El resto de la historia es conocida. Carlos Menem pretendió subirse a esa ola con privatizaciones y desregulaciones teñidas de sospechas de corrupción pero además siguió endeudando al Estado y avalando un gasto público inviable. Esa nueva decepción, con la hiperdesocupación y el aumento de la pobreza, provocaron un cambio de paradigma y la sociedad se aferró al estatismo que reinstalaba Néstor Kirchner. Esta vez el bienestar lo iba a garantizar el sector público.

No cabe ninguna duda de que gran parte de la sociedad argentina es muy cambiante en sus humores y pasa de un extremo al otro sin pestañear. Por eso no debe sorprender que la mayoría de las encuestas que se han conocido últimamente deja entrever no sólo un fuerte rechazo a la gestión de la presidenta Cristina Fernández sino además un creciente hartazgo sobre iniciativas que han sido la base medular del modelo económico K.

Luego de una década de extraordinarios dispendios publicitarios y adquisición de medios de comunicación para difundir el relato y ganar “la batalla cultural” frente al “neoliberalismo y los grupos concentrados” el balance no es muy positivo para la Casa Rosada. Los sondeos indican que una amplia mayoría de los consultados se muestran pesimistas por el manejo de la economía, temen a la inseguridad y a la inflación. Pero fundamentalmente no confían en el gobierno nacional o se muestran decepcionados.

Todo parece indicar que el epílogo de la administración de CFK tendrá como ingrediente altas dosis de mal humor social especialmente en los sectores medios y bajos donde la pérdida de poder adquisitivo y el flagelo de los crímenes se sufren cada día más. Esto explica el demoledor rechazo a la reforma del Código Penal que impulsa la jefa de Estado o que su mimado Axel Kiciloff sea el dirigente con peor imagen negativa luego del cuestionado Amado Boudou.

Ni hablar del desencanto que se registra en los trabajos de opinión pública sobre el funcionamiento de la educación, la salud y, obviamente, la seguridad. Preocupa mucho que un 30% esté de acuerdo con los reprochables “linchamientos” o que un 43% no se sienta representado por ningún partido político. Los analistas y consultores consideran que algo se está gestando en el imaginario de amplios sectores en los centros urbanos. Para el kirchnerismo se trataría de un giro a la derecha pero el fenómeno social se asemeja más a un hartazgo del estatismo.

La gente se queja en la calle de la “ausencia del Estado” frente al avance de la inseguridad y al mismo tiempo muchos se fastidian por la asfixia económica que les genera la presión impositiva y eso que aún no recibieron las facturas de servicios públicos con la quita de subsidios. Tarifazo que también va a impactar fuerte en las expensas de las propiedades horizontales. En estas supuestas contradicciones surge la percepción del fracaso del modelo estatista.

En ese sentido, conviene tener en cuenta que Sergio Massa ha subido en las encuestas de la mano de su ofensiva contra la reforma al Código Penal y reclamando la suba del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias. La inseguridad y la presión fiscal motivan el apoyo al ex intendente de Tigre quien probablemente no pueda modificar nada desde su minoritario bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados. Claro, sabe marcar agenda con mucho oportunismo, quizás rozando con la demagogia, porque es lo que reclama la calle.

A medida que el relato gobernante se va deshilvanando aparecen cada vez más espacios disidentes luego de una década de fuerte hegemonía mediática del kirchnerismo. La sociedad quiere escuchar algo distinto a lo que le cuentan en los entretiempos de Futbol para Todos. No es casual que el tándem Marcelo Longobardi-Jorge Lanata arrase con la audiencia radial todas las mañanas. Y por eso Marcelo Tinelli los ha convocado para grabar la apertura de su programa de TV.

Quizás están ocupando el rol contracultural que asumió Neustadt hace dos décadas. Nadie sabe si este fin de ciclo derivará en un giro a la derecha o una “restauración conservadora” pero la tendencia anticipa que el próximo presidente asumirá muy condicionado a no repetir muchos de los errores del modelo K. Eso no significa que van a volver las privatizaciones de Menem para desprenderse de YPF o Aerolíneas Argentinas. En todo caso el kirchnerismo empieza a perder su “batalla cultural” pero no se sabe a ciencia cierta quién la va a ganar. 

Los números de las encuestas que han comenzado a circular en los últimos días reflejan una fotografía poco favorable al kirchnerismo. No es aconsejable aún entrar en el análisis de los sondeos sobre intención de voto de los candidatos que ya salieron a la cancha. Marcan algunas pautas pero todavía nada definitivo. Los encuestadores coinciden en líneas generales, incluso aquellos que trabajan para CFK, en que Sergio Massa partió en punta en la provincia de Buenos Aires, le auguran malas performances al Frente para la Victoria en la Capital, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y hasta en Santa Cruz.

También se abren interrogantes sobre el futuro electoral del kirchnerismo en Tucumán, Chaco y Entre Ríos. Los gobernadores José Alperovich, Jorge Capitanich y Sergio Uribarri, con antecedentes de grandes victorias en las urnas, se muestran preocupados por el desgaste de sus gestiones y la caída en la imagen de la presidenta en sus distritos. Pero falta demasiado tiempo como aventurar pronósticos irreversibles, sobre todo porque amplios segmentos de la sociedad no están interiorizados sobre las PASO y las legislativas de octubre.

Entonces conviene tener en cuenta el clima de la sociedad frente a un gobierno que no le encuentra la vuelta a los problemas cotidianos de la economía real (inflación, déficit energético y caída del consumo). A medida que crecen las críticas contra la gestión, Cristina se radicaliza y provoca más rechazo con sus rabietas y enojos.

De acuerdo con los sondeos que se están cerrando actualmente, se percibe en la opinión pública una consolidación del bloque más refractario a CFK. Muchos de los que hasta hace poco se mostraban indiferentes a la antinomia K-anti K o preferían tomar distancias porque rescataban algunas cuestiones del “modelo” ahora se pasan al grupo de los “indignados”.

Quizás algunos de los números que surgen del sondeo de Datamática anticipan ese escenario. Esta encuesta nacional, sobre una muestra de 1500 casos, refleja que un 56% de los consultados consideran que la economía que va a empeorar, un 45% se muestra pesimista, 60% se define como crítico de la gestión presidencial y un 43% sostiene que estos 10 años de gobierno son “una década perdida” fulminando el slogan presentado por Cristina el 25 de mayo.

Estas fuertes señales de fastidio reflejan un cambio cada vez más abrupto de humor en la sociedad. Por eso no sorprende que la reforma constitucional y la rereelección generen rechazo entre el 69% de los consultados y apenas un 20% se muestra decidido a votar por candidatos oficialistas. ¿Tiene tiempo la presidenta para revertir esta tendencia antes del domingo 11 de agosto cuando se realicen las primarias?

Queda poco tiempo hasta las PASO y con este panorama se percibe un cambio de mirada sobre las consecuencias del proceso electoral. Hasta ahora en medios políticos, empresarios y financieros se especulaba mucho con la mirada en octubre. Pero la dinámica de los acontecimientos, especialmente por la tensión de CFK con la Corte Suprema y el lanzamiento electoral de Sergio Massa, ha motivado un replanteo del análisis de los comicios. Están recalculando y ponen la lupa sobre el día después de las primarias obligatorias.

Todo se acelera. Las preguntas que se escuchan en los últimos días en mesas informadas y en el mundo de los negocios apuntan a saber cómo reaccionaría la jefa de Estado frente a una magra performance electoral el mes próximo. Así como en 2011 las PASO fueron un mecanismo formidable para anticipar y consolidar la paliza que Cristina le iba a dar a la oposición en octubre, ahora se dice que votar en agosto podría perjudicar las chances del Frente para la Victoria.

Todo parece indicar la incertidumbre crece a partir de los interrogantes que genera cómo puede tomar la presidenta un eventual triunfo de Massa o una magra cosecha electoral de su candidato Martín Insaurralde en el principal distrito del país. ¿Recibirá ese mensaje de las urnas con pragmatismo o se radicalizara aún más para recuperarse en octubre? ¿Buscará culpables en la Corte o responsabilizará a Jorge Lanata y su exitoso programa de televisión?

Evidentemente aún no se sabe a ciencia cierta cómo continuará la ofensiva de la Casa Rosada contra los ministros del máximo tribunal y, por ende, si forzará una crisis institucional de magnitud, como creen en el mundo empresario y en el arco opositor. Pero el fantasma de “un choque de trenes” entre el Poder Ejecutivo y el Judicial ha sido eclipsado por la presunción de un escenario más preocupante si a CFK no le va bien en las PASO. En las últimas semanas se ha comenzado a especular con una hipotética “crisis de gobernabilidad” que podría surgir en agosto.

Quienes adhieren a esa hipótesis sostienen ese escenario no depende exclusivamente de una derrota kirchnerista. No cabe ninguna duda de que si el intendente de Tigre le gana a Insaurralde y el oficialismo es vencido en el resto de los grandes distritos se vería afectado el estilo de gestión presidencial. Pero también podría verse limitado el hiperpresidencialismo actual con un resultado muy parejo que dé la sensación de un empate. Todos festejarían pero no habría un ganador claro, un escenario bastante factible. Ahí también podría irrumpir una crisis de gobernabilidad sobre todo si esa tendencia se consolida en octubre.

El temor a la reacción de Cristina se agudiza frente a ese eventual empate donde ninguna fuerza le saque gran diferencia a la otra porque significaría un revés para una administración que viene de obtener el 54%. Además, desde la Casa Rosada intentaran presentarse como los ganadores y gobernar en consecuencia. Precisamente, esa es una de las razones más concretas que expresan quienes pronostican una “crisis de gobernabilidad”. Parecería que, frente a un eventual fin de ciclo, no hay muchas chances de que la jefa de Estado acepte pensar con pragmatismo en una transición ordenada.