El rubro Salud de la CABA incluye tres hospitales de niños: el mencionado Garrahan, el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y el Hospital General de Niños Pedro Elizalde (ex Casa Cuna). Sin mencionar la situación de estos dos últimos -que no es precisamente brillante- los médicos del Garrahan están preocupados por el cierre de una sala para niños de 3 años internados en esa institución y agregan que el presupuesto que aporta el gobierno porteño fue rebajado para el año 2015 en más de $100 millones: si a ello se suma la petición de un incremento en los recursos -afectados por la caída de un 45% en términos reales en 2014- la carencia prevista ronda los $270 millones. Eso sí, la publicidad oficial está nuevamente resguardada por el incremento estimado del presupuesto para el año próximo; las cifras son elocuentes: por ejemplo, se destinan $760.000.000 a publicidad oficial y sólo $20.500.000 a equipamiento hospitalario. El reiterado fundamento de Mauricio Macri para su política de salud pública infantil es que una parte importante de los niños que concurren a estos hospitales provienen de la provincia de Buenos Aires: como Scioli se los tira a él, él no está dispuesto a poner fondos para recibirlos.

La crisis de la salud pública se arrastra en nuestro país desde hace más de dos décadas, cuando los procesos de precarización laboral y el desempleo dejaron a una proporción cada vez más importante de la población sin cobertura social. Si en 1970 concurrían a los hospitales públicos no más de un 15% de las familias, en la actualidad cerca del 50% de la población activa está en negro o desocupada y, en consecuencia, carece del respaldo de una obra social; situación que afecta al 75% de los trabajadores entre 18 y 29 años: entre ellos se encuentra una parte mayor de los padres jóvenes que deben atender a sus hijos en hospitales de niños. El aumento considerable de esta demanda en el sector público, de ninguna manera fue compensado por un incremento proporcional de los fondos destinados a cubrirla; de allí la constante carencia de infraestructura e insumos que, junto a los bajos salarios de médicos, enfermeras y personal de apoyo, ponen en serio riesgo la capacidad de atención eficiente de la salud para los sectores de menores recursos -entre ellos, los niños- más allá de la vocación y el reconocido empeño de los profesionales.

Ya sabemos que muchos funcionarios no necesitan recurrir a los hospitales públicos; para ellos y sus familias está la medicina privada. Nos preguntamos si alguna vez el Jefe de Gobierno de la Ciudad intentó pensar qué pueden sentir padres desesperados que llegan con su hijo enfermo a un hospital que los rechaza, porque no son del distrito Capital. Y si fueran de este distrito no pueden atenderlos, ya que se cerró una sala de internación o se carece de insumos debido a la disminución de los fondos, en tanto el gobierno de la CABA decide destinarlos a la publicidad oficial: toda una definición ideológica de Mauricio Macri y el PRO. Por qué no pensar que, para esta concepción, dejar morir a chicos pobres enfermos por falta de recursos para tratarlos como corresponde, es también una forma de disminuir la pobreza: lo que se denomina “límite moral infranqueable”.

Si Forster y Carta Abierta pertenecen al progresismo kirchnerista, vale preguntarse sobre sus propias alianzas: destacados Barones del Conurbano como Raúl Othacehé, Hugo Curto, Alberto Descalzo o Alejandro Granados, ahora ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Estos aliados conforman la base del poder territorial del kirchnerismo y son conocidos por la habilitación mafiosa de desarmaderos, dealers de droga y prostíbulos, sin descartar la trata de personas. Entre los gobernadores sobresalen Gildo Insfrán de Formosa o José Alperovich de Tucumán; todos ellos protagonistas de la hegemonía neoliberal: con la cultura del “yo no fui”, olvidan que Carlos Menem es un aliado del kirchnerismo en el Senado y en los noventa tuvo como aliados a muchos que promueven el actual modelo, incluyendo a sus máximos referentes.

Oscar Parrilli -secretario general de la presidencia desde el 2003 a la fecha- fue el miembro informante de la privatización de YPF, de Gas del Estado, de los ferrocarriles y de los fondos previsionales para crear las AFJP. En su última carta abierta, los aliados de Parrilli señalan: “la política ferroviaria y la energética han transcurrido por caminos erróneos en una larga fase del proyecto nacional en curso. Las consecuencias fueron dolorosas y costosas”. No se sabe quiénes son los responsables y es raro que los “progresistas reaccionarios” lo vengan denunciando desde hace veinte años, a pesar de atentados con el sello de sus mentores. Pero Carta Abierta afirma que “estos desvíos se encuentran hoy en vías de corrección”: tememos que se considere una vía de corrección al contrato secreto YPF-Chevron para la explotación de Vaca Muerta mediante fracking; técnica que produce una depredación irreversible. Aconsejamos “La guerra del fracking”, película de un neoprogresista reaccionario: porque si se impone el fracking, dentro de veinte años -cuando en Carta Abierta se den cuenta que “las consecuencias fueron dolorosas y costosas”- ya no será posible remediar sus terribles daños.

También será tarde dentro de veinte años para afrontar las consecuencias de la penetración del narcotráfico en nuestro país: Carta Abierta considera que la inseguridad sólo “constituye un problema estructural de la megalópolis moderna”. Por el contrario, los “progresistas reaccionarios” afirman que la inseguridad es hija de la corrupción: un flagelo que atraviesa transversalmente sectores políticos, funcionarios, miembros del área judicial y de las fuerzas de seguridad. Para sustentarse en las cúpulas, la corrupción penetra hacia los estamentos más bajos, habilitando el accionar del crimen organizado.

Estas cúpulas no pueden ni quieren combatir la inseguridad, porque las modalidades corruptas de acumulación de capital, alimentan y se articulan con la acumulación mafiosa del narcotráfico, la trata de personas, el trabajo esclavo y otros delitos causantes de inseguridad: algo más que problemas “de la megalópolis moderna”. Ignoran que al anarco-capitalismo se suma en nuestro país el narco-capitalismo, en tanto Argentina es el primer consumidor de América Latina y el tercer exportador mundial de cocaína.

En México, la penetración del narcotráfico y la guerra entre grupos mafiosos, tuvo en el 2012 como resultante 100.000 secuestros de diverso tipo, 25.600 asesinatos y 4.000 desaparecidos. Las denuncias contra la corrupción no son un recurso electoralista; Dilma Rousseff ha decidido enfrentarla y junto a otras acciones, destituyó a siete ministros sospechados de malversación de fondos públicos. Para Carta Abierta, “la ilusión de un gran empresariado adicto (…) se desvaneció en estos diez años”. No percibe que junto a adictos como Barrick Gold, La Alumbrera, Monsanto, Grupo Petersen, grandes petroleras, pools de siembra y otros se ha fortalecido un empresariado económico-comunicacional adicto, conformado por amigos del poder que ocupan áreas estratégicas en construcciones y grandes obras, petróleo, casinos, aeropuertos o bancos, además de controlar alrededor del 75% de los medios gráficos y audiovisuales. Entre los más destacados estarían Vila y Manzano, Cristóbal López, Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Eduardo Eurnekian, Jorge Brito, Enrique Eskenazi, Sergio Spolsky o Matías Garfunkel: una “burguesía nacional” cuya acumulación primitiva y posterior acumulación de capital, tiene sus fuentes principales en la corrupción; para ellos sí han sido “diez años de avances prodigiosos.”

A pesar de etapas de crecimiento a tasas sin precedentes, según cifras de Anses la situación laboral crítica -precarizados y desocupados- afecta a casi el 50% de la población activa y para los trabajadores entre 18 y 29 años, llega al 75%. Entre los censos nacionales del 2001 y el 2010, la población total del país creció en un 10%; pero la que vive en villas aumentó un 32%: los “diez años de avances prodigiosos” no pasaron por allí. Sin embargo, para Carta Abierta el problema del kirchnerismo es que enfrenta fuerzas poderosas y que cuando votan, “las personas comunes, los ciudadanos de a pie (…) no suelen fatigar los caminos de la memoria a la hora de sentirse seducidos por opciones políticas”. De este modo, una vez más la responsabilidad y los errores son de otros: las fuerzas poderosas, los desmemoriados y los “progresistas reaccionarios”. La combinación entre la cultura del “yo no fui” y una mirada construida con información del Indec, es explosiva: les recomendamos que traten de “fatigar los caminos” de la realidad, que es la única verdad.