El Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía fueron, durante las primeras dos semanas de su gestión, un haz de esperanza para la continuidad del kirchnerismo. Por un momento se pensó que la impronta moderada y dialoguista de Capitanich lograría generar un mini-shock de “confianza”, bien que escasea más que el dólar. Lo cierto es que no fue así. El esmalte de poder que pretendía tener el chaqueño, pronto comenzó a descascararse, gracias a las contradicciones en las que se vio empujado a incurrir, y también por la ingenua decisión de dar una conferencia de prensa diaria cuando no se tiene demasiado qué decir. La huelga policial más grande de la historia argentina dejó en evidencia que Capitanich –como Kicillof– sólo tienen jirones de poder. Actualmente, el dueto ejecutivo ha perdido el respeto de gran parte de la sociedad política. Sus intentos por controlar todos los precios resultarían cómicos si no fueran los síntomas de un problema muy serio. Controlar los precios es como arrear gatos; cuando uno se endereza, otros diez se disparan. Poco podrán hacer Capitanich y Kicillof en este sentido. Y de no mediar un recorte del gasto público y/o una pérdida del valor adquisitivo, deberán ponerle la cara a nuevas devaluaciones.

La crisis económica nos encuentra en un escenario no exento de problemas sociales. Los saqueos y las huelgas pasadas son el prolegómeno de lo que puede ocurrir si el efecto pobreza se vuelve aún más crítico. No es casual que el Gobierno haya decidido mostrar a centenares de gendarmes para sofocar una no tan numerosa manifestación que reclamaba aumento de planes sociales. El oficialismo tomó nota de que transita una cornisa y de que la hipótesis de conflicto es verosímil.

La política, mientras tanto, se mueve con cautela. El abanico opositor sabe que el kirchnerismo ha perdido completamente las chances de continuar luego de 2015. Los dirigentes se reúnen, pero sin profundizar demasiado acuerdos ni políticas. Falta un largo año y medio. Los opositores saben que el oficialismo está políticamente perdido y lentamente comienzan la batalla por diferenciarse entre ellos y tomar el gobierno el año que viene.

Por su parte, los referentes kirchneristas son los más desorientados, ya que no todos lograrán despegarse, después de tantos años de apoyar ciegamente al modelo. La posibilidad de una renuncia de Cristina Fernández es –afortunadamente– poco probable, aunque en este país las predicciones sean prácticamente imposibles.

A horas de haber concurrido a las urnas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad íntegra de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009 y cuestionada fuertemente desde entonces por el Grupo Clarín, destinatario real y preciso de la ley. Por cuatro votos (Lorenzetti, Zaffaroni, Petracchi y Highton de Nolasco) contra tres (Argibay, Maqueda y Fayt), se consideraron constitucionales los artículos de la ley referentes a la protección del derecho de propiedad de Clarín. Fayt votó en disenso sosteniendo, además, que la totalidad de la ley es inconstitucional. En su voto, dice que “una restricción que afecte económicamente a la empresa periodística es una afectación a la libertad de expresión”.

Enseguida, los más acérrimos oficialistas que ayer denostaban a la Corte porque era el único poder “no elegido directamente por el pueblo” y porque amenazaba con sus “fierros judiciales”, salieron a vitorear la medida. Desde la otra vereda, defensores de esta Corte, que loaron el revés de la pretendida ley de “Reforma de la Justicia”, comenzaron a criticar a los magistrados, concentrados en la figura de Lorenzetti.

La diputada Carrió revitalizó la fuerte denuncia que con antelación había hecho sobre un supuesto pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta, en el que la moneda de cambio era la constitucionalidad de la ley de medios. La aprobación del nuevo Código Civil –redactado por el propio Lorenzetti–, la posibilidad de seguir manteniendo la caja del Poder Judicial, o la lisa y llana intimidación por parte de la AFIP, son los elementos que, separados o juntos, explican, según Elisa Carrió, el porqué de la decisión del presidente del máximo tribunal. Sin avalar -ni descartar- las teorías más extremas, cabe resaltar sin embargo que la oportunidad del fallo fue, cuanto menos, curiosa. El Poder Judicial es un poder del Estado. Y hace muchos años, la noción de Estado y de Gobierno se confunden en una misma cosa. No sorprendería, pues, la existencia de un puente entre la política y la más alta cumbre de la Justicia.

Un botón muestra que la Justicia también actúa siguiendo la política. El juzgado a cargo de la causa de Boudou estaba preparado para dictar sobreseimiento y declarar su inocencia cuando aconteció la masiva marcha del 8-N, en la que se reclamó atacar la corrupción. En ese contexto, decidieron invertir la medida, habida cuenta de las consecuencias que aparejaría. A partir de allí, la Justicia ha sido más rigurosa con quien hoy ejerce la presidencia.

¿Qué consecuencias jurídicas traerá el fallo? Creo que más allá del deseo del oficialismo, que está ansioso por ver los colores de señal de ajuste en TN, esto no será así en el corto plazo. La aplicación de la ley generará nuevos reparos, que a su vez generarán más dilación en los plazos. Paradójicamente, si el gobierno hubiera hecho bien su tarea durante estos cuatro años, dotando al AFSCA de una independencia que no tiene y haciendo cumplir la ley al resto de los grupos mediáticos, hoy le sería muy fácil obligar a Clarín a adecuarse. Como no lo ha hecho y la ley es en general, ficticia, la aplicación abrirá nuevos y diminutos frentes jurídicos de batalla.

Mientras tanto, la pregunta es qué piensa hacer la política. Massa, el protagonista postergado por este asunto, ha dicho que hay que cumplir la ley, pero advirtió sobre el mucho cuidado que tiene que tener el gobierno a la hora de aplicarla. Binner se expresó en un sentido similar. Por su parte, desde el PRO de Macri, plantearon la suspensión de la ley, dado que no están dadas las condiciones que la misma Corte recomienda en su fallo. ¿Cabe una reforma futura de la Ley de Medios en el nuevo Congreso? Muy difícil, aunque todavía es muy prematuro analizar esta posibilidad y dependerá -de nuevo- de cómo la aplique el gobierno. Cuanto más sensata, igualitaria y racional sea la aplicación, menos argumentos dará a Clarín y a la oposición para ponerse en contra. Pero si, como acostumbra, el oficialismo “va por todo”, es posible que nuevos obstáculos se alcen en su camino.

Luego de una década vertiginosa, donde cada semana se impuso un tema a “todo o nada”, los ciudadanos parecen elegir moderación de cara al futuro. Los ganadores de la última elección tienen este perfil. Que las acciones de las empresas locales hayan subido luego de la derrota del kirchnerismo, y el dólar blue haya bajado, es un dato que muestra el optimismo que trajo aparejado el cambio de timón. Asimismo, estas variables se invirtieron -cayeron acciones, subió el blue- luego del fallo de la Corte. Las empresas y los ahorristas entendieron que afectaba la previsibilidad y los derechos de propiedad. El mensaje de la sociedad puede interpretarse como una preferencia hacia la moderación y la estabilidad.

La nueva estrella del firmamento político es Sergio Massa, actual intendente de Tigre y candidato a diputado nacional. Hacia el tigrense se dirigen en procesión varios dirigentes peronistas, en busca de asegurarse la continuidad en sus cargos, presupuestos y estructuras. Otros, lo miran con deseo pero especulan antes de dar el paso, dada su dependencia al gobierno nacional o –como es el caso de varios intendentes bonaerenses– de la necesidad de mantenerse en buenas relaciones tanto con Cristina como con Scioli, a quienes la necesidad política les hizo olvidar batallas de un pasado reciente.

El fenómeno Massa es curioso. Si el ex jefe de gabinete kirchnerista ha logrado construir una mayoría bajo su Frente Renovador, o si una mayoría lo ha construido a él, en pos de manifestar su rechazo al gobierno, es una cuestión que se develará en los veinticuatro meses posteriores a octubre. ¿Correrá Massa con el albur de Francisco de Narváez, votado para golpear al kirchnerismo y relegado posteriormente? ¿O se trata de un dirigente que logrará aunar bajo su ala a peronistas, disidentes y kirchneristas “arrepentidos”? Es sabido que el peronismo busca permanentemente regenerarse. Del menemismo al duhaldismo, del duhaldismo al kirchnerismo. ¿El 2015 comenzará el año del massismo? Todavía falta una eternidad.

Por lo pronto, el tigrense se da el lujo de hacer esperar a dirigentes de todas mentas y empresarios que quieren aportar para su campaña. También recibe otro tipo de atenciones. El robo que sufriera antes de las PASO no fue un episodio aislado, como tampoco lo fue el ataque que recibió su caravana en La Matanza. Sin embargo, hasta en estos casos, Massa ha sabido buscar el rédito político. Despegando completamente al intendente matancero –el kirchnerista Fernando Espinoza– Massa le hizo un guiño para una futura “conversión”. Massa recluta pensando en el futuro.

Los números le son más que amigables. Podría sacar el 41% de los votos el 27 de octubre, contra el 30% de Martín Insaurralde. A diferencia de 2009, cuando fue candidato testimonial dentro del kirchnerismo, esta vez Massa asumirá concretamente su banca de diputado. Desde allí se le presentará el desafío de construir el consenso necesario para 2015.

En la vereda opuesta, Cristina Fernández, se haya estratégicamente desentendida de la campaña, luego de las PASO. Ha dejado a Insaurralde –quien coqueteó con la idea de bajarse y volver a Lomas de Zamora, un terreno mucho más hóspito– librado a su suerte y a la ayuda que Daniel Scioli quiera brindarle. La presidenta se ha distanciado no sólo de los avatares electorales, sino aparentemente de la realidad política, económica e internacional.

Acaso más ensimismada que de costumbre, se dedica a ilustrar a la sociedad sobre la vida y obra de ella –y del ubicuo Néstor–, en una pintoresca “entrevista” con un periodista de chimentos. Al mismo tiempo, pide enardecida que la oposición no “desfinancie al estado” y apruebe un presupuesto de ciencia ficción, que tiene entre otros dislates, una inflación del 10,6% anual, una suba del gasto público del 15,6% y un crecimiento del PBI del 6,2%. La lección que pretendió impartirle al mundo en el Consejo de Seguridad de la ONU, queda para otro capítulo.

Más acá queda la absurda prórroga de un blanqueo fracasado, que juntó poco más de U$S 340 millones, cuando la expectativa eran 4.000. Hace un par de días, este tema logró generar una fuerte pelea entre Guillermo Moreno y Echegaray. El inefable secretario de Comercio Interior, impulsor de la paupérrima medida, logró extenderla, contra los deseos del titular de AFIP, que había reconocido la esterilidad del blanqueo. El gobierno pretende abstraerse del proceso de cambio que se entroniza a su alrededor.

Este proceso no debería ser lo traumático que Elisa Carrió mencionó en su visita a Rosario. Pero tampoco debe ser algo de fácil asimilación luego de una década en el gobierno. El ex candidato a la presidencia, Ricardo López Murphy –quien también anduvo por nuestra ciudad– dejó una alerta interesante. La gente está esperanzada de que luego de las elecciones las cosas van a cambiar de inmediato. Este optimismo –que también se ve reflejado en la última encuesta de Poliarquía– puede frustrarse rápidamente en estos dos años en los que, más allá de la política, la economía no mostrará su mejor cara. A tener en cuenta este elemento.

Por el lado de nuestra provincia, dos noticias importantes sacudieron el escenario político. La primera es la reaparición del ex gobernador Carlos Reutemann, quien se mostró en un encumbrado asado justamente con Sergio Massa y con los referentes de la Mesa de Enlace. “Lo que quieras, me decís y lo hacemos”, le habría dicho Reutemann al tigrense. Algunos sueñan con una fórmula conjunta. Pero, como se ha dicho, para el 2015 faltan siglos.

La otra noticia, de cariz político e institucional, es que luego de las elecciones, el gobierno provincial propiciará un diálogo con el resto de los espacios políticos para avanzar en un borrador de puntos, en aras de modificar la Constitución Provincial. Cuestiones como autonomía municipal, Consejo de la Magistratura, estatizaciones de EPE y Aguas Provinciales y –por supuesto– la reelección del gobernador (hoy  prohibida por el art. 64) prometen un debate polémico.