En la columna anterior he argumentado de todas las formas que el espacio y mi propia capacidad me permitieron en contra del proyecto de ley antidespidos pero, aún así, creo que fue el propio gobierno de Mauricio Macri quien le ha dado, involuntariamente claro, mayor vuelo. El anuncio de veto logró fijar en la agenda un tema que podría haberse trabajado de manera discreta. Es muy difícil sostener ante la opinión pública que existe una crisis de empleo a 5 meses de asumido un gobierno y cuando era una de las variables en las cuales el kirchnerismo se decía superador. Mucho más difícil era argumentar a favor de una ley de estas características cuando la líder de aquel proyecto político se había manifestado públicamente en contra pocos años atrás. Sin embargo, aún en pleno proceso de descomposición, no se le puede dejar al Frente para la Victoria una herida a la vista porque ellos tienen el salero siempre a mano. Más aún si en esa herida pueden aglutinar nuevamente al justicialismo en fuga.

Lo que bastaba para calmar los ánimos de empresarios asustados era decirles por lo bajo que el gobierno se oponía y no que el jefe de gabinete Marcos Peña sostenga que “vamos a dialogar, pero el veto es constitucional”. Este es un análisis para un constitucionalista y no para un funcionario de alto rango de gobierno. El ministro de trabajo Jorge Triaca señaló por su parte que el kirchnerismo (¿por qué no hacer extensiva la definición a todo el PJ?) tiene “vocación de ponerle palos en la rueda al gobierno”. Es correcto exponer esta verdad de Perogrullo a la luz pública pero debería ser algo que los funcionarios y políticos de Cambiemos internalicen como lucha diaria. Por supuesto que es dable abrirles el crédito luego de haber lidiado, para bien y para mal, durante 8 años con algunos sectores muy arraigados en las estructuras de poder de la ciudad de Buenos Aires y que rechazaban al macrismo desde su propio nombre pero no hay muestras aún del convencimiento necesario para hacerlo.

Es tal el auge que tomó un proyecto absurdo, que permitió la federalización del esperpento. Así fue que el intendente de la ciudad santafesina de San Jorge, Enrique Marcucci, prohibió por decreto la instalación de nuevos negocios hasta el 3 de noviembre. Según el intendente, la decisión respondió a “una inquietud de los propios comerciantes, que celebraron la medida”. El intendente, supuestamente electo para mejorar dentro de sus posibilidades las condiciones de vida de los habitantes de la localidad y generar situaciones para un mayor desarrollo, optó por aplastarlos en la chatura; ¿cobrará por esto?

Lo que subyace debajo de estos errores procedimentales es que los argentinos tenemos internalizada una comprensión equivocada de lo que significa el empleo y la generación de riqueza en una sociedad. El concepto mismo de “puesto de trabajo” implica un anquilosamiento de una actividad que necesita justamente de la dinámica para que rinda frutos. Los trabajos productivos y de calidad atraen más y mejores oportunidades también para el resto de la población mientras que los empleos “para ocupar un puesto” perjudican las posibilidades del resto de la sociedad. Está claro que quien no tiene un trabajo de calidad y productivo prefiere estar empleado en cualquier actividad con la que pueda darle un sustento a su familia, por lo cual es lógico que perciba como positiva una ley que supuestamente lo pone a salvo de perder lo poco que tiene. Lo que resulta cínico es que los políticos que deben tener como meta fundamental el desarrollo económico que permita más empleos y mejor remunerados, opten por el camino que genera lo opuesto, en muchas ocasiones sabiendo de las consecuencias que ello implica, transformando así lo equivocado del planteo en algo cruel.

Finalmente, ¿qué rol juega en esta puja de poder un novísimo partido que aparece, en esta etapa, como llamado a ser el fiel de la balanza en el Congreso Nacional? Sergio Massa es un político -como todos ellos- adicto a las encuestas. Lo que tal vez lo diferencie es que sus posiciones están exclusivamente basadas en estas. En este caso le habrán llegado los sondeos donde un 60% de los argentinos estaría de acuerdo en una ley antidespidos. Pero allí es donde los problemas de su Frente Renovador comienzan. En primer lugar porque se da cuenta de que fue arriado por el Frente para la Victoria (por esto no dio el quorum para la sesión especial de ayer) y, en segundo lugar, porque no logra el consenso en su propio bloque, donde confluyen dirigentes empresariales y sindicales. El capital y el trabajo, aquella armonía soñada por Perón, parecen ausentes en un modesto espacio político como el Frente Renovador.

Las leyes no pueden transformarse en un cúmulo de buenas intenciones y mucho menos si con ello perjudican lo que supuestamente quieren proteger, en este caso, el trabajo. No es posible que tengan como leitmotiv esencial resultar agradables a la opinión pública biempensante. Así, no solamente crean falsas expectativas sino que ingresan medidas distorsivas en un mercado que siempre va a escapárseles por la tangente.

Durante 12 años han probado todo tipo de reglas para prohibir o exigir al sector privado determinadas cosas a la sola voluntad del gobernante y si hay algo que quedó claro, es que los resquicios aparecen, como así también las consecuencias indeseadas. No les alcanza con observar el rotundo fracaso de las economías con planificación centralizada, pretenden seguir intentando con medidas menos extremas pero igual de ineficaces y, en la mayor parte de los casos, altamente nocivas.

El Presidente ha acertado en llamar a esta ley como “cepo al empleo”. El parecido con las prohibiciones a la compra de dólares o al giro de dividendos ejecutados por el Gobierno de Cristina Kirchner es notable, aunque el tema aparezca como más humano. El massismo, en sus referentes más reflexivos, como Roberto Lavagna, se opuso a ambos proyectos, pero primó finalmente esa veta populista que Sergio Massa deja entrever de cuando en cuando y que le permite, en este caso, satisfacer al sector sindical de su propio Frente Renovador (¿qué sería lo renovador en este caso?).

Parecen verdades de Perogrullo, pero ante este nuevo embate de leyes paralizantes, vale la pena preguntarse y reflexionar sobre qué es lo que genera empleo aquí y en cualquier parte del mundo: la actividad económica. ¿En qué aspectos debe trabajar la Argentina para darle impulso a una economía que lleva cuatro años de estancamiento? Algunas cuestiones estructurales ya se hicieron y se siguen haciendo, como la salida del cepo, el acuerdo con los holdouts, el control de la emisión para comenzar a darle una batalla en serio a la inflación, el restablecimiento de relaciones con el mundo y más. ¿Falta? Muchísimo y en eso tienen vital tarea los legisladores. Su paso por el Congreso de la Nación puede tener un sentido constructivo en la regeneración económica que el país necesita. ¿Por qué no revisar los impuestos al trabajo que hacen que cualquier empresario piense una y mil veces antes de tomar un nuevo empleado? ¿Por qué no revisar todas aquellas leyes y reglamentaciones que dificultan el inicio de nuevos emprendimientos? ¿Por qué no trabajar sobre todos los impuestos distorsivos que ponen recursos en manos ineficientes? Es probable que en esta quita de impuestos tengan la renuencia de un Estado federal que necesita cerrar la brecha fiscal pero esa discusión sí sería saludable, porque estaría buscando las formas más adecuadas para recuperar la senda del crecimiento.

Sería grato que en un país con los problemas que tiene la Argentina el debate pasara por cómo mejorar la productividad de nuestras empresas, por investigar qué sectores nos brindan ventajas para ser competitivos, por ver cómo podemos integrarnos y también competir más y mejor con el mundo. También sería interesante debatir sobre la cultura laboral de un país que hace un siglo que indaga los mecanismos para volver a su época dorada. ¿Por qué será que los empresarios buscan el contacto fluido con el sector público más que la mejora en la productividad de sus empresas? ¿Por qué los sindicatos plantean las relaciones laborales como una puja de intereses contrapuestos, cuando deberían pensar en una asociación con el sector empresario? ¿Por qué el ausentismo laboral en Argentina es notablemente superior al resto de los países de la región y alcanza casi el diez por ciento? ¿Qué sucede con los certificados en la medicina laboral, que son a pedido del paciente? Creer que todo esto no influye en el crecimiento económico de un país y en el desarrollo personal de sus habitantes es como pretender jugar profesionalmente a un deporte sin entrenarse para ello.

El día previo a la multitudinaria movilización organizada por los líderes sindicales, un pope del gremio en la zona se comunicó con uno de los dueños de una pyme ligada a la industria del plástico para solicitarle trabajadores de su fábrica para asistir a la movilización. Acostumbrado a este tipo de pedidos, el empresario le prometió darles el día libre a los delegados para que pudieran ir. Sin embargo, en esta ocasión el pedido era por más trabajadores. Que esto frenara la producción entera de la fábrica no resultó de su incumbencia, la misión era cumplir con el plan de los jefes, que querían marcar la cancha a pocos meses del inicio del nuevo Gobierno.

Sería un interesante ejercicio para la sociedad comprender que muchas veces, con la apariencia de pelear por sus derechos, lo que en realidad están haciendo sus dirigentes políticos y sindicales es tratar de reposicionarse en el escenario político. En ocasiones, con simples declaraciones que no afectan mayormente sus empleos, pero a veces con acciones o proyectos que, escudados en la defensa del trabajador, no hacen más que alejarlos del objetivo central que todos ellos persiguen: mejorar su calidad de vida.

La movilización que atrajo Cristina Kirchner en Comodoro Py suscitó fuertemente el interés de los medios y de la gente. Kirchneristas y antikirchneristas se batieron en un duelo de cálculos de concurrencia. Pero la pregunta que surge automáticamente es: ¿qué diferencia podría haber entre cinco mil o cincuenta mil personas si su imagen negativa es de más del sesenta por ciento? ¿Cuánto puede influir ese acompañamiento militante cuando gobernadores, legisladores e intendentes ya no reconocen su liderazgo, a pesar de que acuden a sus convites, en un gesto para no recibir el siempre lacerante mote de desleal?

No hay mayor reconocimiento a ese liderazgo desplazado que la mención por parte de la ex Presidente de la necesidad de crear un “gran frente ciudadano”. Es evidente que Cristina Kirchner se da cuenta de que el Frente para la Victoria está en vías de extinción y que el Partido Justicialista la observa desde lejos y con recelo.

Pese a todo, lo que cabe preguntarse entonces es: ¿Por qué todos hablamos de ella cuando reaparece en la escena pública? Las motivaciones son muchas y variadas, pero algunas de ellas están en que hay fuerte interés por saber cómo va a responder ante una Justicia que tiene cada vez más herramientas para ponerla en aprietos (aún queda la duda si se animará a hacerlo); porque es una ex presidente que estuvo en la cima del poder durante 12 años, por lo que hay cierta curiosidad por verla desenvolverse en el llano; porque, aun habiendo perdido el favor mayoritario, conserva miles de fanáticos; porque es pintoresca, divertida, extrovertida, locuaz y con ello genera un interés similar al que suscita Diego Maradona, quien la mayoría de las veces no hace más que irritarnos o hacernos compadecer de sus múltiples problemas. Y porque es capaz de llevar el cinismo a su máxima expresión y así sostener, por ejemplo: “Nunca he visto tantas calamidades en 120 días”.

Está claro que los aumentos en transportes y tarifas generan enojos y malestar entre los ciudadanos, muchos de los cuales apoyaron a Cambiemos. Con este combustible, la ex Presidente intenta bombardear lo más que pueda al Gobierno, mientras trata de mostrar en Comodoro Py que aún conserva cierta relevancia política. Sin embargo, más allá de la mayor o menor comprensión acerca de las razones que llevaron a Macri a avanzar hacia el sinceramiento de la economía, lo cierto es que ese sector puede, en el mejor escenario para Cristina Kirchner, retirarle apoyo al Gobierno, pero lo que ella debería tener claro es que el rechazo que genera su figura en este vasto sector de la sociedad no tiene ninguna posibilidad de ser remontado, y mucho menos fuera del poder y con tantos procesos judiciales y periodísticos deschavando enorme cantidad de ilícitos que se produjeron durante su gestión.

Cristina no sólo ha venido a defenderse política y judicialmente del juez Claudio Bonadio (a quien considera un enemigo), ni a despotricar contra el Gobierno de Macri, sino que también aprovechó para inaugurar, con las facilidades que le otorga una billetera aún muy poderosa, en un petit hotel cercano al Congreso Nacional, un instituto al que denominó Patria. No resulta muy aventurado decir que en algún tiempo esta suerte de think tank K no será más que un refugio donde prepararán sus estrategias judiciales los ex funcionarios de su Gobierno y, por supuesto, también ella misma.

Lo que el ser humano se anota como un activo en su evolución económica y social es haberse hecho mucho menos dependiente de las condiciones climáticas y los designios de la naturaleza. Países como Japón son ejemplo de ello; pero en Venezuela, hay una suerte de retroceso al medioevo en muchos aspectos. Pese a estos problemas, los servicios públicos, entre ellos la energía eléctrica, están fuertemente subsidiados, y en muchos casos se abona una tarifa cuasi simbólica.

En la Argentina la tendencia avanzaba en la dirección de ese país. Además de la estrecha relación entre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner con el chavismo, el fenómeno de la inflación (inexistente en el 99% de los países del mundo), la presión sobre los medios de comunicación, una política exterior beligerante hacia los países desarrollados, precios subsidiados en los servicios públicos y el transporte, una política de persecución sobre empresarios y generadores de riqueza, el cepo cambiario y una pobreza creciente  marcaron una impronta común a ambos gobiernos. Todo hacía prever un final parecido a lo que hoy se vive en el país caribeño. Sin embargo, el proceso electoral de 2015 y la elección de Mauricio Macri como presidente marcaron un cambio rotundo en la dirección del país, y la explosión social, económica y política que se observa en la tierra de Bolívar no llegó a materializarse en toda su dimensión.

El no haber alcanzado tales circunstancias le agregaron al  gobierno de Cambiemos una presión sobre resultados que no tuvo que soportar, por ejemplo, el gobierno de Eduardo Duhalde en el durísimo año 2002. Hagamos un poco de memoria: Duhalde, pese a no gozar de una buena reputación social sobre todo en las clases medias que aún lo recuerdan como un turbio caudillo del conurbano bonaerense, ha ganado cierta fama de buen piloto de tormentas. Sus colaboradores por aquellos años, principalmente Roberto Lavagna, gozan de un reconocimiento que aún les permite participar activamente de la política y los medios de comunicación. Recordemos sin embargo algunas medidas que tomaron y las consecuencias que tuvieron: pasó del corralito -impuesto por Domingo Cavallo y que impedía retirar más de $250 semanales de los depósitos bancarios- al corralón, que restringía la devolución de los plazos fijos y los reemplazaba por bonos y que también pesificaba a $1,40 por U$D las deudas y las acreencias–salvo con las entidades financieras a quienes debían devolvérsele 1 a 1-; la megadevaluación, que llevó el valor del dólar a casi un pico $4; y el crecimiento de la pobreza que pasó del 34% al 52% en menos de un año (dato que correctamente hizo notar el ex diputado Fernando Iglesias en la discusión televisiva que mantuvo esta semana con el ex presidente del Banco Central Aldo Pignanelli).

La situación que heredó el presidente Macri también fue muy grave pero el kirchnerismo amalgamó la realidad económica de tal forma que las “bombas” le explotasen al siguiente gobierno. En ese sentido, la ya  indisimulable inflación (pese a las mentiras del INDEC, los aprietes a los empresarios, los precios cuidados y los programas …para todos) trató de ser anclada por dos mecanismos claramente nocivos: el congelamiento de tarifas y transporte, que además de la distorsión de precios relativos generó un monumental déficit energético, y el cepo cambiario, que generó un tipo de cambio ficticio (y otro paralelo) e hizo que la economía argentina sufriera un proceso de estanflación en casi todo el segundo período de Cristina Kirchner.

Difícilmente una persona que cayó de un precipicio y tiene múltiples fracturas se queje por un dolor de muelas. El problema para Mauricio Macri es que el kirchnerismo condujo hasta el límite de ese precipicio pero esperó que el empujón lo diera el sucesor. En ese sentido, todo el esfuerzo del gobierno debe estar focalizado en comunicar los motivos de las medidas emprendidas, trabajar sobre mecanismos paliativos (que no se agotan en la implementación de las tarifas sociales y que pueden complementarse con, por ejemplo, un buen seguro de desempleo y capacitación) y, fundamentalmente, no permitir que las urgencias expuestas por muchos comunicadores sociales desvíen de un camino que pretende avanzar sobre políticas que den certidumbre y previsibilidad a una nación que necesita imperiosamente que los inversores pequeños, medianos y grandes, argentinos y extranjeros, vuelvan a confiar en un país que durante muchos años no respetó ni los más mínimos cánones de razonabilidad política, económica y judicial.

*Castellfollit de la Roca es un bello y pequeño pueblo sito en Cataluña (España) que está asentado sobre un risco de origen volcánico de 50 metros de altura

Otro antiguo sostén del kirchnerismo se desmorona a pasos agigantados: los empresarios amigos. Emblemáticos defensores del  relato algunos, dispuestos a hacerse cargo de aquella actividad económica que necesitaba ser intervenida por el matrimonio Kirchner otros, hoy los vemos debatirse para poder pagar sueldos o, mejor dicho, para no pagarlos, o bien para seguir ocultándose detrás de testaferros.

Sin concesiones que lo sostengan, situación plasmada en los masivos despidos en sus múltiples empresas, el ex empleado del Banco de Santa Cruz Lázaro Báez es citado a indagatoria por el juez Sebastián Casanello que, a fuerza de videos y nuevas pruebas en el caso iniciado en el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata , se ve forzado a abandonar su mote de “Tortuga”.

La oposición, componente fundamental de toda democracia, estudiada por politólogos de la talla del italiano Gianfranco Pasquino, adopta en el caso del kirchnerismo una versión extrema de su estereotipo. Obligado a ser un enemigo acérrimo de cualquier política que el gobierno de Mauricio Macri emprenda -más aún de aquellas en las que supone pueda traerle algún éxito- es poco lo que con ellos se puede negociar. De hecho, la oposición kirchnerista tiene claro que la única posibilidad de subsistencia política está situada en el fracaso del gobierno de Cambiemos.

Todos los gobiernos no sólo eligen a sus aliados sino que también pretenden elegir a sus opositores. Es así que, pese a algunas resistencias internas, el presidente puso en palabras claras y contundentes la herencia recibida y lo hizo nada menos que en el acto de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Ese fue el primer paso: darle visibilidad a los problemas que el kirchnerismo siempre quiso ocultar; el segundo paso  -y el más complicado, claro- es resolver esos problemas. El levantamiento del cepo fue el primero, ahora está en vías concretas de solución un default que trajo serios inconvenientes (insistentemente tapados) para el país en términos de inversiones, crecimiento e inserción en el mercado global. La solución de estos problemas, base de sustentación para cualquier política pública que el gobierno quiera desarrollar, dependían de voluntad política y pericia técnica para llevarlas a buen puerto, ambas características ausentes en el gobierno de Cristina Kirchner.  El resto de la herencia, sobre todo la inflación y la inseguridad, requieren a su vez tratamientos de fondo y prolongados.

Si el gobierno de Cambiemos, con la ayuda de la oposición racional, logra desplazar definitivamente al kirchnerismo de la escena política nacional o bien correrlos hacia un plano marginal, es probable que las tan mentadas políticas de Estado adquieran un carácter de permanencia que la alternancia en el poder sólo podrá modificar parcialmente. Como habitualmente sucede en los países con instituciones democráticas y republicanas, que Cambiemos y sus circunstanciales aliados logren este cometido dependerá de que la opinión pública, manifestada en masa crítica y votos, adopte el mismo objetivo.

Tal vez haya sido Lula quien, pese a su origen izquierdista y combativo puso mayor distancia respecto a las acciones que más identificaron este fenómeno. Sin embargo, para los medios de prensa brasileños y los sectores críticos del fundador del PT, la analogía con los otros líderes mencionados es directa. Pese a haber sido pragmático y moderado en su política interna, con logros en crecimiento del PBI y reducción de la pobreza, camino iniciado por su predecesor, Fernando Henrique Cardoso, en política exterior trabajó para posicionar a su país como un actor fuerte y en muchas ocasiones contestatario de las políticas llevadas adelante por los países centrales. Fue así como Brasil, durante su gobierno, se acercó a causas y líderes que poco tenían que ver con los países más democráticos y desarrollados.

En el caso de Chávez, a poco de andar, mostró un perfil típicamente populista, con un fuerte culto a la personalidad y que el periodista Andrés Oppenheimer calificó astutamente como narcisismo-leninismo.

El caso de Néstor Kirchner fue más progresivo, adaptado a los preconceptos argentinos. Habiendo aparecido en la política nacional por elección y descarte del ex presidente Duhalde cuando era un desconocido para la mayoría de los argentinos, forjó una primera etapa de gobierno donde la obsesión por su “libreta de almacenero” y la permanencia de algunos funcionarios del gobierno anterior lo contuvieron dentro de los cánones de cierta racionalidad económica. Tal vez su primer enfrentamiento público, en el que dejó entrever su afán voluntarista, se produjo con la petrolera Shell por una suba de precios en las naftas. Aquella apelación al escrache público fue uno de los primeros pasos hacia la adopción de políticas económicas e institucionales populistas que luego iría radicalizando durante su gobierno y posteriormente en el de su esposa.

En Brasil, Dilma Rousseff tiene el índice de popularidad más bajo de un presidente desde el regreso de la democracia en 1985. La recesión económica, que golpea duramente al hasta hace poco admirado país, sumados a las denuncias de corrupción que la acorralan a través de la mega causa conocida como Petrolao hacen prever que el juicio político está cerca. El Partido de los Trabajadores (PT) y sus militantes no parecen muy entusiasmados en el intento por sostener a la presidente, y ya consideran más que suficiente lo hecho en la defensa de los ajustes que debió encarar en los últimos años. Por el contrario, las fuerzas sí parecen estar puestas en apoyar al cada vez más complicado judicialmente Lula. Los análisis que sitúan lo hecho (o no hecho) por Da Silva, sobre todo en el último período de su segundo mandato, como el desencadenante de la crisis que debió enfrentar su sucesora, quedan simplemente para las discusiones entre los especialistas.

En Argentina, fue Cristina Kirchner quien se hizo cargo de continuar con un gobierno que pretendía alternar a ambos cónyuges en el poder y que el fallecimiento prematuro de Néstor impidió. Vale recordar que apenas asumida Cristina se topó con un hecho que marcó la historia del kirchnerismo: el conflicto con el campo. Esa rebelión del sector más dinámico de la economía ante una resolución que pretendía elevar las retenciones y que, según el actual embajador en los Estados Unidos Martín Lousteau, fue más moderada a raíz de su intervención como ministro de economía de esos años. Aquella fue la más clara muestra de la necesidad que ya tenía el gobierno de incrementar la presión fiscal para solventar el crecimiento del gasto público, el cual no se detendría jamás, con las consecuencias que ya todos conocemos y que aún sufrimos, la principal de ellas, la inflación.

En Venezuela, la irrupción de un militar golpista como Hugo Chávez, que rompió el sistema de partidos y generó una esperanza de cambios en un país que sufría de todos los males clásicos de los países latinoamericanos, le permitió avanzar de manera más veloz hacia su proyectado Socialismo del Siglo XXI. Impulsando y logrando una reforma constitucional apenas arribó al poder, rápidamente demostró su ambición de perpetuidad. Las políticas enfocadas hacia los más desposeídos le granjearon fuertes apoyos pero demostró con el correr del tiempo que sólo estaban apoyadas en sus enormes ingresos petroleros. Los problemas para su gobierno comenzaron mucho antes de su deceso, al punto que la oposición, diezmada, perseguida y bastardeada por el gobierno desde sus inicios logró poner en riesgo la supremacía chavista con un 44% de los votos en la elección presidencial de 2012 para Henrique Capriles. La inflación, la escasez de productos y una oposición que se hace fuerte ante problemas que Nicolás Maduro no tiene recursos para resolver, con un petróleo peleando por llegar a los U$D40 el barril (cuando llegó a estar casi en los U$D150 en el 2008) ponen en situación terminal el régimen chavista.

Habiendo desaparecido dos de los mandatarios mencionados y un tercero enfrentando graves problemas con la justicia, lo curioso es que los tres conservan aún una fuerte simpatía (o fanatismo según el caso) en un importante sector de la población. Pese al evidente fracaso de sus políticas, los prematuros decesos de Chávez y Kirchner, sumados a la posibilidad de que Lula Da Silva se convierta, según sus propias palabras, en ‘’héroe (encarcelado), mártir (muerto) o presidente (libre)’’ ponen a estos países en el riesgo de creer que, pese a las evidencias, las políticas de corte populista pueden funcionar si están en manos de los intérpretes apropiados.

Para algunos, el Presidente fue demasiado breve en el racconto de la herencia, aunque prometió un informe posterior de cada área del Estado. Difícil será que éstos puedan suscitar igual atención que el discurso. Tampoco genera el mismo impacto apelar a la apertura de dependencias públicas para que los medios de prensa más importantes documenten el estado calamitoso en que el gobierno de Cambiemos recibió la administración pública.

Como era de prever, el sector K (ya no tiene sentido hablar de kirchnerismo duro o blando, dado que estos últimos han abandonado un barco que se hunde con varios ex funcionarios procesados, otros citados a declarar y algunos más a punto de hacerlo) recibió al Presidente de manera hostil, con carteles de diverso tipo -algunos tan insólitos que pretendían culpar a la nueva administración por la inflación- quisieron dejar su impronta como feroces opositores. Esto permitió diferenciar de manera clara y muy visual a los dos sectores que hasta hace apenas unos meses acataban –juntos- las férreas directrices de la ex presidente Cristina Kirchner. Esta situación, sumada a los intempestivos gritos en pleno discurso, le dieron a la alocución presidencial un tono épico y emotivo que difícilmente podría generar un Mauricio Macri poco dotado en materia de oratoria y ayudaron a solidificar el heterogéneo bloque de Cambiemos. Mala jugada para el kirchnerismo residual.

El discurso tuvo una altísima aceptación social. Incluso entre muchos de quienes votaron otras opciones hay una real comprensión y un fuerte convencimiento de los errores garrafales cometidos durante los últimos años y la insensatez con la que se manejó el Estado durante el mandato de Cristina Kirchner. Hay también cierto agradecimiento hacia el gobierno de Cambiemos por la apertura informativa que, al menos en este primer momento, sirvió para correr el velo de un Estado opaco para el ciudadano. Los déficits de la gestión anterior, mostrados en la TV y publicados en los diarios, permiten tener una perspectiva que para todos los que alguna vez trabajamos en alguna dependencia estatal no es una novedad.

Sí deberían levantar alarmas las críticas surgidas a posteriori del discurso por parte del camaleónico Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque justicialista del Senado, dispuesto siempre a negociar y haciéndole habitualmente honor a Marx… Groucho claro. El gobierno sabe que con él se puede negociar, que es capaz de votar con igual “convicción’’ leyes contrapuestas, pero también sabe que debe entregar prendas de cambio. Seguramente está dispuesto a olvidar los pasajes más duros del discurso de Macri que también iban dirigidos a él y a la escribanía que comandó, pero será más exigente en cuanto a los recursos que sus aliados gobernadores necesitan.

Suele decirse en ambientes políticos que el gobierno de Cambiemos tiene que construir su propio relato. En ese sentido parece apropiado persistir acerca de la necesidad de que la nueva administración enfoque su discurso en lo importante de ser austeros en el manejo de los recursos del Estado; en explicar que la emisión monetaria es la causa de fondo de la inflación; en insistir en que la corrupción no es solamente un problema moral sino que afecta de manera directa las capacidades del Estado para hacerse cargo de sus funciones esenciales y que incrementa la presión impositiva sobre todos los ciudadanos; en explicar que la gestión de los recursos puesta en manos de quienes no tienen ni la voluntad ni la capacidad para hacerlos funcionar adecuadamente es nocivo para todos; en recalcar que el crecimiento del país y por ende el mayor bienestar no viene de la mano de inventar puestos de trabajo mal remunerados e improductivos; en convencer de que el buen clima de negocios ayuda a crear para el país más y mejor empleo; en machacar que la competitividad de un país no puede estar basada exclusivamente en un tipo de cambio favorable; en repetir en que el sector público debe ser un facilitador e impulsor de la iniciativa privada y no un obstáculo.

La discusión en ambientes intelectuales, políticos y periodísticos entre shock o gradualismo probablemente posea un buen análisis de las condiciones existentes en el país, pero carece de una adecuada observación acerca del humor y las percepciones sociales. En ese sentido, es bueno preguntarse: ¿son políticamente viables las estrategias de shock bajo estas condiciones? Claramente fue el camino elegido —y el único posible— en los inicios del menemismo y la realidad también se lo impuso a Eduardo Duhalde, ante una economía insostenible. ¿Pero es posible utilizar ahora una estrategia similar?

Así como el Gobierno nacional ha adoptado una postura gradual en algunas políticas y algunos cambios más radicales en otras (en política exterior, por ejemplo), lo que me parece absolutamente necesario es trabajar sobre un cambio en la cultura ciudadana. En ese sentido, me parece oportuno establecer claras diferencias entre defender un derecho y sostener privilegios, entre una sociedad plural y una sectaria, entre construir una sociedad de respeto mutuo y una basada en imposiciones de fuerza, entre favorecer el diálogo sobre políticas públicas y extorsionar desde una posición de fuerza.

En esa construcción fueron valiosas las recientes reuniones que mantuvo Estela de Carlotto con los Presidentes argentino y francés, así como la disposición a encontrarse en su próxima visita con el presidente norteamericano Barack Obama. Por otro lado, es ampliamente repudiable la actitud de Hebe de Bonafini y otros sectores intransigentes que creen ser los dueños de una temática que afecta a todos. Está claro que el Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner les ha dado todas las herramientas para creerse en el derecho de hacer uso y abuso de un principio universal que, bajo esas circunstancias, se ha privatizado en Argentina. Tal es así que genera una fuerte inquietud saber cómo el Gobierno de Mauricio Macri (declarado enemigo desde hace mucho tiempo por esas organizaciones) podrá conmemorar el 24 de marzo venidero.

Mucho se ha hablado de la revisión que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo respecto del trabajo que realizan quienes poseen un cargo en el aparato estatal, sobre todo de aquellos que lo hacen a través de la modalidad de contratos. Más allá de las injusticias que se puedan cometer y que deberán ser revisadas y reparadas, lo fundamental es cambiar el concepto histórico de lo que significa trabajar para el Estado. Si a cualquier habitante del país, para vivir y mantener a su familia, se le exige ser productivo y generar un excedente y que además haya alguien dispuesto a pagar por ello, blandir el derecho a ser improductivo en el Estado (en algunos casos, de algunos sindicalistas, de manera explícita) es ni más ni menos que reclamar un privilegio que abona el resto de la sociedad.

El cambio en la valoración social hacia las prebendas sectoriales es algo a lo que debe apostar el Gobierno de Cambiemos si pretende no tener que enfrentarse con enormes dificultades ante cada paso concreto que dé para eliminarlas. Para eso, tiene oportunidades en medidas concretas de gobierno. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, se libra una batalla por los requisitos que se le piden a la empresa brasileña Easy Taxi para poner nuevamente en servicio su aplicación. Según lo argumentado por las empresas de radiotaxi (eventuales competidoras de la aplicación) y por algunos propietarios, Easy Taxi estaría infringiendo la ley 3622 de código de tránsito y transporte de la ciudad de Buenos Aires, que permite acceder a los taxis mediante un llamado telefónico a una empresa de radiotaxis, o bien deteniéndolo en la vía pública. Una norma no sólo obsoleta, de acuerdo con las nuevas tecnologías, sino que también otorga privilegios a determinados sectores que van contra la libre contratación de un servicio que es legal. Con ello, se perjudica claramente a prestadores y consumidores independientes. Extrañamente, se argumentan cuestiones de seguridad para los pasajeros, quienes, por el contrario, han manifestado que ese es uno de los mayores beneficios de usar Easy Taxi. Al parecer, Uber es la próxima escala de esa batalla de sectores corporativos para conservar sus privilegios.

Mucho se ha dicho de la capacidad de Hugo Moyano —y sus sucesores en el gremio— para conseguir para los camioneros las mejores condiciones laborales. También son muchos los que en voz alta o baja cuestionan esos ingresos al compararlos con otras profesiones u oficios menos favorecidos. Así se plantea la duda de si los salarios en la Argentina se negocian libremente o están a merced de la capacidad de presión del sector en cuestión. Es difícil juzgar negativamente a Moyano por lograr lo mejor para sus afiliados, pero sí debemos exigir que dichos beneficios no sean obtenidos mediante la extorsión. Es el Estado en su versión ejecutiva o judicial quien debe evitar que esto suceda.

El protocolo antipiquetes ha generado fuerte controversia, sobre todo en los sectores de la izquierda argentina. La posibilidad de que desde el Estado se le ponga un límite a su accionar para que no afecte derechos de terceros es una idea que los aterra, aunque efectivamente sea una de las funciones que tiene el Estado. Reclamar para sí el “derecho” de cortar una calle o una ruta, lo que impide la circulación de otro es lisa y llanamente un privilegio que ninguno de los ciudadanos tenemos y que, de tomar esa actitud individualmente, nos exponemos al accionar policial o, peor aún, a la reacción violenta de otro ciudadano que quiere ejercer su derecho a circular.

Los ejemplos son casi infinitos en nuestra sociedad, pero la idea que debe fortalecerse es que adueñarse de nichos, alzarse con privilegios y someter el interés ajeno a las conveniencias propias es altamente repudiable desde el punto de vista individual; hacerlo con la anuencia y el apoyo del Estado lo transforma en fuertemente autoritario y fascista. El Gobierno de Cambiemos deberá trabajar sobre percepciones fuertemente arraigadas si quiere establecer un marco de respeto y convivencia en una sociedad organizada para la paz.

Está claro que en poco más de sesenta días de gestión no es demasiado lo que se le puede exigir a un Gobierno en cuanto a resultados. Sí aparece como lógico el cuestionamiento o el elogio si lo que se evalúan son los planes encarados para el combate de un flagelo que es unánimemente visto como nocivo para la salud de la economía de nuestro país y los bolsillos de quienes lo habitan. En este sentido, puede haber cuestionamientos acerca de la falta de un plan articulado y consecuente que ataque los diversos frentes que componen un fenómeno inflacionario que, convengamos, desde hace un par de décadas se encuentra en los libros de los recuerdos de los economistas. En América Latina, el chavismo y el kirchnerismo han logrado reflotarlo, para desgracia de Venezuela y Argentina.

El Gobierno de Mauricio Macri no utilizó la opción de anunciar un plan completo y ordenado de cambios que conduzcan a la reducción de la inflación, pero sí adoptó medidas que van en ese sentido. El propio Presidente ha marcado con claridad el inicio del problema: ‘’El Gobierno anterior administró mal y gastó mucho más de lo que ingresó por los impuestos. Generó muchísimos billetes y esa cantidad de moneda generó este proceso’’, señaló. El déficit fiscal acumulado durante años (y que las últimas mediciones sitúan en ocho puntos del PBI), cubierto con una emisión monetaria descontrolada (ante el cierre de todo financiamiento externo que se ganó el Gobierno de Cristina Kirchner), es el principal responsable de la inflación. De esta problemática enunciada surgen las soluciones que, anunciadas o no, pasan por aspirar ese excedente de moneda (tarea que por ahora ha llevado adelante el Banco Nación) y por bajar el déficit fiscal. Claro está que la puesta en marcha de ambas medidas tiene limitantes tanto en la economía y como en la política.

Con este objetivo claro y explicitado de reducir paulatinamente la inflación, una de las primeras batallas iniciadas —y que tiene aún muchos y extensos capítulos pendientes— por el Gobierno de Cambiemos ha sido la racionalización del empleo público (una tarea titánica y harto difícil). En ese sentido, sería interesante que el Gobierno, más allá de los trabajos de auditoría que se están haciendo en los distintos estamentos de la administración pública nacional, comience a explicar la necesidad de revalorizar el empleo en el Estado. Para ello, debe quedarle claro a toda la sociedad que el trabajo en el sector público no puede ser un premio a la militancia y que tampoco puede funcionar como seguro de desempleo. El daño que se le hace al Estado y a todos los ciudadanos por el uso del cargo público en estas nocivas formas es enorme al quitarle al sector privado y al país recurso humano productivo para asignarlo en tareas no productivas (o ni siquiera asignarle tareas), acrecentar la voracidad fiscal de un Estado que presiona cada vez más sobre sus contribuyentes para pagar esos sueldos y la mencionada impresión descontrolada de pesos que pierden valor. Esta forma de entender el trabajo en el Estado también quita la posibilidad de profesionalizarlo, retribuirlo con mejores salarios y ponerlo al servicio de facilitarle al ciudadano su vida personal (comercial y civil), que a su vez permita retroalimentar, y no entorpecer, el sistema en beneficio de todos.

En este planteo, el Gobierno ha puesto la lupa sobre los contratados y algunos ascendidos irregularmente a planta permanente durante los últimos años, pero debería también modificar un sistema perverso que impide que los ñoquis y los malos empleados se amparen en la famosa estabilidad del empleo público que impide que sean removidos. De hecho, quienes alguna vez pasamos por la administración pública sabemos que en muchos casos son los contratados quienes sostienen cierto normal funcionamiento del Estado y que deben frecuentemente reemplazar en sus tareas a quienes saben que nada ni nadie los puede desplazar.

En el plano comunicacional, el Gobierno ha percibido que, pese a que las razones de la inflación son estructurales, hay un sector, sobre todo en los medios de comunicación, que le reclaman acciones directas e inmediatas. En este sentido, quedan en evidencia aquellos comunicadores que sólo criticaban al kirchnerismo por sus formas o por los resultados negativos que obtenían, pero que nada tenían para objetar en cuanto a las políticas de fondo, más allá de sus propias percepciones. Es así como nos aturden en radio y televisión con conceptos como “formadores de precios”, “estructuras de costos”, “cadenas de valor”, “empresarios inescrupulosos” y toda la terminología habitual de Guillermo Moreno y compañía.

En su afán por atender ese frente de acción —que, permítame el Gobierno decirle, es un reclamo más de los medios que de los ciudadanos, quienes hasta ahora premian los primeros meses de gobierno con un 70% de aprobación a la gestión— ha lanzado el sistema electrónico de publicidad de precios argentinos (SEPA, una sigla digna del mejor kirchernismo) que obliga a los comercios a informar diariamente los precios de los productos de consumo masivo. Me cuesta comprender cómo este supuesto sistema de información transparente para los clientes pueda reemplazar las páginas enteras de diarios que los principales supermercados utilizan como publicidad para competir con sus rivales o hasta dónde llega el poder de control y sanción sobre empresarios que hacen uso de su libertad para comerciar, prevista en la Constitución Nacional. No obstante ello, es comprensible la necesidad de mostrar que el Gobierno toma medidas para contrarrestar la inflación, aunque, no tengo dudas, son pocos quienes en Cambiemos creen que este tipo de controles sirve para algo.

El Gobierno debería profundizar los temas de fondo que hasta ahora inició en la búsqueda de solucionar no sólo el problema de la inflación, sino también la flagrante distorsión en los precios relativos (tarifas, transporte) instrumentada por el kirchnerismo, la apertura de la economía (proceso que debe agilizarse), las nuevas relaciones con el mundo, la solución de los problemas con nuestros acreedores externos, la atracción de inversores tanto internos como externos, que, como en todo el mundo, claman por reglas de juego claras y estables para invertir, y no perder energías en convencer a quienes en realidad no pretendían un cambio profundo, sino que querían que el nuevo Gobierno ejerciera un kirchnerismo con buenos modales. Al parecer, hay muchos que aún se esfuerzan por vulnerar aquella máxima de Albert Einstein según la cual: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

En Argentina, y en beneficio de una necesaria alternancia en el poder, el Frente Cambiemos ha dado un gran primer paso para poner un límite al proyecto hegemónico familiar de Néstor y Cristina Kirchner y, por si fuera poco, logró quitarle al peronismo su histórico bastión bonaerense luego de 28 años. En una elección histórica y sorprendente, María Eugenia Vidal resultó electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Con ella se llevó numerosas intendencias de distritos claves destronando a algunos de los famosos barones del conurbano (Hugo Curto en el partido de 3 de Febrero es tan sólo un ejemplo) y también dos intendencias simbólicamente claves: Quilmes, distrito originario de Aníbal Fernández, donde el chef Martiniano Molina derrotó al Barba Gutiérrez, y también Morón, distrito de Martín Sabatella, donde Ramiro Tagliaferro (esposo de María Eugenia Vidal) derrotó al hermano del titular del AFSCA. Fue todo win-win, pero en este caso no para todas las partes.

Las próximas semanas -hasta que se realice el ballotage- van a ser las más difíciles de la carrera política de Daniel Scioli. Sabe internamente que, con esta escasa diferencia obtenida sobre Mauricio Macri y habiendo sido derrotado su candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, sus chances de ser el próximo presidente son escasas. Sabe también que la tormenta interna es imposible de controlar en todas sus variantes. Si hay algo que Cristina Kirchner disfruta hacer es echar culpas y él será su principal víctima. Serán vanos los intentos por hacerle entender que la derrota es también de ella; que el 60% de los argentinos quiere un cambio y que el techo del candidato estaba dado por su propia figura; será imposible que reconozca que tuvo que optar a regañadientes por el rostro más amable del Frente para la Victoria para presentarse a la elección; que el 54% obtenido en el 2011 responde a una coyuntura absolutamente diferente y que de haber podido presentarse ella misma a una re reelección hubiera perdido contra cualquier candidato.

El 22-11 puede ser para Daniel Scioli un momento de profunda tristeza por no ver alcanzado el sueño que lo desvela desde hace años, pero también puede ser un momento de alivio. Luego de años de esfuerzo para mantenerse en una facción política que no le ha hecho la vida fácil y esforzarse por mostrar coherencia, paciencia y templanza con el único objetivo de consagrarse candidato, se topó con que la sociedad ahora apuesta por un cambio. El kirchnerismo con buenos modales ha perdido adherentes y Daniel Scioli se quedará ahora sin nada.

Luego del primer cimbronazo propinado por los escasos 2 puntos y medio de ventaja que obtuvo –muy por debajo, claro está, de las expectativas generadas- Scioli ha recuperado de alguna manera el aliento para seguir luchando. Con las frases a las que ya nos tiene acostumbrados ha demostrado que piensa dar pelea por el sillón de Rivadavia. Los gobernadores peronistas han salido a arroparlo en estos días aciagos pero, si se ve algo más allá, se podrá notar que hay en ello un fuerte síntoma de supervivencia. Efectivamente le han pedido al candidato a presidente que se abstenga de recorrer sus provincias y deje en sus manos tal cometido. Aún creyendo que cuando ya no hay batallas locales que librar los caudillos provinciales pondrán su empeño en conseguir un triunfo para el bonaerense –lo que requiere un esfuerzo grande para la imaginación- los objetivos de ellos son claramente más modestos: controlar el ascenso de Sergio Massa.

El ex postulante de UNA, que obtuvo un digno tercer lugar en las elecciones reteniendo los votantes de ambos contendientes en la interna y evitando la polarización extrema, ha reafirmado intenciones que se podían vislumbrar tiempo atrás. Muy a pesar de figuras como Adrián Pérez y otros miembros no peronistas del Frente Renovador, Massa ha dado muestras inequívocas de querer erigirse como una figura de poder dentro del Partido Justicialista. Como había podido expresarlo en un artículo previo en este medio, los objetivos políticos de Mauricio Macri y de Sergio Massa tienen una sincronicidad particular. Para ponerlo en términos simples: el tigrense apuesta con fuerza por un triunfo de Cambiemos para luego ir a recoger las migajas de un peronismo que quedaría huérfano de liderazgo ante la derrota del kirchnerismo y de un sciolismo que apenas llegó a ser incipiente. Incluso ha ido más lejos al dar algunas muestras de querer convertirse a partir del 10 de diciembre como el líder de la oposición (constructiva, al menos durante los dos primeros años de gobierno) al Frente Cambiemos.

Luego de doce años de un gobierno que hizo todo lo que estuvo a su alcance para convertirse en hegemónico, la rueda gira en dirección del cambio y se llevó puesto a su paso al voluntarioso ex motonauta.