Este compendio de excusas, explicaciones y declaraciones pour la galerie tienen su contrapartida en una serie de acciones las cuales todos saben (en el gobierno también) que no tienen ninguna posibilidad de destrabar el conflicto sino que por el contrario, muchas de ellas, sirven para agravarlo. Dentro de éstas se encuentran las más que formales declaraciones de apoyo extraídas a los países miembros del Mercosur (institución regional que no consigue salir de la réplica permanente de agendas nacionales), la denuncia a los fondos buitre del siempre bien predispuesto Alejandro Vanoli ante la Comisión Nacional de  Valores de EEUU, la acusación contra Estados Unidos por “la violación de su obligación internacional de respetar la soberanía” de la Argentina ante la Corte Internacional de La Haya, que el propio economista ultra kirchnerista Agustín D’Attellis reconoce como un gesto político y no como una gestión práctica, hasta las más ridículas pegatinas de carteles con la consigna “Antes Braden o Perón. Hoy Cristina o Griesa”.

Tal vez lo más llamativo de toda la puesta en escena que el gobierno hace sobre el tema haya sido aquel viaje urgente hacia Nueva York que emprendió el ministro de economía mientras se encontraba en Venezuela supuestamente para darle tono formal y visto bueno a un acuerdo que todos daban por cerrado. Quizá nunca se sepa realmente lo que allí sucedió pero sin dudas las explicaciones de Axel Kicillof sembraron mayores dudas. El ministro se mostró durante su conferencia de prensa posterior a las reuniones sorprendido porque los holdouts rechazaron lo que vienen rechazando desde hace 10 años. Sí, así como se lee. Por algún extraño motivo, el gobierno pretendía un cambio de postura de los buitres luego de que éstos alcanzaran un fallo favorable de un juez norteamericano, la confirmación de la Cámara y la abstención de tomar el caso por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Cuesta también comprender que un gobierno demuestre asombro y contradicción por la actuación de un juez que defiende el derecho de propiedad en la capital mundial del capitalismo. No es su función analizar las cualidades morales de los fondos buitre y sus representantes; Griesa no es el Papa. Sus fallos siguen con toda lógica su función. También es normal la actuación del mediador Daniel Pollak que fue puesto en tareas para que Argentina cumpla el fallo del juez y no para otra cosa. Tampoco es sencillo encontrar la explicación de por qué Argentina estuvo haciendo un esfuerzo en los últimos meses para abrirse nuevamente a los mercados de crédito e inversión, para lo cual negoció la indemnización a Repsol y arregló con el Club de París entre otras cosas, para luego tirar bruscamente todo lo hecho por la ventana.

No es el objetivo de esta columna analizar técnicamente las posibilidades que el gobierno tenía para no caer en default (“selectivo” según la agencia Standard & Poors) pero hay coincidencias de varios especialistas –economistas y abogados- de que existían y existen muchas opciones de pago satisfactorias para ambas partes y hay evidencia suficiente de que muchas de ellas fueron acercadas al gobierno. A esta altura queda claro también que la cláusula Rufo funciona como excusa perfecta para una decisión tomada y escenificada en muchas ocasiones como es no pagarles bajo ningún punto de vista a los fondos buitres.

Hay que reconocer que el kirchnerismo ha logrado mantenerse en el centro de la escena política durante más de una década y con un grado de adhesión importante. Sin embargo, en esta ocasión, el enamoramiento de esa circunstancial mejora que produjo en la imagen de la presidente el enfrentamiento con los fondos buitres y el juez Griesa tiene un recorrido demasiado corto. Con un país en recesión como la Argentina, aumentar exponencialmente la incertidumbre –con todo lo que eso implica en inversiones, empleo, actividad económica, inflación, etc.- es poco menos que suicida. Esta actitud del gobierno es lo que popularmente se conoce como “pegarse un tiro en la pierna” porque más allá de las negativas implicancias que tiene para el país, consecuentemente y en un plazo corto, tendrá también un impacto pernicioso sobre la figura de la presidente y su gobierno. Tal vez en este caso aplique la definición que el ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni utilizó para denominar al juez neoyorquino y esta estrategia del kirchnerismo sea efectivamente de trocha muy angosta.

“Cuando hay caída del consumo o problemas en la economía se lanzan descuentos, pero acá hicieron al revés”, les espetó a los empresarios del sector automotor durante el anuncio. La Presidente jamás reconoce los propios errores que llevan a que estos problemas se reproduzcan, de lo contrario sería difícil entender frases como la que antecede. En lugar de corregir las malas políticas públicas que generan los trastornos, Cristina Kirchner opina sobre las estrategias comerciales de las empresas hasta el punto en que ella misma se pone en ridículo, al menos ante el público que posee cierto conocimiento acerca del manejo de un negocio o bien que trata de usar algo de sentido común.

El gobierno ha hecho una épica de las políticas que denomina activas. Sean los planes Pro.Cre.Ar (para la construcción y remodelación de viviendas), el recién mencionado Pro.Cre.Auto o los extinguidos planes para todos: créditos, bicicletas, taxis, ropa, carne, pescado y hasta milanesas. Estas políticas con las cuales la presidente se complace, no son más que una cabal muestra del fracaso de un rumbo político y económico. Se calcula que en países como Japón las políticas y el marco legal, que permite tanto a empresas y particulares como a gobiernos planificar a mediano y largo plazo, tienen una vigencia no menor a 30 años. En países como el nuestro, los cambios son casi diarios. Todo esto que nos aleja del “aburrimiento”, también es un atentado al progreso del país.

Este gobierno ha confiado demasiado en el “viento de cola” que el contexto global y la salida del pozo más profundo en que la economía argentina haya estado alguna vez le brindaron y creyó que las consecuencias negativas de las políticas populistas implementadas nunca los iban a alcanzar. Cuando los problemas se hicieron más evidentes recrudeció el viejo y conocido mecanismo de buscar el enemigo externo: los empresarios, el FMI, la oposición, los medios de comunicación, la justicia y ahora, los fondos buitres y el juez Griesa. En lo que respecta a esto último, el gobierno se encontró un escenario con el cual no está muy habituado a lidiar porque a los titulares de los bonos argentinos no reestructurados no les interesan en lo más mínimo las diatribas presidenciales ni su imagen pública, porque la jurisdicción que los ampara no depende de jueces ligados a la política argentina y porque luego de un enfrentamiento directo siempre han quedado en mejores condiciones de negociación que el gobierno argentino.

Todos los gobiernos, sobre todo los de corte populista, son abonados a la permanente exaltación de las “políticas activas”. Si tomamos como válida esta terminología, deberíamos oponerlo con las “políticas pasivas”, concepto que, de utilizarse, no tendría adherente alguno. Toda política activa (hago la salvedad de que no termino de entender realmente la adjetivación) que se genere en un marco no acorde tiene destino de caer en un saco vacío y representar incluso para el gobierno y el conjunto de la sociedad un esfuerzo inútil. Tal vez el mejor ejemplo de esto sea la política de exención fiscal y proteccionismo en Tierra del Fuego: una enorme masa de recursos destinada a un polo supuestamente industrial que, de recibir otro destino, tendría una eficiencia enormemente superior. Todo ello sin contar con el perjuicio que para millones de argentinos representa tener que abonar más del doble por la tecnología y al mismo tiempo tener que ejercitar la paciencia (o usar canales no convencionales) para acceder a lo último que el mundo ofrece en la materia, todo lo cual sin dudas repercute en el nivel de productividad de individuos y empresas.

Seguramente no le caería bien la comparación a ningún miembro del gobierno pero todos estos planes tienen una reminiscencia con los Planes de Competitividad que Domingo Cavallo quiso implementar como ministro de Economía de Fernando De la Rúa a partir de mayo de 2001 y que intentaron dotar de aire fresco a empresas que ya estaban en serias dificultades para honrar sus compromisos dada la crisis general de la economía y las nulas respuestas que el gobierno podía dar al fondo de la cuestión, con una convertibilidad insostenible y un nivel de deuda que resultaba impagable.

Así como lo fueron aquellos planes de competitividad del ex ministro Cavallo, los que la Presidente anuncia son la respuesta intempestiva, voluntarista e irracional de una problemática generada en la mayoría de los casos por el propio gobierno. ¿Qué son los planes de ropa, carnes, autos, heladeras y demás sino una torpe e ineficiente respuesta a la inflación que el propio gobierno generó y acumuló durante años de erradas políticas (fiscal, monetaria y de generación de confianza)?

Sin dudas que las medidas de gobierno más “aburridas” y de nombres sobrios (o carentes de él), los anuncios menos estridentes y las promesas más modestas son las que más reditúan al conjunto de la sociedad. Sin embargo, es lo más fácil culpar a los políticos por la propensión a hacerse ver como “grandes proveedores de felicidad”, pero correspondería a la sociedad entera hacer un mea culpa de lo fácil que les resulta vendernos esos espejitos de colores.

Establecer bases sólidas, dar previsibilidad a empresas y personas, evitar los anuncios grandilocuentes, reconocer que la generación de riqueza proviene de la sociedad y no del gobierno para así poner a éste a su servicio, deberían ser los principios sobre los que se asiente la República a partir de la elección del próximo gobierno dado que es difícil albergar alguna esperanza de que Cristina Kirchner pueda virar 180º su timón.