El ex jefe de gabinete Alberto Fernández cuenta que cuando Julio Cobos decretó con su voto “No Positivo” la derrota del gobierno en su intento de consagrar por ley la famosa resolución 125 que elevaba las retenciones, la presidente, impulsada por Néstor Kirchner, pensó fuertemente en renunciar. Fernández va más lejos y cuenta que tuvo que intervenir el entonces presidente brasileño Lula Da Silva y su jefa de gabinete Dilma Roussef para que esto no sucediera. Cierto o no, no fueron pocas las circunstancias donde la presidente hizo valer sus emociones a la hora de tomar decisiones. La elección de colaboradores y candidatos del Frente para la Victoria no se podrían explicar sin tener en cuenta esta dimensión, empezando por su actual vicepresidente.

En medio de una tormenta económica que todos vemos y al gobierno le cuesta cada vez más disimular, cada discurso, cada gesto, cada decisión en sentido contrario a una lógica elemental ahuyenta inversiones, fomenta el desempleo, acelera la inflación, eleva la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, hace que un comerciante tenga que bajar su persiana y una industria suspender personal. En ese contexto, tal vez la Presidente no patee el tablero pero al menos sí tiende a cascotearlo.

Al parecer llegan a la Argentina las únicas empresas en el mundo dispuestas a perder dinero, en palabras de la propia jefa de Estado, para hacerle daño y “poner de rodillas” al país y a su gobierno. En este caso, la acusada de llevar adelante tan siniestra maniobra fue la multinacional de imprenta gráfica RR Donnelley -en concomitancia con los fondos buitres- quien pidió su propia quiebra, tras 22 años de actividad en el país, persiguiendo este objetivo. Ante este panorama la Presidente no tuvo mejor idea que decir en cadena nacional que se le aplicaría la ley antiterrorista. Un sinsentido jurídico mayúsculo que tuvo que desmentir el propio gobierno al día siguiente. El presidente de la Cámara Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, dijo que se trató de una confusión acerca de ley a aplicar en este caso. Recordemos que este mismo argumento fue el usado por la presidente para culpar a Juan José Aranguren, CEO de Shell, por la devaluación de principios de año. Si se trataran de acusaciones formales en un juicio sería difícil para los fiscales encontrar el móvil de los “crímenes”.

En su estrategia de pegar y pegar, el gobierno no se queda en las acusaciones a los fondos buitres extranjeros sino que identifica en la oposición política a los buitres locales. Pero da un paso más y pide incluso que otros actores sociales y, en este caso religiosos, se expidan sobre ellos. Así sucedió cuando la Comisión Episcopal de la Iglesia Católica osó mostrar su preocupación por los recientes despidos de trabajadores, suspensiones y cierre de fábricas y que obviamente contó con la inmediata e irónica respuesta del jefe de gabinete.

Tal vez no podía anticiparse el envío al Congreso de un proyecto de ley para cambiar la jurisdicción de pago de los bonos reestructurados y del agente fiduciario pero sí deberíamos darnos cuenta que la estrategia comunicacional del gobierno es siempre la misma. Es más, si hacemos un análisis de las medidas adoptadas a lo largo de sus largos años de gobierno veremos que muchas de ellas fueron más pensando en la comunicación posterior más que en la propia política pública. Está claro que el kirchnerismo no necesita de los opositores para aprobar esa ley, pero sí los necesita de enemigos.

Como último paso para deslindar responsabilidades, optaron por volver a recordar los aciagos días de la caída de Fernando De La Rúa. En este caso adicionaron al elemento discursivo la vieja receta del escrache que durante tanto tiempo impulsaron directa o indirectamente. De la mano de un aliado como el grupo Quebracho se produjeron los incidentes con Domingo Cavallo y Ricardo López Murphy mientras intentaban conferenciar. Si tenía alguna duda acerca de la vinculación del gobierno con estos hechos, la perdí con el inmediato e infrecuente repudio de dirigentes y funcionarios del oficialismo a los escraches.

No tengo claro aún si la presidente finalmente va a tirar del mantel pero sí está claro que volvió a someter a la economía argentina a vientos huracanados localmente generados. Recesión, inflación, aumento de la desocupación e inseguridad creciente son consecuencia directa de estas decisiones. Unos tibios puntos de crecimiento de la imagen presidencial, ¿pueden ser el motivo de tamaño desaguisado? La idea que tenemos de tensar la cuerda proviene de la expresión inglesa stretching a longbow referida a unos arcos extra grandes usados por ingleses y galeses durante la Edad Media y que les permitían lanzar sus flechas a una distancia inusitada. De allí el concepto moderno de llevar las cosas a un extremo al cual tanto hace honor la presidente y que siempre conlleva la posibilidad latente de que la cuerda -final y definitivamente- se corte.

Este compendio de excusas, explicaciones y declaraciones pour la galerie tienen su contrapartida en una serie de acciones las cuales todos saben (en el gobierno también) que no tienen ninguna posibilidad de destrabar el conflicto sino que por el contrario, muchas de ellas, sirven para agravarlo. Dentro de éstas se encuentran las más que formales declaraciones de apoyo extraídas a los países miembros del Mercosur (institución regional que no consigue salir de la réplica permanente de agendas nacionales), la denuncia a los fondos buitre del siempre bien predispuesto Alejandro Vanoli ante la Comisión Nacional de  Valores de EEUU, la acusación contra Estados Unidos por “la violación de su obligación internacional de respetar la soberanía” de la Argentina ante la Corte Internacional de La Haya, que el propio economista ultra kirchnerista Agustín D’Attellis reconoce como un gesto político y no como una gestión práctica, hasta las más ridículas pegatinas de carteles con la consigna “Antes Braden o Perón. Hoy Cristina o Griesa”.

Tal vez lo más llamativo de toda la puesta en escena que el gobierno hace sobre el tema haya sido aquel viaje urgente hacia Nueva York que emprendió el ministro de economía mientras se encontraba en Venezuela supuestamente para darle tono formal y visto bueno a un acuerdo que todos daban por cerrado. Quizá nunca se sepa realmente lo que allí sucedió pero sin dudas las explicaciones de Axel Kicillof sembraron mayores dudas. El ministro se mostró durante su conferencia de prensa posterior a las reuniones sorprendido porque los holdouts rechazaron lo que vienen rechazando desde hace 10 años. Sí, así como se lee. Por algún extraño motivo, el gobierno pretendía un cambio de postura de los buitres luego de que éstos alcanzaran un fallo favorable de un juez norteamericano, la confirmación de la Cámara y la abstención de tomar el caso por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Cuesta también comprender que un gobierno demuestre asombro y contradicción por la actuación de un juez que defiende el derecho de propiedad en la capital mundial del capitalismo. No es su función analizar las cualidades morales de los fondos buitre y sus representantes; Griesa no es el Papa. Sus fallos siguen con toda lógica su función. También es normal la actuación del mediador Daniel Pollak que fue puesto en tareas para que Argentina cumpla el fallo del juez y no para otra cosa. Tampoco es sencillo encontrar la explicación de por qué Argentina estuvo haciendo un esfuerzo en los últimos meses para abrirse nuevamente a los mercados de crédito e inversión, para lo cual negoció la indemnización a Repsol y arregló con el Club de París entre otras cosas, para luego tirar bruscamente todo lo hecho por la ventana.

No es el objetivo de esta columna analizar técnicamente las posibilidades que el gobierno tenía para no caer en default (“selectivo” según la agencia Standard & Poors) pero hay coincidencias de varios especialistas –economistas y abogados- de que existían y existen muchas opciones de pago satisfactorias para ambas partes y hay evidencia suficiente de que muchas de ellas fueron acercadas al gobierno. A esta altura queda claro también que la cláusula Rufo funciona como excusa perfecta para una decisión tomada y escenificada en muchas ocasiones como es no pagarles bajo ningún punto de vista a los fondos buitres.

Hay que reconocer que el kirchnerismo ha logrado mantenerse en el centro de la escena política durante más de una década y con un grado de adhesión importante. Sin embargo, en esta ocasión, el enamoramiento de esa circunstancial mejora que produjo en la imagen de la presidente el enfrentamiento con los fondos buitres y el juez Griesa tiene un recorrido demasiado corto. Con un país en recesión como la Argentina, aumentar exponencialmente la incertidumbre –con todo lo que eso implica en inversiones, empleo, actividad económica, inflación, etc.- es poco menos que suicida. Esta actitud del gobierno es lo que popularmente se conoce como “pegarse un tiro en la pierna” porque más allá de las negativas implicancias que tiene para el país, consecuentemente y en un plazo corto, tendrá también un impacto pernicioso sobre la figura de la presidente y su gobierno. Tal vez en este caso aplique la definición que el ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni utilizó para denominar al juez neoyorquino y esta estrategia del kirchnerismo sea efectivamente de trocha muy angosta.