Centrándonos en el caso particular de nuestro país, vemos que la recesión económica ya se traduce en números que el propio INDEC convalida tímidamente y que las principales consultoras privadas estiman en alrededor de un 4% de contracción de un año a esta parte. Lo que descoloca al gobierno es que su receta más usada –la de arrojar pesos a la calle bajo distintas formas-  tiene ahora el efecto dramático de una inflación desbordada. Recursos frescos como los fondos de los jubilados ya han sido utilizados en una importante variedad de programas impulsados desde el ejecutivo nacional. La gente escapa a la tenencia de pesos de todas las formas en las que su propia situación personal se lo permite y eso parece imposible que tenga vuelta atrás mientras sea Cristina Kirchner quien se encuentre en el sillón de Rivadavia.

La producción de autos, otro de los pilares en los cuales se basó este autodenominado “modelo de acumulación de matriz diversificada con inclusión social”, sufrió en la comparación interanual una baja  de más del 30%. En ese contexto, lo que pueda o no reactivar el extendido plan Pro.Cre.Auto es un simple paliativo. Las automotrices, a las que la presidente acusó de “encanutar” los vehículos, tienen dificultades para acceder a los dólares y ver aprobadas las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) que les permiten comprar los insumos para poder continuar con su línea de producción. Por si esto fuera poco, la inflación fue agregando cada vez más modelos de autos a los cuales alcanzó el impuesto interno que el Congreso Nacional aprobó en el mes de diciembre pasado. Todo este explosivo combo se tradujo lógicamente en la suspensión de trabajadores en las plantas, el cierre de concesionarios y la eliminación de sucursales o la fusión de las mismas tanto de autos usados como de 0 K.M.

En el agitado mercado cambiario, el gobierno, en la voz ya cansada de su jefe de gabinete Jorge Capitanich, promete combatir a los “arbolitos” que venden el “dólar ilegal” pero sabe al mismo tiempo que cuanto más se restrinja ese mercado más va a ser la brecha cambiaria, que hoy ya supera el 85%. Dólar oficial, dólar ahorro, dólar tarjeta, dólar blue, contado con liquidación son variantes que muestran a las claras un mercado cambiario enfermo.

El enfrentamiento que el gobierno mantiene desde el 2008 con el campo, principal proveedor de divisas, también parece haberlo acorralado en su propio cerco. Las restricciones que siempre sufrieron los exportadores, en retenciones o prohibiciones según el caso, con el objetivo de engrosar las arcas del estado o bien para “cuidar la mesa de los argentinos” tuvieron la consecuente pérdida de mercados internacionales para los cuales el sector estaba altamente capacitado para abastecer. El caso de la carne es dramático. La caída de precios en las exportaciones agrícolas también afectó tanto al sector exportador como al propio gobierno. Las expectativas de devaluación que genera la brecha cambiaria atentan contra la liquidación de divisas por parte del sector y la historia económica demuestra largamente que cualquier intento por hacer coercitivo lo que debe ser voluntario repercute negativamente de una forma o de otra pero siempre más temprano que tarde.

En este explosivo combo, la Presidente decide utilizar sus discursos en los organismos internacionales para denostar a la justicia y al gobierno del país que imprime la moneda que los argentinos demandan. Los discursos mayormente no solucionan ni crean los problemas, pero sería bueno que no tiendan a agravarlos. Como suelen decirle a los flojos arqueros de fútbol, “no te pido que las atajes pero al menos no metas las que van afuera”. La presidente utilizó sus recientes alocuciones, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para dejar constancia de sus posturas. “No sólo son terroristas los que ponen bombas, sino también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de los países y provocan hambre, miseria y pobreza” dijo ante la Asamblea. Quiso abarcar aquí una crítica tripartita, a los fondos buitre, al juez Thomas Griesa (y toda la justicia norteamericana) y al gobierno de los Estados Unidos por generar en nuestro país consecuencias que según los últimos datos del Indec no tenemos (5% de pobreza señala la última medición disponible, un nivel comparable al de Suiza).

Ante tales acusaciones, el gobierno de los Estados Unidos responde simplemente que Argentina no es en estos momentos un país relevante para su agenda mientras que reconoce que la relación entre ambos atraviesa un período de distanciamiento. La indiferencia es seguramente la reacción que menos esperaba la presidente y hay que reconocer que había hecho bastante para evitarla criticando, entre otras cosas, la política exterior de la Casa Blanca. Cristina Kirchner se fue convirtiendo por sus intervenciones en Naciones Unidas en un personaje casi pintoresco, tal como lo fuera su fallecido amigo Hugo Chávez, y esto no es algo muy valorado en el contexto diplomático.

Durante años el discurso del kirchnerismo ha sido la exaltación de las políticas activas que, según ellos, fomentaron el crecimiento del país. A esta altura cabe preguntarse si todas esas políticas fueron la solución o simplemente una herramienta de propaganda que terminó desperdiciando un contexto que se mostró durante casi una década ampliamente favorable a las exportaciones argentinas y que le permitió al Gobierno contar con una abundante caja para realizar gastos de corto plazo sin ninguna intención de proyectar al país en un desarrollo a largo plazo. La respuesta, al menos para mí, resulta bastante obvia.

El ex jefe de gabinete Alberto Fernández cuenta que cuando Julio Cobos decretó con su voto “No Positivo” la derrota del gobierno en su intento de consagrar por ley la famosa resolución 125 que elevaba las retenciones, la presidente, impulsada por Néstor Kirchner, pensó fuertemente en renunciar. Fernández va más lejos y cuenta que tuvo que intervenir el entonces presidente brasileño Lula Da Silva y su jefa de gabinete Dilma Roussef para que esto no sucediera. Cierto o no, no fueron pocas las circunstancias donde la presidente hizo valer sus emociones a la hora de tomar decisiones. La elección de colaboradores y candidatos del Frente para la Victoria no se podrían explicar sin tener en cuenta esta dimensión, empezando por su actual vicepresidente.

En medio de una tormenta económica que todos vemos y al gobierno le cuesta cada vez más disimular, cada discurso, cada gesto, cada decisión en sentido contrario a una lógica elemental ahuyenta inversiones, fomenta el desempleo, acelera la inflación, eleva la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, hace que un comerciante tenga que bajar su persiana y una industria suspender personal. En ese contexto, tal vez la Presidente no patee el tablero pero al menos sí tiende a cascotearlo.

Al parecer llegan a la Argentina las únicas empresas en el mundo dispuestas a perder dinero, en palabras de la propia jefa de Estado, para hacerle daño y “poner de rodillas” al país y a su gobierno. En este caso, la acusada de llevar adelante tan siniestra maniobra fue la multinacional de imprenta gráfica RR Donnelley -en concomitancia con los fondos buitres- quien pidió su propia quiebra, tras 22 años de actividad en el país, persiguiendo este objetivo. Ante este panorama la Presidente no tuvo mejor idea que decir en cadena nacional que se le aplicaría la ley antiterrorista. Un sinsentido jurídico mayúsculo que tuvo que desmentir el propio gobierno al día siguiente. El presidente de la Cámara Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, dijo que se trató de una confusión acerca de ley a aplicar en este caso. Recordemos que este mismo argumento fue el usado por la presidente para culpar a Juan José Aranguren, CEO de Shell, por la devaluación de principios de año. Si se trataran de acusaciones formales en un juicio sería difícil para los fiscales encontrar el móvil de los “crímenes”.

En su estrategia de pegar y pegar, el gobierno no se queda en las acusaciones a los fondos buitres extranjeros sino que identifica en la oposición política a los buitres locales. Pero da un paso más y pide incluso que otros actores sociales y, en este caso religiosos, se expidan sobre ellos. Así sucedió cuando la Comisión Episcopal de la Iglesia Católica osó mostrar su preocupación por los recientes despidos de trabajadores, suspensiones y cierre de fábricas y que obviamente contó con la inmediata e irónica respuesta del jefe de gabinete.

Tal vez no podía anticiparse el envío al Congreso de un proyecto de ley para cambiar la jurisdicción de pago de los bonos reestructurados y del agente fiduciario pero sí deberíamos darnos cuenta que la estrategia comunicacional del gobierno es siempre la misma. Es más, si hacemos un análisis de las medidas adoptadas a lo largo de sus largos años de gobierno veremos que muchas de ellas fueron más pensando en la comunicación posterior más que en la propia política pública. Está claro que el kirchnerismo no necesita de los opositores para aprobar esa ley, pero sí los necesita de enemigos.

Como último paso para deslindar responsabilidades, optaron por volver a recordar los aciagos días de la caída de Fernando De La Rúa. En este caso adicionaron al elemento discursivo la vieja receta del escrache que durante tanto tiempo impulsaron directa o indirectamente. De la mano de un aliado como el grupo Quebracho se produjeron los incidentes con Domingo Cavallo y Ricardo López Murphy mientras intentaban conferenciar. Si tenía alguna duda acerca de la vinculación del gobierno con estos hechos, la perdí con el inmediato e infrecuente repudio de dirigentes y funcionarios del oficialismo a los escraches.

No tengo claro aún si la presidente finalmente va a tirar del mantel pero sí está claro que volvió a someter a la economía argentina a vientos huracanados localmente generados. Recesión, inflación, aumento de la desocupación e inseguridad creciente son consecuencia directa de estas decisiones. Unos tibios puntos de crecimiento de la imagen presidencial, ¿pueden ser el motivo de tamaño desaguisado? La idea que tenemos de tensar la cuerda proviene de la expresión inglesa stretching a longbow referida a unos arcos extra grandes usados por ingleses y galeses durante la Edad Media y que les permitían lanzar sus flechas a una distancia inusitada. De allí el concepto moderno de llevar las cosas a un extremo al cual tanto hace honor la presidente y que siempre conlleva la posibilidad latente de que la cuerda -final y definitivamente- se corte.