaba impagable.

Así como lo fueron aquellos planes de competitividad del ex ministro Cavallo, los que la Presidente anuncia son la respuesta intempestiva, voluntarista e irracional de una problemática generada en la mayoría de los casos por el propio gobierno. ¿Qué son los planes de ropa, carnes, autos, heladeras y demás sino una torpe e ineficiente respuesta a la inflación que el propio gobierno generó y acumuló durante años de erradas políticas (fiscal, monetaria y de generación de confianza)?

Sin dudas que las medidas de gobierno más “aburridas” y de nombres sobrios (o carentes de él), los anuncios menos estridentes y las promesas más modestas son las que más reditúan al conjunto de la sociedad. Sin embargo, es lo más fácil culpar a los políticos por la propensión a hacerse ver como “grandes proveedores de felicidad”, pero correspondería a la sociedad entera hacer un mea culpa de lo fácil que les resulta vendernos esos espejitos de colores.

Establecer bases sólidas, dar previsibilidad a empresas y personas, evitar los anuncios grandilocuentes, reconocer que la generación de riqueza proviene de la sociedad y no del gobierno para así poner a éste a su servicio, deberían ser los principios sobre los que se asiente la República a partir de la elección del próximo gobierno dado que es difícil albergar alguna esperanza de que Cristina Kirchner pueda virar 180º su timón.

El kirchnerismo atravesó la huelga docente en la provincia de Buenos Aires cual chico que barrena despreocupado las olas durante las vacaciones familiares. No quiso intervenir de manera directa para ninguno de los bandos en pugna esperando quizás el desgaste en ambos sectores. Usó ese 6% del PBI que invierte en educación a partir de 2010 como su caballito de batalla para dejar a resguardo su vocación por fortalecer la educación pública sin ejercer un rol activo en la solución de esta situación particular. Apostó, de alguna manera, a resignificar el slogan de la ciudad del pecado; “lo que pasa en Buenos Aires, queda en Buenos Aires”. No es algo que debiera sorprender ya que ese es el modo en que actúa el kirchnerismo. Bien lo sabemos los porteños que hace años pagamos caro el darle la espalda en las elecciones locales. También lo saben los cordobeses que debieron esperar demasiado tiempo para recibir la ayuda de Gendarmería durante la huelga policial que tuvo a la provincia acechada por una ola de saqueos. Lo entienden los santafecinos que comprenden, a partir de las palabras del diputado de La Cámpora Andrés Larroque, que son gobernados por el narco-socialismo.

Si nos atenemos a los exámenes internacionales, la fuerte inversión realizada en educación no se reflejada en la calidad de la misma. ¿De qué sirven esos 6 puntos del PBI si la mayoría de los chicos en la provincia más populosa del país ni siquiera pueden comenzar sus clases en tiempo y forma? Si bien no es el primer año que esto sucede, el gobierno nacional debería tener en cuenta que en esta ocasión, el fondo del conflicto está en el proceso inflacionario que por tanto tiempo negó y que, cual olla a presión, explotó a principios de año junto con la devaluación de la moneda. El objetivo de máxima del kirchnerismo -poner un techo no declarado de 25% a las paritarias- es ahora a todas luces utópico.

Desde el sciolismo han insistido en que el conflicto y la intransigencia de los dirigentes sindicales durante la negociación son motorizados por Sergio Massa. Está claro que culpar a viva voz al kirchnerismo implicaría una ruptura que el gobernador no está dispuesto a afrontar en este momento pero no hay que ser un observador demasiado entrenado para ver que los cuatro sindicatos que encabezaron la protesta son kirchneristas (Ctera, UDA, Sadop y Suteba). Eso no es todo; Pablo Ferreyra, legislador porteño electo por una lista ligada al kirchnerismo, se ha mostrado al lado de Roberto Baradel durante el conflicto. El propio jefe de Suteba estuvo en el programa de difusión kirchnerista 678. Es cierto también que dirigentes de distintos frentes de izquierda integran los distintos consejos directivos de los gremios docentes por lo cual dificultan aún más la negociación. Los acontecimientos políticos nunca son unicausales.

La cadena nacional que ofreció Cristina Fernández el pasado jueves fue para justificar el anuncio de recortes hecho por Kicillof y De Vido en la mañana pero, con Scioli sentado a su lado, no hubo ninguna mención al conflicto docente. Resultó extraño sobre todo si recordamos que el 1º de marzo, con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias frente a la Asamblea Legislativa, la presidente tomó 10 minutos de su alocución para referirse al tema. Les mojó la oreja mencionando lo largas de sus vacaciones e Incluso se animó a poner en cuestión el tema del presentismo, algo que irrita tanto a las bases como a los dirigentes del sector. De todos modos, en el sosegado clima de Olivos, seguramente Scioli aprovechó para pedir ayuda a la presidente y destrabar así el conflicto. Inmediatamente después, el mandatario provincial decidió enviar con una nueva oferta a su jefe de gabinete. Fue con la misión de hacer una propuesta que no puedan rechazar.

El conflicto le va a permitir al gobernador sacar conclusiones políticas. Quizás no todos sus funcionarios están aptos para el discurso de mesura y tolerancia que él quiere transmitir bajo cualquier circunstancia. Seguramente están contados los días de Nora de Lucía al frente de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia. La mención de un sueldo posible de $44.000 no fue una buena estrategia cuando la mayoría de los docentes bonaerenses están a años luz de un ingreso así.

La ruptura entre Daniel Scioli y el kirchnerismo es inevitable. Lo que ahora se juega es la imagen pública del conflicto. Ninguno de los dos sectores quiere aparecer como el que traiciona. Cristina pretende una decorosa salida recluyéndose en tropa propia y el gobernador quiere fortalecer la idea de continuidad con cambios. Estimo que a esta altura todo el entorno de Scioli se habrá dado cuenta de la imposibilidad de conseguir el apoyo de la presidente a su candidatura.

La intervención de la justicia sobre cuestiones que son básicamente políticas resulta siempre confusa y también lo fue en este caso. La obligación de levantar la huelga que dos jueces pretendieron imponerles a los docentes atentó contra un derecho constitucional. Lo que sí debería revisarse es la diferencia en la estabilidad de los cargos que hay entre un establecimiento público y uno privado, lo que genera sin dudas una distorsión en el desempeño docente.

Es difícil cerrar estas líneas sin una reflexión que incorpore un componente moral. Después de todo, pese a lo que dicen los docentes, los días perdidos por esos millones de chicos no se recuperan. No todos tenemos el mismo proyecto educativo y tampoco acordamos en cuál es la mejor forma de llevarlo adelante pero sí coincidimos en que la educación es uno de los pilares fundamentales para la inserción social del individuo y para el desarrollo del país en el concierto mundial.