Son varios los dirigentes del oficialismo que pugnan por el favoritismo de Cristina Kirchner y así poder hacerse de una base de sustentación que les permita alcanzar el poder y luego gobernar (política agonal y política arquitectónica). Sin embargo, ni Julián Domínguez, ni Sergio Urribarri, ni Aníbal Fernández, ni Agustín Rossi, ni Jorge Taiana y ni siquiera Florencio Randazzo tienen posibilidad alguna de ganarle a Daniel Scioli una interna tal como están legisladas las PASO.

En dirección contraria a lo que los más fervorosos repiten con insistencia -que la única conductora del espacio es la Presidente- las encuestas muestran que cuanto mayor es la distancia y la independencia del candidato respecto a su “jefa política”, mayores son las chances de imponerse en la interna. Hay varias hipótesis, aún no contrastadas, que podrían explicar el fenómeno. Probablemente haya cierta desconfianza a la proclamación de un títere al que Cristina Kirchner pueda manejar, es decir, de repetir aquella fórmula popularizada en la frase “Cámpora al gobierno, Perón al poder”. Tampoco funcionó el intento de buscar el reemplazante en la propia familia presidencial y así lograr un nuevo récord para el Guinnes; esto lo saben quienes midieron las posibilidades de una candidatura presidencial de Máximo Kirchner y se encontraron con que hasta le costaría ganar una elección local en El Calafate.

Florencio Randazzo parece estar ahora muy cerca de la Presidente pero queda claro que no es más que un intento de, en esta primera etapa, ganarles la pulseada a los contrincantes “menores” de la interna y consolidarse como único oponente de Scioli para las PASO. El ministro del Interior y Transporte es un candidato que muestra permanentemente intenciones de construir un capital político propio. De hecho, en varias oportunidades ha tenido esos matices que le permiten también acercar algún porcentaje de ese electorado oficialista que aún conserva criterio propio. En ese terreno, sin embargo, será muy difícil “pelearle” a Daniel Scioli. El gobernador de Buenos Aires ha hecho de la indefinición una forma de hacer política. Sólo con observar que sus potenciales votantes se dividen, casi por mitades, entre los que quieren la continuidad de las políticas del gobierno y quienes quieren el cambio, queda todo dicho. Esa no es la única característica del gobernador difícil de contrarrestar ya muchos de los que evalúan su gestión en la provincia de manera regular o incluso deficiente también planean votarlo.

En este contexto, tal vez la mejor opción con la que cuente la Presidente sea llenar la lista del Frente para la Victoria de “leales” sin votos. Sin embargo, seguramente no puede quitarse de la cabeza que por más leal que parezcan muchos de ellos terminarán encolumnándose con quien les den la esperanza de continuidad que con ella no tienen (Gabriel Mariotto sobrevuela su cabeza). La Presidente también debería tener en cuenta que el haber construido una militancia con apetencia de ocupar lugares privilegiados en la estructura del estado en esta ocasión le va a jugar en contra.

En el discurso de apertura de sesiones Cristina Kirchner le dijo al senador Gerardo Morales -durante ese show de chicanas a legisladores de la oposición- que probablemente la tengan en poco tiempo dando el debate entre ellos. Tal vez haya sido la señal más clara hasta el momento de que muy probablemente sea candidata a un cargo legislativo en las próximas elecciones. Acostumbrada desde hace décadas a vivir de, por y para la política, le costaría demasiado volver al llano sector de la sociedad civil. También es probable que haya comprendido que ante las múltiples causas en las que ella, su familia, socios o funcionarios cercanos están involucrados, y que parecen activarse cada vez con mayor fuerza, no resulte muy conveniente confiar en que el Ejecutivo que viene, por más fiel que parezca, vaya a jugar su capital político en pos de evitar que su antecesora -y otrora jefa política- sea juzgada y condenada. 

No es una novedad en la Argentina la utilización de los recursos del Estado para intereses personales. Sin embargo, la presidente Cristina Fernández de Kirchner, lo hace con un atrevimiento que ya no sorprende aunque -al menos a mí- asusta. En esta ocasión, la mira ha quedado dirigida sobre el juez Claudio Bonadio; su investigación sobre la empresa Hotesur S.A., propiedad de la Presidente, ha desatado una ola de ataques por parte de distintos funcionarios y dirigentes del oficialismo que se extiende en el tiempo y promete ir a fondo. No sorprende tampoco el recurso del contraataque para responder acusaciones. A una investigación –sea periodística o judicial- el kirchnerismo nunca le opone un argumento sino que utiliza básicamente dos caminos según la ocasión: responde con fuego sostenido en la dirección contraria, o se dedica a denostar al emisario. Sin embargo, últimamente lo más habitual es que ambos caminos se fusionen y retroalimenten para conformar así un furibundo ataque.

La denostada -por neoliberal y “privatizadora”- década del ’90 nunca había llegado al punto de apropiarse desembozadamente del Estado para uso personal. Parece de Perogrullo pero hay que resaltar que el Jefe de Gabinete de ministros –en este caso Jorge Milton Capitanich- no es el vocero de una persona (por más presidente que ella sea) sino que sus funciones están expresadas con claridad en el artículo 100 de la Constitución Nacional; que el Secretario de Justicia Julián Alvarez no es quien tiene que llevar adelante su defensa en juicio aunque actúe como su abogado personal y se golpee el pecho por el “logro” de que el Consejo de la Magistratura haya multado a Bonadio por causas remotas reflotadas en estas circunstancias con el sólo objeto de castigar; ni tampoco el Senador Aníbal Fernández es quien debe evaluar qué es lo que puede o no investigarse según los parámetros de protección para la “imagen del país”.

Señalado en varias columnas anteriores, no debemos cansarnos de repetir que cuando las instancias técnicas de cualquier organismo del Estado se desdibujan para ponerlas al servicio de la militancia política (o personal en este caso), lo único que queda como salvaguarda es la justicia. El control administrativo de los actos de gobierno es para el kirchnerismo una simple instancia de reafirmación que carece de valor alguno para la gestión. En el caso de la empresa que administra los hoteles de la presidente en la Patagonia, estaba más que claro que tanto la Inspección General de Justicia (IGJ) como la Unidad de Información Financiera (UIF) deberían haber alertado con anterioridad de sus irregularidades pero esperar esto, cuando lo único que caracteriza a ambos organismos es una identificación sumisa al mandato de Cristina Kirchner, es de una ingenuidad absoluta.

Las denuncias sobre el juez adoptaron el clarísimo formato de represalia y amedrentamiento que ni los propios integrantes del oficialismo se atreven a negar por lo evidente. El senador kirchnerista Marcelo Fuentes, quien debería concentrarse en defender (siempre en el marco la plataforma del Frente para la Victoria por la cual supuestamente fue votado) los intereses de la provincia de Neuquén, se ocupa por estos días de urdir la venganza contra un juez que se atrevió a investigar al poder. Fuentes acusó a Bonadío de enriquecerse ilícitamente, lavar dinero y abusar de la autoridad, todos cargos absolutamente oportunos al momento político.

Debería ser más que una obviedad reafirmar que los funcionarios electos por el titular del Poder Ejecutivo para ejercer un cargo, si bien deben responder a las directivas de quien los puso en funciones, no pueden ponerse al servicio de causas personales de los mandatarios. Más aún, la propia Presidente, renuente como es a responder sobre cuestiones que hacen a la gestión de su gobierno, sí se ocupa de replicar acusaciones que ni siquiera están ligadas de manera directa (al menos en un primer paso) al ejercicio de su función, utilizando para ello todos los recursos que el cargo –y su investidura- le ponen al alcance.

A esta altura de decadencia del modelo kirchnerista se empieza a extrañar aquellos funcionarios que al menos se inmolaban en la defensa del mismo y que optaban por “dejar que la justicia actúe” en aquellos casos en los cuales se investigaba a algún funcionario del Poder Ejecutivo. Evidentemente, y a menos de un año de terminar el mandato, está claro que esa abstención en apariencia respetuosa de uno de los poderes del Estado ha dado paso a una guerra sin cuartel contra todo aquello que ponga en riesgo al relato oficial y la supervivencia política de su máxima representante.

Finalmente, este nuevo choque entre el kirchnerismo y parte de la justicia deja también nuevos interrogantes por resolver. ¿Cuál es finalmente el patrimonio real de la Presidente si una de sus empresas no tiene los balances al día? ¿Incluyó información confidencial –sólo asequible en razón de su cargo y función- la acusación que Cristina Kirchner lanzó por Twitter al juez Bonadío? Y a modo más general,  ¿podremos recuperar, ya con el próximo gobierno desde ya, la capacidad de asombro como sabio mecanismo de defensa?

¿Qué sucede con todos aquellos que somos críticos del kirchnerismo y que tampoco somos todo aquello que describe en la frase que antecede? Ciertamente no nos han dado esa respuesta aunque podemos inferir que todo lo que no se reconoce como kirchnerista es la antipatria.

En ese permanente ninguneo del otro, se inscribe el reciente discurso que Máximo Kirchner pronunció en el acto organizado por La Cámpora  en el estadio Diego Armando Maradona y que sirvió como presentación pública del heredero del clan. Si bien no caló el intento del mayor de los hijos de la presidente, seguido por el cuervo Larroque, Carlos Kunkel y otros, de instalar la idea re reeleccionista de Cristina, sí permite constatar el rechazo que genera en el oficialismo cualquier cosa que suene a alternancia, divergencia y alteridad. En rigor de verdad, ni Máximo ni ninguno de sus adláteres plantearon la posibilidad reeleccionista como algo real. En los más desprevenidos, el tema prendió hasta que tomaron una calculadora y comprobaron que el kirchnerismo no tiene la más mínima posibilidad de ir por una reforma constitucional. Para aquellos que leyeron el concepto entendiéndolo como artilugio para fortalecer a un gobierno que viene muy golpeado por la realidad y demostrar al mismo tiempo que puede conservar la inicitativa política, también resultó algo verdaderamente efímero. Un ejercicio simple de proyecciones demostraría que la Presidente perdería en segunda vuelta la elección de 2015 contra cualquier rival que le pongan enfrente. En cualquier caso, la instalación del debate no prosperó porque una alta inflación, la inseguridad y la brecha cambiaria entre otros problemas de una extensa lista se llevaron puesta incluso la novedad política de que Máximo Kirchner, después de un largo coaching con la actriz Andrea del Boca, había decidido aparecer para dar un discurso público y masivo.

En la fallida búsqueda de este objetivo, el kirchnerismo no dudó en utilizar los mismos argumentos de Carlos Menem, a quien declaró su enemigo político y a cuyo gobierno culpa por todos los males -aún no extirpados del todo según el oficialismo- de la sociedad argentina. Les hubiera bastado repasar las declaraciones de María Julia Alsogaray, Rodolfo Barra y Alberto Kohan a fines de los 90’ para, por lo menos, no repetir los mismos (y falsos) argumentos.

Detrás de toda esta espuma política, la cual abona cada día el Jefe de Gabinete en sus conferencias de prensa matinales, hubo también a posteriori algunas declaraciones de altos dirigentes del oficialismo que ponen una luz de alerta acerca de las intenciones que a futuro pueden marcar el accionar de un grupo político que seguramente perderá el gobierno pero que puede instalarse como grupo de presión y poder para intentar marcarle la cancha a su sucesor. El secretario general de La Cámpora, el mencionado Larroque, se preguntó sin sonrojarse “¿qué legitimidad puede tener un próximo gobierno que no compita con quien concita la mayor adhesión de nuestro pueblo?”. Teniendo en cuenta todo lo antedicho y sabiendo que la Constitución Nacional le prohíbe a la actual presidente competir en busca de un nuevo mandato, se nota que hay un claro y explícito intento de debilitar de antemano al futuro gobierno. Así las cosas, está claro que las fuerzas de la oposición y del oficialismo “light” –léase Scioli- ya deberían estar pensando en cómo relacionarse con un grupo político que tiene el explicitado objetivo de socavar a un próximo gobierno, al que ven sin siquiera legitimidad de origen.

En última instancia, los sectores de la oposición deberían agradecerle al gobierno haber instalado la idea de que existen fuerzas destituyentes que tienen como objetivo vaciar de poder al gobierno de turno hasta debilitarlo al punto de hacerle imposible la gobernabilidad. Este concepto, tan estudiado desde la Ciencia Política y tan ligado a la legitimidad, es lo que de manera explícita el kirchnerismo puro y duro ha reconocido querer socavar en el futuro.

Al parecer, ya no le alcanza con haber creado un gigantesco grupo de medios “cercanos”, entre los cuales podemos mencionar como los más importantes  al Grupo Veintitrés, el Grupo Olmos, el Grupo Ámbito, el Grupo Moneta-Garfunkel, el Grupo Indalo de Cristóbal López, los medios de Universidades y del Tercer Sector, el Grupo Electroingeniería, el Grupo Albavisión, las naves insignias de Diego Gvirtz (678, DDD y TVR) y los medios de propiedad del Estado que durante el kirchnerismo se han  transformado más que nunca en organismos de propaganda facciosa con poca información útil para el ciudadano. Lastimosamente para el gobierno, las radios afines no se escuchan, los diarios amigos no se leen y los programas de TV partidarios se saltean, por lo cual el siguiente paso consiste en reemplazar a quien pone en evidencia estos resultados. Llama la atención que no se haya propuesto aún un nuevo organismo para certificar la tirada de diarios y revistas; y hasta quizá debiéramos agradecer que no se les ha ocurrido algún mecanismo para obligarnos a consumir sus medios, aunque hay que tener en cuenta que el programa Fútbol para Todos va, de una manera algo más sutil, en esa dirección.

Este anuncio lo hace la titular de un gobierno que fraguó las estadísticas oficiales en pos de acomodarlas al relato. Desde el comienzo de su primer mandato, los números que todos los gobiernos argentinos desde comienzos de la década del 70` dan a conocer a través de su Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) fueron perdiendo credibilidad y sustento metodológico hasta transformarse en una herramienta de propaganda tan escandalosa que se volvió irrelevante. En un vano intento por diferenciarse de éste y tratar de convencer acerca de la objetividad que va a tener la nueva medición, Cristina Kirchner puso en manos de un grupo de universidades (todas ellas de conducción afín al gobierno) la ejecución de la misma. Valga en tal caso como antecedente que cuando las facultades a las que el gobierno dio participación para monitorear las estadísticas del INDEC expusieron sus críticas, fueron rápidamente desafectadas del control. Si los índices de inflación, pobreza y desocupación sucumbieron ante la intervención del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno (bajo la orden directa y concreta del ex presidente Néstor Kircher), ¿cómo no van a ser “maleables” los datos del rating radial y televisivo?

¿Cómo creer en el interés por la transparencia de un gobierno que se ha negado sistemáticamente a tratar, sancionar y promulgar (incluso haciendo perder a fines de 2012 estado parlamentario a un proyecto de ley que tenía media sanción del Senado de la Nación desde dos años antes) una ley de acceso a la información pública precisa, detallada y moderna que hasta fue pedida a través de un fallo de la Corte Suprema por un reclamo formulado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) en marzo de este año?

En el anuncio, la presidente también hizo alusión a la misión asumida de darles a los anunciantes una herramienta para no ser engañados. Concretamente dijo que con este sistema “los empresarios saben dónde ponen la plata y si los están estafando o no”. Quien formula una definición de estas características tiene sin dudas una visión exageradamente optimista acerca de las capacidades del sector estatal y un desdén absoluto por la aptitud existente en el sector privado. Quizá le falte algo de conocimiento, o se niega a comprender que las personas ponemos mucho mayor énfasis en cuidar lo propio que lo ajeno y este comportamiento también incluye a los anunciantes.

Ante los antecedentes expuestos, que nos hacen desconfiar del sistema recién lanzado, sería oportuno decirle a la Presidente que no la ayuda a incrementar la credibilidad de un anuncio poner a su lado al único vicepresidente de la historia argentina que fue llamado a indagatoria y que seguramente será procesado en los próximos días, que tiene más de 70% de imagen negativa y que ante cada intervención en medios de comunicación donde preguntan de verdad pasa zozobras y brinda respuestas inverosímiles.

La propaladora oficial de medios funciona actualmente en formato de retroalimentación exclusivamente. Ya no tiene la posibilidad de captar a televidentes que conserven algo de independencia y espíritu crítico y por lo tanto ha adoptado una dinámica de arenga entre convencidos y “enchufados” (en términos venezolanos). Lo que en un principio podía verse como una voz diferente a la que transmitían los medios críticos al gobierno, a fuerza de fabulaciones, propaganda desembozada y mentiras recurrentes, ha dejado de prestar también ese servicio. Si hacemos una analogía con el juego del poker, donde la simulación y el engaño son parte de una estrategia posible, podríamos decir que ante la puesta en evidencia de la mentira permanente, el intento por resultar creíble termina siendo absolutamente inconducente.

Ante estas circunstancias, sabiendo de la imposibilidad de una reelección y admitiendo que vastos sectores de la sociedad “no la comprenden” y ya no le otorgarán su favor, la presidente optó por refugiarse en los fieles y extremar la presión hacia la incondicionalidad. Tanto es así que en su último discurso por cadena nacional, al referirse a la moratoria previsional que ponía en marcha y comparándola con un plan elaborado durante el gobierno de su esposo, se le escapó que “…la anterior moratoria fue abierta y por allí tuvo la jubilación gente que por ahí hasta te critica”. Hubo un intento inmediato de desdecirse pero la frase es más que elocuente. A la basura la ilusión de que gobierna para todos, al menos para aquellos que aún querían creer en ello.

Otra muestra más de esta decisión pasa por la creación de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, dependiente del Ministerio de Cultura, y la designación como su titular a uno de los fundadores de Carta Abierta, Ricardo Forster. Aquí hay una doble lección de Cristina: por un lado, el premio a un “espacio” (como les gusta ser llamados) que acaba de dejar en claro en su última carta que el gobernador Daniel Scioli no los representa y, por el otro, un mensaje que resulta una afrenta hacia la austeridad que en momentos de vacas flacas reclaman amplios sectores de la sociedad. Incluso, de haberlo deseado, podría haber optado por premiar a este fiel intelectual (valga la contradicción) con otro cargo y tarea o, en última instancia, ponerle a su Secretaría un nombre que no fuera tan irritante.

La lógica política convencional indicaría que estando el vicepresidente Amado Boudou pendiente de una complicada situación procesal, y con un casi seguro procesamiento cayendo sobre sus hombros, este sería apartado de la palestra para que  su desgaste no impacte sobre la Presidente. Sin embargo, en los últimos actos ha aparecido en primera fila y con el permiso para exhibir su habitual tono exultante, al tiempo que se les ordena a los medios aliados que den el mayor “aire” posible a las insólitas explicaciones que ensaya por estos días. Una estrategia política ordinaria juzgaría apropiado también apartar de la corriente central del kirchnerismo al ex piquetero Luis D´Elia, quien goza de una imagen pública que llega hasta el subsuelo. Sin embargo, este fue parte del mismo auditorio que aplaudió a rabiar los anuncios sanitarios de la presidente el pasado miércoles en Casa Rosada.

Está claro que los candidatos más moderados dentro del Frente para la Victoria sufren con esta situación. El más afectado es sin dudas Daniel Scioli, aunque también lo padece el ministro del Interior Florencio Randazzo que hace un delicado equilibrio para evitar pronunciarse sobre ciertos temas, concentrarse en mejorar el transporte público (principalmente el sistema ferroviario) y tratar al mismo tiempo de generar cierta confianza en el kirchnerismo puro y duro.

Tanto ministros como dirigentes oficialistas ya se han dado cuenta de que la estrategia mediática de dar notas y explicaciones solamente en los canales oficialistas no tiene ningún rédito político-social y sin embargo, cuando parecía alumbrarse algún resquicio en ella, incluso con participaciones de conspicuos kirchneristas en ciclos del canal TN, todo volvió a foja cero, con un reagrupamiento en programas “amigos” y de poca audiencia. Esta preservación sobre los fieles elimina cualquier posibilidad de pensamiento crítico dentro del partido de gobierno, por escasa que fuera hasta el momento.

El politólogo canadiense David Easton cobró notoriedad por la aplicación de la teoría de sistemas a las ciencias sociales. En el estudio del sistema político, el académico observó que se producen interacciones en forma de entradas y salidas (inputs y outputs) entre la sociedad y el gobierno que generan a su vez un feedback, el cual permite la retroalimentación permanente del sistema. Las entradas que el sistema político recibe (en este caso el gobierno de Cristina Kirchner) se pueden agrupar como apoyos y demandas; y las salidas, están compuestas por decisiones y acciones de gobierno. En el contexto del kirchnerismo religioso actual, las entradas a las que el sistema da cabida son solamente los apoyos y las salidas que el gobierno genera también responden exclusivamente a éstos, por lo cual sus políticas tienden a enfocarse exclusivamente en los intereses de los “propios”.

La Presidente sabe que todos estos gestos y acciones no son gratuitos y por lo tanto queda clara la estrategia de elevar la demostración interna de poder y efectuar un contundente aviso para quienes internamente se ilusionen con practicar un kirchnerismo a la carta. En este contexto, no parece viable una radicalización ideológica de la presidente (de hecho el acuerdo con el Club de París y el resarcimiento a Repsol son bastante elocuentes) sino que hay un pedido implícito y explícito a sus militantes y empleados (en el amplio sentido de la palabra) de consustanciarse en un apoyo total y absoluto –a libro cerrado- a las decisiones que la Presidente y su círculo más íntimo impulsen. Esto no implica un período fácil para sus adversarios políticos (cierto entendimiento con el PRO de Mauricio Macri es algo meramente circunstancial) sino que, ahora más que nunca, queda la sensación de que Cristina Kirchner pretende dar una batalla frontal a quienes se le oponen (interna y externamente) para plasmar aquella frase del ex presidente Juan Domingo Perón: “Al amigo, todo; al enemigo, ni justicia”.

En materia de derechos humanos, si bien el kirchnerismo le ha aportado dinamismo a algunas causas contra ex represores por su repentino interés en la materia, el daño que ha causado sobre organismos de DDHH que gozaban de independencia, credibilidad y prestigio es notable. Aquí también ha profundizado un distanciamiento entre quienes se han dejado cooptar y quienes conservaron su independencia política.

En lo que hace a la administración de la cosa pública (res publica), lejos de continuar con una profesionalización ampliamente necesaria para hacer eficiente y eficaz la gestión de la burocracia estatal, ha promovido una brutal involución que implicó el desplazamiento de funcionarios probos no alineados y el encumbramiento de militantes incapacitados y desinteresados al mismo tiempo, con la consiguiente pérdida de recursos humanos valiosos. Todo esto en un contexto donde el empleo público nacional se ha incrementado un 75% durante los años del kirchnerismo. Dos de los organismos que exhiben más claramente este desatino son el INDEC y la Cancillería.

El caso del Indec, con sus técnicos desplazados y la permanente manipulación de las estadísticas oficiales, es harto conocido. A los falsos números de pobreza, indigencia e inflación, se suman las dudas que genera la metodología adoptada para medir el empleo. Recientes revelaciones y cotejos indican también que ni siquiera los números de comercio exterior son confiables dadas las incongruencias que aparecen al cotejarlos con datos de organismos homónimos de países con los cuales Argentina tiene relaciones comerciales. La destrucción de un instituto estadístico que era modelo para el resto de los países de la región genera desazón.

La Cancillería también ha sido un ámbito donde la política facciosa ha desplazado a la idoneidad, aunque la situación ha sido camuflada durante un tiempo por la habitual discreción del cuerpo diplomático. Tal vez el fallido acuerdo con Irán sea la pequeña punta de un enorme iceberg. Recientemente se han conocido correos electrónicos entre miembros de La Cámpora que allí trabajan y que demuestran la existencia de proyectos de reforma para el Servicio Exterior de la Nación (SEN), sea modificando la ley (de muy difícil concreción), interviniendo en contenidos, o solicitándole a la presidente que modifique vía decreto la reglamentación de la ley 20.957 sancionada en 1986.

En materia judicial, y pese a que la Corte Suprema nos ha evitado la desgracia de ver materializada la total cooptación del Poder Judicial al declarar inconstitucional parte de la reforma impulsada por el oficialismo, vale recordar la cantidad de jueces que por sociedad, complicidad o bajo presión han cedido a los deseos del poder político. La evolución del Ministerio Público Fiscal ha ido en dirección de lograr el encolumnamiento de los fiscales a la militante conducción de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó. Recordemos que el anterior Procurador Esteban Righi, un histórico dirigente del peronismo que detentó ese cargo por el transcurso de 8 años durante los gobiernos de Néstor y Cristina, tuvo que renunciar acusado por el vicepresidente Amado Boudou de intervenir en la causa que lo tiene involucrado por la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica, y ello no podría haberse logrado sin la clara venia de la primera mandataria. Con la reciente propuesta de nombramiento de 360 conjueces para cubrir vacantes en varios juzgados, la presidente ha abandonado la sutileza para pasar a postular personas claramente identificadas con su espacio político.

La intervención sobre los medios audiovisuales y de prensa ha excedido cualquier intento de influencia propiciado por gobiernos anteriores desde el retorno de la democracia. Como consecuencia de ello, ha quedado conformada una multiplicidad de medios que se sostienen primordialmente por la pauta oficial y los negocios con el Estado y que pasarán a ser mano de obra desocupada a merced del nuevo oficialismo. Esta puja también ha traído consecuencias sobre la calidad de  aquellos medios que han quedado parados en la vereda de enfrente del gobierno. Fomentando la radicalización de los contendientes ha logrado bajar la calidad del debate público.

En materia de política económica, el gobierno de los Kirchner ha logrado “inventar” una crisis en un clima que continúa ampliamente favorable para la región y en particular para la Argentina. Récord de cosecha y una tonelada de soja en precio exorbitante no le han impedido poner al país al borde de la estanflación (el peor escenario). La confianza nunca recreada ha logrado una permanente y masiva fuga de capitales que costará mucho esfuerzo y tiempo recuperar. Mercados internacionales de importación y exportación han quedado a merced de los caprichos de equipos económicos inconsistentes y una conducción política imprevisible. La percepción de los actores internacionales respecto de la Argentina indica una distancia cada vez mayor entre potencia y acto. Al mismo tiempo, el direccionamiento de la matriz productiva hacia actividades inviables, mientras se deja al margen de la consideración gubernamental a las más competitivas, va a requerir de tiempo para readecuarse.

En materia de educación universitaria, la creación de nuevos establecimientos, sobre todo en el conurbano bonaerense, ha servido para ejercer un control sobre profesores y contenidos que la propia democracia interna en las universidades más importantes (donde las agrupaciones y académicos del kirchnerismo suelen obtener resultados adversos) les ha vedado. Así suelen girar millonarias sumas para que éstas los dediquen a financiar películas, participar de exposiciones y eventos partidarios, evitando así el control institucional de esos recursos.

Quienes menoscaban al kirchnerismo como un movimiento político que ha basado su gobierno en dos elementos principales, la soja y la suerte, olvidan el persistente y esforzado trabajo que ha hecho durante más de diez años por modificar las bases institucionales del país, poniendo el foco en el funcionamiento de las mismas (neoinstitucionalismo). Claramente no se han llevado bien con las tres características que nuestra constitución señala como esenciales para nuestra democracia, su dimensión representativa, republicana y la federal. Lamentablemente para la salud de la República, en esta tarea han sido mucho más eficaces que en la gestión administrativa.

Ante la evidencia que otorgó un florido discurso público, sería un buen elemento de cara al futuro medir la cantidad de veces que un candidato, o presidente ya electo, promete una refundación del país. De esta manera, sabríamos a ciencia cierta su intención de perpetuarse en el poder, avasallar las instituciones e intentar mimetizar los objetivos e intereses de toda una nación con los de la propia facción.

En lo que da a conocer el libro acerca de las dos entrevistas que Sandra Russo le hizo a Máximo Kirchner para la publicación (no se dio a luz el audio de las mismas), el hijo de la presidente da algunos indicios tanto de su propia agrupación como de la relación que ésta tiene con el gobierno de su madre. En primer lugar, queda claro que La Cámpora es actualmente el principal sostén político del kirchnerismo, que pretende perpetuarse como factor de poder, que tal vez opte en el futuro por formalizarse como partido político en reemplazo del “contaminado” Frente para la Victoria y del “arcaico” Partido Justicialista, que las reglas de la democracia liberal poco le importan y que pretende transformarse en el grupo de poder predominante de la vida política nacional. Seguramente sin saberlo, Máximo Kirchner irrumpe en la vieja discusión entre dos importantes cientistas sociales norteamericanos, como lo fueron Charles Mills y Robert Dahl, acerca de si las grandes decisiones de un país (ellos se referían a Estados Unidos) son tomadas por una elite reducida (Mills) o por una pluralidad de grupos que compiten, se limitan y cooperan entre sí (Dahl). Inclinándose sin dudas por la teoría de Mills, el hijo presidencial está en la búsqueda de transformar a su agrupación en esa elite que a su vez impregne todos los estamentos donde haya toma de decisiones políticas y económicas relevantes.

Sin dudas sería poco democrático y absolutamente insensato negarle la posibilidad a una agrupación política de apostar por su continuidad en el tiempo; lo que sí se debe tratar de evitar es que esa continuidad sea utilizando recursos públicos y en desmedro de quienes sí están capacitados para participar de la gestión estatal desde el lugar de la profesionalización y el conocimiento y no desde la ideología y el sectarismo.

Hasta el momento, los miembros de La Cámpora no sólo han cooptado una variedad de altos cargos en empresas públicas y organismos estatales sino que toda la administración ha sido por ellos tamizada, y con esto la profesionalización de la burocracia estatal está más lejos que nunca. Es sintomático que un gobierno que gasta fortunas en propaganda, no le de ninguna difusión a los mecanismos de ingreso al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Vale recordar que con Gustavo Béliz como presidente del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) durante la primera presidencia de Carlos Menem, se había intentado transparentar el ingreso al Estado y profesionalizar el desempeño de sus miembros, creándose para ello un bienintencionado Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) que luego resultó malogrado por el nulo interés de los políticos en perder ese sistema de pagos y recompensas en el que transformaron la burocracia estatal y que ha sido llevado hasta el extremo por el kirchnerismo.

La Cámpora no sólo pretende dejar en el Estado sus bases de poder para retomar el comando institucional a partir de 2019 sino que, como sostiene Máximo, a la “prole” que sigue a Cristina Kirchner poco le importan los tiempos institucionales. El objetivo es simular alternancia mientras el kirchnerismo conserva el poder en las sombras. Ante estas definiciones del hijo de la presidente, sería absurdo pensar que habrá apoyo real a algún candidato que no sea propio del riñón kirchnerista. Por si a Scioli le quedaba alguna duda, Máximo espetó “los pibes quieren ir con lo propio”. Para Cristina y Máximo, tanto Daniel Scioli como Sergio Massa, y hasta el propio Florencio Randazzo, son enemigos políticos a los que tratarán de eclipsar. De hecho, el ministro puede aferrarse al cargo por ser uno de los pocos funcionarios públicos que tiene algunos logros de gestión para mostrar, sobre todo ante un gabinete desgastado y plagado de fracasos.

En este contexto, podríamos aseverar que tenemos para los próximos años un pronóstico reservado en cuanto a la eficiencia del Estado para la administración de recursos y la eficacia para la resolución de problemas. Tomar los recursos de todos como coto de caza para la propia facción es condenar al conjunto de la sociedad a llevar a modo de lastre todo lo que provenga del sector público y sumarle a éste mayor desprestigio del que actualmente tiene. De esta manera queda truncado el mandato al que todo buen gobierno debe tender, que es poner al Estado al servicio del ciudadano y no al revés.

Usando la terminología de Nicolás Maduro para hablar de la enfermedad que afectó a su antecesor en el poder, podemos decir que La Cámpora inoculó en la administración pública una forma de llevar adelante las tareas de gobierno con la cual van a tener que lidiar quienes asuman a partir de 2015. Rechazando la excelencia, la competencia y el mérito por ser “neoliberales”, esta agrupación tendrá un lugar rentado donde reagruparse mientras intenta preparar su regreso al poder formal a partir del 2019, seguramente a través de algún miembro de la familia Kirchner.

Siendo el nieto recuperado número 77 y favorecido por el mismísimo dedo presidencial, comenzó desde allí una militancia en el kirchnerismo (actualmente es legislador porteño) que hoy lo pone como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Sin dudas, Cabandié representaba para el presidente electo en 2003 por sólo el 22% de los votos un fuerte sostén y blindaje para su idea de cooptar los derechos humanos como bandera de gobierno. Lo necesitaba quien nunca en su carrera política había hecho declaración pública alguna sobre el tema ni había tomado ninguna medida de gobierno (como intendente o gobernador) tendiente a reconocer y darle entidad a quienes habían sido víctimas de la última dictadura militar.

Es parte del imaginario popular creer que las relaciones que se establecen entre políticos de distintos partidos están siempre enmarcadas en discusiones y acusaciones cruzadas, como suele ocurrir por ejemplo (y siempre ante las luces de la televisión) en los debates del plenario de la Cámara de Diputados. La realidad es que muchos de estos políticos que se denostan en público, son amigos en privado y esto permite, entre otras cosas, tener una convivencia política más amigable y democrática al margen de las identidades partidarias. Esto no sucede con la mayoría de los dirigentes de La Cámpora.

Ellos, con la complicidad de la pareja presidencial, han construido una organización juvenil que ha tomado la administración del Estado por asalto. Esa prepotencia y aires de superioridad son los que quedaron en evidencia en el reciente video de un Cabandié maltratando a la agente de tránsito de Lomas de Zamora. Sin embargo, basta repasar los comentarios e incidentes protagonizados por Julián Álvarez (secretario de Justicia), José Ottavis (legislador bonaerense), Mariano Recalde y Andrés “El Cuervo” Larroque, entre otros conocidos dirigentes de la agrupación juvenil kirchnerista, para comprobar que no es el único de sus miembros con esa reprochable actitud.

Dentro del ideario camporista no está la posibilidad de disculparse ante una ofensa puesta al descubierto. Lo que Insaurralde, como intendente del municipio donde ocurrió en el mes de mayo el incidente, hizo tan pronto pudo reunirse con la agente de tránsito fue disculparse (hasta ofreció devolverle el trabajo), algo que Cabandié no supo o no quiso hacer hasta el momento. Ni siquiera el probable perjuicio electoral para su partido lo indujeron a ensayar un descargo que no sea la acusación y el contragolpe. Que lo intentaron coimear, que es una operación política de Gendarmería para perjudicar al gobierno y que es una sucia maniobra de campaña fueron algunas de las excusas que esgrimió. Aunque todo esto sea cierto, no lo exculpa de lo visto y oído por todos. Como bien señala el abogado y periodista Román Lejtman: “el móvil de la aparición de una información (que se comprueba veraz) no es lo importante”.

Desde otros sectores del oficialismo, más afectos a la moderación, intentaron un ejercicio de control de daños. Martín Insaurralde se apuró a despedir al director de tránsito del municipio Ramón Guelardi por haber despedido a la agente Mosquera, aunque sea demasiado evidente que resulta tan solo el chivo expiatorio. Fue más lejos y declaró que “como hombre, nunca maltrataría a una mujer”, transformando esta declaración en la más dura hecha por un político para diferenciarse de Cabandié. Esto y el reconocimiento por parte de Daniel Filmus acerca del error cometido por el legislador porteño frenaron el intento por investigar a quien fue víctima de la soberbia y del correctivo que Juan pidió y que efectivamente se concretó en la destitución posterior de la joven agente de tránsito.

Si Cabandié fue el error político de Néstor que queda en evidencia en este momento, Amado Boudou es el error político candente de Cristina. Previa a la convalecencia de la presidente, Boudou había sido apartado completamente de la campaña electoral enviándolo en misiones oficiales a cuanto país se lo pudo “despachar”. Para quienes vieron la entretenida comedia Presidente por un día (protagonizada por Kevin Kline y Sigourney Weaver) podrán recordar el parecido itinerario armado en el exterior para aquel incómodo vicepresidente (por otros motivos y con cualidades bien diferentes a las de nuestro vice), como también ver reflejados en Carlos Zanini y Oscar Parrili a los dos funcionarios que se encontraban manejando los hilos detrás del sustituto elegido (por su extraordinario parecido) para aquel presidente convaleciente.

Catalogado por un dirigente peronista como “jarrón chino” (porque no saben dónde ponerlo), como presidente en ejercicio, Amado está en la difícil tarea de hacer acto de presencia para evitar la sensación de acefalía sin restarle votos a un Frente para la Victoria debilitado tras las PASO. En plena campaña electoral, a nadie se le escapa que es el político con mayor imagen negativa. Ante el aluvión de críticas que generó tener a un vicepresidente tan sospechado por la causa Ciccone, los funcionarios del gobierno no tuvieron más remedio que defenderlo en público mientras que le escapan en privado. Esas críticas de los políticos opositores, sin duda con voluntad electoralista y especulativa, no ocultan que el verdadero problema que Boudou genera es en el interior del oficialismo. El error político de elegirlo como vicepresidente, que se pone de manifiesto a partir de la mencionada causa, se gestó mucho antes. Catalogado por el diario El País de España como “el gran aplaudidor”, Amado Boudou no reunía las características necesarias para ocupar semejante cargo. Su frivolidad, su falta de trayectoria y de convicciones, su impostada simpatía y su forzado servilismo no fueron suficiente razón para evitar que este adulador por excelencia fuera parte de la fórmula presidencial en 2011.

En un sano ejercicio de convivencia social pero también de buen gobierno, sería bueno comprender que ser víctima no te da sabiduría y que ser obsecuente no te otorga capacidades. Parece un razonamiento básico pero efectivamente se actuó, en ambos casos, exactamente de manera contraria.