Esa cuarta categoría fue concebida en la época del régimen cambiario 1 a 1, con el que se creía desterrar para siempre el azote inflacionario en el país. Pero en una economía capitalista dependiente como la nuestra, la inflación es estructural. Y como los sucesivos gobiernos no actualizaron el mínimo no imponible y las escalas de Ganancias según la inflación real, muchos trabajadores pagan las alícuotas más altas del 27 al 35%, lo que desmiente la supuesta progresividad de este impuesto. A su vez, la tristemente célebre “tablita de Machinea” de 1999 -anulada a fines de 2008- fue de hecho reimplantada en 2013 al fijar mínimos no imponibles diferenciados, más bajos según los niveles salariales.

Esta aberración de considerar al salario como ganancia lleva a que a menudo un trabajador prefiera rechazar un aumento salarial a tener que pagar Ganancias y terminar cobrando menos que antes. Si a eso le sumamos los blanqueos de capitales negros que jamás tributaron y el hecho de que más del 60% de la recaudación proviene del IVA y otros impuestos al consumo, se confirma que el esquema fiscal nacional continúa siendo profundamente regresivo.

Lo mismo ocurre a nivel de los distritos provinciales, donde los mayores aportes surgen de Ingresos Brutos -otro impuesto al consumo- y las corporaciones gozan de exenciones millonarias injustificadas. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, Mauricio Macri aplica tarifazos de ABL sobre los vecinos mientras exime de absolutamente todos los impuestos a las grandes empresas en los llamados distritos.

Frente a esta inequidad fiscal hace falta una profunda reforma de todo el sistema tributario, para darle un verdadero carácter progresivo. En la perspectiva de otros cambios de fondo, como primeras medidas proponemos las siguientes:

• Anular el Impuesto a las Ganancias a los salarios, a los autónomos de las categorías más bajas y a los jubilados. En cambio, sí deben pagarlo los gerentes y cargos similares; el presidente, los senadores, diputados y todo funcionario político de alto rango, y por supuesto los jueces.
• Anular el IVA a los productos de la canasta familiar, para contribuir a preservar el poder adquisitivo del conjunto de los salarios y jubilaciones ante la inflación.
• Gravar fuertemente a las corporaciones y los bancos, con escalas progresivas y anulando las exenciones existentes.
• Gravar la renta financiera en sus diversas modalidades, incluida la compraventa de acciones y demás operaciones de bolsa, que increíblemente aún siguen exentas. Así sucede en los Estados Unidos, toda Europa y la mayoría de América Latina, pero en la Argentina es una deuda pendiente de la democracia.
• Establecer un nuevo modelo de coparticipación federal, transparente y equitativo, para revertir las injustas prerrogativas actuales de la Nación que perjudican a las provincias más pobladas, empezando por la de Buenos Aires.

Estas simples propuestas, que en realidad debería promover todo sector político que se considere mínimamente progresista, no las plantea ni el Gobierno el Frente para  la Victoria ni tampoco la oposición de derecha de los Macri, Massa y compañía. Nosotros sí, porque estamos convencidos de que con ellas empezarían a dejar de pagar los que viven de su propio trabajo y la carga impositiva recaería sobre quienes debe recaer: los que más tienen y más ganan.

Hace pocos días, con la participación de centenares de delegados de todo el país e invitados nacionales e internacionales, culminó nuestro 9º congreso nacional del MST-Nueva Izquierda. Allí constatamos que el giro económico y político del gobierno kirchnerista hacia la derecha, junto a una “oposición” que ofrece candidatos y propuestas aún más a la derecha, están dejando un gran espacio a izquierda.

En el contexto de una crisis capitalista que se profundiza día a día, ningún “presidenciable” -llámese Scioli, Macri, Massa, Sanz, Cobos o Binner- logra entusiasmar al pueblo trabajador. Es más que difícil encontrar alguna diferencia importante entre ellos, porque en esencia son lo mismo: la vieja política. De cara al 2015, este panorama ofrece una oportunidad política y electoral inédita para la izquierda.

Con esta lectura de la situación es que venimos proponiendo la unidad de toda la izquierda política y social en base a un acuerdo programático por cambios de fondo, así como un mecanismo democrático concreto para resolver las cuestiones de candidaturas: ir todos juntos a las internas abiertas y que allí el voto popular ordene las listas.

Si los tres principales espacios de la izquierda política y social, es decir el FIT, Unidad Popular y nuestro MST-Nueva Izquierda confluyéramos en un mismo frente, en el país se provocaría un verdadero terremoto político. Así, la izquierda sería un polo de atracción para millones de trabajadores, jóvenes y sectores medios, y estaríamos en condiciones de disputar de igual a igual con todos los candidatos del sistema.

Pero no. Por razones de mezquino personalismo o sectarismo estructural, Altamira y el FIT han rechazado nuestra propuesta. Lamentablemente, es una vieja izquierda que en vez de apostar a construir un movimiento político amplio que se postule para gobernar el país prefiere restringirse a una cooperativa electoral cortoplacista para sacar algún cargo más.

Nuestro proyecto estratégico es otro, anticapitalista y ecosocialista. El de una nueva izquierda que no se limite a lo testimonial, sino que avance a constituir una opción de poder. El de una nueva izquierda a nivel programático, que a las banderas rojas de los reclamos sociales le sume con fuerza los reclamos ambientales y de género. El de una nueva izquierda también en lo metodológico, que sepa construir unidad en la diversidad, sin pensamiento único y donde se pueda trabajar con diferencias.

Con ese norte, en la coyuntura reiteramos nuestro llamado a UP, Patria Grande y otras fuerzas a concretar una alternativa electoral unitaria para el 2015 y, en caso de existir divergencias en las candidaturas, a que utilicemos las PASO para que la gente con su voto ordene las listas. Esta definición debería acelerarse, ya que en la Ciudad de Buenos Aires y otros distritos posiblemente se adelante la elección.

De todos modos, haya frente o no, junto a mi compañera Vilma Ripoll acompañándome en la fórmula presidencial como vice, y con personería ya en 20 provincias, vamos a dar la batalla político-electoral con toda fuerza. En ese sentido, en este país es urgente terminar con todos los privilegios de los políticos y las corporaciones para las cuales gobiernan, mientras condenan a los trabajadores y al pueblo a la miseria.

Basta de privilegios a los banqueros y de que la renta financiera siga exenta mientras el salario paga Ganancias. Pagar la deuda interna, no la externa. Basta de leyes para Barrick Gold y su megaminería, Monsanto y sus agrotóxicos, Chevron y su fracking contaminante e IRSA y su cementación urbana para negocio inmobiliario que nos deja sin verde. Democratizar todo: que los jueces y comisarios sean elegidos por voto popular. Basta de prebendas a los burócratas sindicales y de subsidios del Estado a la Iglesia. Que todos los funcionarios políticos ganen como un docente, se atiendan en hospitales públicos, eduquen a sus hijos en escuelas públicas y sus cargos sean revocables si no cumplen. Queremos cambiar todo. Y llegamos para quedarnos.

Como la Presidenta ha elegido descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores y el pueblo con políticas de ajuste, sabe que las luchas sociales seguirán en ascenso y busca impedirlas represión mediante. De paso, estando ya los K en su cuenta regresiva en el poder, en nombre de la “gobernabilidad” quieren dejarle hecho el trabajo sucio al futuro gobierno. Mauricio Macri, Sergio Massa, Daniel Scioli y todo el establishment, chochos. Tan revulsivo es el proyecto que incluso dentro del propio oficialismo se han levantado voces críticas.

Que un corte de calle o de autopista genera trastornos es un hecho obvio. Sin embargo, de nada sirve ir al efecto y no a la causa: la llave de la solución la tienen los gobernantes, si en vez de desoír los reclamos populares les dieran respuesta concreta. Lo que no puede explicar el kirchnerismo es por qué, después de la presunta “década ganada”, la desigualdad y la conflictividad social no dejan de crecer…

Este proyecto es tan retrógrado que debemos ir más de medio siglo atrás para hallar algún intento represivo similar fuera de los años de dictadura: el plan Conintes, en los ’60. Ni siquiera Carlos Menem pudo hacer algo así. Además, es inconstitucional. El Poder Ejecutivo se arroga la facultad de decidir a su antojo si una manifestación es legítima o no, en un ataque inédito a derechos constitucionales básicos. En cuanto a la “colisión de derechos”, ni el contexto histórico ni la propia Constitución atribuyen mayor jerarquía al derecho a la circulación vehicular que a los derechos democráticos y sociales.

A la vez, en versión corregida y aumentada, el legislador del PRO Helio Rebot acaba de presentar en la Legislatura porteña un proyecto que amenaza quitarle los planes sociales a los beneficiarios que se movilicen -por ejemplo- por un aumento del monto, por vivienda u otro reclamo. Un engendro casi fascista, que busca doblegar por el hambre a los sectores más vulnerables que reclamen por sus derechos.

El proyecto K pretende criminalizar a los trabajadores que luchan por su salario o contra los despidos -sobre todo los docentes y de la salud-, a los desocupados pero también a todo otro sector social que se movilice para hacerse oír: vecinos por la seguridad o contra los cortes de luz, jubilados por el 82 por ciento móvil, estudiantes por mayor presupuesto, familiares de tragedias como las de Once o Cromañón por justicia, mujeres por sus derechos, pueblos originarios por sus tierras, ambientalistas contra las megamineras, policías o gendarmes por sus salarios, y tantos otros.

Después de la ley “antiterrorista”, el Proyecto X de espionaje y el ascenso del represor César Milani a jefe del Ejército, este proyecto termina de desenmascarar el doble discurso K sobre los derechos humanos. El “relato” kirchnerista ya está en su declive definitivo y se profundizará el giro político a izquierda de más y más trabajadores, jóvenes y sectores medios.

Por eso, cuando este proyecto de ley represiva se trate, desde el MST-Nueva Izquierda y junto a muchas otras organizaciones políticas y sociales vamos a rodear el Congreso para exigir que no sea aprobado.

El flamante “acuerdo de precios” es apenas el celofán de color para envolver una inflación creciente, que viene arrasando con el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y los planes sociales. Y la puedan imponer o no, la política de techos salariales, ajustes presupuestarios, recomposición con los organismos internacionales y pago de la deuda externa ilegítima no es precisamente progresista. A su vez, el ascenso de un ex represor como Milani al mando del Ejército aparece como una amenazadora respuesta al seguro incremento de la conflictividad social que se avecina.

Por el lado de la oposición política capitalista, no hay demasiadas sorpresas en el horizonte. Las fuerzas de la llamada centroizquierda, con Binner, Carrió, UNEN y la UCR, hilvanan trabajosamente un armado presidencial. Por la derecha, Massa y bastante más atrás Macri siguen procurando darle entidad nacional a sus propias construcciones. No obstante, ninguna de esas dos alas simétricas y complementarias tiene algún plan económico distinto para ofrecer. Es que ante la crisis capitalista, no tienen diferencias sustantivas con el modelo del gobierno nacional.

Pero el problema es bastante más profundo que la ausencia circunstancial de una alternativa que garantice la gobernabilidad del sistema. El régimen político argentino, sacudido de raíz en aquel diciembre de 2001 y luego emparchado, nunca se recompuso del todo. El reciente e inédito conflicto policial, que además rompió el tope salarial pretendido por el gobierno para las paritarias generales, es una clara expresión de esa crisis global del régimen.

De alguna manera, en estos años de bonanza económica el gobierno K pudo “congelar” el proceso de lucha por cambios de fondo. Pero como la famosa “década ganada” no se aprovechó para resolver los problemas estructurales, éstos resurgen a diario. Por eso al calor de la crisis habrá nuevos cambios bruscos y se acercará la hipótesis de un nuevo argentinazo -o una rebelión popular similar- que replantee la cuestión del poder político.

A las corrientes de izquierda, entonces, la realidad nos pone ante grandes desafíos. En primer lugar, la unidad de acción para fortalecer las luchas sociales cotidianas. Pero a partir de los buenos resultados electorales de octubre pasado, se abre otra posibilidad superior: la de ser alternativa de gobierno. Este es un hecho nuevo, que permitiría abrir un rumbo antiimperialista y anticapitalista en el país.

Para responder a ese reto sería clave lograr la unidad política del conjunto de la izquierda, sin autobombos ni sectarismos. Por eso proponemos una nueva izquierda; una renovación programática y metodológica. Y como todas las fuerzas del sistema ya se preparan de cara al 2015, desde el MST llamamos a toda la izquierda política y social a formar un frente amplio en base a un programa por cambios de fondo y a dirimir la fórmula presidencial y todas las candidaturas en una gran interna. A esa perspectiva apostamos.

El presupuesto es el plan de gobierno en números. Y allí se ve que planea Macri. Mientras Salud recibió en 2013 un 20.1% del total, para 2014 baja a 19.6%. A Educación este año se destinó un 24.2%, pero para el próximo cae a 21.6%: casi tres puntos menos. Y también baja la proporción destinada a Vivienda. A la vez que se desprotegen la salud, la educación y la vivienda social, se ratifican el aumento de ABL a los vecinos y las injustas exenciones a grandes empresas.

El aumento de ABL es regresivo por cuatro razones: las alícuotas no surgen de un revalúo casa por casa sino por zona, no se considera la capacidad contributiva en una ciudad con muchos jubilados, no grava progresivamente al multipropietario y, para colmo, siguen exentas las empresas de los distritos Tecnológico, Audiovisual, Logístico y De las Artes. Éstas no pagan ABL, ni Ingresos Brutos, ni Impuesto de Sellos, ni nada, monto millonario que la Ciudad deja de percibir y el gobierno sigue manteniendo en secreto.

Una de las “sorpresas” del paquete de leyes es un proyecto para permitirle al Grupo IRSA -la mayor corporación inmobiliaria del país- construir un nuevo shopping en Caballito. En contra de los vecinos y comerciantes del barrio, Macri quiere cambiar la zonificación residencial del predio y autorizar a IRSA a utilizar dos manzanas sobre la Avenida Avellaneda, al lado de Ferro. Podría construir hasta 38 metros de altura, o sea unos 12 pisos, en un barrio sobresaturado y cuyos servicios y tránsito están colapsados.

Otra “perla” es el llamado Plan Maestro para la Comuna 8. El proyecto incluye ceder tierras públicas, permitir concesiones privadas por 30 años en el Autódromo y el Parque Roca, supeditar la urbanización de villas a la venta de inmuebles públicos, y crear los distritos Deportivo, Biotecnológico y Automotriz, con exenciones fiscales totales a esas empresas por 10 años. Lamentablemente, el diputado Aníbal Ibarra del Interbloque K ya firmó el despacho del PRO… El paquetazo trae mucho más. Hay proyectos para permitirle al Alvear Palace Hotel construir y gerenciar un estacionamiento bajo el parque Mujeres Argentinas; vender varios inmuebles públicos; volver a concesionar a privados el servicio de grúas; instalar parquímetros en varios barrios; demoler el Velódromo; aceptar nuevos endeudamientos; transferir El Dorrego a grandes productoras de televisión, una reforma privatista de la Ley de Cultura y otras lindezas. Es más: como Macri no pudo transferir por decreto el Cuerpo de Inspección Laboral, ahora busca hacerlo por ley.

Ante este panorama, vamos a seguir acompañando los reclamos de los vecinos -como los de los barrios inundados o los de Caballito- y los trabajadores de la Ciudad: inspectores, enfermeras y profesionales de la salud, orquestas infantiles, trabajadores de Desarrollo Social, del Borda, docentes y otros. Junto con respaldar las luchas, hace falta dar batalla política contra toda posible reedición del pacto PRO-K. Como en la Legislatura el macrismo no tiene mayoría propia, sino 26 diputados sobre 60, de nuevo apelará al trueque de cargos y leyes para juntar los votos que le faltan. Hay cargos en danza en la Defensoría del Pueblo, la Auditoría de la Ciudad, el Ministerio Público Fiscal y otros organismos. Pero ningún bloque que se diga opositor puede entrar en esas transas. Nuestro compromiso es resistir todo este paquetazo de Macri y también poner en evidencia a quienes le sean funcionales.

Esta propuesta no se me ocurrió ahora: lo creo desde que inicié mi militancia política, en los ’80. Por supuesto, coherente con mis convicciones, mi hija de 16 años asiste a un colegio secundario público. Fue el primer proyecto de ley que presenté como diputado en la Legislatura porteña el 1º de marzo de 2012 y ahora, como candidato a senador, lo propongo como ley nacional.

Desde ya, no pretendo condicionar las decisiones ni los derechos de ningún ciudadano o ciudadana corriente. Pero nadie está obligado a ser político: es voluntario. Y a la vez, se supone que quienes nos postulamos para ejercer cargos públicos, es decir cargos que inciden sobre la vida cotidiana del pueblo y que además son pagados con sus impuestos, lo hacemos para defender el bien común, el interés público.

Sin duda, la educación y la salud estatales son parte sustancial de la llamada cosa pública. Y no hay político, de presidente a diputado y de jefe de gobierno a concejal, y más aún en campaña, que no prometa defenderlos. Sin embargo, la distancia entre tales promesas y la realidad de cualquier escuela u hospital público es abismal.

Es más: casi ningún político manda a sus chicos a la escuela pública ni se atiende en un hospital público. No los viven en carne propia y algunos ni saben de qué se trata. Si a eso le sumamos que las dietas y sueldos políticos son de privilegio y que mayormente se incumplen las promesas electorales, de hecho lo público les resulta completamente ajeno. No les importa.

Por eso estoy convencido que hace falta aplicar medidas concretas de verdadero control social a los políticos, como mi proyecto de obligatoriedad. Todo político que quiera ocupar un cargo con poder de decisión sobre la vida de la gente, que comparta sus necesidades. Que cuando va a llevar a sus hijos al colegio todos los días, se entere de los techos que se caen o la falta de gas. Que cuando vaya a un hospital público, vea los problemas de turnos y la falta de enfermeras.

Con toda certeza, a la hora de decidir tal o cual medida de gobierno, de legislar, de votar una ley o una partida presupuestaria, mucho más sensible y democrática sería la actitud de ese político hacia todo lo público. Como complemento a la obligatoriedad de educar a los hijos en escuelas públicas y atenderse en hospitales públicos, propongo otros dos proyectos con el mismo sentido de control social a los políticos. Uno es que ganemos el mismo salario que una maestra de doble turno con diez años de antigüedad. No comparto que mientras una docente o una enfermera pública no llegue a 5.000 pesos al mes, haya dietas legislativas de 50.000 pesos o más. Mi otro proyecto es que si un político electo incumple sus promesas, cuestión fácilmente verificable comparando su plataforma electoral con sus medidas o sus votos, sea revocado de su cargo mediante un mecanismo democrático.

Creo que estas propuestas serían un avance para recuperar de alguna manera la ética pública, tan perdida. Mi compromiso es seguir impulsándolas. Para que puedan ser parte del debate en las elecciones de octubre les pido entonces, a las lectoras y lectores, que me acompañen con su voto en estas primarias de agosto.