Tal vez haya sido Lula quien, pese a su origen izquierdista y combativo puso mayor distancia respecto a las acciones que más identificaron este fenómeno. Sin embargo, para los medios de prensa brasileños y los sectores críticos del fundador del PT, la analogía con los otros líderes mencionados es directa. Pese a haber sido pragmático y moderado en su política interna, con logros en crecimiento del PBI y reducción de la pobreza, camino iniciado por su predecesor, Fernando Henrique Cardoso, en política exterior trabajó para posicionar a su país como un actor fuerte y en muchas ocasiones contestatario de las políticas llevadas adelante por los países centrales. Fue así como Brasil, durante su gobierno, se acercó a causas y líderes que poco tenían que ver con los países más democráticos y desarrollados.

En el caso de Chávez, a poco de andar, mostró un perfil típicamente populista, con un fuerte culto a la personalidad y que el periodista Andrés Oppenheimer calificó astutamente como narcisismo-leninismo.

El caso de Néstor Kirchner fue más progresivo, adaptado a los preconceptos argentinos. Habiendo aparecido en la política nacional por elección y descarte del ex presidente Duhalde cuando era un desconocido para la mayoría de los argentinos, forjó una primera etapa de gobierno donde la obsesión por su “libreta de almacenero” y la permanencia de algunos funcionarios del gobierno anterior lo contuvieron dentro de los cánones de cierta racionalidad económica. Tal vez su primer enfrentamiento público, en el que dejó entrever su afán voluntarista, se produjo con la petrolera Shell por una suba de precios en las naftas. Aquella apelación al escrache público fue uno de los primeros pasos hacia la adopción de políticas económicas e institucionales populistas que luego iría radicalizando durante su gobierno y posteriormente en el de su esposa.

En Brasil, Dilma Rousseff tiene el índice de popularidad más bajo de un presidente desde el regreso de la democracia en 1985. La recesión económica, que golpea duramente al hasta hace poco admirado país, sumados a las denuncias de corrupción que la acorralan a través de la mega causa conocida como Petrolao hacen prever que el juicio político está cerca. El Partido de los Trabajadores (PT) y sus militantes no parecen muy entusiasmados en el intento por sostener a la presidente, y ya consideran más que suficiente lo hecho en la defensa de los ajustes que debió encarar en los últimos años. Por el contrario, las fuerzas sí parecen estar puestas en apoyar al cada vez más complicado judicialmente Lula. Los análisis que sitúan lo hecho (o no hecho) por Da Silva, sobre todo en el último período de su segundo mandato, como el desencadenante de la crisis que debió enfrentar su sucesora, quedan simplemente para las discusiones entre los especialistas.

En Argentina, fue Cristina Kirchner quien se hizo cargo de continuar con un gobierno que pretendía alternar a ambos cónyuges en el poder y que el fallecimiento prematuro de Néstor impidió. Vale recordar que apenas asumida Cristina se topó con un hecho que marcó la historia del kirchnerismo: el conflicto con el campo. Esa rebelión del sector más dinámico de la economía ante una resolución que pretendía elevar las retenciones y que, según el actual embajador en los Estados Unidos Martín Lousteau, fue más moderada a raíz de su intervención como ministro de economía de esos años. Aquella fue la más clara muestra de la necesidad que ya tenía el gobierno de incrementar la presión fiscal para solventar el crecimiento del gasto público, el cual no se detendría jamás, con las consecuencias que ya todos conocemos y que aún sufrimos, la principal de ellas, la inflación.

En Venezuela, la irrupción de un militar golpista como Hugo Chávez, que rompió el sistema de partidos y generó una esperanza de cambios en un país que sufría de todos los males clásicos de los países latinoamericanos, le permitió avanzar de manera más veloz hacia su proyectado Socialismo del Siglo XXI. Impulsando y logrando una reforma constitucional apenas arribó al poder, rápidamente demostró su ambición de perpetuidad. Las políticas enfocadas hacia los más desposeídos le granjearon fuertes apoyos pero demostró con el correr del tiempo que sólo estaban apoyadas en sus enormes ingresos petroleros. Los problemas para su gobierno comenzaron mucho antes de su deceso, al punto que la oposición, diezmada, perseguida y bastardeada por el gobierno desde sus inicios logró poner en riesgo la supremacía chavista con un 44% de los votos en la elección presidencial de 2012 para Henrique Capriles. La inflación, la escasez de productos y una oposición que se hace fuerte ante problemas que Nicolás Maduro no tiene recursos para resolver, con un petróleo peleando por llegar a los U$D40 el barril (cuando llegó a estar casi en los U$D150 en el 2008) ponen en situación terminal el régimen chavista.

Habiendo desaparecido dos de los mandatarios mencionados y un tercero enfrentando graves problemas con la justicia, lo curioso es que los tres conservan aún una fuerte simpatía (o fanatismo según el caso) en un importante sector de la población. Pese al evidente fracaso de sus políticas, los prematuros decesos de Chávez y Kirchner, sumados a la posibilidad de que Lula Da Silva se convierta, según sus propias palabras, en ‘’héroe (encarcelado), mártir (muerto) o presidente (libre)’’ ponen a estos países en el riesgo de creer que, pese a las evidencias, las políticas de corte populista pueden funcionar si están en manos de los intérpretes apropiados.

Cada discurso pronunciado por la presidente deja más en evidencia que así como se le atribuye (erróneamente para la mayoría de los historiadores) a Luis XIV la frase “El Estado soy yo”, mansamente podríamos adjudicarle a Cristina Kirchner la visión de la que la patria es el kirchnerismo. En clara discordancia con gestos y hechos que el matrimonio presidencial ha desarrollado desde que llegó al poder allá por el 2003, la locutora oficial se empeña en presentar a la primera mandataria como “la presidenta de los 40 millones de argentinos”. Bastan sólo un par de palabras en el discurso que prosigue para tirar por tierra el idílico enunciado.

A  medida que se acerca el 10 de diciembre, resulta más preocupante que nos cueste tanto imaginar a Cristina entregando la banda y el bastón a un sucesor que no sea el que ella designe. Si bien las encuestas que se difunden proyectando la dicotomía continuidad vs cambio marcan una predilección social por esto último, el gobierno actúa como si su facción política fuera a quedarse para siempre. Se conducen como si fueran los últimos propietarios del gobierno. Después de ellos, la nada.

El pasado lunes 4 de mayo, al cumplirse 5 años de su elección como primer secretario general de la Unasur, la Presidente decidió colgar un cuadro de su esposo en el Salón de los Patriotas de la Casa Rosada. Lo acompañó por un ejemplar del ex presidente venezolano Hugo Chávez. Homenajeó así a dos figuras contemporáneas, cuyos procesos políticos están en curso y sobre los cuales hay una efervescente discusión en desarrollo, y con corrientes en ambos países que ofrecen democráticamente a la ciudadanía una opción fuertemente opuesta a la que ellos representan. ¿Qué debería hacer con esos cuadros el próximo presidente si fuera electo alguien que no comulga con aquellas ideas?

Casi todos recuerdan cuando en los comienzos de la presidencia de Cristina Kirchner, en pleno conflicto con el campo y en una batalla que se agudizaba con los medios de comunicación independientes, bautizó a la soja como “yuyo maldito”. Ese “yuyo”, símbolo para el gobierno del temido monocultivo pero fomentado, consciente o inconscientemente, por sus propias políticas, podría ser una triste metáfora de esta etapa del kirchnerismo, al actuar ya como un régimen que no aspira a permitir otros “cultivos” y que deja devastada –al menos por un tiempo- la “tierra” donde se “produce”.

No lograron siquiera preservar uno de las pocas medidas de gobierno que goza prácticamente de unanimidad como fue la designación de una Corte Suprema de Justicia independiente y prestigiosa. Los desesperados embates contra el juez Carlos Fayt, el presidente Ricardo Lorenzetti y el cuerpo en su conjunto denotan una ambición por eliminar los límites y controles que las repúblicas tienen pensados para sus gobernantes. Es reconocido off the record por los propios funcionarios del gobierno –y fácilmente concluido por cualquiera que haga un simple análisis situacional- que lo que molesta de la Corte no es que el juez Fayt sea un hombre mayor o que Lorenzetti se haga reelegir antes de la fecha programada, sino que sea un poder indómito a los deseos de la presidente.

Lamentablemente, y pudiendo terminar su gobierno con el reconocimiento de un porcentaje relevante de sus conciudadanos, la Presidente está empeñada en doblegar todas las instituciones que aún desean conservar su independencia. No se conformó con destruir al Indec, con hacer del Banco Central -reforma de la Carta Orgánica mediante- un apéndice del Tesoro Nacional donde todavía algunos funcionarios independientes y de carrera intentan sortear las más burdas y groseras zancadillas, hacer del dinero de los jubilados una caja de financiamiento para lo que el Ejecutivo disponga, transformar la Televisión Pública en un ministerio de propaganda propio de regímenes totalitarios, trocar el Congreso Nacional en una escribanía, y tantas subversiones más a las instituciones de la República. Es desolador comprobar que nuestra principal esperanza de evitar que -emulando a la conocida táctica militar que destruye todo lo que pudiera ser de utilidad al enemigo- conviertan estos cimientos en tierra arrasada, sea el escaso tiempo que tienen ahora para terminar el trabajo.

En este difícil contexto, la comunicación de los actos de gobierno ha caído -necesariamente y por acción directa del entorno- a una mera repetición de “logros” del pasado. Las cruzadas actuales requieren del receptor una muestra de fe inquebrantable porque si no ¿cómo interpretar que lo que se propone el nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones es abrir el juego de la TV por cable en lugar de ser un ataque más sobre su enemigo número uno? ¿Cómo explicar ahora que todo el esfuerzo puesto en la aprobación y puesta en ejecución de la ley de medios necesita de la corrección de uno de sus artículos fundamentales? Cabe recordar que en discurso público al enviar el proyecto de la ley de medios al Congreso Nacional, la Presidente dejó en claro que no existía la pretensión de brindarle a las prestadoras de servicios públicos -más precisamente a las telefónicas- una supremacía por sobre los operadores del cable. Con esa premisa hace cinco años habían logrado cooptar para la causa a ingenuos legisladores de Proyecto Sur, el Partido Socialista y Libres del Sur.

Al menos deberíamos valorar que las cartas están, más que en años anteriores, sobre el tablero político. Este nuevo proyecto de ley, conocido como Ley Argentina Digital, reúne en una escueta extensión al histórico intento de sojuzgamiento del adversario político que caracterizó desde sus comienzos en la política al matrimonio Kirchner, con la pretensión de control sobre todos los aspectos del mercado que el ministro de economía Axel Kicillof no cesa en su intento por ejecutar y así lograr el viejo anhelo de demostrar que el fracaso de la Unión Soviética encuentra su principal razón de ser en la falta de información del sistema; lo que ahora puede subsanarse con tecnología.

Néstor Kirchner disfrutaba afirmando que debían juzgarlo por lo que hacía y no por lo que decía. En este caso, los proyectos “bajados” (así ve la presidente Cristina Kirchner al Poder Legislativo) al recinto hablan por sí solos. Así es que todo lo que la ley de medios de comunicación audiovisual tiene para democratizar la palabra lo tiene el nuevo Código Procesal Penal para agilizar los procesos. Como suele hacer, el kirchnerismo se blinda también en una causa que parece justa y asentida para imponer condiciones que de lo contrario no serían fáciles de explicar ni bien recibidas por la opinión pública. Este empoderamiento que el nuevo código propone no hace más que darle fuerza al sector de la justicia donde mayor injerencia y fuerza tiene el gobierno. Efectivamente, de la mano de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó y con el trabajo de fiscales militantes como el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella –quien debe presentarse a indagatoria por haber excluido de su investigación al empresario amigo y socio de Néstor Kirchner Lázaron Báez- el gobierno intenta rodear a la Justicia por su lado más vulnerable a la influencia política.

La reciente aprobación de la nueva ley de hidrocarburos también marca el camino que decidió encarar el gobierno mientras promete ir en busca del autoabastecimiento perdido. Impulsada por el CEO de YPF Miguel Galuccio, esta ley avasalla las autonomías provinciales para impulsar una inversión que el gobierno mismo había logrado frenar con su torpe intervención sobre los incentivos en el mercado petrolero. La desesperación por la búsqueda de inversiones que no llegan y la necesidad de hacerse de amigos poderosos a futuro explican los alcances de esta ley.

No es conveniente desdeñar el empeño que el kirchnerismo ha puesto en dotarse de medios que le permitan transmitir a su gusto y piacere sus mensajes. Sin embargo, no siempre es sencilla la tarea de comunicar cuando las papas queman. Así es como puede caerse en el mensaje grandilocuente y sin sentido del jefe de gabinete Jorge Capitanich cuando afirma que la Ley Argentina Digital “promueve el bienestar del pueblo argentino porque garantiza la universalidad del servicio”, como también en el más sincero y, sin dudas, mucho más modesto objetivo del titular del AFSCA Martín Sabatella cuando reconoce que lo que va a permitir esta nueva ley es “que no te rompan la pared con un agujerito por cada servicio”.

Centrándonos en el caso particular de nuestro país, vemos que la recesión económica ya se traduce en números que el propio INDEC convalida tímidamente y que las principales consultoras privadas estiman en alrededor de un 4% de contracción de un año a esta parte. Lo que descoloca al gobierno es que su receta más usada –la de arrojar pesos a la calle bajo distintas formas-  tiene ahora el efecto dramático de una inflación desbordada. Recursos frescos como los fondos de los jubilados ya han sido utilizados en una importante variedad de programas impulsados desde el ejecutivo nacional. La gente escapa a la tenencia de pesos de todas las formas en las que su propia situación personal se lo permite y eso parece imposible que tenga vuelta atrás mientras sea Cristina Kirchner quien se encuentre en el sillón de Rivadavia.

La producción de autos, otro de los pilares en los cuales se basó este autodenominado “modelo de acumulación de matriz diversificada con inclusión social”, sufrió en la comparación interanual una baja  de más del 30%. En ese contexto, lo que pueda o no reactivar el extendido plan Pro.Cre.Auto es un simple paliativo. Las automotrices, a las que la presidente acusó de “encanutar” los vehículos, tienen dificultades para acceder a los dólares y ver aprobadas las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) que les permiten comprar los insumos para poder continuar con su línea de producción. Por si esto fuera poco, la inflación fue agregando cada vez más modelos de autos a los cuales alcanzó el impuesto interno que el Congreso Nacional aprobó en el mes de diciembre pasado. Todo este explosivo combo se tradujo lógicamente en la suspensión de trabajadores en las plantas, el cierre de concesionarios y la eliminación de sucursales o la fusión de las mismas tanto de autos usados como de 0 K.M.

En el agitado mercado cambiario, el gobierno, en la voz ya cansada de su jefe de gabinete Jorge Capitanich, promete combatir a los “arbolitos” que venden el “dólar ilegal” pero sabe al mismo tiempo que cuanto más se restrinja ese mercado más va a ser la brecha cambiaria, que hoy ya supera el 85%. Dólar oficial, dólar ahorro, dólar tarjeta, dólar blue, contado con liquidación son variantes que muestran a las claras un mercado cambiario enfermo.

El enfrentamiento que el gobierno mantiene desde el 2008 con el campo, principal proveedor de divisas, también parece haberlo acorralado en su propio cerco. Las restricciones que siempre sufrieron los exportadores, en retenciones o prohibiciones según el caso, con el objetivo de engrosar las arcas del estado o bien para “cuidar la mesa de los argentinos” tuvieron la consecuente pérdida de mercados internacionales para los cuales el sector estaba altamente capacitado para abastecer. El caso de la carne es dramático. La caída de precios en las exportaciones agrícolas también afectó tanto al sector exportador como al propio gobierno. Las expectativas de devaluación que genera la brecha cambiaria atentan contra la liquidación de divisas por parte del sector y la historia económica demuestra largamente que cualquier intento por hacer coercitivo lo que debe ser voluntario repercute negativamente de una forma o de otra pero siempre más temprano que tarde.

En este explosivo combo, la Presidente decide utilizar sus discursos en los organismos internacionales para denostar a la justicia y al gobierno del país que imprime la moneda que los argentinos demandan. Los discursos mayormente no solucionan ni crean los problemas, pero sería bueno que no tiendan a agravarlos. Como suelen decirle a los flojos arqueros de fútbol, “no te pido que las atajes pero al menos no metas las que van afuera”. La presidente utilizó sus recientes alocuciones, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para dejar constancia de sus posturas. “No sólo son terroristas los que ponen bombas, sino también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de los países y provocan hambre, miseria y pobreza” dijo ante la Asamblea. Quiso abarcar aquí una crítica tripartita, a los fondos buitre, al juez Thomas Griesa (y toda la justicia norteamericana) y al gobierno de los Estados Unidos por generar en nuestro país consecuencias que según los últimos datos del Indec no tenemos (5% de pobreza señala la última medición disponible, un nivel comparable al de Suiza).

Ante tales acusaciones, el gobierno de los Estados Unidos responde simplemente que Argentina no es en estos momentos un país relevante para su agenda mientras que reconoce que la relación entre ambos atraviesa un período de distanciamiento. La indiferencia es seguramente la reacción que menos esperaba la presidente y hay que reconocer que había hecho bastante para evitarla criticando, entre otras cosas, la política exterior de la Casa Blanca. Cristina Kirchner se fue convirtiendo por sus intervenciones en Naciones Unidas en un personaje casi pintoresco, tal como lo fuera su fallecido amigo Hugo Chávez, y esto no es algo muy valorado en el contexto diplomático.

Durante años el discurso del kirchnerismo ha sido la exaltación de las políticas activas que, según ellos, fomentaron el crecimiento del país. A esta altura cabe preguntarse si todas esas políticas fueron la solución o simplemente una herramienta de propaganda que terminó desperdiciando un contexto que se mostró durante casi una década ampliamente favorable a las exportaciones argentinas y que le permitió al Gobierno contar con una abundante caja para realizar gastos de corto plazo sin ninguna intención de proyectar al país en un desarrollo a largo plazo. La respuesta, al menos para mí, resulta bastante obvia.