En este contexto, el pasado jueves, los sindicalistas opositores Hugo Moyano y Luis Barrionuevo junto a la CTA de Pablo Micheli y organizaciones de la izquierda gremial fueron a un paro que intentó reeditar el que había tenido lugar el pasado 10 de abril. Cual partida de golf pero sin árbitro y en presencia de contendientes sumamente tramposos y poco honorables, se desarrolló un juego de acusaciones previas, durante y a posteriori de la medida de fuerza que corrieron el foco de lo que realmente preocupa -y que difícilmente admita algún tipo de discusión- y es que Argentina está en una situación económica que dista mucho de ser la mejor. Seguramente muchos de quienes quisieron concurrir a su lugar de trabajo no pudieron hacerlo por falta de medios de transporte y otros tantos que encontraban motivos para adherirse o protestar tuvieron que asistir por temor a perder su trabajo pero, ¿es esto realmente lo importante? Los que trabajamos, como fue mi caso, ¿lo hicimos porque avalamos las políticas de este gobierno?; los que faltaron, ¿lo hicieron para apoyar a los sindicalistas Moyano y Barrionuevo? Intuyendo con sólidos fundamentos que ambas respuestas son negativas para la mayoría de los casos, la discusión pasa a ser de política minúscula.

Es probable que el mayor o menor éxito de la medida de fuerza influya sobre el poder de los sindicalistas que convocan y en su pelea interna para liderar el movimiento obrero pero esto tiene sin cuidado a la gran mayoría de los argentinos. Sabemos también que el gremio de la UTA, liderado por Roberto Fernández, logró que el gobierno se retractara en su decisión de no subsidiar al transporte de larga distancia y por lo tanto fueron más permeables al pedido del ejecutivo de no ser parte de la huelga. Como sostuvo el propio Fernández, “estamos de acuerdo con todos los reclamos, pero lamentablemente en este momento, por la situación económica que vive el país, no compartimos el paro”. Esta situación, reconocida incluso por todo el sindicalismo cercano al gobierno, diluye cualquier intento del jefe de gabinete y otros funcionarios por “festejar” que la adhesión al paro haya sido menor a la esperada por sus organizadores.

Algunos de los reclamos concretos que se hicieron durante la protesta también carecen de un análisis básico de la realidad que nos toca vivir. Sin dudas, los aumentos logrados en las paritarias no alcanzan a cubrir el alza generalizada de precios y de allí que parezca lógico el reclamo de reapertura de paritarias pero la cruda verdad es que los empresarios tienen dificultades incluso para cubrir sueldos efectivamente depreciados por la inflación. Este flagelo, que la gran y abrumadora mayoría de países del mundo resolvió y archivó en el cajón de los recuerdos más tristes, se combina aquí y ahora con una recesión ya instalada que ni siquiera el maniatado Indec puede ocultar.

Estos problemas por los que transita el país fueron largamente anunciados por voces de distinto calibre, aunque todas ellas fueron debida y contundentemente reprendidas, repudiadas y descartadas por el gobierno y su monumental aparato de propaganda. Cuando la plaga se ha vuelto a instalar entre nosotros, el camino elegido vuelve a ser patear la pelota afuera. Encontrar culpables de problemas por ellos generados fue siempre una característica muy aceitada en el universo kirchnerista.

Como bien dijo Steve Jobs en ese discurso para los egresados de Stanford en el año 2005, y que ante su lamentable deceso ha quedado como parte de su herencia más importante a nivel simbólico, los puntos siempre se unen hacia atrás, y Cristina Kirchner, que sin dudas toma muchas decisiones en base a impulsos emocionales, ha previsto y elegido concienzudamente también llevar adelante políticas de corte populista y para ello ha impulsado cambios institucionales que le permitieron profundizarlas. Dos de los más relevantes fueron la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (expulsión mediante de su entonces titular Martín Redrado) para transformar al presidente y su directorio en simples ejecutantes de políticas económicas y monetarias emanadas desde la presidencia; y la estatización compulsiva y forzosa de las jubilaciones, que fue decidida para dotar a la ANSES de mayores recursos para la ejecución de políticas originadas con exclusividad por la Jefa de Estado. Por encima de los argumentos utilizados, lo cierto es que el gobierno ha usado al Banco Central como si fuera parte del Tesoro Nacional acumulando así una deuda con el organismo (supuestamente) descentralizado de más de U$D 50.000 millones, de la misma forma en que ha usado los fondos de la seguridad social, y particularmente de los futuros jubilados, para financiar políticas de distinto tipo a través del denominado Fondo de Garantía de Sustentabilidad que tiene la “generosidad” de adquirir todas las Letras del Tesoro Nacional que el gobierno pone convenientemente a disposición. En este sentido, hay que reconocer que el kirchnerismo ha dejado demasiadas pistas en el camino como para lograr que muchos neo opositores deban adoptar su mejor cara de póker para afirmar convincentemente que había una esencia en los Kirchner que no alcanzaron a divisar a su debido tiempo. 

El ex jefe de gabinete Alberto Fernández cuenta que cuando Julio Cobos decretó con su voto “No Positivo” la derrota del gobierno en su intento de consagrar por ley la famosa resolución 125 que elevaba las retenciones, la presidente, impulsada por Néstor Kirchner, pensó fuertemente en renunciar. Fernández va más lejos y cuenta que tuvo que intervenir el entonces presidente brasileño Lula Da Silva y su jefa de gabinete Dilma Roussef para que esto no sucediera. Cierto o no, no fueron pocas las circunstancias donde la presidente hizo valer sus emociones a la hora de tomar decisiones. La elección de colaboradores y candidatos del Frente para la Victoria no se podrían explicar sin tener en cuenta esta dimensión, empezando por su actual vicepresidente.

En medio de una tormenta económica que todos vemos y al gobierno le cuesta cada vez más disimular, cada discurso, cada gesto, cada decisión en sentido contrario a una lógica elemental ahuyenta inversiones, fomenta el desempleo, acelera la inflación, eleva la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, hace que un comerciante tenga que bajar su persiana y una industria suspender personal. En ese contexto, tal vez la Presidente no patee el tablero pero al menos sí tiende a cascotearlo.

Al parecer llegan a la Argentina las únicas empresas en el mundo dispuestas a perder dinero, en palabras de la propia jefa de Estado, para hacerle daño y “poner de rodillas” al país y a su gobierno. En este caso, la acusada de llevar adelante tan siniestra maniobra fue la multinacional de imprenta gráfica RR Donnelley -en concomitancia con los fondos buitres- quien pidió su propia quiebra, tras 22 años de actividad en el país, persiguiendo este objetivo. Ante este panorama la Presidente no tuvo mejor idea que decir en cadena nacional que se le aplicaría la ley antiterrorista. Un sinsentido jurídico mayúsculo que tuvo que desmentir el propio gobierno al día siguiente. El presidente de la Cámara Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, dijo que se trató de una confusión acerca de ley a aplicar en este caso. Recordemos que este mismo argumento fue el usado por la presidente para culpar a Juan José Aranguren, CEO de Shell, por la devaluación de principios de año. Si se trataran de acusaciones formales en un juicio sería difícil para los fiscales encontrar el móvil de los “crímenes”.

En su estrategia de pegar y pegar, el gobierno no se queda en las acusaciones a los fondos buitres extranjeros sino que identifica en la oposición política a los buitres locales. Pero da un paso más y pide incluso que otros actores sociales y, en este caso religiosos, se expidan sobre ellos. Así sucedió cuando la Comisión Episcopal de la Iglesia Católica osó mostrar su preocupación por los recientes despidos de trabajadores, suspensiones y cierre de fábricas y que obviamente contó con la inmediata e irónica respuesta del jefe de gabinete.

Tal vez no podía anticiparse el envío al Congreso de un proyecto de ley para cambiar la jurisdicción de pago de los bonos reestructurados y del agente fiduciario pero sí deberíamos darnos cuenta que la estrategia comunicacional del gobierno es siempre la misma. Es más, si hacemos un análisis de las medidas adoptadas a lo largo de sus largos años de gobierno veremos que muchas de ellas fueron más pensando en la comunicación posterior más que en la propia política pública. Está claro que el kirchnerismo no necesita de los opositores para aprobar esa ley, pero sí los necesita de enemigos.

Como último paso para deslindar responsabilidades, optaron por volver a recordar los aciagos días de la caída de Fernando De La Rúa. En este caso adicionaron al elemento discursivo la vieja receta del escrache que durante tanto tiempo impulsaron directa o indirectamente. De la mano de un aliado como el grupo Quebracho se produjeron los incidentes con Domingo Cavallo y Ricardo López Murphy mientras intentaban conferenciar. Si tenía alguna duda acerca de la vinculación del gobierno con estos hechos, la perdí con el inmediato e infrecuente repudio de dirigentes y funcionarios del oficialismo a los escraches.

No tengo claro aún si la presidente finalmente va a tirar del mantel pero sí está claro que volvió a someter a la economía argentina a vientos huracanados localmente generados. Recesión, inflación, aumento de la desocupación e inseguridad creciente son consecuencia directa de estas decisiones. Unos tibios puntos de crecimiento de la imagen presidencial, ¿pueden ser el motivo de tamaño desaguisado? La idea que tenemos de tensar la cuerda proviene de la expresión inglesa stretching a longbow referida a unos arcos extra grandes usados por ingleses y galeses durante la Edad Media y que les permitían lanzar sus flechas a una distancia inusitada. De allí el concepto moderno de llevar las cosas a un extremo al cual tanto hace honor la presidente y que siempre conlleva la posibilidad latente de que la cuerda -final y definitivamente- se corte.