Esta propuesta no se me ocurrió ahora: lo creo desde que inicié mi militancia política, en los ’80. Por supuesto, coherente con mis convicciones, mi hija de 16 años asiste a un colegio secundario público. Fue el primer proyecto de ley que presenté como diputado en la Legislatura porteña el 1º de marzo de 2012 y ahora, como candidato a senador, lo propongo como ley nacional.

Desde ya, no pretendo condicionar las decisiones ni los derechos de ningún ciudadano o ciudadana corriente. Pero nadie está obligado a ser político: es voluntario. Y a la vez, se supone que quienes nos postulamos para ejercer cargos públicos, es decir cargos que inciden sobre la vida cotidiana del pueblo y que además son pagados con sus impuestos, lo hacemos para defender el bien común, el interés público.

Sin duda, la educación y la salud estatales son parte sustancial de la llamada cosa pública. Y no hay político, de presidente a diputado y de jefe de gobierno a concejal, y más aún en campaña, que no prometa defenderlos. Sin embargo, la distancia entre tales promesas y la realidad de cualquier escuela u hospital público es abismal.

Es más: casi ningún político manda a sus chicos a la escuela pública ni se atiende en un hospital público. No los viven en carne propia y algunos ni saben de qué se trata. Si a eso le sumamos que las dietas y sueldos políticos son de privilegio y que mayormente se incumplen las promesas electorales, de hecho lo público les resulta completamente ajeno. No les importa.

Por eso estoy convencido que hace falta aplicar medidas concretas de verdadero control social a los políticos, como mi proyecto de obligatoriedad. Todo político que quiera ocupar un cargo con poder de decisión sobre la vida de la gente, que comparta sus necesidades. Que cuando va a llevar a sus hijos al colegio todos los días, se entere de los techos que se caen o la falta de gas. Que cuando vaya a un hospital público, vea los problemas de turnos y la falta de enfermeras.

Con toda certeza, a la hora de decidir tal o cual medida de gobierno, de legislar, de votar una ley o una partida presupuestaria, mucho más sensible y democrática sería la actitud de ese político hacia todo lo público. Como complemento a la obligatoriedad de educar a los hijos en escuelas públicas y atenderse en hospitales públicos, propongo otros dos proyectos con el mismo sentido de control social a los políticos. Uno es que ganemos el mismo salario que una maestra de doble turno con diez años de antigüedad. No comparto que mientras una docente o una enfermera pública no llegue a 5.000 pesos al mes, haya dietas legislativas de 50.000 pesos o más. Mi otro proyecto es que si un político electo incumple sus promesas, cuestión fácilmente verificable comparando su plataforma electoral con sus medidas o sus votos, sea revocado de su cargo mediante un mecanismo democrático.

Creo que estas propuestas serían un avance para recuperar de alguna manera la ética pública, tan perdida. Mi compromiso es seguir impulsándolas. Para que puedan ser parte del debate en las elecciones de octubre les pido entonces, a las lectoras y lectores, que me acompañen con su voto en estas primarias de agosto.