En esta nota periodística circunscribo mi atención a dos aspectos cruciales. En primer lugar, es importante subrayar que en un mercado abierto las desigualdades de ingresos corresponden a las preferencias de los consumidores. Si el oferente da en la tecla respecto a los gustos y las necesidades de sus congéneres, obtendrá ganancias y si yerra, incurrirá en quebrantos. Por esto es que la llamada redistribución de ingresos se traduce inexorablemente en consumo de capital, puesto que la correspondiente asignación de los siempre escasos factores de producción se destina a campos distintos de los preferidos por la gente. Redistribuir significa volver a distribuir por la fuerza lo que pacíficamente ya habían distribuido los consumidores en el supermercado y afines.

Entonces, el delta o el diferencial de ingresos es simplemente lo que el público consumidor decide a través del plebiscito diario del mercado con sus compras y sus abstenciones de comprar. Es del todo contraproducente que los políticos prefieran la situación donde el diferencial sea menor con ingresos también menores para todos respecto a la situación en la que el delta es más grande, pero los ingresos de todos resultan mayores. La envidia y la demagogia empujan a la primera de las situaciones descritas, en perjuicio de todos, especialmente de los más necesitados. Lo importante es que el promedio ponderado se eleve.

El segundo punto se refiere a las desigualdades de patrimonios. Para ello cabe el mismo razonamiento, con el agregado de que los que se ubican en la cumbre de la escala son los mayores aportantes de la inversión total, lo cual es condición necesaria para que los ubicados en el nivel más bajo vean incrementar sus ingresos, puesto que las tasas de capitalización son la única causa de aquellos incrementos.

A los efectos de lo que aquí decimos, no resultan relevantes las controversias antes mencionadas en cuanto a los errores (y, en algunos caso, horrores) estadísticos. Sin duda que son importantes para ilustrar bien lo ocurrido, pero, como queda dicho, no modifican las conclusiones de lo que sucede en un mercado abierto y competitivo. Cualquiera sea el resultado sobre las desigualdades, es lo que demanda la gente, que siempre recibe a cambio de su dinero valores que estima mayores a lo entregado a cambio (de lo contrario, no hubiera realizado la transacción).

Y desde luego que no es que los que están en el pico de la pirámide se llevan la riqueza a Marte, constituyen el motor principal del progreso de los que al momento son marginales. Es del todo incorrecto presentar las correspondientes transacciones como compatibles con la suma cero, es decir, como si lo que tienen unos es debido a que otros son despojados de lo que les pertenece. La riqueza es un concepto dinámico, el valor total está en permanente movimiento. No sólo no son los mismos los que están en los diversos niveles de la pirámide, sino que, como decimos, el valor total se incrementa en sociedades libres.

Si seguimos el principio de Antoine Lavoisier en cuanto a que nada se crea, nada se pierde, todo se transforma, debemos enfatizar en que el tema de la riqueza no alude a la cuantía de lo material, sino al valor. Como hemos ilustrado en otra ocasión: el teléfono antiguo tenía mucho más materia que el moderno, sin embargo este último ofrece muchísimos más servicios. La materia del globo terráqueo en la antigüedad era la misma que la actual, sin embargo la riqueza hoy es infinitamente superior a la de antaño, cuando la expectativa de vida era de corta edad, la medicina no podía enfrentar las dolencias comunes y las hambrunas eran moneda corriente en todos lados.

Muchos han sido los cálculos sobre los escasos centavos de aumento que resultarían de dividir entre la población los patrimonios de los más ricos en comparación con la formidable pérdida de ingresos, debido a que la usina inversionista desaparece al arrancar recursos de aquellos que la gente consideraba más eficiente para administrarlos.

En consecuencia, el coeficiente de Gini, que muestra la dispersión o la concentración de ingresos, no nos dice nada respecto a la inconveniencia de esa dispersión que al ser decidida por la gente es necesariamente conveniente; de modo que no resulta irrevocable, sino que cambia a media que se transforman los gustos y la calidad del servicio que se estima que proveen los distintos oferentes.

Por supuesto que si no tiene lugar el mercado abierto y no se aplican marcos institucionales que respeten los derechos de las personas y, en su lugar, existen alianzas entre supuestos empresarios y el poder político, en ese caso las diferencias de ingresos y patrimonios resultantes es consecuencia de la injusticia y la explotación. Tal es la situación, en gran medida, en el denominado mundo libre (en Estados Unidos este proceso inicuo se ha intensificado a través de los bailouts, por los que se subsidia a empresarios irresponsables e ineptos con los recursos de los trabajadores que no tienen poder de lobby). Debemos diferenciar claramente lo que son servicios en el ámbito del mercado libre de lo que son robos vía los acuerdos con el poder político, que en sus resultados no son distintos de los asaltantes de bancos.

Peor aun si cabe, es el escandaloso robo de bienes públicos perpetrado por muchos gobernantes lo que marca diferencias colosales de ingresos y patrimonios respecto a los de los gobernados, todo lo cual también significa deltas que son fruto de reiterados latrocinios que colocan a estos sátrapas en los lugares de las mayores fortunas del orbe y, paradójicamente, son los que más declaman sobre la necesidad de nivelar, con lo que la hipocresía resulta superlativa.

Básicamente, como consecuencia de la difusión de recientes estadísticas sobre porcentajes de riqueza que se estima concentrada en pocas manos —no siempre verídicas, como hemos apuntado—, se ha vuelto a la carga con la manía de la guillotina horizontal, es decir, con la manía del igualitarismo. Y una de las herramientas que se consideran más efectivas para tal fin (relanzadas por Piketty) es el impuesto progresivo (cuyo máximo difusor es hoy el candidato presidencial en Estados Unidos Bernie Sanders).

Como es sabido, el impuesto proporcional significa que se mantiene la alícuota en todas las escalas de ingresos y patrimonios o en todos los niveles de gastos, lo cual se traduce en que los que ponen de manifiesto capacidades contributivas mayores pagan mayores tributos respecto a los de menor capacidad contributiva. Por su parte, el impuesto progresivo, como su nombre lo indica, significa que la alícuota progresa en la medida en que progresa la capacidad contributiva, sea esta directa o indirecta.

Pues los efectos más contundentes de la progresividad fiscal son, primero, la alteración de las posiciones patrimoniales relativas, lo que implica que las ubicaciones que la gente votó en el mercado de acuerdo con las preferencias de cada cual son contradichas por el referido gravamen. Esto significa, a su vez, derroche de capital.

Segundo, el impuesto progresivo atenta contra la necesaria movilidad social, ya que introduce vallas en el ascenso en la pirámide patrimonial. Tercero, este tipo de carga fiscal constituye un castigo para los más eficientes, situación que contradice la idea de que se debe alentar la mayor eficiencia. Cuarto, el impuesto progresivo es en realidad regresivo, ya que afecta los ingresos de los que menos tienen, puesto que se compromete la inversión de los más pudientes. Quinto, este impuesto resulta un privilegio para los ricos que se colocaron en el vértice de la pirámide patrimonial antes de la implementación del gravamen, quienes cuentan con una ventaja respecto a los actores sucesivos.

Por tanto, cuando se habla de posiciones porcentuales en cuanto a ingresos o patrimonios, se debe tener en cuenta que lo trascendente son los valores absolutos de estos guarismos, a los efectos de percatarnos de las mejoras en todas las escalas cuando se opera en una sociedad abierta.

La propiedad es una noción jurídica, mientras que el patrimonio es una noción económica que responde a las valorizaciones de la gente. En la medida en que exista libertad y respeto a valores jurídicos elementales, tiene lugar menor pobreza relativa y los mejores niveles de vida de los habitantes que se desenvuelven en los países en donde más se dan aquellas condiciones. Incluso, como es sabido, hay países que cuentan con grandiosas reservas de recursos naturales (como en África) y, sin embargo, sus habitantes son muy pobres, mientras que otros sin recursos naturales ofrecen a sus ciudadanos condiciones de vida de gran confort (como es el caso de Japón, que es un cascote donde sólo el veinte por ciento es habitable).

La institución de la propiedad privada resulta esencial para asignar recursos eficientemente. Como las necesidades son ilimitadas y los recursos para atenderlas son limitados, la asignación de derechos de propiedad es indispensable, puesto que “la tragedia de los comunes” (lo que es de todos no es de nadie) se produce debido a que los incentivos para mantener y producir son nulos.

Como una nota a pie de página consigno que Claude Robinson, en su libro Understanding Profits, muestra que la distribución promedio de las cien empresas estadounidenses de mayor facturación en el año en que ese autor tomó la muestra se presentaba de la siguiente manera: del 100% del producto de las ventas, el 43% iba a sufragar costos de producción directos que incluían publicidad, el 2,7% para amortizaciones, el 0,3% para intereses y otras cargas financieras, el 7,1% para impuestos, el 40,5% para sueldos de empleados, el 4% para dividendos y honorarios de directores y el 2,4% para reinversiones.

Tengo buenos amigos que se dicen “liberales de izquierda”, término decimonónico que comenzó a emplearse por el genial Frédéric Bastiat con un sentido que fue ubicado con anterioridad a la Francia contrarevolucionaria lo cual integraba en aquél binomio una misma significación. En cambio, contemporáneamente, son personas que provienen a secas de la izquierda moderna pero que finalmente han reconocido algunas de las enormes ventajas que propone el liberalismo. Es un primer paso en dirección a aceptar todas las ventajas que proporciona la libertad, pero como no han estudiado campos tales como la economía ni se interesan en esa rama del conocimiento, rechazan buena parte de los procesos de mercado.

Esta postura, en última instancia, se traduce en que adhieren al continente pero curiosamente rechazan el contenido. Es decir, alaban la libertad política pero cuando cada uno procede a disponer de lo que lícitamente adquirió les niegan esa posibilidad. En otros términos, queda el continente vacío de contenido, lo cual se convierte en un sinsentido.

Y tengamos en cuenta que cuando se hace referencia a las izquierdas, debe distinguirse claramente el origen tan fértil de aquellos que en los prolegómenos de la Revolución Francesa se sentaron en la Asamblea a la izquierda del rey para desde allí objetar el antiguo régimen de privilegios y para sugerir enfáticamente la libertad y el respeto a todos, lo cual se degradó en grado  superlativo con el advenimiento de la contra-revolución: el terror, la guillotina, los jacobinos y la oposición a los preceptos originales. En todo caso, con el paso del tiempo, las izquierdas perdieron su sentido primero y a cada paso recurren a las botas de los aparatos estatales para intervenir y negar los derechos de las personas hasta cuestionar el derecho de propiedad y transformar la proclamada igualdad ante la ley en igualdad mediante la ley (tengamos en cuenta que la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 aludía en su primer artículo a la igualdad de derechos y en el segundo que esos derechos son a la libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión).

Del mismo modo que ocurre con todas las etiquetas, no puede ponerse a todos en la misma bolsa. Eso no solo va para los izquierdistas sino también para los liberales y todas las corrientes intelectuales, a menos que se trate de totalitarios que se arrogan la facultad de imponer el pensamiento único, lo cual contradice toda idea de pensamiento.

Demos un ejemplo a vuelapluma, subrayando que, como queda dicho, hay excepciones en los diversos enfoques. Los “liberales de izquierda”, en general, insisten en la necesidad de “redistribuir ingresos”, situación en la que ocurre lo siguiente: la gente distribuye sus recursos en los supermercados y equivalentes con lo que se premia a algunos con ganancias y se castiga a otros con pérdidas. Pero henos aquí que a la salida de los supermercados, las estructuras y reparticiones gubernamentales vuelven a distribuir por la fuerza lo que distribuyó pacífica y voluntariamente la gente.

Lo dicho significa que se despilfarran factores de producción con lo que naturalmente se consume capital que es lo único que explica el incremente en salarios e ingresos en términos reales. Esta es la diferencia entre un país pobre y uno rico. No se trata de la metereología, de aspectos étnicos (por lo que eso pueda significar) o de recursos naturales (África es el continente que dispone mayor dosis de recursos naturales, mientras Japón es un cascote en el que solo es habitable en veinte por ciento). 

Entonces, las diferencias o deltas de ingresos y patrimonios de las personas son del todo irrelevantes, el asunto consiste en que se administren del mejor modo posible a criterio del plebiscito diario del mercado (y tengamos en cuenta que el mercado significa  millones de arreglos contractuales que cotidianamente celebran las personas que usan y disponen de los suyo). En todo caso es relevante el promedio ponderado de ingresos al efecto de verificar en que climas de libertad mejoran  todos (incluso los mendigos ya que las limosnas son más abundantes en Canadá que en Sri Lanka)

En todo este contexto la propiedad privada resulta medular. Como los bienes y servicios no crecen en los árboles y no hay de todo para todos todo el tiempo, la asignación de ese derecho hace que las posiciones patrimoniales cambien de manos según su respectiva atención a los requerimientos de los demás.

Desde luego que esto no ocurre si los gobernantes les otorgan a los comerciantes privilegios. En este caso, sus ingresos y patrimonios no obedecen a la eficiencia para atender las demandas del prójimo sino como consecuencia de su miserable explotación.

Es pertinente recordar que Marx y Engels en el Manifiesto Comunista declaran que “pueden sin duda los comunistas resumir toda su teoría en esta sola expresión: abolición de la propiedad privada”. Dejando de lado las masacres stalinistas y equivalentes, en todas las variantes socialistas, en la medida en que se afecta la propiedad privada, dejan de tener sentido los precios (que precisamente expresan las estructuras valorativas cruzadas de las partes que intercambian propiedades) y, por tanto, desaparece la posibilidad de evaluación de proyectos y contabilidad ya que, como queda dicho, los precios no son simples números que las autoridades gubernamentales dictan. Por su parte, los fascismos son estratégicamente más eficaces en imponer el totalitarismo puesto que permiten que se registre la propiedad a nombre de privados pero usan y disponen desde el aparato estatal, lo cual deriva en el mismo significado que de los socialistas pero con un disfraz distinto.

En la tradición republicana, los gobiernos han sido concebidos para la protección de los derechos de los gobernados no como una gracia o un favor sino para garantizarlos y, sin embargo, resulta que se embarcan en todo tipo de aventuras incompatibles con sus funciones menos lo que deben hacer, a saber: instaurar seguridad y justicia para que cualquiera que sufra una invasión en sus derechos deba ser castigado con toda la fuerza de la ley.

Las mal llamadas “conquistas sociales” son figuras demagógicas que perjudican a los más necesitados. La típica son los salarios mínimos impuestos por decreto. Esto revela que no se ha entendido el tema. Los salarios dependen exclusivamente de las tasas de inversión y no de la voluntad de políticos (si fuera así habría que decretar que todos fuéramos millonarios y no andarse con porcentajes tímidos).

El salario mínimo -por definición superior al de mercado- logra el efecto contrario al propuesto: expulsa del mercado laboral a los que más necesitan trabajar.  Es por eso que aparece el mercado negro tan criticado por mucha gente sin percatarse que es la defensa que tiene la gente para no morirse de hambre puesto que los niveles  políticos del “blanco” y los consiguientes impuestos al trabajo los afecta gravemente y quedan desempleados.

En este cuadro de situación, muchos liberales de izquierda machacan con que está bien aceptar los resultados de los esfuerzos personales pero constituye una “injusticia social” el que algunos partan en la carrera de la vida con ventaja debido a herencias recibidas. Este razonamiento es autodestructivo. Si se sigue con esa metáfora deportiva de la carrera, al partir todos sin ventajas patrimoniales, el que hizo el mayor esfuerzo exitoso y llegó primero deberá ser nivelado nuevamente ni bien se largue la segunda carrera ya que su prole no podría recibir el resultado de los esfuerzos de su padre con lo que lo realizado en la primera disputa deportiva resultó inútil.

Es debido a la nefasta idea de la redistribución coactiva que se adopta el impuesto progresivo, lo cual, a diferencia del proporcional, implica que las alícuotas son crecientes a medida que aumenta el objeto imponible. Esto tiene cuatro efectos principales. En primer término, es un privilegio para los ricos que se ubicaron en el vértice de la pirámide patrimonial antes de introducir el mencionado gravamen.

En segundo lugar, altera las posiciones patrimoniales relativas, con lo que se contradicen las previas indicaciones operadas en base a las preferencias de la gente que, a su vez, significan derroches de capital que, como hemos señalado, hacen mermar los salarios. Asimismo, el impuesto progresivo es regresivo ya que las tasas más altas a los de mayores patrimonios hacen que los salarios de los menos pudientes se contraigan, por las razones antes apuntadas. Por último, resulta por lo menos extraño que se diga que debe producirse lo más que se pueda y, al mismo tiempo, se castiga fiscalmente en grados progresivos (y no proporcionales) a los que mejor lo hacen. 

Finalmente destaco una vez más que el término “justicia social” puede tener solo dos acepciones. Una grosera redundancia ya que la justicia no puede ser mineral, vegetal o animal o, de lo contrario, la acepción más difundida, es decir, el sacarles a unos lo que les pertenece para entregarlo a quienes no les pertenece, lo cual contradice abiertamente la clásica definición de Justicia en cuanto a “dar a cada uno lo suyo”.