En nuestro mundo de hoy se observa que como eje central no solamente que se ha hecho muy poco por conservar los valores esenciales de la civilización, sino que se ha hecho bastante por demolerlos. No hay más que mirar a los Stalin y Hitler y sus imitadores de nuestra época para horrorizarse frente a tanta miseria y muerte.

Los modales han cambiado, el uso de lenguaje soez se hace cada vez más común, empleado por muchos que no se percatan que lo referido a la cloaca convierte a todo en un estercolero. El valor de la palabra empeñada ha decaído significativamente. La institución familiar para formar almas se ha deteriorado en grado superlativo. El homicidio en el seno materno (mal llamado aborto, como si se hubiera interrumpido algo que nunca fue) está a la orden del día.

Pero lo más importante (que también abarca lo anterior) es la falta de respeto recíproco y esto se concreta en el avasallamiento paulatino de la propiedad, comenzando por la preservación y la decisión respecto al propio cuerpo, a continuación la libre expresión del pensamiento de cada cual y siguiendo con el uso y la disposición de lo adquirido por parte de cada uno de manera legítima. Una tríada en definitiva indivisible. A algunos distraídos les parece baladí la defensa de la propiedad privada, sin comprender que esta institución se encuentra en el centro mismo de la vida civilizada. Es por ello que Karl Marx y Friedrich Engels sostienen que la abolición de la propiedad privada constituye el aspecto medular de sus propuestas. Y es por ello que pensadores como Ludwig von Mises destacan que la propiedad privada es el meollo de la sociedad libre.

Ya se sabe que en la medida en que se ha respetado esta institución el mundo ha avanzado y ha producido resultados espectaculares en muy diversos planos y áreas, pero si no se ve la amenaza subyacente a la propiedad, no se habrán entendido el motor y los incentivos de tamaño progreso.

Hay tres aspectos que resumidamente deseo reiterar en esta columna periodística en conexión con aquella tríada: la importancia de la privacidad, la relevancia de lo que genéricamente se ha denominado la libertad de prensa y el derrumbe de todo vestigio de economía en ausencia de aquella institución y, por ende, la diseminación de la miseria que tal política genera.

El ser humano consolida su personalidad cuando desarrolla sus potencialidades y la abandona cuando se funde y confunde en los otros, esto es, se despersonaliza. La dignidad de la persona deriva de su libre albedrío, es decir, de su autonomía para regir su destino.

La privacidad o intimidad es lo exclusivo, lo propio, lo suyo, la vida humana es inseparable de lo privado o privativo de uno. Milan Kundera anota en La insoportable levedad del ser: “La persona que pierde su intimidad lo pierde todo”. Lo personal es lo que se conforma en lo íntimo de cada uno, constituye su aspecto medular y característico. Es la base del derecho. Es el primer paso del derecho de propiedad. Cada persona tiene el derecho de resguardar y preservar su privacidad y decidir qué parte de su ser prefiere compartir con otras personas y cuál hace pública para conocimiento de todos los que se interesen por esa faceta de la personalidad. El entrometimiento, la injerencia y el avasallamiento compulsivo de la privacidad lesionan gravemente el derecho de la persona.

La primera vez que el tema se trató en profundidad fue en 1890, en un ensayo publicado por Samuel D. Warren y Louis Brandeis en la Harvard Law Review titulado “El derecho a la intimidad”. En nuestro días, Santos Cifuentes publicó El derecho a la vida privada, donde explica: “La intimidad es uno de los bienes principales de los que caracterizan a la persona”, “el desenvolvimiento de la personalidad psicofísica sólo es posible si el ser humano puede conservar un conjunto de aspectos, circunstancias y situaciones que se preservan y se destinan por propia iniciativa a no ser comunicados al mundo exterior”, puesto que “va de suyo que perdida esa autodeterminación de mantener reservados tales asuntos, se degrada un aspecto central de la dignidad y se coloca al ser humano en un estado de dependencia [y] de indefensión”.

Tal vez la obra que más ha tenido repercusión en los tiempos modernos sobre la materia es La sociedad desnuda, de Vance Packard y la difusión más didáctica y documentada de múltiples casos es probablemente el libro en coautoría de Ellen Alderman y Caroline Kennedy titulado El derecho a la privacidad. Los instrumentos modernos de gran sofisticación permiten invadir la privacidad, sea a través de rayos infrarrojos, captación de ondas sonoras a larga distancia, cámaras ocultas para filmar, fotografías de alta precisión, espionaje de correos electrónicos y demás parafernalia pueden anular la vida propiamente humana, es decir, la que se sustrae al escrutinio público.

Sin duda que se trata de proteger a quienes efectivamente desean preservar su intimidad de la mirada ajena, lo cual no ocurre cuando la persona se expone al público. No es lo mismo la conversación en el seno del propio domicilio que pasearse desnudo por el jardín. No es lo mismo ser sorprendido por una cámara oculta que ingresar a un lugar donde abiertamente se pone como condición la presencia de ese adminículo.

Si bien los intrusos pueden provenir de agentes privados (los cuales deben ser debidamente procesados y penados), hoy debe estarse especialmente alerta a los entrometimientos estatales —inauditos atropellos legales— a través de los llamados servicios de inteligencia, las preguntas insolentes de formularios impositivos, la paranoica pretensión de afectar el secreto de las fuentes de información periodística y toda la vasta red impuesta por la política del gran hermano orwelliano como burda falsificación de un andamiaje teóricamente establecido para preservar los derechos de los gobernados.

Todas las Constituciones civilizadas declaran preservar la privacidad de las personas, pero en muchos casos es letra muerta debido a la permanente acción avasalladora de las impertinentes estructuras gubernamentales que se hacen presentes en los vericuetos y los recovecos más íntimos del ser humano. Esa intimidad de la que nace su diferenciación y su unicidad, que, como escribe Julián Marías en Persona, es “mucho más que lo que aparece en el espejo”.

En ese contexto y en tantos otros en los que se constatan tantos abusos de las maquinarias estatales, suele producirse un temor reverencial a la mal llamada “autoridad”. Mal llamada porque la expresión proviene del latín autor para significar el creador, el que conoce de cierto tema, es decir, quien tiene autoridad moral e intelectual y por una extensión ilegítima la costumbre ha aceptado contrabandear su sentido original.

Respecto de la libertad de expresión, inseparable de una sociedad libre, puede resumirse en el siguiente decálogo. Primero, absolutamente todo debe permitirse que se exprese, lo cual no es óbice para que los que se sientan damnificados de algún modo recurran a la Justicia para su debida reparación. De lo que se trata es de abrogar toda posibilidad de censura previa. Segundo, lo anterior incluye ideas consideradas disolventes, las cuales deben ser discutidas abiertamente, pero nunca aplicar criterios inquisitoriales. Tercero, no deben existir agencias oficiales de noticias al efecto de evitar la tentación de utilizarlas políticamente.

Cuarto, el espectro electromagnético y las señales televisivas (y las respectivas definiciones de los anchos de banda) deben asignarse en propiedad y eliminar la peligrosa figura de la concesión. Quinto, los Gobiernos no deben contar con medios de comunicación estatales ni involucrarse en relación alguna con la prensa oral o escrita. Sexto, no debe existir organismo de control de ningún tipo, incluidos los llamados horarios para menores en un contexto de satélites que toman señales de muy diversos husos horarios, situaciones que quedan reservadas a los padres y a las codificaciones y las limitaciones de los propios medios.

Séptimo, afecta la libertad de prensa el establecimiento de topes monetarios para la financiación de campañas electorales, puesto que la independencia de los Gobiernos respecto a pretendidos empresarios que esperan favores a cambio debe ser por la vía institucional, a través de la preservación de las respectivas independencias en un sistema republicano, mediante normas compatibles con el derecho para evitar la cópula entre el poder y el mundo de los negocios. Octavo, bajo ningún concepto se debe promulgar una ley de medios, ya que esto significa restringir y politizar la libertad de prensa y la cambiante pluralidad de voces.

Noveno, quienes estimen que pueden imprimir o decir de mejor manera lo pueden hacer instalando otro medio (y si no disponen de los recursos necesarios, los reclutan en el mercado local o internacional, si es que lo que proponen resultara atractivo y viable).

Y décimo, cuando se hace alusión a la competencia, no se está definiendo a priori cuántos proveedores de cierto bien o servicio debe haber, pueden existir miles, uno o ninguno (y las situaciones no son irrevocables sino cambiantes), como queda dicho el tema crucial es que el mercado se encuentre abierto y libre de trabas de toda índole para que, en nuestro caso, cualquiera que contemple un proyecto periodístico lo pueda ejecutar (lo cual, claro está, no garantiza su éxito).

Por último, como se ha señalado en incontable oportunidades, en la medida en que se afecte la propiedad se desfiguran los precios, con lo que se dificulta la contabilidad, la evaluación de proyectos y, consiguientemente, el cálculo económico en general, con lo que la pobreza es inexorable. Esto es a lo que han conducido todos los socialismos en oposición a los valores y los principios en los que descansa la sociedad abierta. Y en el extremo, el caos total, puesto que se opera a ciegas, sin indicadores económicos para asignar los siempre escasos recursos.

La destrucción de valores entonces opera por muy variados andariveles, pero el respeto recíproco basado en la propiedad de cada cual constituye un aspecto vital que, si se subestima y conculca, indefectiblemente los avances de la humanidad se retrotraerán a la edad de los cavernícolas.

Es claro que el sistema político hace agua por los cuatro costados. Me refiero a la degradación de la democracia para convertirla en un adefesio al asimilarla a las mayorías ilimitadas sin otro contenido de ninguna naturaleza. Y esto no solo ocurre en países como Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia o Nicaragua, ocurre en Europa. El problema no está circunscrito al extremo de Grecia, sino que también aparece en otros países y que, en el continente americano, incluye a los Estados Unidos, que han traicionado los valores y los principios de los padres fundadores del otrora baluarte del mundo libre con endeudamiento colosal, gastos públicos siderales y reglamentaciones asfixiantes en medio de ausencias del debido proceso y del resguardo de las libertades individuales.

Cincuenta años antes de Cristo, Cicerón, en De la República, consignó: “El imperio de la multitud no es menos tiránico que el de un hombre solo, y esa tiranía es tanto más cruel cuanto que no hay monstruo más terrible que esa fiera que toma la forma y nombre de pueblo”. En De las Leyes y en De los deberes subraya el motivo por el cual se establecen los Estados y la validez de mojones y puntos de referencia extramuros de la norma positiva. En esta última obra destaca: “No habrá leyes diferentes en Roma y en Atenas ni diferentes leyes ahora y en el futuro, sino una eterna que es válida para todas las naciones y todos los tiempos”; “El propósito central para el establecimiento de los Estados y las normativas consiste en que la propiedad sea asegurada”.

Lamentablemente esta visión no fue adoptada en su tiempo y con poca extensión en otros, pero en los que corren prácticamente se ha abandonado por completo. La preservación de la dignidad de cada cual se ha trocado por el manejo indiscriminado de los aparatos estatales de las vidas y las haciendas ajenas.

Hoy se entiende que los legisladores pueden hacer y deshacer a sus anchas, sin miramientos, los derechos de la gente, que son en verdad superiores y anteriores al establecimiento de los Gobiernos, que existen precisamente para proteger aquellos derechos.

Es de gran importancia detenerse a considerar las reflexiones de Cicerón para percatarse de los desvíos descomunales que ahora se viven y que se toman como cosa natural cuando significan degradaciones superlativas de la naturaleza y las funciones del monopolio de la fuerza.

Visto desde otro planeta, ¿no es un tanto estúpido seguir repitiendo los mismos errores una y otra vez? ¿No es muy corta la vida terrenal como para consumirla en los mismos pantanos? ¿No convendría estudiar un poco de historia para no repetir idénticas barrabasadas? ¿No es aburrido hasta el hartazgo reincidir en efectos que han ocurrido millares de veces a través del tiempo? ¿Será este el destino de la humanidad o tenemos la capacidad de recapacitar y encaminarnos por las sendas de la libertad y el progreso? Aldous Huxley indicó: “La gran lección de la historia es que no se ha aprendido la lección de la historia”.

Es que, como nos han enseñado maestros de la economía y la ciencia política, el tema medular reside en los incentivos. Si los sistemas incentivan el saqueo, eso es lo que habrá; si los sistemas incentivan el respeto recíproco, eso es lo que sucederá.

Entonces, la mirada debería centrarse en los marcos institucionales que por ahora incentivan alianzas y coaliciones que arrasan con los derechos para beneficio de los políticos y la clientela que vive a expensas del trabajo de otros. Por tanto, es imperioso establecer nuevos y más potentes límites al poder.

Sin embargo, observamos con alarma que son muchos los que tienen la esperanza de que la situación se modifique con las mismas recetas que condujeron al fracaso y, naturalmente, esto constituye un soberano contrasentido: las mismas causas generan los mismos efectos. En consecuencia, deben pensarse, debatirse y ejecutarse otras medidas para ponerle bridas al Leviatán antes de que carcoma lo que queda del espíritu libre.

Veo que demasiados profesionales se concentran en proponer medidas de transición, pero no se ha pensado hacia dónde se quiere transitar. No se trabaja suficientemente en las metas. Para citar otro clásico, Séneca escribió: “No hay vientos favorables para el navegante que no sabe hacia dónde se dirige”.

Además, como queda dicho, es menester ponerle frenos institucionales a la voracidad de los aparatos estatales para poder establecer metas y transiciones, de lo contrario el sistema deglutirá cualquier buen propósito.

Ya me he referido en otras oportunidades a las sugerencias no atendidas de Montesquieu aplicables al Poder Ejecutivo, a las de Friederich Hayek para el Legislativo y a las de Bruno Leoni para el Judicial. También he puntualizado que si esas políticas por alguna razón no se estiman convenientes, debe pensarse en otras, pero lo que no se puede hacer es lo que por el momento se hace, léase quedarse de brazos cruzados, a la espera de que las mismas recetas conduzcan a resultados diferentes.

Después de Cicerón hubo numerosos autores que insistieron sobre el mismo problema de los peligros de las mayorías ilimitadas, con lo que la democracia se convierte en cleptocracia a lo Adolf Hitler o Hugo Chávez. Por ejemplo, Bertrand de Jouvenel, en su ensayo Order versus Organization, escribe: “La soberanía del pueblo no es, pues, más que una ficción que a la larga no puede ser más que destructora de las libertades individuales”. Benjamin Constant, en Curso de política constitucional, afirma: “Los ciudadanos poseen derechos individuales independientes de toda autoridad social o política y toda autoridad que vulnere esos derechos se hace ilegítima […] La voluntad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto”. El referido premio nobel, Hayek, en el tercer tomo de su Derecho, legislación y libertad, pone de manifiesto: “Debo sin reservas admitir que si por democracia se entiende dar vía libre a la ilimitada voluntad de la mayoría, en modo alguno estoy dispuesto a llamarme demócrata”.

Es que, como explica Giovanni Sartori en el primer volumen de su Teoría de la democracia: “El argumento es que cuando la democracia se asimila a la regla de la mayoría pura y simple, esa asimilación convierte un sector del demos en no-demos. A la inversa, la democracia concebida como el gobierno mayoritario limitado por los derechos de la minoría se corresponde con todo el pueblo, es decir, con la suma total de la mayoría y minoría. Debido precisamente a que el gobierno de la mayoría está limitado, todo el pueblo (todos los que tienen derecho al voto) está siempre incluido en el demos”.

Pues bien, no se cumple este ideal de Sartori y de todos los pensadores de la tradición de la sociedad abierta desde los aristotélicos en adelante y esto se debe a incentivos perversos incrustados como caballos de Troya en el seno de la democracia que deben ser removidos. Como queda dicho, instalando en su lugar límites al abuso del poder, ya que el problema no es de hombres, sino de instituciones. Al decir de Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos: “[Para que] el gobierno haga el menor daño posible”.

Sin duda que para que introducir límites al poder primero se deben comprender los descalabros que produce el poder ilimitado en temas centrales. A título de ilustración menciono el asunto de la igualdad, que en una sociedad abierta alude exclusivamente a la que es debida ante la ley, es decir, que todos tienen los mismos derechos y deben ser respetados a rajatabla, lo cual es incompatible y mutuamente excluyente con la igualdad de ingresos y patrimonios. Si se restringe el derecho de cada cual de usar y disponer de lo propio, porque el Gobierno se lo arrebata, esto necesariamente quiere decir que hay desigualdad ante la ley. A lo cual debe agregarse que esa política de redistribución de ingresos perjudica muy especialmente a los más necesitados, puesto que la asignación forzosa de los siempre escasos recursos equivale a consumo de capital, dado que redistribuir implica volver a distribuir coactivamente lo que pacíficamente la gente distribuyó en el supermercado y afines con sus compras y sus abstenciones de comprar.

En otras palabras, la diferencia de rentas y patrimonios en una sociedad libre dependerá de las decisiones diarias de la gente, lo cual maximiza las tasas de capitalización, que es la única causa por la que se elevan ingresos y salarios en términos reales.

Entonces, la manía del igualitarismo constituye un obstáculo serio al progreso, a la idea de establecer límites infranqueables al abuso del poder. Mientras que el mencionado abuso se considere algo ponderable, no resulta posible avanzar. Es por esto que se atribuye, con razón, mucha importancia a la educación en valores y principios de la libertad.

Se ha dicho que la educación no vale de mucho: “Un pueblo educado como el alemán lo aplaudió a Hitler”. Pues esto no es cierto. Para refutar de modo contundente ese pensamiento no hay más que repasar la enorme influencia que tenían en esas épocas las obras que alaban el espíritu totalitario como las de Johann Herder, Johann Fichte, Friedrich Schelling, Friedrich Hegel, Gustav von Schmoller, Werner Sombart y Friedrich List. Siempre la educación (para bien o para mal, si se trasmiten valores compatibles con la sociedad abierta o si los contradicen) prepara el ámbito de lo que sucederá en el terreno político.

Resulta alarmante comprobar la cantidad de tecnócratas que sugiere mantener instituciones perversas, pero administradas por personas eficientes, en lugar de reformularlas, para no salirse de lo políticamente correcto, y todo esto en el contexto de quejarse por el incendio sin ocuparse de detectar y combatir el origen del fuego.

Es de desear que no se repita la historia de los avasallamientos de las autonomías individuales. Es de desear que se salga lo más rápido posible del sistema de la rapiña de los aparatos estatales, que significan ajustes diarios a los bolsillos de la gente y que no se aleguen gradualismos para demorar el cambio, puesto que significan demandas infundadas contra el derecho. No pueden alegarse derechos adquiridos contra el derecho, del mismo modo que cuando se eliminó la esclavitud no se dieron curso a los pedidos de indemnizaciones o gradualismos para salir de esa aberrante institución para atender reclamos de muchos de los hasta ese momento considerados dueños de esclavos.

En este contexto, se trata de un contragolpe de Estado, puesto que el golpe de Estado original lo dieron quienes avasallaron derechos, atropellaron instituciones clave de una república que, como es sabido, significa alternancia en el poder, transparencia en los actos de gobierno, responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados, igualdad ante la ley anclada en el “dar a cada uno lo suyo” de la Justicia y división e independencia de poderes.

Por supuesto que pude suceder, y de hecho sucede, un golpe de Estado contra un sistema republicano, lo cual es condenable desde toda perspectiva moral, pero aquí nos referimos al contragolpe en el sentido explicado.

La antes referida tradición de pensamiento se basa en el aspecto epistemológico del no sé socrático como razón para no entrometerse en las vidas y las acciones legítimas de otros, además del aspecto ontológico del necesario respeto a las personas. El derecho romano y el common law constituyeron bases institucionales del espíritu liberal junto a los aportes de la escolástica tardía. Pero con Sidney y Locke, como queda expresado, comenzó la sistematización de los marcos institucionales que posteriormente Montesquieu fortaleció en esa primera etapa, especialmente resumida en su pensamiento en cuanto a que “una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa”.

La revolución estadounidense -un espejo en el que se miraron muchas de las naciones libres del planeta- tomó la idea del derecho de resistencia en su Declaración de la Independencia, donde consigna claramente que “cuando cualquier forma de gobierno se torna destructivo para estos fines [los derechos inalienables de los gobernados], es el derecho del pueblo de alterarlo o abolirlo y constituir un nuevo gobierno y establecer su fundación en base a aquellos principios”.

De más está decir que la referida rebelión contra la opresión inaguantable debe hacerse con criterio prudencial para no caer en la misma situación (o peor), solo que con otros gobernantes, como en la práctica han sido la mayor parte de las revoluciones, a diferencia de la norteamericana, por la que se aplicó una política diametralmente opuesta a la autoritaria de Jorge III (de un tiempo a esta parte, Estados Unidos abandonó los principios de los padres fundadores para lo que recomiendo, entre la mucha literatura disponible, Dismantling America de Thomas Sowell). Hasta el momento, en los otros ejemplos, en el mejor de los casos se produjo un alivio más o menos transitorio para luego, en mayor o menor medida, recaer en que los aparatos estatales atropellaran los derechos vitales a la libertad y a la propiedad.

Incluso en otros casos, la situación después de la revolución fue muchísimo peor, como es el ejemplo de la revuelta de Castro contra las tropelías inaceptables de Batista. En otros casos, el alivio fue grande, como es el ejemplo de Hitler. Salvando las distancias, la revolución popular contra Ferdinand Marcos también permitió un paréntesis en el totalitarismo. Lo mismo va para el caso de la tiranía rosista y, con independencia de los graves desbarranques posteriores, similar fenómeno ocurrió con la sublevación como consecuencia del sistema opresivo de Perón contra la libertad de prensa y las libertades básicas de las personas y también de otros dictadores latinoamericanos, y mucho antes que eso, los movimientos revolucionarios independentistas (por ejemplo, constituye una sandez oponerse a la Revolución de Mayo en lo que luego fue suelo argentino contra un déspota que había reemplazado a otro sátrapa en España). Las revueltas que desembocaron en el derrumbe del Muro de la Vergüenza en Berlín despertaron enormes esperanzas en los espíritus libres. Claro que hay cuestiones de grado que hacen diferencias por lo que no puede meterse todo en la misma bolsa.

En todo caso, tal como reza la citada declaración norteamericana, la gente tiene el derecho a defenderse contra ataques permanentes a su dignidad y consiguientes autonomías individuales en manos de gobiernos que teóricamente se han instalado para proteger los derechos de todos, por ello, como queda dicho, se trata de un contragolpe, puesto que el golpe de Estado lo dan quienes desmantelan instituciones fundamentales de la República.

Pero lo más importante es comprender que las revoluciones no producen milagros, en casos extremos permiten espacios de mayor respeto que resultan muy efímeros si no hay ideas suficientemente sólidas como para reemplazar lo que venía ocurriendo. Si no es así, en definitiva, se habrán consumido energías y recursos sin resultados que compensen los sacrificios, los desgastes y los conflictos que así se convierten en infructuosos.

La educación es la clave para contar con sociedades libres. Un traspié que obligue a sustituir el gobierno y llamar a elecciones en el plazo más rápido posible no hará que nada cambie si previamente no se han entendido y aceptado los fundamentos y las ventajas de la sociedad abierta.

No hay iluminados que deban imponer sus ideas a otros. No hay la peligrosa fantasía del filósofo rey, sino la necesidad de establecer instituciones que dificulten el abuso del poder. Se trata de fortalecer las democracias entendidas como el respeto de las mayorías a los derechos de las minorías. No dictaduras electas ni cleptocracias basadas en la tiranía del número, sino en la entronización del derecho de cada cual sin que energúmenos instalados en el gobierno se arroguen la facultad de manejar a su arbitrio las vidas y haciendas de los demás. Ya desde los inicios de la República, Cicerón advirtió que “el imperio de la multitud no es menos tiránico que la de un hombre solo, y esa tiranía es tanto más cruel cuanto no hay monstruo más terrible que esa fiera que toma la forma y el nombre del pueblo”.

En esta instancia del proceso de evolución cultural, solo hay dos posibilidades de formas de gobierno: la democracia y el gobierno de facto. Esta última forma constituye una irregularidad, puesto que se sale de la elección de la gente para sustentarse solamente en la fuerza. Todos los gobiernos de cualquier color o formato son de fuerza (de eso se trata), pero el que asume de facto lo es en mayor medida por la razón apuntada, situación que debe modificarse cuanto antes para volver a la normalidad democrática, no entendida como otra ruleta rusa: la mayoría ilimitada que generan los Chávez de nuestra época, en cuyo caso competirán dos formas de gobierno que avasallan libertades y aniquilan todo vestigio de contralor republicano.

Es de interés enfatizar que en no pocos casos, aunque la opresión resulte manifiesta, no es para nada aconsejable sustituir a los gobernantes en funciones por dos motivos centrales. En primer lugar, debido a que, a pesar de los sufrimientos de la gente, se hace necesario que el gobierno de turno absorba las consecuencias de su propia mala praxis y no se le dé un pretexto para exculparse y victimizarse, como, por ejemplo, es hoy el caso argentino en el contexto de una atmósfera estatista que incluye en gran medida a la oposición. En segundo lugar, también en la opinión pública prevalecen aquellas ideas estatistas y, por ende, en última instancia autoritarias, que rechazan los modales, pero adhieren “al modelo” del manotazo al fruto del trabajo ajeno, por lo que necesariamente hará que se redoblen los males, a pesar de que en el caso argentino, además de los ataques grotescos a la Justicia, acaba de decidir el Gobierno aplicar tareas de inteligencia interna para detectar y castigar “golpes de mercado” (es para un guión de Woody Allen si no fuera dramático).

Por lo dicho es que con urgencia debe trabajarse en la educación a los efectos de la defensa propia, es decir, la imperiosa necesidad de entender qué significa vivir en libertad y no simplemente declamar acerca de una democracia falsificada que de contrabando se transforma en otra forma de absolutismo. De todos modos, por ejemplo, es de desear que pueda tener lugar un exitoso contragolpe de Estado en Corea del Norte antes que se les vaya la vida a tantos ciudadanos desesperados por las botas de un sátrapa asesino (botas son las de sus súbditos, porque el megalómano de marras usa taquitos altos para parecer más alto).

Como muchas veces se ha señalado, no es conducente poner el carro delante de los caballos y dedicarse a los políticos del momento, ya que naturalmente no aceptarán otro discurso que el que es capaz de digerir la opinión pública y si no se hace nada para modificarla en la dirección de una sociedad libre, no puede esperarse un discurso distinto que el que conduce al abuso del poder. Si no hay suficientes esfuerzos educativos, se estará en una encerrona imposible de sortear.

En general hay pereza para dedicarse a las faenas de explicar y difundir los fundamentos éticos, económicos y jurídicos de vivir en libertad, porque se piensa que es más rápido y eventualmente más lucido desempeñarse en la arena política. Esto no es cierto, si nos encontramos en un ámbito estatista, es completamente inútil tratar de influir a los políticos del momento con ideas contrarias, ya que inexorablemente serán rechazadas si es que los políticos pretenden seguir en ese oficio.

Se dice que es una tarea a largo plazo la educativa, pero si ese es el diagnóstico y la receta adecuada para revertir los problemas, cuanto antes se comience se acortarán los plazos. Es curioso, pero en muchos casos desde hace décadas se viene recitando la misma cantinela sin percatarse de que si se hubieran puesto manos a la obra ya estaríamos en el instante eureka, “el largo plazo”. No es mi autor favorito, pero Mao Tse Tung decía con razón que “la marcha más larga comienza con el primer paso”.

En resumen, la mejor manera de evitar los contragolpes de Estado (generalmente fallidos en el sentido de la reincidencia o incluso el engrosamiento del estatismo) consiste en ocuparse de las tareas educativas mencionadas al efecto de despejar telarañas mentales, lo cual beneficia a toda la comunidad, pero muy especialmente a los más necesitados.