Con ese objetivo e iniciando el trabajo con la cruel versión del militante kirchnerista Alex Freyre referida a los remedios para controlar la infección por HIV, el kirchnerismo puso a varios exponentes de la oposición en la complicada tarea de tener que fijar posición acerca de distintas políticas implementadas a lo largo de todos estos años por parte de Néstor y Cristina. El jefe de gobierno porteño Mauricio Macri fue conminado a aclarar que mantendría las estatizaciones de YPF y de las AFJP cuando tanto propios  como extraños saben que el PRO se había mostrado contrario a esas políticas. Macri encontró un resquicio de argumentación en la dificultad que impondría desandar el camino emprendido, aunque es probable que lo que tengan medido es el consenso social respecto a que esas áreas estén en manos del Estado (al menos por ahora). La previsibilidad, algo de lo cual este gobierno a todas luces carece, oprime paradójicamente el accionar de la oposición que intenta por todos los medios “no asustar” a los electores.

Siguiendo con las simulaciones, el AFSCA de Martín Sabatella acusa a Clarín de haber presentado un plan de adecuación que simplemente aparenta cumplir con la ley pero que utiliza todo lo que tiene a su alcance para evitarla. Lo curioso en este caso es que cuando este plan fue presentado a principios de año había tenido una acogida favorable por parte del organismo de regulación. El propio Sabatella había dicho que “a primera vista, lo que se presentó cumple los requisitos de la ley” para terminar congratulándose por “haber logrado que todos los grupos de medios, aún el más poderoso y perjudicial para la democracia, hayan tenido que rendirse al imperio de la ley”. Quedaba ya claro en aquella frase que la ecuanimidad en la autoridad de aplicación no iba a ser su característica más sobresaliente. El gobierno simula medir con la misma vara aunque todos reconocen de manera privada que el objetivo primordial de la ley siempre fue desmantelar al Grupo Clarín.

También el INDEC ha vuelto a repetir conductas que lo pusieron como organismo líder en la falsificación de cifras. Con una diferencia en la medición de la inflación acumulada en el año de alrededor de 10 puntos porcentuales (por debajo obviamente) respecto a lo que miden las consultoras privadas agrupadas en el índice del Congreso y las mediciones estatales de otras jurisdicciones, el IPC nacional -nuevo índice lanzado a principios de año y fruto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para dotar de mayor credibilidad a las estadísticas oficiales- ya genera tantas dudas como su antecesor. El período de sinceramiento fue realmente corto. Nadie utiliza las cifras que este organismo produce como insumo para su actividad, por lo que todas las cifras que funcionan como indicadores de la realidad social y económica del país son meras fantasías. El cepo cambiario hizo aquí aún más para que exista un desdoblamiento entre lo formal y lo real; sólo con intentar medir el PBI del país alcanza para notar esta dualidad.

Los gobernadores del Partido Justicialista, entre ellos el dócil mandatario bonaerense Daniel Scioli, tiemblan al pensar que se acerca un fin de año que puede volver a ser complicado. Con sus arcas en rojo, simulan y sobreactúan un apoyo al gobierno nacional para no quedarse afuera de la ayuda que les permita atravesar sin sobresaltos las fiestas. Todos recuerdan los acuartelamientos de las fuerzas policiales y los saqueos iniciados en la provincia de José Manuel de la Sota y temen ser ellos quienes este año deban pagar por mostrar un matiz en la relación con el gobierno nacional. Denostan por lo bajo al equipo económico que conduce Axel Kicillof pero lo aplauden desde la primera fila.

El intento por manipular a la justicia no cesó con el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional parte de la reforma judicial en la que se había embarcado el oficialismo. Por estos días, y faltando sólo 15 meses para que Cristina Kirchner abandone el gobierno, la procuradora Alejandra Gils Carbó insiste en la promoción de fiscales absolutamente afines al kirchnerismo. Los militantes de la agrupación Justicia Legítima acaparan las postulaciones. Para la crucial Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la cual debe ocuparse de investigar los casos de corrupción que afectan al gobierno, propone al actual gerente de asuntos legales de la ANSES, Sergio Leonardo Rodríguez. Con este nombramiento pretende cubrir el cargo que dejó vacante con su renuncia en marzo de 2009 el ex fiscal Manuel Garrido. Vale recordar que en aquel momento Garrido adujo una limitación a su trabajo por parte de su entonces jefe directo Esteban Righi. Detrás de la mentada agilización de los procesos subyace el intento de cooptación final de una justicia ya bastante maniatada en su accionar pero que intentaba salir de su letargo.

El flagelo del trabajo informal (en negro) es reconocido por los propios funcionarios cuando los micrófonos están apagados. Los mismos organismos gubernamentales destinan enormes sumas de dinero a pagos no remunerativas para sus empleados. Sin embargo, la presidente montó en cólera cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) situó las cifras de trabajo informal en el país en un preocupante 46,8%. Según Cristina, este organismo, como tantos otros que han caído bajo su verba iracunda, pretenden “asustar para ajustar”. Todos ellos estarían en las antípodas de los extranjeros que “hablan maravillas de Argentina”.

Elogios y reproches, conquistas y flagelos, opositores y oficialistas, críticos y apologistas, todos parecen haberse convertido en especialistas en el arte de simular.

En este contexto, el pasado jueves, los sindicalistas opositores Hugo Moyano y Luis Barrionuevo junto a la CTA de Pablo Micheli y organizaciones de la izquierda gremial fueron a un paro que intentó reeditar el que había tenido lugar el pasado 10 de abril. Cual partida de golf pero sin árbitro y en presencia de contendientes sumamente tramposos y poco honorables, se desarrolló un juego de acusaciones previas, durante y a posteriori de la medida de fuerza que corrieron el foco de lo que realmente preocupa -y que difícilmente admita algún tipo de discusión- y es que Argentina está en una situación económica que dista mucho de ser la mejor. Seguramente muchos de quienes quisieron concurrir a su lugar de trabajo no pudieron hacerlo por falta de medios de transporte y otros tantos que encontraban motivos para adherirse o protestar tuvieron que asistir por temor a perder su trabajo pero, ¿es esto realmente lo importante? Los que trabajamos, como fue mi caso, ¿lo hicimos porque avalamos las políticas de este gobierno?; los que faltaron, ¿lo hicieron para apoyar a los sindicalistas Moyano y Barrionuevo? Intuyendo con sólidos fundamentos que ambas respuestas son negativas para la mayoría de los casos, la discusión pasa a ser de política minúscula.

Es probable que el mayor o menor éxito de la medida de fuerza influya sobre el poder de los sindicalistas que convocan y en su pelea interna para liderar el movimiento obrero pero esto tiene sin cuidado a la gran mayoría de los argentinos. Sabemos también que el gremio de la UTA, liderado por Roberto Fernández, logró que el gobierno se retractara en su decisión de no subsidiar al transporte de larga distancia y por lo tanto fueron más permeables al pedido del ejecutivo de no ser parte de la huelga. Como sostuvo el propio Fernández, “estamos de acuerdo con todos los reclamos, pero lamentablemente en este momento, por la situación económica que vive el país, no compartimos el paro”. Esta situación, reconocida incluso por todo el sindicalismo cercano al gobierno, diluye cualquier intento del jefe de gabinete y otros funcionarios por “festejar” que la adhesión al paro haya sido menor a la esperada por sus organizadores.

Algunos de los reclamos concretos que se hicieron durante la protesta también carecen de un análisis básico de la realidad que nos toca vivir. Sin dudas, los aumentos logrados en las paritarias no alcanzan a cubrir el alza generalizada de precios y de allí que parezca lógico el reclamo de reapertura de paritarias pero la cruda verdad es que los empresarios tienen dificultades incluso para cubrir sueldos efectivamente depreciados por la inflación. Este flagelo, que la gran y abrumadora mayoría de países del mundo resolvió y archivó en el cajón de los recuerdos más tristes, se combina aquí y ahora con una recesión ya instalada que ni siquiera el maniatado Indec puede ocultar.

Estos problemas por los que transita el país fueron largamente anunciados por voces de distinto calibre, aunque todas ellas fueron debida y contundentemente reprendidas, repudiadas y descartadas por el gobierno y su monumental aparato de propaganda. Cuando la plaga se ha vuelto a instalar entre nosotros, el camino elegido vuelve a ser patear la pelota afuera. Encontrar culpables de problemas por ellos generados fue siempre una característica muy aceitada en el universo kirchnerista.

Como bien dijo Steve Jobs en ese discurso para los egresados de Stanford en el año 2005, y que ante su lamentable deceso ha quedado como parte de su herencia más importante a nivel simbólico, los puntos siempre se unen hacia atrás, y Cristina Kirchner, que sin dudas toma muchas decisiones en base a impulsos emocionales, ha previsto y elegido concienzudamente también llevar adelante políticas de corte populista y para ello ha impulsado cambios institucionales que le permitieron profundizarlas. Dos de los más relevantes fueron la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (expulsión mediante de su entonces titular Martín Redrado) para transformar al presidente y su directorio en simples ejecutantes de políticas económicas y monetarias emanadas desde la presidencia; y la estatización compulsiva y forzosa de las jubilaciones, que fue decidida para dotar a la ANSES de mayores recursos para la ejecución de políticas originadas con exclusividad por la Jefa de Estado. Por encima de los argumentos utilizados, lo cierto es que el gobierno ha usado al Banco Central como si fuera parte del Tesoro Nacional acumulando así una deuda con el organismo (supuestamente) descentralizado de más de U$D 50.000 millones, de la misma forma en que ha usado los fondos de la seguridad social, y particularmente de los futuros jubilados, para financiar políticas de distinto tipo a través del denominado Fondo de Garantía de Sustentabilidad que tiene la “generosidad” de adquirir todas las Letras del Tesoro Nacional que el gobierno pone convenientemente a disposición. En este sentido, hay que reconocer que el kirchnerismo ha dejado demasiadas pistas en el camino como para lograr que muchos neo opositores deban adoptar su mejor cara de póker para afirmar convincentemente que había una esencia en los Kirchner que no alcanzaron a divisar a su debido tiempo. 

Al parecer, ya no le alcanza con haber creado un gigantesco grupo de medios “cercanos”, entre los cuales podemos mencionar como los más importantes  al Grupo Veintitrés, el Grupo Olmos, el Grupo Ámbito, el Grupo Moneta-Garfunkel, el Grupo Indalo de Cristóbal López, los medios de Universidades y del Tercer Sector, el Grupo Electroingeniería, el Grupo Albavisión, las naves insignias de Diego Gvirtz (678, DDD y TVR) y los medios de propiedad del Estado que durante el kirchnerismo se han  transformado más que nunca en organismos de propaganda facciosa con poca información útil para el ciudadano. Lastimosamente para el gobierno, las radios afines no se escuchan, los diarios amigos no se leen y los programas de TV partidarios se saltean, por lo cual el siguiente paso consiste en reemplazar a quien pone en evidencia estos resultados. Llama la atención que no se haya propuesto aún un nuevo organismo para certificar la tirada de diarios y revistas; y hasta quizá debiéramos agradecer que no se les ha ocurrido algún mecanismo para obligarnos a consumir sus medios, aunque hay que tener en cuenta que el programa Fútbol para Todos va, de una manera algo más sutil, en esa dirección.

Este anuncio lo hace la titular de un gobierno que fraguó las estadísticas oficiales en pos de acomodarlas al relato. Desde el comienzo de su primer mandato, los números que todos los gobiernos argentinos desde comienzos de la década del 70` dan a conocer a través de su Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) fueron perdiendo credibilidad y sustento metodológico hasta transformarse en una herramienta de propaganda tan escandalosa que se volvió irrelevante. En un vano intento por diferenciarse de éste y tratar de convencer acerca de la objetividad que va a tener la nueva medición, Cristina Kirchner puso en manos de un grupo de universidades (todas ellas de conducción afín al gobierno) la ejecución de la misma. Valga en tal caso como antecedente que cuando las facultades a las que el gobierno dio participación para monitorear las estadísticas del INDEC expusieron sus críticas, fueron rápidamente desafectadas del control. Si los índices de inflación, pobreza y desocupación sucumbieron ante la intervención del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno (bajo la orden directa y concreta del ex presidente Néstor Kircher), ¿cómo no van a ser “maleables” los datos del rating radial y televisivo?

¿Cómo creer en el interés por la transparencia de un gobierno que se ha negado sistemáticamente a tratar, sancionar y promulgar (incluso haciendo perder a fines de 2012 estado parlamentario a un proyecto de ley que tenía media sanción del Senado de la Nación desde dos años antes) una ley de acceso a la información pública precisa, detallada y moderna que hasta fue pedida a través de un fallo de la Corte Suprema por un reclamo formulado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) en marzo de este año?

En el anuncio, la presidente también hizo alusión a la misión asumida de darles a los anunciantes una herramienta para no ser engañados. Concretamente dijo que con este sistema “los empresarios saben dónde ponen la plata y si los están estafando o no”. Quien formula una definición de estas características tiene sin dudas una visión exageradamente optimista acerca de las capacidades del sector estatal y un desdén absoluto por la aptitud existente en el sector privado. Quizá le falte algo de conocimiento, o se niega a comprender que las personas ponemos mucho mayor énfasis en cuidar lo propio que lo ajeno y este comportamiento también incluye a los anunciantes.

Ante los antecedentes expuestos, que nos hacen desconfiar del sistema recién lanzado, sería oportuno decirle a la Presidente que no la ayuda a incrementar la credibilidad de un anuncio poner a su lado al único vicepresidente de la historia argentina que fue llamado a indagatoria y que seguramente será procesado en los próximos días, que tiene más de 70% de imagen negativa y que ante cada intervención en medios de comunicación donde preguntan de verdad pasa zozobras y brinda respuestas inverosímiles.

La propaladora oficial de medios funciona actualmente en formato de retroalimentación exclusivamente. Ya no tiene la posibilidad de captar a televidentes que conserven algo de independencia y espíritu crítico y por lo tanto ha adoptado una dinámica de arenga entre convencidos y “enchufados” (en términos venezolanos). Lo que en un principio podía verse como una voz diferente a la que transmitían los medios críticos al gobierno, a fuerza de fabulaciones, propaganda desembozada y mentiras recurrentes, ha dejado de prestar también ese servicio. Si hacemos una analogía con el juego del poker, donde la simulación y el engaño son parte de una estrategia posible, podríamos decir que ante la puesta en evidencia de la mentira permanente, el intento por resultar creíble termina siendo absolutamente inconducente.

En materia de derechos humanos, si bien el kirchnerismo le ha aportado dinamismo a algunas causas contra ex represores por su repentino interés en la materia, el daño que ha causado sobre organismos de DDHH que gozaban de independencia, credibilidad y prestigio es notable. Aquí también ha profundizado un distanciamiento entre quienes se han dejado cooptar y quienes conservaron su independencia política.

En lo que hace a la administración de la cosa pública (res publica), lejos de continuar con una profesionalización ampliamente necesaria para hacer eficiente y eficaz la gestión de la burocracia estatal, ha promovido una brutal involución que implicó el desplazamiento de funcionarios probos no alineados y el encumbramiento de militantes incapacitados y desinteresados al mismo tiempo, con la consiguiente pérdida de recursos humanos valiosos. Todo esto en un contexto donde el empleo público nacional se ha incrementado un 75% durante los años del kirchnerismo. Dos de los organismos que exhiben más claramente este desatino son el INDEC y la Cancillería.

El caso del Indec, con sus técnicos desplazados y la permanente manipulación de las estadísticas oficiales, es harto conocido. A los falsos números de pobreza, indigencia e inflación, se suman las dudas que genera la metodología adoptada para medir el empleo. Recientes revelaciones y cotejos indican también que ni siquiera los números de comercio exterior son confiables dadas las incongruencias que aparecen al cotejarlos con datos de organismos homónimos de países con los cuales Argentina tiene relaciones comerciales. La destrucción de un instituto estadístico que era modelo para el resto de los países de la región genera desazón.

La Cancillería también ha sido un ámbito donde la política facciosa ha desplazado a la idoneidad, aunque la situación ha sido camuflada durante un tiempo por la habitual discreción del cuerpo diplomático. Tal vez el fallido acuerdo con Irán sea la pequeña punta de un enorme iceberg. Recientemente se han conocido correos electrónicos entre miembros de La Cámpora que allí trabajan y que demuestran la existencia de proyectos de reforma para el Servicio Exterior de la Nación (SEN), sea modificando la ley (de muy difícil concreción), interviniendo en contenidos, o solicitándole a la presidente que modifique vía decreto la reglamentación de la ley 20.957 sancionada en 1986.

En materia judicial, y pese a que la Corte Suprema nos ha evitado la desgracia de ver materializada la total cooptación del Poder Judicial al declarar inconstitucional parte de la reforma impulsada por el oficialismo, vale recordar la cantidad de jueces que por sociedad, complicidad o bajo presión han cedido a los deseos del poder político. La evolución del Ministerio Público Fiscal ha ido en dirección de lograr el encolumnamiento de los fiscales a la militante conducción de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó. Recordemos que el anterior Procurador Esteban Righi, un histórico dirigente del peronismo que detentó ese cargo por el transcurso de 8 años durante los gobiernos de Néstor y Cristina, tuvo que renunciar acusado por el vicepresidente Amado Boudou de intervenir en la causa que lo tiene involucrado por la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica, y ello no podría haberse logrado sin la clara venia de la primera mandataria. Con la reciente propuesta de nombramiento de 360 conjueces para cubrir vacantes en varios juzgados, la presidente ha abandonado la sutileza para pasar a postular personas claramente identificadas con su espacio político.

La intervención sobre los medios audiovisuales y de prensa ha excedido cualquier intento de influencia propiciado por gobiernos anteriores desde el retorno de la democracia. Como consecuencia de ello, ha quedado conformada una multiplicidad de medios que se sostienen primordialmente por la pauta oficial y los negocios con el Estado y que pasarán a ser mano de obra desocupada a merced del nuevo oficialismo. Esta puja también ha traído consecuencias sobre la calidad de  aquellos medios que han quedado parados en la vereda de enfrente del gobierno. Fomentando la radicalización de los contendientes ha logrado bajar la calidad del debate público.

En materia de política económica, el gobierno de los Kirchner ha logrado “inventar” una crisis en un clima que continúa ampliamente favorable para la región y en particular para la Argentina. Récord de cosecha y una tonelada de soja en precio exorbitante no le han impedido poner al país al borde de la estanflación (el peor escenario). La confianza nunca recreada ha logrado una permanente y masiva fuga de capitales que costará mucho esfuerzo y tiempo recuperar. Mercados internacionales de importación y exportación han quedado a merced de los caprichos de equipos económicos inconsistentes y una conducción política imprevisible. La percepción de los actores internacionales respecto de la Argentina indica una distancia cada vez mayor entre potencia y acto. Al mismo tiempo, el direccionamiento de la matriz productiva hacia actividades inviables, mientras se deja al margen de la consideración gubernamental a las más competitivas, va a requerir de tiempo para readecuarse.

En materia de educación universitaria, la creación de nuevos establecimientos, sobre todo en el conurbano bonaerense, ha servido para ejercer un control sobre profesores y contenidos que la propia democracia interna en las universidades más importantes (donde las agrupaciones y académicos del kirchnerismo suelen obtener resultados adversos) les ha vedado. Así suelen girar millonarias sumas para que éstas los dediquen a financiar películas, participar de exposiciones y eventos partidarios, evitando así el control institucional de esos recursos.

Quienes menoscaban al kirchnerismo como un movimiento político que ha basado su gobierno en dos elementos principales, la soja y la suerte, olvidan el persistente y esforzado trabajo que ha hecho durante más de diez años por modificar las bases institucionales del país, poniendo el foco en el funcionamiento de las mismas (neoinstitucionalismo). Claramente no se han llevado bien con las tres características que nuestra constitución señala como esenciales para nuestra democracia, su dimensión representativa, republicana y la federal. Lamentablemente para la salud de la República, en esta tarea han sido mucho más eficaces que en la gestión administrativa.

Ante la evidencia que otorgó un florido discurso público, sería un buen elemento de cara al futuro medir la cantidad de veces que un candidato, o presidente ya electo, promete una refundación del país. De esta manera, sabríamos a ciencia cierta su intención de perpetuarse en el poder, avasallar las instituciones e intentar mimetizar los objetivos e intereses de toda una nación con los de la propia facción.

No soy crítico de cine y por lo tanto sólo me limitaré a recomendar que vean este valioso testimonio porque, más allá de contar en primera persona la violencia política de los años 70`, también dispara una serie de reflexiones y nos interpela como sociedad en nuestra relación con la verdad, la conciencia, la hipocresía y la impostación.

Una de las frases que más me impactó del documental fue cuando Leis pide, casi suplica, a los “sobrevivientes” (como prefiere llamar a los protagonistas de aquellos años) que simplemente cuenten lo que saben. Transmitir lo sucedido fue un proceso por el que tímidamente pasamos (en el período de Alfonsín), desdeñamos (durante el gobierno de Menem) y reescribimos (durante el kirchnerismo) y este vaivén teñido de mentiras nos colocó en la triste situación de no haber podido aportar el marco de verdad, justicia y reconciliación necesarios para crecer como sociedad. Más aún, el esfuerzo de haber juzgado a las juntas militares junto con la Conadep y su informe Nunca Más han sido celosamente sepultados, reescritos u olvidados por el kirchnerismo gobernante con la triste complicidad de algunos organismos de derechos humanos.

Los gobiernos de Néstor y Cristina se han caracterizado por postergar, si no soslayar, la investigación de la verdad. Esto, claro está, no sucedió solamente en el área de los derechos humanos. Vale una pequeña anécdota personal para ilustrarlo. Hace unos años pasaba unas vacaciones con mi familia en Mar de las Pampas. Siendo marzo el mes elegido y estando en un balneario tranquilo tuve la oportunidad de divisar cerca de la orilla del mar al publicista ultra K Fernando Braga Menéndez. En tono amistoso y como animal político que soy, me acerqué para comentarle que lo conocía y tal vez motivar alguna charla que me devolviera la realidad que las vacaciones y el descanso pretenden ocultar. Parece que a él le sucedía lo mismo y entonces hubo diálogo. En un breve repaso del contexto político de aquel momento, recuerdo que cuando llegamos al tema del Indec y las falsas cifras de inflación, Braga Menéndez fue todo lo auténtico que suele ser en público. Según él, el gobierno hacía bien en falsear las estadísticas porque de esta manera evitaba el pago extra de deuda pública que actualizaba por CER (coeficiente de estabilización de referencia). Un pequeño ejemplo del kirchnerismo y su relación con la verdad.

Haber escuchado a Graciela Fernández Meijide oponerse a la utilización de la simbólica cifra de 30.000 desaparecidos esgrimiendo que eso es una falta de respeto para las víctimas me parece de un gran coraje. Graciela explica que su trabajo durante aquellos años de militancia en organismos de derechos humanos implicaba la documentación precisa de los desaparecidos. Cualquier generalización (aunque tenga la misión de establecer un símbolo y que a su vez facilite el encasillamiento bajo el concepto de genocidio) es sentida como una afrenta a tamaño trabajo de investigación y documentación, pero fundamentalmente al derecho de las víctimas. Que Héctor Leis critique el accionar no sólo de la cúpula de Montoneros sino que también cuestione aquel supuesto romanticismo de sus militantes y haga hincapié en la fascinación por la violencia de aquellos jóvenes es también valiente y disruptivo.

Hay algo que de todos modos inquieta. Si bien sé que tanto Graciela como Héctor han tenido inconvenientes y recibido críticas de parte de supuestos defensores de los derechos humanos por sus dichos y escritos, también creo que de alguna manera han podido sortear esas críticas, o al menos hacerlas menos agresivas, por haber sido ellos mismos “víctimas” de aquellos años. Cualquier otro que no hubiera padecido la pérdida de un hijo a manos de la dictadura militar (caso Graciela) o que no haya sido oficial de Montoneros (como Héctor) se las vería mucho más complicadas para dar estos testimonios que fracturan el relato que construyó a fuerza de repetición y constancia el kirchnerismo. La grieta, en este caso del relato, es valiosa porque nos acerca a la verdad. Sería bueno que sólo sea el puntapié inicial para que todos los protagonistas de la violencia política de los 70` hablen y cuenten lo que saben sin especulaciones.

De haber permitido un lógico proceso de investigación, brindando la  oportunidad para que todos los protagonistas de aquellos años puedan contar con libertad (aunque sea desde la cárcel si así correspondiera) su versión de lo sucedido, tal vez hoy la reconstrucción de aquellos tristes acontecimientos hubiera sido más fructífera y muchos familiares podrían saber finalmente qué fue de aquellos hijos desaparecidos o conocer el paradero de tantos nietos que aún no se encontraron. Cuando muchos de los protagonistas de la violencia se dieron cuenta de que la única oportunidad que tenían de defenderse era mediante el silencio, ese fue el preciso momento en que creamos un abismo entre nosotros y la verdad histórica.

Sin dudas, las interpretaciones, responsabilidades y culpabilidades penales son bien diferentes según los actores políticos. Sin embargo eso debía ser el final del camino y no el principio. Haber puesto en el banquillo de los condenados a todos aquellos que eran para el kirchnerismo estorbos del relato trastocó las cosas y nos alejó de la verdad. Incluso Héctor Leis sostiene que el proceso de venganza (más que justicia) sobre quienes perpetraron aquellos crímenes nos impidió realizar una reconstrucción sincera y completa de aquel tormentoso pasado.

Sin dudas, uno de los logros que el kirchnerismo ha tenido fue permear sobre toda la sociedad y en la cultura política en particular ese miedo a la verdad. Aquello de barrer bajo la alfombra o bien no levantar la colcha por miedo a lo que se pueda encontrar. Esto abarca tanto el recuerdo de los años de mayor violencia política del país durante el siglo XX como la intervención del Indec, la masiva intromisión sobre los medios audiovisuales, la colonización de la agencia oficial Télam por parte de bloggeros K o las trabas al acceso a la información pública.

Esta turbia relación con la verdad también se impone al interior del kirchnerismo. Los funcionarios y dirigentes del oficialismo más permeables a transmitir el relato que baja la presidente Cristina Kirchner son los más beneficiados en el círculo áulico kirchnerista. Por el contrario, aquellos que suelen intentar un acercamiento a la verdad sin salirse del oficialismo son vistos con mayor desconfianza por la cúpula del poder y los guardianes del relato.

Aunque provenga desde mi agnosticismo, vale la pena repasar finalmente aquella frase de Jesús citada en el Evangelio según San Juan: “La verdad os hará libres”. Creo que en ese sentido, ha sido una década perdida. Nos hemos alejado de la verdad en pos de sostener un relato y para esto ha influido mucho la frustración que Néstor y Cristina sintieron por no tener el pasado glorioso que el presente en la máxima esfera del poder y el relato les pedían sostener.