Uno de estos puntos, tal vez el más visible, es la falta de seriedad y profesionalismo en la comunicación presidencial. En la cadena nacional del pasado viernes, la Presidente se mostró sorprendida porque algunos integrantes del Poder Judicial (fiscales y abogados) solicitaron mayor mesura en sus dichos sobre la muerte de Alberto Nisman. Conjeturas, hipótesis cruzadas, rumores y demás habladurías estuvieron en boca de Cristina Kirchner desde que se conoció el hecho. Sin dudas que todas ellas van en contra del declarado principio de “dejar actuar a la justicia”. Ser la máxima autoridad en un país presidencialista es lo que aconseja no actuar como un ciudadano más. El cargo tiene una responsabilidad que no le impide expresarse libremente sino que le “pide” hacerlo con prudencia. Esa prudencia que el jefe de gabinete le reclama al senador republicano Marco Rubio.

Contrariamente a lo que Cristina Kirchner piensa, no es el grupo Clarín, y todos los medios “opositores”, quienes devalúan su palabra sino que ella misma es la que lo hace. La imperiosa necesidad del Gobierno de afianzar su propia hipótesis choca de frente con la independencia judicial. Más aún, esa insistencia en la supuesta “relación íntima” entre el experto en informática Diego Lagomarsino y el fiscal realmente devalúa fuertemente la palabra presidencial y deja en clara evidencia la intención de direccionar la investigación hacia un crimen pasional.

La segunda cuestión que suscita gravedad es que la Presidente se declare víctima de su propio servicio de inteligencia. Esta situación es curiosa en un Gobierno que lleva 12 años ininterrumpidos en el poder. Resulta bastante evidente que el haber conducido primero la SIDE y luego la SI por caminos alternativos al de la ley, no haber recurrido nunca al control parlamentario, y usar este servicio para beneficio de la propia facción, traía aparejado el riesgo de que finalmente escape a su control. Cuando se promueven carpetazos, es factible que en algún momento salgan en direcciones no queridas. Pedir que actúen conforme a derecho cuando se los venía utilizando de una forma sinuosa es una tarea difícil, más para aquellos gobiernos/regímenes que están en retirada. Los países de la ex Unión Soviética tienen innumerables y trágicos ejemplos de esta situación durante el período de transición. El misil de alto impacto extraviado hace algunos días por el Ejército Argentino –noticia opacada por el caso Nisman- podría ser también un alarmante ejemplo.

Cuando todas estas circunstancias parecen sacar al gobierno de su eje opta, con cierto éxito, por instalar nuevos temas en agenda. Así sucede con la propuesta de Roberto Carlés para reemplazar a Raúl Zafaroni como miembro de la Corte Suprema. Está claro que un abogado de 33 años, kirchnerista militante está destinado a levantar polvareda, pero el gobierno de Cristina sabe que es un revuelo harto preferible a las sospechas que sobrevuelan sobre su participación en la muerte del fiscal.

Si hay algo que debe reconocérsele al kirchnerismo es que hace honor al pregonado “nunca menos”. En momentos donde muchísimos sectores sociales, políticos y judiciales cuestionan severamente a la procuradora Alejandra Gils Carbó por su notoria sumisión a las órdenes de la Presidente –habría que tener en cuenta qué opositores (hoy indignados) votaron a favor de su designación- propone en la nueva ley de inteligencia dejar bajo responsabilidad de la Procuración las “escuchas legales” o “pinchaduras”. Pretende al mismo tiempo designar un director y un subdirector para la proyectada Agencia Federal de Inteligencia con acuerdo del Senado (donde tiene mayoría) y con una estabilidad de 4 años en el cargo.

El kircherismo, al menos en su versión pura y dura, ya no será gobierno a partir de diciembre de este año. No obstante ello queda bastante claro que todavía conserva en sus manos una alta capacidad de daño. Sería importante que los candidatos presidenciales con opciones de triunfo, con la apoyatura de los partidos que representan, y la coordinación de asociaciones (como el Club Político Argentino) puedan consolidar un entendimiento que impida transformar las instituciones en una tierra arrasada donde agentes públicos descarriados, estructuras paralelas al Estado hípercorruptas, lealtades cruzadas y “bombas” activadas por doquier, nos conminen a tener que soportar largos años más de decadencia.

Con ese objetivo e iniciando el trabajo con la cruel versión del militante kirchnerista Alex Freyre referida a los remedios para controlar la infección por HIV, el kirchnerismo puso a varios exponentes de la oposición en la complicada tarea de tener que fijar posición acerca de distintas políticas implementadas a lo largo de todos estos años por parte de Néstor y Cristina. El jefe de gobierno porteño Mauricio Macri fue conminado a aclarar que mantendría las estatizaciones de YPF y de las AFJP cuando tanto propios  como extraños saben que el PRO se había mostrado contrario a esas políticas. Macri encontró un resquicio de argumentación en la dificultad que impondría desandar el camino emprendido, aunque es probable que lo que tengan medido es el consenso social respecto a que esas áreas estén en manos del Estado (al menos por ahora). La previsibilidad, algo de lo cual este gobierno a todas luces carece, oprime paradójicamente el accionar de la oposición que intenta por todos los medios “no asustar” a los electores.

Siguiendo con las simulaciones, el AFSCA de Martín Sabatella acusa a Clarín de haber presentado un plan de adecuación que simplemente aparenta cumplir con la ley pero que utiliza todo lo que tiene a su alcance para evitarla. Lo curioso en este caso es que cuando este plan fue presentado a principios de año había tenido una acogida favorable por parte del organismo de regulación. El propio Sabatella había dicho que “a primera vista, lo que se presentó cumple los requisitos de la ley” para terminar congratulándose por “haber logrado que todos los grupos de medios, aún el más poderoso y perjudicial para la democracia, hayan tenido que rendirse al imperio de la ley”. Quedaba ya claro en aquella frase que la ecuanimidad en la autoridad de aplicación no iba a ser su característica más sobresaliente. El gobierno simula medir con la misma vara aunque todos reconocen de manera privada que el objetivo primordial de la ley siempre fue desmantelar al Grupo Clarín.

También el INDEC ha vuelto a repetir conductas que lo pusieron como organismo líder en la falsificación de cifras. Con una diferencia en la medición de la inflación acumulada en el año de alrededor de 10 puntos porcentuales (por debajo obviamente) respecto a lo que miden las consultoras privadas agrupadas en el índice del Congreso y las mediciones estatales de otras jurisdicciones, el IPC nacional -nuevo índice lanzado a principios de año y fruto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para dotar de mayor credibilidad a las estadísticas oficiales- ya genera tantas dudas como su antecesor. El período de sinceramiento fue realmente corto. Nadie utiliza las cifras que este organismo produce como insumo para su actividad, por lo que todas las cifras que funcionan como indicadores de la realidad social y económica del país son meras fantasías. El cepo cambiario hizo aquí aún más para que exista un desdoblamiento entre lo formal y lo real; sólo con intentar medir el PBI del país alcanza para notar esta dualidad.

Los gobernadores del Partido Justicialista, entre ellos el dócil mandatario bonaerense Daniel Scioli, tiemblan al pensar que se acerca un fin de año que puede volver a ser complicado. Con sus arcas en rojo, simulan y sobreactúan un apoyo al gobierno nacional para no quedarse afuera de la ayuda que les permita atravesar sin sobresaltos las fiestas. Todos recuerdan los acuartelamientos de las fuerzas policiales y los saqueos iniciados en la provincia de José Manuel de la Sota y temen ser ellos quienes este año deban pagar por mostrar un matiz en la relación con el gobierno nacional. Denostan por lo bajo al equipo económico que conduce Axel Kicillof pero lo aplauden desde la primera fila.

El intento por manipular a la justicia no cesó con el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional parte de la reforma judicial en la que se había embarcado el oficialismo. Por estos días, y faltando sólo 15 meses para que Cristina Kirchner abandone el gobierno, la procuradora Alejandra Gils Carbó insiste en la promoción de fiscales absolutamente afines al kirchnerismo. Los militantes de la agrupación Justicia Legítima acaparan las postulaciones. Para la crucial Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la cual debe ocuparse de investigar los casos de corrupción que afectan al gobierno, propone al actual gerente de asuntos legales de la ANSES, Sergio Leonardo Rodríguez. Con este nombramiento pretende cubrir el cargo que dejó vacante con su renuncia en marzo de 2009 el ex fiscal Manuel Garrido. Vale recordar que en aquel momento Garrido adujo una limitación a su trabajo por parte de su entonces jefe directo Esteban Righi. Detrás de la mentada agilización de los procesos subyace el intento de cooptación final de una justicia ya bastante maniatada en su accionar pero que intentaba salir de su letargo.

El flagelo del trabajo informal (en negro) es reconocido por los propios funcionarios cuando los micrófonos están apagados. Los mismos organismos gubernamentales destinan enormes sumas de dinero a pagos no remunerativas para sus empleados. Sin embargo, la presidente montó en cólera cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) situó las cifras de trabajo informal en el país en un preocupante 46,8%. Según Cristina, este organismo, como tantos otros que han caído bajo su verba iracunda, pretenden “asustar para ajustar”. Todos ellos estarían en las antípodas de los extranjeros que “hablan maravillas de Argentina”.

Elogios y reproches, conquistas y flagelos, opositores y oficialistas, críticos y apologistas, todos parecen haberse convertido en especialistas en el arte de simular.

En materia de derechos humanos, si bien el kirchnerismo le ha aportado dinamismo a algunas causas contra ex represores por su repentino interés en la materia, el daño que ha causado sobre organismos de DDHH que gozaban de independencia, credibilidad y prestigio es notable. Aquí también ha profundizado un distanciamiento entre quienes se han dejado cooptar y quienes conservaron su independencia política.

En lo que hace a la administración de la cosa pública (res publica), lejos de continuar con una profesionalización ampliamente necesaria para hacer eficiente y eficaz la gestión de la burocracia estatal, ha promovido una brutal involución que implicó el desplazamiento de funcionarios probos no alineados y el encumbramiento de militantes incapacitados y desinteresados al mismo tiempo, con la consiguiente pérdida de recursos humanos valiosos. Todo esto en un contexto donde el empleo público nacional se ha incrementado un 75% durante los años del kirchnerismo. Dos de los organismos que exhiben más claramente este desatino son el INDEC y la Cancillería.

El caso del Indec, con sus técnicos desplazados y la permanente manipulación de las estadísticas oficiales, es harto conocido. A los falsos números de pobreza, indigencia e inflación, se suman las dudas que genera la metodología adoptada para medir el empleo. Recientes revelaciones y cotejos indican también que ni siquiera los números de comercio exterior son confiables dadas las incongruencias que aparecen al cotejarlos con datos de organismos homónimos de países con los cuales Argentina tiene relaciones comerciales. La destrucción de un instituto estadístico que era modelo para el resto de los países de la región genera desazón.

La Cancillería también ha sido un ámbito donde la política facciosa ha desplazado a la idoneidad, aunque la situación ha sido camuflada durante un tiempo por la habitual discreción del cuerpo diplomático. Tal vez el fallido acuerdo con Irán sea la pequeña punta de un enorme iceberg. Recientemente se han conocido correos electrónicos entre miembros de La Cámpora que allí trabajan y que demuestran la existencia de proyectos de reforma para el Servicio Exterior de la Nación (SEN), sea modificando la ley (de muy difícil concreción), interviniendo en contenidos, o solicitándole a la presidente que modifique vía decreto la reglamentación de la ley 20.957 sancionada en 1986.

En materia judicial, y pese a que la Corte Suprema nos ha evitado la desgracia de ver materializada la total cooptación del Poder Judicial al declarar inconstitucional parte de la reforma impulsada por el oficialismo, vale recordar la cantidad de jueces que por sociedad, complicidad o bajo presión han cedido a los deseos del poder político. La evolución del Ministerio Público Fiscal ha ido en dirección de lograr el encolumnamiento de los fiscales a la militante conducción de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó. Recordemos que el anterior Procurador Esteban Righi, un histórico dirigente del peronismo que detentó ese cargo por el transcurso de 8 años durante los gobiernos de Néstor y Cristina, tuvo que renunciar acusado por el vicepresidente Amado Boudou de intervenir en la causa que lo tiene involucrado por la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica, y ello no podría haberse logrado sin la clara venia de la primera mandataria. Con la reciente propuesta de nombramiento de 360 conjueces para cubrir vacantes en varios juzgados, la presidente ha abandonado la sutileza para pasar a postular personas claramente identificadas con su espacio político.

La intervención sobre los medios audiovisuales y de prensa ha excedido cualquier intento de influencia propiciado por gobiernos anteriores desde el retorno de la democracia. Como consecuencia de ello, ha quedado conformada una multiplicidad de medios que se sostienen primordialmente por la pauta oficial y los negocios con el Estado y que pasarán a ser mano de obra desocupada a merced del nuevo oficialismo. Esta puja también ha traído consecuencias sobre la calidad de  aquellos medios que han quedado parados en la vereda de enfrente del gobierno. Fomentando la radicalización de los contendientes ha logrado bajar la calidad del debate público.

En materia de política económica, el gobierno de los Kirchner ha logrado “inventar” una crisis en un clima que continúa ampliamente favorable para la región y en particular para la Argentina. Récord de cosecha y una tonelada de soja en precio exorbitante no le han impedido poner al país al borde de la estanflación (el peor escenario). La confianza nunca recreada ha logrado una permanente y masiva fuga de capitales que costará mucho esfuerzo y tiempo recuperar. Mercados internacionales de importación y exportación han quedado a merced de los caprichos de equipos económicos inconsistentes y una conducción política imprevisible. La percepción de los actores internacionales respecto de la Argentina indica una distancia cada vez mayor entre potencia y acto. Al mismo tiempo, el direccionamiento de la matriz productiva hacia actividades inviables, mientras se deja al margen de la consideración gubernamental a las más competitivas, va a requerir de tiempo para readecuarse.

En materia de educación universitaria, la creación de nuevos establecimientos, sobre todo en el conurbano bonaerense, ha servido para ejercer un control sobre profesores y contenidos que la propia democracia interna en las universidades más importantes (donde las agrupaciones y académicos del kirchnerismo suelen obtener resultados adversos) les ha vedado. Así suelen girar millonarias sumas para que éstas los dediquen a financiar películas, participar de exposiciones y eventos partidarios, evitando así el control institucional de esos recursos.

Quienes menoscaban al kirchnerismo como un movimiento político que ha basado su gobierno en dos elementos principales, la soja y la suerte, olvidan el persistente y esforzado trabajo que ha hecho durante más de diez años por modificar las bases institucionales del país, poniendo el foco en el funcionamiento de las mismas (neoinstitucionalismo). Claramente no se han llevado bien con las tres características que nuestra constitución señala como esenciales para nuestra democracia, su dimensión representativa, republicana y la federal. Lamentablemente para la salud de la República, en esta tarea han sido mucho más eficaces que en la gestión administrativa.

Ante la evidencia que otorgó un florido discurso público, sería un buen elemento de cara al futuro medir la cantidad de veces que un candidato, o presidente ya electo, promete una refundación del país. De esta manera, sabríamos a ciencia cierta su intención de perpetuarse en el poder, avasallar las instituciones e intentar mimetizar los objetivos e intereses de toda una nación con los de la propia facción.