El ex jefe de gabinete Alberto Fernández cuenta que cuando Julio Cobos decretó con su voto “No Positivo” la derrota del gobierno en su intento de consagrar por ley la famosa resolución 125 que elevaba las retenciones, la presidente, impulsada por Néstor Kirchner, pensó fuertemente en renunciar. Fernández va más lejos y cuenta que tuvo que intervenir el entonces presidente brasileño Lula Da Silva y su jefa de gabinete Dilma Roussef para que esto no sucediera. Cierto o no, no fueron pocas las circunstancias donde la presidente hizo valer sus emociones a la hora de tomar decisiones. La elección de colaboradores y candidatos del Frente para la Victoria no se podrían explicar sin tener en cuenta esta dimensión, empezando por su actual vicepresidente.

En medio de una tormenta económica que todos vemos y al gobierno le cuesta cada vez más disimular, cada discurso, cada gesto, cada decisión en sentido contrario a una lógica elemental ahuyenta inversiones, fomenta el desempleo, acelera la inflación, eleva la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, hace que un comerciante tenga que bajar su persiana y una industria suspender personal. En ese contexto, tal vez la Presidente no patee el tablero pero al menos sí tiende a cascotearlo.

Al parecer llegan a la Argentina las únicas empresas en el mundo dispuestas a perder dinero, en palabras de la propia jefa de Estado, para hacerle daño y “poner de rodillas” al país y a su gobierno. En este caso, la acusada de llevar adelante tan siniestra maniobra fue la multinacional de imprenta gráfica RR Donnelley -en concomitancia con los fondos buitres- quien pidió su propia quiebra, tras 22 años de actividad en el país, persiguiendo este objetivo. Ante este panorama la Presidente no tuvo mejor idea que decir en cadena nacional que se le aplicaría la ley antiterrorista. Un sinsentido jurídico mayúsculo que tuvo que desmentir el propio gobierno al día siguiente. El presidente de la Cámara Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, dijo que se trató de una confusión acerca de ley a aplicar en este caso. Recordemos que este mismo argumento fue el usado por la presidente para culpar a Juan José Aranguren, CEO de Shell, por la devaluación de principios de año. Si se trataran de acusaciones formales en un juicio sería difícil para los fiscales encontrar el móvil de los “crímenes”.

En su estrategia de pegar y pegar, el gobierno no se queda en las acusaciones a los fondos buitres extranjeros sino que identifica en la oposición política a los buitres locales. Pero da un paso más y pide incluso que otros actores sociales y, en este caso religiosos, se expidan sobre ellos. Así sucedió cuando la Comisión Episcopal de la Iglesia Católica osó mostrar su preocupación por los recientes despidos de trabajadores, suspensiones y cierre de fábricas y que obviamente contó con la inmediata e irónica respuesta del jefe de gabinete.

Tal vez no podía anticiparse el envío al Congreso de un proyecto de ley para cambiar la jurisdicción de pago de los bonos reestructurados y del agente fiduciario pero sí deberíamos darnos cuenta que la estrategia comunicacional del gobierno es siempre la misma. Es más, si hacemos un análisis de las medidas adoptadas a lo largo de sus largos años de gobierno veremos que muchas de ellas fueron más pensando en la comunicación posterior más que en la propia política pública. Está claro que el kirchnerismo no necesita de los opositores para aprobar esa ley, pero sí los necesita de enemigos.

Como último paso para deslindar responsabilidades, optaron por volver a recordar los aciagos días de la caída de Fernando De La Rúa. En este caso adicionaron al elemento discursivo la vieja receta del escrache que durante tanto tiempo impulsaron directa o indirectamente. De la mano de un aliado como el grupo Quebracho se produjeron los incidentes con Domingo Cavallo y Ricardo López Murphy mientras intentaban conferenciar. Si tenía alguna duda acerca de la vinculación del gobierno con estos hechos, la perdí con el inmediato e infrecuente repudio de dirigentes y funcionarios del oficialismo a los escraches.

No tengo claro aún si la presidente finalmente va a tirar del mantel pero sí está claro que volvió a someter a la economía argentina a vientos huracanados localmente generados. Recesión, inflación, aumento de la desocupación e inseguridad creciente son consecuencia directa de estas decisiones. Unos tibios puntos de crecimiento de la imagen presidencial, ¿pueden ser el motivo de tamaño desaguisado? La idea que tenemos de tensar la cuerda proviene de la expresión inglesa stretching a longbow referida a unos arcos extra grandes usados por ingleses y galeses durante la Edad Media y que les permitían lanzar sus flechas a una distancia inusitada. De allí el concepto moderno de llevar las cosas a un extremo al cual tanto hace honor la presidente y que siempre conlleva la posibilidad latente de que la cuerda -final y definitivamente- se corte.

“Cuando hay caída del consumo o problemas en la economía se lanzan descuentos, pero acá hicieron al revés”, les espetó a los empresarios del sector automotor durante el anuncio. La Presidente jamás reconoce los propios errores que llevan a que estos problemas se reproduzcan, de lo contrario sería difícil entender frases como la que antecede. En lugar de corregir las malas políticas públicas que generan los trastornos, Cristina Kirchner opina sobre las estrategias comerciales de las empresas hasta el punto en que ella misma se pone en ridículo, al menos ante el público que posee cierto conocimiento acerca del manejo de un negocio o bien que trata de usar algo de sentido común.

El gobierno ha hecho una épica de las políticas que denomina activas. Sean los planes Pro.Cre.Ar (para la construcción y remodelación de viviendas), el recién mencionado Pro.Cre.Auto o los extinguidos planes para todos: créditos, bicicletas, taxis, ropa, carne, pescado y hasta milanesas. Estas políticas con las cuales la presidente se complace, no son más que una cabal muestra del fracaso de un rumbo político y económico. Se calcula que en países como Japón las políticas y el marco legal, que permite tanto a empresas y particulares como a gobiernos planificar a mediano y largo plazo, tienen una vigencia no menor a 30 años. En países como el nuestro, los cambios son casi diarios. Todo esto que nos aleja del “aburrimiento”, también es un atentado al progreso del país.

Este gobierno ha confiado demasiado en el “viento de cola” que el contexto global y la salida del pozo más profundo en que la economía argentina haya estado alguna vez le brindaron y creyó que las consecuencias negativas de las políticas populistas implementadas nunca los iban a alcanzar. Cuando los problemas se hicieron más evidentes recrudeció el viejo y conocido mecanismo de buscar el enemigo externo: los empresarios, el FMI, la oposición, los medios de comunicación, la justicia y ahora, los fondos buitres y el juez Griesa. En lo que respecta a esto último, el gobierno se encontró un escenario con el cual no está muy habituado a lidiar porque a los titulares de los bonos argentinos no reestructurados no les interesan en lo más mínimo las diatribas presidenciales ni su imagen pública, porque la jurisdicción que los ampara no depende de jueces ligados a la política argentina y porque luego de un enfrentamiento directo siempre han quedado en mejores condiciones de negociación que el gobierno argentino.

Todos los gobiernos, sobre todo los de corte populista, son abonados a la permanente exaltación de las “políticas activas”. Si tomamos como válida esta terminología, deberíamos oponerlo con las “políticas pasivas”, concepto que, de utilizarse, no tendría adherente alguno. Toda política activa (hago la salvedad de que no termino de entender realmente la adjetivación) que se genere en un marco no acorde tiene destino de caer en un saco vacío y representar incluso para el gobierno y el conjunto de la sociedad un esfuerzo inútil. Tal vez el mejor ejemplo de esto sea la política de exención fiscal y proteccionismo en Tierra del Fuego: una enorme masa de recursos destinada a un polo supuestamente industrial que, de recibir otro destino, tendría una eficiencia enormemente superior. Todo ello sin contar con el perjuicio que para millones de argentinos representa tener que abonar más del doble por la tecnología y al mismo tiempo tener que ejercitar la paciencia (o usar canales no convencionales) para acceder a lo último que el mundo ofrece en la materia, todo lo cual sin dudas repercute en el nivel de productividad de individuos y empresas.

Seguramente no le caería bien la comparación a ningún miembro del gobierno pero todos estos planes tienen una reminiscencia con los Planes de Competitividad que Domingo Cavallo quiso implementar como ministro de Economía de Fernando De la Rúa a partir de mayo de 2001 y que intentaron dotar de aire fresco a empresas que ya estaban en serias dificultades para honrar sus compromisos dada la crisis general de la economía y las nulas respuestas que el gobierno podía dar al fondo de la cuestión, con una convertibilidad insostenible y un nivel de deuda que resultaba impagable.

Así como lo fueron aquellos planes de competitividad del ex ministro Cavallo, los que la Presidente anuncia son la respuesta intempestiva, voluntarista e irracional de una problemática generada en la mayoría de los casos por el propio gobierno. ¿Qué son los planes de ropa, carnes, autos, heladeras y demás sino una torpe e ineficiente respuesta a la inflación que el propio gobierno generó y acumuló durante años de erradas políticas (fiscal, monetaria y de generación de confianza)?

Sin dudas que las medidas de gobierno más “aburridas” y de nombres sobrios (o carentes de él), los anuncios menos estridentes y las promesas más modestas son las que más reditúan al conjunto de la sociedad. Sin embargo, es lo más fácil culpar a los políticos por la propensión a hacerse ver como “grandes proveedores de felicidad”, pero correspondería a la sociedad entera hacer un mea culpa de lo fácil que les resulta vendernos esos espejitos de colores.

Establecer bases sólidas, dar previsibilidad a empresas y personas, evitar los anuncios grandilocuentes, reconocer que la generación de riqueza proviene de la sociedad y no del gobierno para así poner a éste a su servicio, deberían ser los principios sobre los que se asiente la República a partir de la elección del próximo gobierno dado que es difícil albergar alguna esperanza de que Cristina Kirchner pueda virar 180º su timón.