Como la Presidenta ha elegido descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores y el pueblo con políticas de ajuste, sabe que las luchas sociales seguirán en ascenso y busca impedirlas represión mediante. De paso, estando ya los K en su cuenta regresiva en el poder, en nombre de la “gobernabilidad” quieren dejarle hecho el trabajo sucio al futuro gobierno. Mauricio Macri, Sergio Massa, Daniel Scioli y todo el establishment, chochos. Tan revulsivo es el proyecto que incluso dentro del propio oficialismo se han levantado voces críticas.

Que un corte de calle o de autopista genera trastornos es un hecho obvio. Sin embargo, de nada sirve ir al efecto y no a la causa: la llave de la solución la tienen los gobernantes, si en vez de desoír los reclamos populares les dieran respuesta concreta. Lo que no puede explicar el kirchnerismo es por qué, después de la presunta “década ganada”, la desigualdad y la conflictividad social no dejan de crecer…

Este proyecto es tan retrógrado que debemos ir más de medio siglo atrás para hallar algún intento represivo similar fuera de los años de dictadura: el plan Conintes, en los ’60. Ni siquiera Carlos Menem pudo hacer algo así. Además, es inconstitucional. El Poder Ejecutivo se arroga la facultad de decidir a su antojo si una manifestación es legítima o no, en un ataque inédito a derechos constitucionales básicos. En cuanto a la “colisión de derechos”, ni el contexto histórico ni la propia Constitución atribuyen mayor jerarquía al derecho a la circulación vehicular que a los derechos democráticos y sociales.

A la vez, en versión corregida y aumentada, el legislador del PRO Helio Rebot acaba de presentar en la Legislatura porteña un proyecto que amenaza quitarle los planes sociales a los beneficiarios que se movilicen -por ejemplo- por un aumento del monto, por vivienda u otro reclamo. Un engendro casi fascista, que busca doblegar por el hambre a los sectores más vulnerables que reclamen por sus derechos.

El proyecto K pretende criminalizar a los trabajadores que luchan por su salario o contra los despidos -sobre todo los docentes y de la salud-, a los desocupados pero también a todo otro sector social que se movilice para hacerse oír: vecinos por la seguridad o contra los cortes de luz, jubilados por el 82 por ciento móvil, estudiantes por mayor presupuesto, familiares de tragedias como las de Once o Cromañón por justicia, mujeres por sus derechos, pueblos originarios por sus tierras, ambientalistas contra las megamineras, policías o gendarmes por sus salarios, y tantos otros.

Después de la ley “antiterrorista”, el Proyecto X de espionaje y el ascenso del represor César Milani a jefe del Ejército, este proyecto termina de desenmascarar el doble discurso K sobre los derechos humanos. El “relato” kirchnerista ya está en su declive definitivo y se profundizará el giro político a izquierda de más y más trabajadores, jóvenes y sectores medios.

Por eso, cuando este proyecto de ley represiva se trate, desde el MST-Nueva Izquierda y junto a muchas otras organizaciones políticas y sociales vamos a rodear el Congreso para exigir que no sea aprobado.

El presupuesto es el plan de gobierno en números. Y allí se ve que planea Macri. Mientras Salud recibió en 2013 un 20.1% del total, para 2014 baja a 19.6%. A Educación este año se destinó un 24.2%, pero para el próximo cae a 21.6%: casi tres puntos menos. Y también baja la proporción destinada a Vivienda. A la vez que se desprotegen la salud, la educación y la vivienda social, se ratifican el aumento de ABL a los vecinos y las injustas exenciones a grandes empresas.

El aumento de ABL es regresivo por cuatro razones: las alícuotas no surgen de un revalúo casa por casa sino por zona, no se considera la capacidad contributiva en una ciudad con muchos jubilados, no grava progresivamente al multipropietario y, para colmo, siguen exentas las empresas de los distritos Tecnológico, Audiovisual, Logístico y De las Artes. Éstas no pagan ABL, ni Ingresos Brutos, ni Impuesto de Sellos, ni nada, monto millonario que la Ciudad deja de percibir y el gobierno sigue manteniendo en secreto.

Una de las “sorpresas” del paquete de leyes es un proyecto para permitirle al Grupo IRSA -la mayor corporación inmobiliaria del país- construir un nuevo shopping en Caballito. En contra de los vecinos y comerciantes del barrio, Macri quiere cambiar la zonificación residencial del predio y autorizar a IRSA a utilizar dos manzanas sobre la Avenida Avellaneda, al lado de Ferro. Podría construir hasta 38 metros de altura, o sea unos 12 pisos, en un barrio sobresaturado y cuyos servicios y tránsito están colapsados.

Otra “perla” es el llamado Plan Maestro para la Comuna 8. El proyecto incluye ceder tierras públicas, permitir concesiones privadas por 30 años en el Autódromo y el Parque Roca, supeditar la urbanización de villas a la venta de inmuebles públicos, y crear los distritos Deportivo, Biotecnológico y Automotriz, con exenciones fiscales totales a esas empresas por 10 años. Lamentablemente, el diputado Aníbal Ibarra del Interbloque K ya firmó el despacho del PRO… El paquetazo trae mucho más. Hay proyectos para permitirle al Alvear Palace Hotel construir y gerenciar un estacionamiento bajo el parque Mujeres Argentinas; vender varios inmuebles públicos; volver a concesionar a privados el servicio de grúas; instalar parquímetros en varios barrios; demoler el Velódromo; aceptar nuevos endeudamientos; transferir El Dorrego a grandes productoras de televisión, una reforma privatista de la Ley de Cultura y otras lindezas. Es más: como Macri no pudo transferir por decreto el Cuerpo de Inspección Laboral, ahora busca hacerlo por ley.

Ante este panorama, vamos a seguir acompañando los reclamos de los vecinos -como los de los barrios inundados o los de Caballito- y los trabajadores de la Ciudad: inspectores, enfermeras y profesionales de la salud, orquestas infantiles, trabajadores de Desarrollo Social, del Borda, docentes y otros. Junto con respaldar las luchas, hace falta dar batalla política contra toda posible reedición del pacto PRO-K. Como en la Legislatura el macrismo no tiene mayoría propia, sino 26 diputados sobre 60, de nuevo apelará al trueque de cargos y leyes para juntar los votos que le faltan. Hay cargos en danza en la Defensoría del Pueblo, la Auditoría de la Ciudad, el Ministerio Público Fiscal y otros organismos. Pero ningún bloque que se diga opositor puede entrar en esas transas. Nuestro compromiso es resistir todo este paquetazo de Macri y también poner en evidencia a quienes le sean funcionales.