En nuestro mundo de hoy se observa que como eje central no solamente que se ha hecho muy poco por conservar los valores esenciales de la civilización, sino que se ha hecho bastante por demolerlos. No hay más que mirar a los Stalin y Hitler y sus imitadores de nuestra época para horrorizarse frente a tanta miseria y muerte.

Los modales han cambiado, el uso de lenguaje soez se hace cada vez más común, empleado por muchos que no se percatan que lo referido a la cloaca convierte a todo en un estercolero. El valor de la palabra empeñada ha decaído significativamente. La institución familiar para formar almas se ha deteriorado en grado superlativo. El homicidio en el seno materno (mal llamado aborto, como si se hubiera interrumpido algo que nunca fue) está a la orden del día.

Pero lo más importante (que también abarca lo anterior) es la falta de respeto recíproco y esto se concreta en el avasallamiento paulatino de la propiedad, comenzando por la preservación y la decisión respecto al propio cuerpo, a continuación la libre expresión del pensamiento de cada cual y siguiendo con el uso y la disposición de lo adquirido por parte de cada uno de manera legítima. Una tríada en definitiva indivisible. A algunos distraídos les parece baladí la defensa de la propiedad privada, sin comprender que esta institución se encuentra en el centro mismo de la vida civilizada. Es por ello que Karl Marx y Friedrich Engels sostienen que la abolición de la propiedad privada constituye el aspecto medular de sus propuestas. Y es por ello que pensadores como Ludwig von Mises destacan que la propiedad privada es el meollo de la sociedad libre.

Ya se sabe que en la medida en que se ha respetado esta institución el mundo ha avanzado y ha producido resultados espectaculares en muy diversos planos y áreas, pero si no se ve la amenaza subyacente a la propiedad, no se habrán entendido el motor y los incentivos de tamaño progreso.

Hay tres aspectos que resumidamente deseo reiterar en esta columna periodística en conexión con aquella tríada: la importancia de la privacidad, la relevancia de lo que genéricamente se ha denominado la libertad de prensa y el derrumbe de todo vestigio de economía en ausencia de aquella institución y, por ende, la diseminación de la miseria que tal política genera.

El ser humano consolida su personalidad cuando desarrolla sus potencialidades y la abandona cuando se funde y confunde en los otros, esto es, se despersonaliza. La dignidad de la persona deriva de su libre albedrío, es decir, de su autonomía para regir su destino.

La privacidad o intimidad es lo exclusivo, lo propio, lo suyo, la vida humana es inseparable de lo privado o privativo de uno. Milan Kundera anota en La insoportable levedad del ser: “La persona que pierde su intimidad lo pierde todo”. Lo personal es lo que se conforma en lo íntimo de cada uno, constituye su aspecto medular y característico. Es la base del derecho. Es el primer paso del derecho de propiedad. Cada persona tiene el derecho de resguardar y preservar su privacidad y decidir qué parte de su ser prefiere compartir con otras personas y cuál hace pública para conocimiento de todos los que se interesen por esa faceta de la personalidad. El entrometimiento, la injerencia y el avasallamiento compulsivo de la privacidad lesionan gravemente el derecho de la persona.

La primera vez que el tema se trató en profundidad fue en 1890, en un ensayo publicado por Samuel D. Warren y Louis Brandeis en la Harvard Law Review titulado “El derecho a la intimidad”. En nuestro días, Santos Cifuentes publicó El derecho a la vida privada, donde explica: “La intimidad es uno de los bienes principales de los que caracterizan a la persona”, “el desenvolvimiento de la personalidad psicofísica sólo es posible si el ser humano puede conservar un conjunto de aspectos, circunstancias y situaciones que se preservan y se destinan por propia iniciativa a no ser comunicados al mundo exterior”, puesto que “va de suyo que perdida esa autodeterminación de mantener reservados tales asuntos, se degrada un aspecto central de la dignidad y se coloca al ser humano en un estado de dependencia [y] de indefensión”.

Tal vez la obra que más ha tenido repercusión en los tiempos modernos sobre la materia es La sociedad desnuda, de Vance Packard y la difusión más didáctica y documentada de múltiples casos es probablemente el libro en coautoría de Ellen Alderman y Caroline Kennedy titulado El derecho a la privacidad. Los instrumentos modernos de gran sofisticación permiten invadir la privacidad, sea a través de rayos infrarrojos, captación de ondas sonoras a larga distancia, cámaras ocultas para filmar, fotografías de alta precisión, espionaje de correos electrónicos y demás parafernalia pueden anular la vida propiamente humana, es decir, la que se sustrae al escrutinio público.

Sin duda que se trata de proteger a quienes efectivamente desean preservar su intimidad de la mirada ajena, lo cual no ocurre cuando la persona se expone al público. No es lo mismo la conversación en el seno del propio domicilio que pasearse desnudo por el jardín. No es lo mismo ser sorprendido por una cámara oculta que ingresar a un lugar donde abiertamente se pone como condición la presencia de ese adminículo.

Si bien los intrusos pueden provenir de agentes privados (los cuales deben ser debidamente procesados y penados), hoy debe estarse especialmente alerta a los entrometimientos estatales —inauditos atropellos legales— a través de los llamados servicios de inteligencia, las preguntas insolentes de formularios impositivos, la paranoica pretensión de afectar el secreto de las fuentes de información periodística y toda la vasta red impuesta por la política del gran hermano orwelliano como burda falsificación de un andamiaje teóricamente establecido para preservar los derechos de los gobernados.

Todas las Constituciones civilizadas declaran preservar la privacidad de las personas, pero en muchos casos es letra muerta debido a la permanente acción avasalladora de las impertinentes estructuras gubernamentales que se hacen presentes en los vericuetos y los recovecos más íntimos del ser humano. Esa intimidad de la que nace su diferenciación y su unicidad, que, como escribe Julián Marías en Persona, es “mucho más que lo que aparece en el espejo”.

En ese contexto y en tantos otros en los que se constatan tantos abusos de las maquinarias estatales, suele producirse un temor reverencial a la mal llamada “autoridad”. Mal llamada porque la expresión proviene del latín autor para significar el creador, el que conoce de cierto tema, es decir, quien tiene autoridad moral e intelectual y por una extensión ilegítima la costumbre ha aceptado contrabandear su sentido original.

Respecto de la libertad de expresión, inseparable de una sociedad libre, puede resumirse en el siguiente decálogo. Primero, absolutamente todo debe permitirse que se exprese, lo cual no es óbice para que los que se sientan damnificados de algún modo recurran a la Justicia para su debida reparación. De lo que se trata es de abrogar toda posibilidad de censura previa. Segundo, lo anterior incluye ideas consideradas disolventes, las cuales deben ser discutidas abiertamente, pero nunca aplicar criterios inquisitoriales. Tercero, no deben existir agencias oficiales de noticias al efecto de evitar la tentación de utilizarlas políticamente.

Cuarto, el espectro electromagnético y las señales televisivas (y las respectivas definiciones de los anchos de banda) deben asignarse en propiedad y eliminar la peligrosa figura de la concesión. Quinto, los Gobiernos no deben contar con medios de comunicación estatales ni involucrarse en relación alguna con la prensa oral o escrita. Sexto, no debe existir organismo de control de ningún tipo, incluidos los llamados horarios para menores en un contexto de satélites que toman señales de muy diversos husos horarios, situaciones que quedan reservadas a los padres y a las codificaciones y las limitaciones de los propios medios.

Séptimo, afecta la libertad de prensa el establecimiento de topes monetarios para la financiación de campañas electorales, puesto que la independencia de los Gobiernos respecto a pretendidos empresarios que esperan favores a cambio debe ser por la vía institucional, a través de la preservación de las respectivas independencias en un sistema republicano, mediante normas compatibles con el derecho para evitar la cópula entre el poder y el mundo de los negocios. Octavo, bajo ningún concepto se debe promulgar una ley de medios, ya que esto significa restringir y politizar la libertad de prensa y la cambiante pluralidad de voces.

Noveno, quienes estimen que pueden imprimir o decir de mejor manera lo pueden hacer instalando otro medio (y si no disponen de los recursos necesarios, los reclutan en el mercado local o internacional, si es que lo que proponen resultara atractivo y viable).

Y décimo, cuando se hace alusión a la competencia, no se está definiendo a priori cuántos proveedores de cierto bien o servicio debe haber, pueden existir miles, uno o ninguno (y las situaciones no son irrevocables sino cambiantes), como queda dicho el tema crucial es que el mercado se encuentre abierto y libre de trabas de toda índole para que, en nuestro caso, cualquiera que contemple un proyecto periodístico lo pueda ejecutar (lo cual, claro está, no garantiza su éxito).

Por último, como se ha señalado en incontable oportunidades, en la medida en que se afecte la propiedad se desfiguran los precios, con lo que se dificulta la contabilidad, la evaluación de proyectos y, consiguientemente, el cálculo económico en general, con lo que la pobreza es inexorable. Esto es a lo que han conducido todos los socialismos en oposición a los valores y los principios en los que descansa la sociedad abierta. Y en el extremo, el caos total, puesto que se opera a ciegas, sin indicadores económicos para asignar los siempre escasos recursos.

La destrucción de valores entonces opera por muy variados andariveles, pero el respeto recíproco basado en la propiedad de cada cual constituye un aspecto vital que, si se subestima y conculca, indefectiblemente los avances de la humanidad se retrotraerán a la edad de los cavernícolas.

Ahora aludo a otro aspecto de la resistencia a los abusos del Leviatán y es desde otra perspectiva, la cual es fundamental, aunque, como se verá, no exclusivamente religiosa. Como es sabido, los padres de la Iglesia cristiana fueron principalmente los griegos Atanasio, Basilio y Juan Crisóstomo y los latinos Ambrosio, Agustín, Jerónimo y Gregorio Magno. Pero hay otros muchos que habitualmente no aparecen en primera fila. Por ejemplo, Lucio Cecilio Lactancio, conocido como “el Cicerón cristiano” (250 d. C.), quien, entre otras cosas, escribió: “Cuando Dios prohíbe matar, no sólo prohíbe el bandidaje que las propias leyes no permiten, sino que nos advierte que ni siquiera hagamos lo que los hombres consideran lícito. Así, a un hombre justo no se le permitirá servir como soldado, ya que su servicio militar es la justicia”.

Con base en esta línea argumental, la objeción de conciencia se centró principalmente en la abstención de participar en guerras y, consecuentemente, en el mandamiento de no involucrarse en el servicio militar, más adelante idea reforzada por algunas denominaciones cristianas mientras otras elaboraron sobre la noción de la guerra justa. Una de aquellas denominaciones que se mantuvieron fieles a los preceptos originales fueron los cuáqueros. Dice Jean-Pierre Cattelain en su libro La objeción de conciencia: “Con los cuáqueros se afirmará el derecho de cualquier individuo, en conciencia, a resistirse al poder civil si le parece que este va en contra de la ley divina, o contra el simple sentido común”.

Esto último me toca de cerca porque la rama Lynch, que fue a Estados Unidos desde Irlanda, era cuáquera, a diferencia de la rama que fue a Chile y la Argentina, que eran católicos, por lo que el capitán Charles Lynch abandonó aquella religión que no le permitía participar en guerras y tener esclavos y se convirtió al catolicismo, que sí permitía ambas cosas. Fue el creador de la lamentable ley Lynch, es decir, el linchamiento, lo cual implica el abandono del debido proceso (en todas las familias se cuecen habas, también soy primo del Che Guevara, quien se definía a sí mismo y a sus huestes como máquinas de matar).

En esta nota periodística me quiero detener muy telegráficamente en tres autores de gran valía y son Étienne de la Boétie, León Tolstói y Henry David Thoreau. Es de gran interés prestar atención a sus propias voces.

Étienne de la Boétie (1530-1563) escribió la obra titulada El discurso de la servidumbre voluntaria, donde sostiene: “¿Acaso no es una desgracia extrema estar sometido a un amo del que jamás podrá asegurarse que es bueno, porque dispone del poder de ser malo cuando quiere? Y, obedeciendo a varios amos, ¿no es tantas veces más desgraciado? […] [El] tirano no dispone de más poder que el que se le otorga […] [Es lamentable] ver cómo millones y millones de hombres son miserablemente sometidos y sojuzgados, la cabeza gacha, a un deplorable yugo […] ¿Acaso no es vergonzoso ver a tantas y tantas personas, no tan sólo obedecer sino arrastrarse? […] si un país no consintiera dejarse caer en la servidumbre, el tirano se desmoronaría por sí solo, sin que haya que luchar contra él, ni defenderse de él. La cuestión no reside en quitarle nada, sino tan sólo en no darle nada […] Son pues los propios pueblos los que se dejan o, mejor dicho, se hacen encadenar, ya que con sólo dejar de servir, romperían sus cadenas. Es el pueblo el que se somete y se degüella a sí mismo; el que, teniendo la posibilidad de elegir entre ser siervo o libre, rechaza la libertad y elige el yugo; el que consiente su mal o, peor aun, lo persigue”.

Por su parte, Tolstói (1828-1910), en su ensayo titulado The Law of Love and the Law of Violence, apunta que cuando una persona gobierna sobre el resto, se dice que es despotismo, cuando diez lo hacen, se dice que es la oligarquía, pero cuando el cincuenta y uno lo hace sobre el cuarenta y nueve, se dice: “Es la libertad. ¿Puede haber algo más gracioso por lo absurdo del razonamiento?”. Y en su libro The Kingdom of God Is Within You afirma: “Nuestro país es el mundo, nuestros conciudadanos son la humanidad […] consideramos como anticristiano e ilegal todos los edictos gubernamentales que requieran el servicio militar […] el cristiano no sólo no está obligado a las directivas [dictatoriales] del Gobierno, sino que está obligado a la oposición en defensa de sus vecinos y a recurrir a la fuerza contra los trasgresores de la fuerza […] Mayores son las ventajas que se ganan al no someterse a las demandas del Estado que el someterse a ellas […] La corrupción consiste en robar a las personas industriosas de sus patrimonios a través de impuestos, distribuyéndolos en dirección a la avaricia de los funcionarios, quienes, como contrapartida, están obligados a mantener la opresión sobre la gente”.

En este último libro, Tolstói desarrolla en detalle el concepto de poder político, lo cual, debido a su extensión, no resulta posible incluirlo en una nota periodística, pero es del todo aconsejable consultar ese texto, que es poco conocido, debido a que los lectores han sido encandilados por Ana Karenina y La guerra y la paz. Dicho sea al pasar, en la misma línea argumental de lo que veníamos citando es muy recomendable detenerse en el segundo anexo de esta última obra, porque puede conciliarse con el análisis de los miembros de la escuela escocesa y, más contemporáneamente, de Michael Polanyi y del premio Nobel en Economía Friedrich Hayek en cuando al orden espontáneo.

Finalmente, Henry David Thoreau (1817-1862), en su trabajo titulado Civil Disobedience , después de burlarse de aquellos ingenuos que creen a pie juntillas la propaganda de los Gobiernos en cuanto a que los sumisos son en realidad “buenos ciudadanos” (al efecto de poder explotarlos mejor), afirma: “Los hombres reconocen el derecho a la revolución, esto es, el derecho a rechazar la obediencia y a resistir al Gobierno cuando la tiranía o su ineficiencia es grande e insoportable […] [Lo peor] son aquellos que se sientan con las manos en los bolsillos y no hacen nada […] hay quienes piensan que el remedio puede ser peor que la enfermedad, pero la culpa es del Gobierno que hace las cosas peor […] Bajo un Gobierno que pone en la cárcel injustamente, el lugar apropiado para un hombre justo es la cárcel […] Yo no he nacido para ser forzado […] Ningún Gobierno debería tener derecho sobre mi persona ni sobre mi propiedad”.

Por supuesto que también desde la perspectiva de quienes integran el aparato estatal no hay justificativo para la opresión, la obediencia debida es una pantalla inaceptable para cualquier persona con un mínimo de decencia y sentido común. En el libro antes mencionado de Cattelain, referido a las fuentes de jurisprudencia que tomó el tribunal internacional de Nurenberg para juzgar a los asesinos nazis, contradijo la defensa de estos sicarios: “Acordémonos de que la mayoría de los acusados alegaron su deber de obedecer a las órdenes recibidas de la autoridad legítima. No obstante, el procurador británico observó que ‘llega un momento en que el hombre debe negarse a obedecer a un jefe si quiere ser fiel a su conciencia’. En sus disposiciones, el tribunal de excepción estableció claramente que la obediencia a las leyes y a las órdenes podía ser criminal y que el subordinado debía examinar en conciencia las implicaciones que tendría su sumisión y en caso necesario desobedecer”.

En resumen, la objeción de conciencia, que comenzó en un plano puramente religioso, se extendió a otras esferas, tanto para gobernados, cuando el Leviatán se excede en sus facultades legítimas, como para las órdenes estrafalarias que reciben funcionarios del poder. Desafortunadamente, en la actualidad el positivismo legal ha hecho estragos, incluso en muchas de las Facultades de Derecho, donde la ley vigente no se juzga con mojones o puntos de referencia extramuros de la ley positiva. Ninguna persona razonable puede soportar que el monopolio de la fuerza que denominamos Gobierno pueda hacer lo que le venga en gana con las vidas y las haciendas de la gente basado en leyes que por sus características son a todas luces injustas.

Es claro que el sistema político hace agua por los cuatro costados. Me refiero a la degradación de la democracia para convertirla en un adefesio al asimilarla a las mayorías ilimitadas sin otro contenido de ninguna naturaleza. Y esto no solo ocurre en países como Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia o Nicaragua, ocurre en Europa. El problema no está circunscrito al extremo de Grecia, sino que también aparece en otros países y que, en el continente americano, incluye a los Estados Unidos, que han traicionado los valores y los principios de los padres fundadores del otrora baluarte del mundo libre con endeudamiento colosal, gastos públicos siderales y reglamentaciones asfixiantes en medio de ausencias del debido proceso y del resguardo de las libertades individuales.

Cincuenta años antes de Cristo, Cicerón, en De la República, consignó: “El imperio de la multitud no es menos tiránico que el de un hombre solo, y esa tiranía es tanto más cruel cuanto que no hay monstruo más terrible que esa fiera que toma la forma y nombre de pueblo”. En De las Leyes y en De los deberes subraya el motivo por el cual se establecen los Estados y la validez de mojones y puntos de referencia extramuros de la norma positiva. En esta última obra destaca: “No habrá leyes diferentes en Roma y en Atenas ni diferentes leyes ahora y en el futuro, sino una eterna que es válida para todas las naciones y todos los tiempos”; “El propósito central para el establecimiento de los Estados y las normativas consiste en que la propiedad sea asegurada”.

Lamentablemente esta visión no fue adoptada en su tiempo y con poca extensión en otros, pero en los que corren prácticamente se ha abandonado por completo. La preservación de la dignidad de cada cual se ha trocado por el manejo indiscriminado de los aparatos estatales de las vidas y las haciendas ajenas.

Hoy se entiende que los legisladores pueden hacer y deshacer a sus anchas, sin miramientos, los derechos de la gente, que son en verdad superiores y anteriores al establecimiento de los Gobiernos, que existen precisamente para proteger aquellos derechos.

Es de gran importancia detenerse a considerar las reflexiones de Cicerón para percatarse de los desvíos descomunales que ahora se viven y que se toman como cosa natural cuando significan degradaciones superlativas de la naturaleza y las funciones del monopolio de la fuerza.

Visto desde otro planeta, ¿no es un tanto estúpido seguir repitiendo los mismos errores una y otra vez? ¿No es muy corta la vida terrenal como para consumirla en los mismos pantanos? ¿No convendría estudiar un poco de historia para no repetir idénticas barrabasadas? ¿No es aburrido hasta el hartazgo reincidir en efectos que han ocurrido millares de veces a través del tiempo? ¿Será este el destino de la humanidad o tenemos la capacidad de recapacitar y encaminarnos por las sendas de la libertad y el progreso? Aldous Huxley indicó: “La gran lección de la historia es que no se ha aprendido la lección de la historia”.

Es que, como nos han enseñado maestros de la economía y la ciencia política, el tema medular reside en los incentivos. Si los sistemas incentivan el saqueo, eso es lo que habrá; si los sistemas incentivan el respeto recíproco, eso es lo que sucederá.

Entonces, la mirada debería centrarse en los marcos institucionales que por ahora incentivan alianzas y coaliciones que arrasan con los derechos para beneficio de los políticos y la clientela que vive a expensas del trabajo de otros. Por tanto, es imperioso establecer nuevos y más potentes límites al poder.

Sin embargo, observamos con alarma que son muchos los que tienen la esperanza de que la situación se modifique con las mismas recetas que condujeron al fracaso y, naturalmente, esto constituye un soberano contrasentido: las mismas causas generan los mismos efectos. En consecuencia, deben pensarse, debatirse y ejecutarse otras medidas para ponerle bridas al Leviatán antes de que carcoma lo que queda del espíritu libre.

Veo que demasiados profesionales se concentran en proponer medidas de transición, pero no se ha pensado hacia dónde se quiere transitar. No se trabaja suficientemente en las metas. Para citar otro clásico, Séneca escribió: “No hay vientos favorables para el navegante que no sabe hacia dónde se dirige”.

Además, como queda dicho, es menester ponerle frenos institucionales a la voracidad de los aparatos estatales para poder establecer metas y transiciones, de lo contrario el sistema deglutirá cualquier buen propósito.

Ya me he referido en otras oportunidades a las sugerencias no atendidas de Montesquieu aplicables al Poder Ejecutivo, a las de Friederich Hayek para el Legislativo y a las de Bruno Leoni para el Judicial. También he puntualizado que si esas políticas por alguna razón no se estiman convenientes, debe pensarse en otras, pero lo que no se puede hacer es lo que por el momento se hace, léase quedarse de brazos cruzados, a la espera de que las mismas recetas conduzcan a resultados diferentes.

Después de Cicerón hubo numerosos autores que insistieron sobre el mismo problema de los peligros de las mayorías ilimitadas, con lo que la democracia se convierte en cleptocracia a lo Adolf Hitler o Hugo Chávez. Por ejemplo, Bertrand de Jouvenel, en su ensayo Order versus Organization, escribe: “La soberanía del pueblo no es, pues, más que una ficción que a la larga no puede ser más que destructora de las libertades individuales”. Benjamin Constant, en Curso de política constitucional, afirma: “Los ciudadanos poseen derechos individuales independientes de toda autoridad social o política y toda autoridad que vulnere esos derechos se hace ilegítima […] La voluntad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto”. El referido premio nobel, Hayek, en el tercer tomo de su Derecho, legislación y libertad, pone de manifiesto: “Debo sin reservas admitir que si por democracia se entiende dar vía libre a la ilimitada voluntad de la mayoría, en modo alguno estoy dispuesto a llamarme demócrata”.

Es que, como explica Giovanni Sartori en el primer volumen de su Teoría de la democracia: “El argumento es que cuando la democracia se asimila a la regla de la mayoría pura y simple, esa asimilación convierte un sector del demos en no-demos. A la inversa, la democracia concebida como el gobierno mayoritario limitado por los derechos de la minoría se corresponde con todo el pueblo, es decir, con la suma total de la mayoría y minoría. Debido precisamente a que el gobierno de la mayoría está limitado, todo el pueblo (todos los que tienen derecho al voto) está siempre incluido en el demos”.

Pues bien, no se cumple este ideal de Sartori y de todos los pensadores de la tradición de la sociedad abierta desde los aristotélicos en adelante y esto se debe a incentivos perversos incrustados como caballos de Troya en el seno de la democracia que deben ser removidos. Como queda dicho, instalando en su lugar límites al abuso del poder, ya que el problema no es de hombres, sino de instituciones. Al decir de Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos: “[Para que] el gobierno haga el menor daño posible”.

Sin duda que para que introducir límites al poder primero se deben comprender los descalabros que produce el poder ilimitado en temas centrales. A título de ilustración menciono el asunto de la igualdad, que en una sociedad abierta alude exclusivamente a la que es debida ante la ley, es decir, que todos tienen los mismos derechos y deben ser respetados a rajatabla, lo cual es incompatible y mutuamente excluyente con la igualdad de ingresos y patrimonios. Si se restringe el derecho de cada cual de usar y disponer de lo propio, porque el Gobierno se lo arrebata, esto necesariamente quiere decir que hay desigualdad ante la ley. A lo cual debe agregarse que esa política de redistribución de ingresos perjudica muy especialmente a los más necesitados, puesto que la asignación forzosa de los siempre escasos recursos equivale a consumo de capital, dado que redistribuir implica volver a distribuir coactivamente lo que pacíficamente la gente distribuyó en el supermercado y afines con sus compras y sus abstenciones de comprar.

En otras palabras, la diferencia de rentas y patrimonios en una sociedad libre dependerá de las decisiones diarias de la gente, lo cual maximiza las tasas de capitalización, que es la única causa por la que se elevan ingresos y salarios en términos reales.

Entonces, la manía del igualitarismo constituye un obstáculo serio al progreso, a la idea de establecer límites infranqueables al abuso del poder. Mientras que el mencionado abuso se considere algo ponderable, no resulta posible avanzar. Es por esto que se atribuye, con razón, mucha importancia a la educación en valores y principios de la libertad.

Se ha dicho que la educación no vale de mucho: “Un pueblo educado como el alemán lo aplaudió a Hitler”. Pues esto no es cierto. Para refutar de modo contundente ese pensamiento no hay más que repasar la enorme influencia que tenían en esas épocas las obras que alaban el espíritu totalitario como las de Johann Herder, Johann Fichte, Friedrich Schelling, Friedrich Hegel, Gustav von Schmoller, Werner Sombart y Friedrich List. Siempre la educación (para bien o para mal, si se trasmiten valores compatibles con la sociedad abierta o si los contradicen) prepara el ámbito de lo que sucederá en el terreno político.

Resulta alarmante comprobar la cantidad de tecnócratas que sugiere mantener instituciones perversas, pero administradas por personas eficientes, en lugar de reformularlas, para no salirse de lo políticamente correcto, y todo esto en el contexto de quejarse por el incendio sin ocuparse de detectar y combatir el origen del fuego.

Es de desear que no se repita la historia de los avasallamientos de las autonomías individuales. Es de desear que se salga lo más rápido posible del sistema de la rapiña de los aparatos estatales, que significan ajustes diarios a los bolsillos de la gente y que no se aleguen gradualismos para demorar el cambio, puesto que significan demandas infundadas contra el derecho. No pueden alegarse derechos adquiridos contra el derecho, del mismo modo que cuando se eliminó la esclavitud no se dieron curso a los pedidos de indemnizaciones o gradualismos para salir de esa aberrante institución para atender reclamos de muchos de los hasta ese momento considerados dueños de esclavos.

Con estos antecedentes de la FAO puede entenderse hoy, por ejemplo, el chiste de pésimo gusto que esa entidad haya premiado en este 2015 a los gobiernos de Venezuela y Argentina por la eficaz tarea para aliviar el hambre en esos países (sic).

En el muy extenso documento mencionado se destacan muchos puntos que no pueden cubrirse en una nota periodística, de modo que solo mencionaremos algunos que dividimos en doce secciones al correr de la pluma. Primero, se ha politizado la FAO en grado creciente al tiempo que se ha incrementado en grado exponencial su presupuesto y la cantidad de funcionarios contratados y “cada vez más hostil a la libre empresa. Suscribe la ideología colectivista patrocinada por las naciones más radicalizadas”.

Segundo, en la misma línea argumental la “FAO fracasa con sus consejos a los gobiernos cuyos políticas impiden el progreso agrícola […] y establece Programas de Cooperación Técnica que básicamente consiste en un centro político que es usado discrecionalmente por la dirección que provee estadísticas erróneas y engañosas, junto a medidas que desalientan a que trabajen allí profesionales calificados”.

Tercero, el caso más resonante del fracaso de la FAO fue el de la hambruna en Etiopía “en el que la FAO participó sin declarar nunca que las causas del problema eran las políticas económicas socialistas que condujeron a la catástrofe […], en aquel momento, además [de los malos consejos], quien dirigía la FAO apuntaba a sacarse de encima al representante de Etiopía al efecto de posibilitar su reelección en el cargo, lo cual logró por tres períodos de seis años cada uno”.

Cuatro, el presupuesto de la FAO constituye “una fuente de controversias permanentes porque no permite la información que permitiría una idea clara de donde se asignan los recursos proporcionados por los gobiernos con los recursos de los contribuyentes, lo cual hace que la correspondiente evaluación resulte imposible”.

Quinto, los casos de distintas naciones africanas respecto al apoyo a políticas estatistas respecto al agro, así como el caso de Tailandia en la misma dirección también en el área rural y lo mismo en China, políticas fallidas que se extienden a otras naciones como Guatemala, India y Costa Rica “todo contrario a los abordajes de la empresa privada en lo que respecta al freno al progreso agrícola”.

Sexto, en muchos sectores la FAO ha suspendido incluso la cooperación con el sector privado puesto que sus autoridades declaran que “los gobiernos pueden mejorar la planificación del área agrícola […] lo cual ha sido hoy abandonado incluso en algunos sectores de la economía china”.

Séptimo, la FAO “estimula el establecimiento del control estatal de precios como en los casos de Egipto, Tanzania, Ghana y Malí […] a lo que frecuentemente se añade el consejo de acumular granos operado por los gobiernos que naturalmente afecta al sector privado”.

Octavo, reiteradamente la administración de la FAO “reclama una redistribución de ingresos a nivel mundial […] situación que sugiere se haga a través de gobiernos o sus organismos internacionales desde los países desarrollados a los subdesarrollados que como es sabido ha producido graves problemas”.

Noveno, la FAO apunta al crecimiento poblacional, “la mentalidad maltusiana” como una de las causas de los problemas económicos en lugar de “concentrarse en el deterioro de los marcos institucionales”.

Décimo, también los consejos de la FAO respecto a plagicidas, fertilizantes y enfoques errados sobre la ecología en general han conducido a desajustes y crisis “en casos como los de Mozambique, Somalia, Nigeria y Libia en el contexto, como ha dicho una fuente de un funcionario que quiso quedar en el anonimato, que se han desdibujado cifras respecto al retorno sobre la inversión para hacer aparecer como atractiva la política aconsejada”.

Décimo primera, no solo se consignan las políticas contraproducentes de la FAO en su campo de acción sino que “interviene en otros sectores como son sus consejos en cuanto a la estatización del transporte”.

Y, por último, décimo segundo en este resumen, como conclusión la autora de este largo y documentado trabajo sostiene que “la FAO debe dejarse morir, que sería una justificada y buena muerte”.

La FAO ha insistido a poco de su instalación en la conveniencia del impuesto a la renta potencial y la reforma agraria (1955) sobre lo cual hemos escrito en otra oportunidad, conceptos que ahora parcialmente reiteramos en el contexto de la organización internacional de marras.

En las truculentas lides fiscales, desafortunadamente lo más común es la idea de lo que se ha dado en llamar “el impuesto a la renta potencial”. El concepto básico en esta materia es que el gobierno debería establecer mínimos de explotación de la tierra ya que se estima que no es permisible que hayan propiedades ociosas o de bajo rendimiento en un mundo donde existen tantas personas con hambre. El gravámen en cuestión apunta a que los rezagados deban hacerse cargo de un tributo penalizador, el cual no tendría efecto si las producciones superan la antedicha marca.

En verdad este pensamiento constituye una buena receta para aumentar el hambre y no para mitigarlo. Si pudiéramos contar con una fotografía en detalle de todo el planeta, observaríamos que hay muchos bienes inexplorados: recursos marítimos, forestales, mineros, agrícola-ganaderos y de muchos otros órdenes conocidos y desconocidos. La razón por la que no se explota todo simultáneamente es debido a que los recursos son escasos. Ahora bien, la decisión clave respecto a que debe explotarse y que debe dejarse de lado puede llevarse a cabo solo de dos modos distintos. El primero es a través de imposiciones de los aparatos estatales politizando el proceso económico, mientras que el segundo se realiza vía los precios de mercado. En este último caso el cuadro de resultados va indicando los respectivos éxitos y fracasos en la producción. Quien explota aquello que al momento resulta antieconómico es castigado con quebrantos del mismo modo que quien deja inexplorado aquello que requiere explotación. Solo salen airosos aquellos que asignan factores productivos a las áreas que se demandan con mayor urgencia.

Las burocracias estatales operan al margen de los indicadores clave del mercado y, por ende, inexorablemente significan derroche de los siempre escasos factores de producción (si hacen lo mismo que hubiera hecho el mercado libre y voluntariamente, no hay razón para su intervención ni para los gastos administrativos correspondientes y, por otra parte, la única manera de conocer que es lo que la gente quiere en el mercado es dejarlo actuar). Este desperdicio de capital que generan los gobiernos naturalmente conduce a una reducción de ingresos y salarios en términos reales puesto que las tasas de capitalización constituyen la causa de los posibles niveles de vida, con lo que en definitiva el impuesto a la renta potencial incrementa los faltantes alimenticios de la población.

Esta conclusión es del todo aplicable a la tan cacareada “reforma agraria” en cuanto a las disposiciones gubernamentales que expropian y entregan parcelas de campo a espaldas de los cambios de manos a que conducen arreglos contractuales entre las partes en concordancia con los reclamos de la respectiva demanda de bienes finales, lo cual ubica a los bienes de orden superior en los sectores necesarios para tal fin. Ese desconocimiento de los procesos de compra-venta inherentes al mercado también perjudica gravemente las condiciones de vida de la gente, muy especialmente de los más necesitados.

Los procesos de mercado recogen información dispersa y fraccionada entre millones de personas a través de los precios, sin embargo, los agentes gubernamentales puestos en estos menesteres invariablemente concentran ignorancia con lo que se desarticula el mercado, lo cual genera las consiguientes contracciones respecto a lo que se requiere y sobrantes de lo que no se demanda, dadas las circunstancias imperantes.

En este tema de los impuesto a la tierra hay una tradición de pensamiento que surge de los escritos de Henry George por lo que se considera que los impuestos a la tierra se justifican debido a que ese factor de producción se torna más escaso con el mero transcurso del tiempo (solo puede ampliarse en grado infinitesimal) mientras que el aumento de la población y las estructuras de capital elevan su precio sin que el dueño de la tierra tenga el mérito de tal situación. Por ende, se continúa diciendo, hay una “renta no ganada” que debe ser apropiada por el gobierno para atender sus funciones.

Este razonamiento no toma en cuenta que todos los ingresos de todas las personas se deben a la capitalización que generan otros y no por ello se considera que el ingreso correspondiente no le pertenece al titular. Esto ocurre no solo con los beneficios crematísticos (los ingresos no son los mismos del habitante de Uganda del que vive en Canadá, precisamente debido a que las tasas de capitalización de terceros no son las mismas) sino de beneficios de otra naturaleza como el lenguaje que existe en el momento del nacimiento del beneficiario y así sucesivamente con tantas otras ventajas que se obtienen del esfuerzo acumulado de la civilización.

En alguna oportunidad se ha legislado “para defenderse de la extranjerización de la tierra” lo cual ha hecho también la FAO, como si los procesos abiertos y competitivos en la asignación de los siempre escasos factores productivos fueran diferentes según el lugar donde haya nacido el titular, y como si los lugareños que declaman sobre nacionalismos no descendieran de extranjeros en un proceso de continúo movimiento desde la aparición del hombre en África. Esta visión de superlativa ceguera y de cultura alambrada es incapaz de percatarse que las fronteras y las jurisdicciones territoriales son al solo efecto de evitar la concentración de poder en manos de un gobierno universal, y no porque “los buenos” son los locales y “los malos” los extranjeros (atrabiliaria clasificación que, entre otras cosas, reniega de nuestros ancestros).

Es de esperar que en debates abiertos se perciba que los procesos de mercado son los más efectivos para reducir el hambre y no la politización de un tema tan delicado que barre con las señales para asignar recursos del modo más adecuado a las necesidades, especialmente de los más débiles. Respecto a las peligrosas falacias que rodean al tema específico de la ecología, las he tratado en mi trabajo titulado “Debate sobre ecología” que puede localizarse en Internet.

Sin embargo, no tienen en cuenta que a principios de los noventa el sistema explotó debido a los niveles inauditos del gasto público y los impuestos que, entre otras cosas, se reflejaron en el pésimo sistema de salud en el que los pacientes esperaban en interminables filas que se los atienda mientras se sucedían accidentes irreversibles antes de ser atendidos y los que podían viajaban al exterior para consultar médicos (los que esperaban que se los atienda “gratis” en sus países de origen, por ejemplo, se quedaban ciegos antes de poder ser revisados por un oculista y así sucesivamente).

Otro fracaso rotundo fue en el campo educativo donde a partir de los noventa se eliminó el monopolio estatal y se abrió a la competencia. Debido al referido sistema donde creció exponencialmente el Leviatán comenzó a debilitarse notablemente la Justicia y la seguridad.

Como queda dicho, a partir de los noventa se privatizaron todo tipo de empresas, en primer término, la electricidad, el correo y las telecomunicaciones con lo cual el gasto público se redujo junto a la presión impositiva.

Por otra parte, en gran medida se liberó el mercado laboral con lo que el desempleo bajó considerablemente y se redujo el trabajo informal a que naturalmente se recurría antes de la liberación (en los tres países mencionados llegaba a más de un tercio de la fuerza laboral).

Por tanto el tan cacareado ejemplo de los países nórdicos en cuanto al “éxito” del socialismo queda sin efecto en todas sus dimensiones.

Hay una nutrida bibliografía sobre el fracaso del mal llamado “Estado Benefactor” (mal llamado porque la beneficencia es por definición voluntaria y realizada con recursos propios), pero tal vez los autores más destacados son Andres Linder, Nils Sanberg, Eric Boudin, Sven Rydenfelt, Mauricio Rojas y Nils Karlson, quienes muestran que, en promedio en las tres décadas principales del experimento socialista el gasto público en esos países rondaba el 64% del PBN y el déficit alcanzaba el quince por ciento de ese mismo guarismo. Un sistema también basado en la estatización del sistema denominado de “seguridad social” que operaba bajo el método de reparto que actuarialmente está de entrada quebrado y la insistencia en la tan reiterada “re-distribución de ingresos”.

Escriben los autores mencionados que en una medida considerable se han abandonado las antedichas políticas para reemplazarse por la apertura de mercados sustentados en marcos institucionales liberales que los hacen los más abiertos del mundo.

Incluso uno de los patrocinadores del socialismo en los países nórdicos -Gunnar Myrdal- finalmente escribió que tenía “sentimientos encontrados en lo que desembocó el sistema ya que las leyes fiscales han convertido a nuestra nación [Suecia] en una de tramposos”.

La apertura hacía los mercado libres, entre muchas otras cosas, incentiva la creatividad para llevar a cabo actividades hasta entonces impensables. Por ejemplo, recientemente en algunos de los países nórdicos ya no existe el problema de la basura ya que la reciclan para contar con más electricidad y calor, al contrario, compran basura de otros países.

Lo dicho hasta aquí sobre el estatismo no incluye las truculentas variantes de los países africanos y latinoamericanos más atrasados en los que se encubre una alarmante corrupción tras la bandera de la mejora a los pobres que se multiplican por doquier.

El antes aludido Nils Karlson, a pesar de ser noruego (un país que cuenta con el apoyo logístico de la riqueza petrolera) en su magnífica obra titulada The State of the State. An Inquiry Concerning the Role of Invisible Hands in Politics and Civil Society, sostiene que “El crecimiento en el tamaño del Estado es uno de los sucesos más destacados del siglo veinte. En todas las democracias occidentales, el estado se ha tornado más y más grande, en términos relativos y absolutos. Típicamente esos estados modernos se autodenominan estados benefactores caracterizados por varios tipos de sistemas distributivos, regulaciones y altos niveles de gastos públicos. En algunos de esos países el gasto del sector público alcanza más de la mitad del producto nacional bruto y los impuestos, en algunos casos, se llevan más de la mitad de los ingresos generados en la sociedad. Incluso las esferas más privadas han sido penetradas por el estado. Las sociedades se han politizado más y más”.

El también mencionado Neil Sandberg apunta en su libro What went wrong in Sweeden? que uno de los factores desencadenantes de la crisis fue su política monetaria representada por “la rápida implementación del keynesianismo” por lo que “Suecia abandonó el patrón oro antes que otras naciones”. Muy especialmente en los múltiples trabajos de los referidos Eric Boudin y Mauricio Rojas se incluyen en detalle otras políticas también responsables de los problemas suecos y la forma en que se revirtieron.

¿Por qué ha ocurrido este desvío grotesco de la tradición de gobiernos limitados a la protección de derechos a la vida, la propiedad y las autonomías individuales? Gordon Tullock produjo un ensayo titulado “The Development of Government” (todavía recuerdo a la vuelta de un viaje mi disgusto con la traductora por cómo tradujo literalmente al castellano el referido trabajo en la revista Libertas: “El desarrollo del gobierno”, en lugar de “El crecimiento del gobierno”; como escribe Victoria Ocampo, “no se puede traducir a puro golpe de diccionario”). En todo caso, Tullock alude a la impronta de Bismarck como la manía del aparato estatal de lo que se conoce como “seguridad social” (en verdad inseguridad antisocial), al nacimiento del impuesto progresivo y a las guerras donde muestra en sus cuadros que el gasto posguerra baja pero siempre queda a un nivel más alto del período antes del conflicto bélico. Esto lo refleja en los cuadros que acompañan a su trabajo, especialmente referidos al período 1790-1995 en Estados Unidos con comentarios de estudios de economías comparadas.

De cualquier modo, una idea que cuajó entre los redistribucionistas es lo que podemos bautizar como “la tesis Pigou” por la que el autor aplica la utilidad marginal a la noción fiscal para sustentar la progresividad. Así se dice que como un peso para un pobre no es lo mismo que un peso para un rico, si se sacan recursos de éstos últimos y se los entrega a los primeros, los ricos se verán perjudicados mientras que los pobres serán beneficiados en mayor proporción que la pérdida de los primeros por las razones apuntadas. Sin embargo, una aplicación correcta de la utilidad marginal hará irrelevante lo comentado puesto que la utilidad marginal significativa en este caso es la de los consumidores a quines no le resulta indistinto quien administra los escasos factores de producción con lo que la aludida redistribución (sea por métodos impositivos o de cualquier naturaleza) contradice sus indicaciones en las votaciones diarias en el mercado, por lo que habrá desperdicio de recursos y, consecuentemente consumo de capital junto a menores salarios e ingresos en términos reales.

Por nuestra parte, miramos dos motivos que se encuentran tras algunos de las consecuencias señaladas por Tullock en su ensayo. Estos dos motivos fundamentales son los marcos institucionales y la educación.

Mencionemos muy resumidamente estos dos componentes tan contundentes que se suceden tanto en países nórdicos como en cualquiera que adopte las recetas del “Estado Benefactor”. En ambos casos, en última instancia, se trata de incrustar más clara y frontalmente el saqueo en la política.

Lo primero se refiere a la falsificación de la democracia y monarquías constitucionales convirtiéndolas en cleptocracias. Sin nuevos límites al poder, el sistema puramente electoral y sin el alma del respeto de las mayorías a los derechos de las minorías, se convirtió en una trampa mortal para las autonomías individuales. Con solo levantar la mano en el Parlamento, las alianzas y coaliciones arrasan con los derechos. En otras palabras, constituye un escándalo pavoroso que la respuesta a tanto desatino consista en quedarse de brazos cruzados esperando la demolición final. Es indispensable pensar en otros controles, por ejemplo, como los que hemos sugerido en base a las propuestas de otros autores.

El segundo punto es tener en un primerísimo primer plano la importancia de la educación. Desde que tengo uso de razón se machaca que ese tema es para el largo plazo y que debemos ocuparnos del presente, sin percatarse que, precisamente, el presente está movido por los valores y principios que hemos sido capaces de exponer, es decir, la compresión y aceptación de los fundamentos de la sociedad abierta depende de lo que ocurra en el ámbito educativo. Y no es cuestión de declamar sobre las bondades de la educación sino de proceder en consecuencia y poner manos a la obra, sean países nórdicos o no. Es la tarea dura y no saltearse etapas y ocupar cargos políticos que por más que se simule “meterse en el barro” es para la foto y los halagos del poder.

Es imperioso ocuparse de marcos institucionales libres y de la educación en los valores de la sociedad abierta y no estar como los gobiernos venezolanos y argentinos en la búsqueda de enemigos en quienes endosar la responsabilidad de sus fracasos, tal como aconsejan hacer autores totalitarios como Carl Schmitt y Ernesto Laclau para distraer la atención de los verdaderos problemas y arrear con estrépito a los aplaudidores sin dignidad ni autoestima.

Para este análisis tomo parte de lo consignado en una columna de mi autoría publicada en “La Nación” de Buenos Aires en agosto 4 de 2006. Dice el adagio que si a uno lo engañan una vez, la vergüenza corresponde a quien engaña, pero si nos vuelven a engañar con lo mismo, la vergüenza es para uno. Resulta de interés preguntarse y repreguntarse qué grado de compatibilidad o incompatibilidad existe entre los llamados servicios de inteligencia y el sistema republicano de gobierno. Como es sabido, uno de los ejes centrales de ésta forma de concebir el aparato político consiste en la transparencia de sus actos.

Conviene a esta altura llevar a cabo el ejercicio de una mirada crítica sobre estas reparticiones tan peculiares. Prácticamente todos los gobiernos cuentan con servicios de inteligencia, lo cual no invalida el interrogante de marras. Cuando menos, llama la atención que una sociedad libre se desplace simultáneamente por dos andariveles tan opuestos. Por una parte, se insiste en la necesidad de que los funcionarios gubernamentales sean responsables de sus actos y que estos estén en conocimiento de los gobernados y, por otro, se procede de modo clandestino echando mano a fondos reservados por parte de agentes con nombres supuestos y para propósitos de espionaje y otros menesteres non santos que se mantienen en las sombras. Parecería que hay aquí un doble discurso y se entroniza una hipocresía digna de mejor causa.

Agentes dobles, contrainteligencia, secretos de Estado, escuchas y detenciones sin orden de juez, violaciones de domicilio, asesinatos, suicidios inducidos, sabotajes y, frecuentemente, seguimiento de los movimientos de los dirigentes de partidos políticos de oposición, a personas que poseen informaciones que no agradan a los gobernantes, embates encubiertos contra instituciones republicanas y pretendidos recortes a la libertad de expresión, son solo algunos de los hechos que producen los aludidos “servicios”. Esto es en lo que denominamos el mundo libre ya que en los totalitarios se destaca la implacable persecución a quienes no adhieren al poder de turno por medio de la policía política y otros mecanismos perversos.

En los Estados Unidos actualmente existen veinticuatro oficinas de inteligencia entre las que se destaca la CIA creada a fines de la década de los cuarenta. En Inglaterra el M 15 y M 16, en Canadá la CSIS, la BND en Alemania, el Mossad en Israel y la FSB en Rusia (sucesora de la KGB) son solo algunas de las caras visibles de este entramado de espionaje, contraespionaje y guerra subterránea.

El periodista de la BBC de Londres, Paul Reynolds, pone en tela de juicio la eficiencia de los servicios de inteligencia mas destacados del mundo y ejemplifica con la patraña tejida en torno a “la invasión preventiva” a Irak. Por su parte, Harry Browne señala en detalle los fiascos de los servicios de inteligencia estadounidenses en Vietnam, Corea, Somalía, Haití e incluso tiende un manto de sospechas sobre los que operaron durante la Segunda Guerra Mundial en la que se terminó entregando a Stalin aproximadamente las tres cuartas partes de Europa. Es que siempre los burócratas están tentados a utilizar estos departamentos para fines políticos y cuando no hay claros límites al poder y se permite recurrir a la clandestinidad , los abusos, traiciones, datos falsos, delaciones internas y bochornos como por ejemplo las ex amistades de la CIA como son las de Saddam Hussein y Bin Laden.

Por esto es que León Hadar del Cato Institute de Washington DC sugestivamente titula su ensayo “Los servicios de inteligencia no son inteligentes” en el que muestra con profusión de datos como la alegada seguridad nacional está en riesgo con estos procedimientos oscuros en los que, por definición, no hay control de gestión propiamente dicho. Hadar se refiere a los Estados Unidos -tradicionalmente el mayor defensor de la libertad- pero imaginemos que le cabe, por ejemplo, a la “inteligencia” del Estado argentino inaugurada por Perón en su primera presidencia a través del decreto 337/46 y, después de varios escándalos, continuada ahora bajo el proyecto de la Agencia Federal de Inteligencia la que, entre otras cosas, se ocupará de “delitos económicos y financieros” lo cual torna aun más grave la situación dado el contexto en que vivimos los argentinos de estatismo rampante, casi a la venezolana. Agencia de inteligencia ésta que constituye una tomada de pelo a la inteligencia de los ciudadanos debido a la camuflada extensión de sus funciones y en medio de los acontecimientos vinculados a la masacre de la AMIA.

Por otro lado, David Canon del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Indiana, en su trabajo titulado “Inteligencia y ética”, alude a las declaraciones de un agente de la CIA que explica que lo importante es lograr los objetivos sin detenerse en los medios “los temas legales, morales y éticos no me los planteo igual que no lo hacen los otros [integrantes de la CIA]” y documenta la cantidad de “sobornos a funcionarios, derrocamiento de gobiernos, difusión deliberada de mentiras, experimentos con drogas que alteran la mente, utilización de sustancias venenosas, contaminación de alimentos, entrega de armas para operar contra líderes de otros países y, sobre todo, complotar para asesinar a otros gobernantes”. En esta dirección ofrece ejemplos de operaciones de la CIA en Costa Rica, Corea, Colombia, Laos, Guatemala, Irán (fueron los que organizaron la policía secreta del Shah), China e Indonesia. Asimismo, reproduce las declaraciones del ex Presidente Truman quince años después de que estableciera la oficina de inteligencia central, en el sentido de que “cuando establecí la CIA, nunca pensé que se entrometería en actividades de espionaje y operaciones de asesinato”.

Pero como bien destaca Norman Cousins, el establecimiento de entidades de estas características “necesariamente tiene que terminar en un Frankenstein”. Idéntica preocupación revela Drexel Godfrey en la revista Foreign Affairs en un artículo titulado “Ethics and Intelligence” en el que añade las encrucijadas del célebre Embajador Joseph Wilson quien contradijo los informes de inteligencia ingleses y norteamericanos respecto al colosal engaño de las armas de destrucción masiva.

No se avanza mucho si se establecen estrictos contralores republicanos, división horizontal de poderes y, en general, los indispensables límites al poder político si éste puede deslizarse por la puerta trasera con todo tipo de abusos sin rendir cuenta al público, por mas que se tejan subterfugios mas o menos elaborados a través de comisiones parlamentarias.

Los servicios de inteligencia son compatibles con regímenes totalitarios de factura diversa, pero aparecen del todo inadecuados en el seno de una sociedad libre. No en vano en los Estados Unidos se extiende la utilización de la expresión rusa “zar” para el máximo capitoste del espionaje estatal, en lugar incluso de tercerizar y contratar servicios de averiguaciones privados al efecto de prevenir y castigar delitos con mayor eficiencia. Nuevamente reiteramos que si lo dicho ocurre en países llamados del primer mundo, pensemos que queda para el resto.

Es útil cuestionar y someter al análisis temas que habitualmente se dan por sentados. En este sentido, menciono dos áreas a vuelapluma. En primer término, la misma seguridad en la que, paradójicamente, para protegerla se la conculca vía los “servicios” que venimos comentando. Esto tiene lugar hoy, en gran medida en la lucha antiterrorista. En última instancia, el terrorismo apunta a desmantelar y liquidar las libertades individuales. Pues lo curioso del asunto es que, en la práctica, se otorga una victoria anticipada a los criminales del terror, precisamente conculcando las libertades individuales a través de espionajes, escuchas y procedimientos abiertamente reñidos con el debido proceso.

En segundo término, las epidemias de nacionalismos, xenofobias y racismos que toman los lugares de nacimiento como un valor y un desvalor al extranjero, como si las fronteras tuvieran algún sentido fuera de la descentralización del poder y como si las razas no fueran un estereotipo carente de significado entre hermanos que provenimos todos de África.

Entonces, no solo debemos concentrar la atención en la naturaleza y en los alegados servicios que prestan las estructuras de inteligencia, sino también atender debidamente a las causas que dan lugar al necesario debate en que ahora nos involucramos, al efecto de seguir indagando los graves inconvenientes de este tipo de inauditas e insólitas dependencias directas del Poder Ejecutivo el cual está supuesto de limitarse a ejecutar lo que promulga el Poder Legislativo con el contralor del Poder Judicial. Mientras ganen la partida los genuflexos del monopolio de la fuerza que replican que esos aparatos de inteligencia (con cualquier nombre que sea) deben estar en las manos directas del Ejecutivo “pero bien manejados”, si me permiten la expresión, solo se me ocurre decir: a joderse.

Frente a esta situación, la paradoja llamativa que se observa por doquier radica en que la reacción a todo este disloque consiste en demandar más de lo mismo. Esto ocurre con machacona insistencia en todos lados en medio de la tragicómica crítica a un capitalismo prácticamente inexistente de tanto introducir estatismos galopantes.

Uno de los tantos ejemplos de lo dicho ocurre en estos momentos en España frente a la elecciones generales del año próximo. El movimiento partidario Podemos propone acentuar grandemente el estatismo en muy diversos frentes. Pablo Iglesias sugiere la nacionalización de empresas que no se ajusten a las indicaciones del gobierno en cuanto a precios y utilidades. Sugiere la tan cacareada redistribución de ingresos, aumentando impuestos para los más pudientes, critica severamente los paraísos fiscales como si la meta fueran los existentes infiernos fiscales, sugiere incrementar el salario mínimo, incrementar las pensiones estatales y otorgar una “renta básica” para todos, en otros términos, más combustible para las garras del monopolio de la fuerza y menores ingresos para la gente que debe sufragar la ampliación del gasto público. Asimismo, sugiere pedir la condonación de parte de la deuda pública externa, señala que el problema fundamental es la desigualdad de rentas y patrimonios por lo que sostiene que debe discutirse la posibilidad de imponer un ingreso máximo.

Iglesias y sus asesores incurren una y otra vez en el error grave de sostener que lo relevante es el consumo cuando en verdad es la producción sin la cual no hay consumo posible. La fantasía de los estímulos artificiales a la “demanda agregada” supone que puede desconocerse la razón por la que puede consumirse, pone la carreta delante de los caballos y hace caso omiso a la Ley de Say alterándose la secuencia de los procesos económicos en los que el ahorro y la consiguiente inversión resultan aspectos cruciales.

Este apretado resumen son los puntos más salientes que aparecen en los documentos de Podemos y que Pablo Iglesias expone de viva voz, por ejemplo, en los programas televisivos de Madrid La noche en 24 horas y en La sexta noche. El asesor económico principal de Podemos (también lo fue de Hillary Clinton) es Vincenc Navarro quien declaró en Le Monde Diplomatique que “el socialismo es el medio superior para lograr buenos resultados”. El otro asesor de relevancia es Juan Torres, que participa también de esa corriente de pensamiento. Por otro lado, los representantes de Podemos en el Parlamento Europeo son en su mayoría comunistas, posición a la que adhería el propio Iglesias que por razones no del todo claras ahora sustituye su etiqueta por la de socialdemócrata.

Como he escrito antes, Stéphane Hessel publicó en París un panfleto dirigido principalmente a los jóvenes invitándolos a la rebelión no violenta, titulado Indignez-vous! que vendió un millón y medio de copias y se tradujo al español, portugués, alemán, japonés, italiano, inglés y griego. La versión española es la que primero prendió en sus lectores y como consecuencia de lo cual, a través de las redes sociales de Facebook y Twiter se congregaron primero en la Puerta del Sol en Madrid miles de jóvenes y luego lo hicieron en Granada, Valencia, Zaragoza y otras ciudades con la solidaridad expresada en otras capitales del mundo como New York. Podemos es una derivación de ese movimiento. Hessel es un sobreviviente de los campos de exterminio nazi (alemán de nacimiento pero desde hace mucho ciudadano francés), pero lamentablemente no ha comprendido las raíces del entrometimiento de los aparatos estatales en las vidas y haciendas ajenas puesto que es un acérrimo partidario de aquella contradicción en los términos denominada “Estado Benefactor” ya que el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno no puede hacer filantropía ni caridad, una actitud que requiere de actos voluntarios realizados con recursos propios y no succionando compulsivamente el fruto del trabajo ajeno.

Como queda dicho, resulta increíblemente curioso y por cierto muy paradójico que la gente sea explotada miserablemente por intervensionismos estatales inmisericordes y, simultáneamente, las víctimas piden más de lo mismo, legislaciones sindicales compulsivas incluidas.

Hay en todo esto una superstición mayúscula que es casi como un guión de Woody Allen. Se recurre a la ficción del Estado (siempre con mayúscula, mientras se escribe individuo con minúscula) es una especie de bolsa de recursos que viene de los cielos sin percibir que son otros vecinos los que se hacen cargo compulsivamente de las cuentas. Y más curioso aun es que se las agarran con los de más recursos apuntando a desguasarlos con lo que naturalmente, a la larga o a la corta, se quedan sin nada y la pobreza aumenta exponencialmente.

Por otra parte, es de gran importancia comprender que una buena defensa de la sociedad abierta no consiste para nada en pretender una defensa del régimen actual, sea en nuestro ejemplo del Partido Socialista o el Partido Popular responsables no solo de haber hecho crecer al Leviatán sino de producir notables escándalos de corrupción y de tejer alianzas con mal llamados empresarios que más bien son ladrones de guante blanco debido a los privilegios que reciben de modo parecido a los que se embolsan los burócratas. Sin duda que está el contrafáctico: hubiera sido peor con Podemos en el gobierno, pero no se trata de correr una carrera para ver quien comete más desatinos sino de adoptar los principios y valores del respeto recíproco que brinda la sociedad abierta. Iglesias cita la Constitución española que consigna que la propiedad privada debe subordinarse al interés general (como si el interés de las personas que no lesionan derechos no fuera compatible con el interés general).

Tampoco quiero cargar las tintas contra la política española ya que, cono hemos apuntado, lamentablemente está muy diseminada por el planeta, muy especialmente en la región latinoamericana como son los casos de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Argentina para no decir nada de a isla-cárcel cubana y lamentablemente de un tiempo a esta parte en Estados Unidos que, como he señalado repetidamente se viene latinoamericanizando rápidamente en el peor sentido de la expresión (en este sentido se publicaron dos ediciones de mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos). Veamos el caso de Grecia donde el 25 de este mes de enero habrá elecciones con probabilidades que gane Syriza, el partido comunista-antisemita que surgió en 2002 en el Foro Europeo de Florencia.

Sacando el antisemitismo criminal, sé perfectamente que no pocas de las propuestas mencionadas provienen de personas con las mejores intenciones, pero, como es de público conocimiento, las intenciones son irrelevantes, lo concluyente son los resultados.

Debemos retrotraernos a la historia y observar el correlato entre libertad y prosperidad moral y material. Veamos el caso de Estados Unidos antes de darle la espalda a los sabios consejos de los Padres Fundadores, veamos el caso argentino desde la Constitución alberdiana antes del fascismo de los años treinta y de la catástrofe del peronismo, sus imitadores y del estatismo militar.

Todo este marasmo es consecuencia de una educación deficiente. He citado ad nauseam al marxista Antonio Gramsci en el sentido de la receta muy cierta de “tomen la cultura y la educación y el resto se dará por añadidura”. Hay que poner manos a la obra y no lavarse las manos al decir que los resultados son a largo plazo. Cuanto antes se empiece, mejor. También lo he citado a este respecto a Mao Tse Tung en cuanto a que “la marcha más larga comienza con el primer paso”. Y aquí viene un asunto de la mayor importancia: en nuestro caso, cuando nos referimos a la relevancia de la educación no estamos circunscribiendo nuestra atención a la formal y mucho menos a la estatal, estamos enfatizando la importancia de valores y principios sin los cuales nada puede hacerse bien (esto va para el absurdo de sostener que Hitler surgió de un pueblo “educado” sin percatarse que era deseducado -fanatizado- por el resurgimiento de las ideas de autores como Herder, Fitche, Hegel , Schelling y List en colegios y universidades alemanas).

No cabe la crítica de sobremesa de cuanto ocurre y luego de engullir alimentos cada uno se ocupa de sus arbitrajes, muy legítimos pero absolutamente inconducentes al efecto de frenar la avalancha estatista. Tampoco se trata de votar por el menos malo, sino de correr el eje del debate para que los políticos del futuro puedan articular un discurso diferente ya que éste depende de lo que requiere la opinión pública.

Si hablamos del pasado no podemos eludir el tema del tiempo. El enigma del tiempo ha sido objeto de atención de muchos pensadores. San Agustín explicaba que el pasado ya no es, que el futuro aun no es y el presente se fuga cada segundo en el pasado y no entra en el futuro de modo que tampoco se lo puede aprehender. Einstein modificó la idea de Newton del tiempo absoluto al demostrar que los sucesos están en relación a la ubicación del observador. Bergson insistió en la relevancia del tiempo interior más que en el tiempo del reloj. Prust aludía a los tiempos múltiples. Wells imaginaba su máquina del tiempo navegando en direcciones opuestas. Prestley enfatizaba en el movimiento, en el transcurrir, en el contexto de cierta rutina y puntos de referencia como condición del tiempo, por lo que no es pertinente preguntarse que “hacía” Dios -la Primera Causa, el Acto Puro- “antes” de la creación, además de interrogarse acerca de la posibilidad de proceder de la nada puesto que ésta idea remite a la negación del ser. En nuestros días, Víctor Massuh elaboraba en torno al peso relativo del futuro como esperanza del progreso y la importancia del pasado para conocer sobre nuestros orígenes, y así sucesivamente con tantas otras disquisiciones sobre la cuarta dimensión.

En cualquier caso, volver a caminar lo caminado en direcciones que han conducido una y otra vez al fracaso constituye una receta altamente desaconsejable. Este proceder es una consecuencia de fallas en la memoria puesto que indudablemente se tiene una imagen desfigurada de los hechos anteriores, de lo contrario solo un suicida se empecinaría en desplazarse hacia el despeñadero.

Es curioso porque la memoria es un atributo de la condición humana. Solo metafóricamente decimos que los ordenadores tienen memoria, lo cual no es riguroso del mismo modo que cuando nuestras abuelas decían que para recordar tal o cual acontecimiento hacían un nudo en el pañuelo: no es que seriamente pueda decirse que el pañuelo tenía memoria, del mismo modo que solo metafóricamente sostenemos que el reloj “nos da la hora”.

En este contexto, debemos subrayar que las políticas estatistas se suceden en lo que falsamente se denomina democracia que se llevan a cabo bajo la fachada de una parodia de la democracia. Entre muchos otros, Giovanni Sartori nos ha advertido de cómo el desvío de la columna central de esta idea nos conducirá al regimenes totalitarios.

Decíamos que es curioso el desperdicio del valioso recurso del tiempo ya que hechos bochornosos se repiten sin cesar de una manera alarmante. Pongamos el ejemplo (entre tantos otros) de los precios máximos que vienen fracasando desde la época de Diocleciano en la antigua Roma a los casos más recientes de Venezuela y Argentina.

Está bien que en las cátedras de introducción a la economía se enseñe a los alumnos recién iniciados los efectos malsanos del control de precios, pero resulta harto aburrido reiterar estas explicaciones a gobernantes que se espera tienen alguna experiencia y conocimiento en la materia.

Pues si, hay que volver a explicar el tema como si no se hubiera ensayado cientos y cientos de veces a través de la historia y siempre con los mismos resultados nefastos, pero primero una mención al value free en cuanto a que se mantiene que no es procedente que un científico se incline por una u otra política introduciendo sus escalas de valores personales en lugar de ser aséptico y limitarse a señalar nexos causales.

Sé que esta noción puede interpretarse desde diversos ángulos a veces contradictorios, pero es que lo del value free tiene sus bemoles en cuanto a que para que la actividad científica tenga sentido debe prevalecer la honestidad intelectual lo cual implica la introducción de un valor clave y, en segundo término, para que cada uno puede proseguir con sus investigaciones (igual que con su vida) es condición indispensable la libertad, cosa que también significa la introducción de otro valor en el análisis de que se trate. De cualquier manera, si el objetivo es la armónica asignación de recursos, el control de precios no es la política adecuada.

Veamos entonces una vez más (aunque lo hayamos hecho infinidad de veces puesto que infinidad de veces se ha ensayado y se ensaya) los tan reiterados efectos de los precios máximos que en todos los casos se traducen en la imposición de precios inferiores a los que se establecen libre y voluntariamente en el mercado debido a las respectivas estructuras valorativas. Coloquialmente se los denomina “precios” máximos pero, estrictamente, no son precios sino números arbitrariamente establecidos puesto que, como queda dicho, aquellos aluden a valoraciones cruzadas entre compradores y vendedores. Decimos que son cruzadas debido a que las partes en las transacciones atribuyen valores distintos a lo que se entrega y a lo que se recibe, por ello es que ambas partes ganan siempre.

Los anunciados efectos pueden resumirse en ocho. Primero, una vez instalado el así denominado precios máximo hace que invariablemente la demanda excede a la oferta puesto que frente al stock ofrecido al momento hay mayor número de personas que pueden adquirir el bien o servicio en cuestión.

Segundo, como consecuencia de lo anterior, se producen un faltante artificial. Es sabido que al precio de mercado nunca, bajo ninguna circunstancia la demanda excede a la oferta ni ésta sobrepasa lo requerido puesto que el precio limpia el mercado: sube o baja lo necesario para producir ese resultado.

Tercero, los productores marginales, es decir, los menos eficientes, los que operan con márgenes operativos más reducidos, dejan de ofrecer puesto que entran en la franja del quebranto. Cuarto, debido a la inevitable conducta de los productores marginales se intensifica la antes mencionada escasez artificial.

Quinto, en el sistema de precios aparece una grave distorsión ya que bienes y servicios menos reclamados por los consumidores artificialmente obtienen márgenes operativos mayores que los que en verdad se demandan con mayor urgencia. Sexto, debido a este último efecto los siempre escasos recursos son, también artificialmente atraídos hacia áreas menos urgentes. Séptimo, como los salarios e ingresos en términos reales son el resultado de tasas de capitalización, se contraen como consecuencia del mencionado desperdicio de capital.

Y, octavo, la contabilidad y la evaluación de proyectos se desdibuja trasmitiendo señales falsas, por lo que lo dicho anteriormente se acentúa juntamente con la baja en el nivel de vida.

Si se pretende camuflar los faltantes artificiales con medidas adicionales como cuotas forzosas se producción se acentuarán los problemas puesto que significan la obligación de asignar más recursos hacia sectores en detrimento de las áreas que la gente considera prioritarias en sus votaciones diarias en el mercado.

Es que, como se ha explicado tantas veces, el sistema de precios trasmite información que por su naturaleza se encuentra dispersa y fraccionada. Cuando se pretende dirigir este delicado mecanismo recurriendo a la fuerza por parte de gobernantes, se concentra ignorancia con los resultados señalados.

No queda claro por qué se pierde o se deforma tan rápido la memoria del pasado sobre estos efectos que se suceden como una calesita descompuesta. Tal vez sea por considerar que precios controlados “bien administrados” generen buenos resultados ya que se estima que los intentos anteriores siempre fueron mal administrados. Pues bien, ya es hora que nos demos cuenta que el problema no reside en la administración de algo que por su naturaleza es perverso aunque pretenda disimular la acción depravadora de aparatos estatales que falsifican moneda culpando a los comerciantes por el incremento de precios.

Es un tanto extenuante y sumamente tedioso tener que repetir lo mismo, si por lo menos los errores fueran nuevos y originales la crítica sería más estimulante, pero la reiteración de errores provoca bostezos homéricos. Pensemos en lo que estamos haciendo para bien de la cooperación social y la condición de vida de todos, especialmente de los más necesitados que son los que siempre sufren más los despilfarros.

Muchos de los que idearon esta última visión con razón querían deshacerse del monopolio de las iglesias sobre la materia, especialmente la católica en países que se declaraban oficialmente de esa religión. A tal punto que en una provincia argentina (Santa Fe), en 1867, los que se oponían al matrimonio civil enmarcaron la ley correspondiente, la colgaron en una pared y la fusilaron en la plaza pública mientras el obispo del lugar amenazó con excomulgar al gobernador por ser el autor de la iniciativa legal.

En esta materia hay varios puntos que comentar. En primer lugar, ningún país civilizado debería mezclar el poder con la religión en ningún sentido. Esto se puso de manifiesto en la genial “teoría de la muralla” estadounidense para trasmitir esa separación tajante de personas que huyeron de las intolerancias y las espantosas masacres realizadas en nombre de la religión, de la misericordia y de Dios.

En segundo lugar, el aparato estatal no debería inmiscuirse en las relaciones amorosas entre las personas. No debería casar y descasar, liberando a que cada uno decida como desea manejar estas relaciones íntimas y personalísimas. Si las partes desean dejar constancia del uso de apellidos, de asuntos patrimoniales, los hijos y otras cuestiones lo podrán hacer ante escribano público asumiendo las responsabilidades que correspondan y árbitros privados estipulados en los respectivos acuerdos deciden ante los posibles conflictos entre las partes y con relación a la eventual prole asentando la jurisprudencia del caso en el contexto de un proceso evolutivo, tal como ocurría en el common law y durante la República romana y principios del Imperio.

En este sentido, todos los acuerdos de cualquier tipo que sean que no lesionen derechos de terceros deben ser respetados, respeto que no significa adherir a los mismos por parte de terceros, se trata de la manera de convivir pacíficamente sin agresiones innecesarias.

Y no se diga que algunas de las combinaciones posibles en uniones civiles significan lesionar los derechos de la prole por lo que los aparatos estatales deben prohibir, legislar y reglamentar puesto que con esta visión se sientan las bases de entrometimientos inaceptables de la fuerza que se permite que se filtren hasta hacer la vida imposible. No son pocos los matrimonios ordinarios que puede anticiparse con facilidad que la prole sufrirá. Muchos pueden ser los problemas: el griterío entre los cónyuges, la mala dieta, la falta de deportes, la mala educación y tantos otros aspectos como la adopción sobre lo que he escrito antes en detalle. Sabemos que los mortales no somos infalibles y que habrán muchos problemas diarios pero éstos empeoran en grado superlativo si se permite que el monopolio de la fuerza la juegue de niñera impuesta.

En tercer lugar, para no confundirnos en el lenguaje, el término “matrimonio” tiene un significado preciso y una larguísima tradición en este sentido: alude a la unión formal entre un hombre y una mujer que puede concretarse a través de una iglesia y/o una escribanía, lo cual excluye otras combinaciones que son uniones civiles (o puede recurrirse a neologismos para describirlas). Si bien los diccionarios son libros de historia y evolucionan los significados y los símbolos a través del tiempo, no conviene adelantarse y llamar perro al gato y viceversa al efecto de podernos comunicar. Para los religiosos es un sacramento, para los que no lo son es un compromiso laico.

Personalmente estimo que la constitución de una familia en la que se cultivan valores para fortalecer la formación de seres humanos es a través del matrimonio, pero no puede recurrirse a la violencia para atacar otras concepciones por más que otros no las compartan y ni siquiera las entiendan. Esa es la manera de convivir pacíficamente y que cada cual asuma su responsabilidad ante su conciencia, ante los demás y ante Dios. De allí es que la condición central del hombre es su libre albedrío por medio del cual se acierta y se incurre en desaciertos (más de esto último).

En el referido contexto, no habría tal cosa como el divorcio en el sentido que hoy se lo entiende con la participación necesaria del gobierno. Serían acuerdos entre las partes que pueden tener fecha de vencimiento, pueden preveer rupturas y toda otra variante que las partes consideren conveniente anticipar (y lo que no se ha anticipado, naturalmente irá a manos del árbitro según los procedimientos estipulados o, en su caso, los que no se hayan previsto).

En este tema también está presente la arrogancia de los gobernantes y la manía de la ingeniería social y la soberbia en cuanto al diseño de sociedades. Como ha escrito Adam Ferguson en A History of Civil Society (1767), nada peor y más peligroso que los “constructores de sociedades” que creen saber más que los interesados y no ven más allá de sus narices, no por perversidad sino por la natural ignorancia que a todos nos embarga por lo que apenas y con dificultad podemos manejar nuestras propias vidas, menos podemos pretender la coordinación de millones de seres humanos.

Se dice con razón que todo esto es inseparable de la educación y que, por tanto, hay que esperar a contar con gente educada para recién allí liberarlos de las garras estatales. Y para contar con gente educada, a su vez, el gobierno debe disponer de instituciones estatales para enseñar al efecto de ayudar a los más pobres. Extraño silogismo en verdad, es como se ha consignado: “no puede dejarse que la gente se meta en una pileta de agua antes que aprenda a nadar”. Un círculo vicioso formidable en el que se coloca la carreta delante del caballo, es claro que si no permite que se entre a la mencionada pileta nunca se aprenderá a nadar.

Sin ninguna duda que el problema es educativo, puesto que se trata de fundamentar valores básicos para entender y suscribir el necesario respeto recíproco. En el caso ahora comentado, por un lado el significado de la familia y, por otro, el respeto de otras combinaciones en las que no puede enviarse la fuerza bruta para disolver o modificar. También es llamativa la conclusión de que debe contarse con entidades estatales de educación “para ayudar a los más pobres”. He escrito mucho sobre este tema tan delicado e importante, pero en esta ocasión me limito a reiterar un solo aspecto del problema. Se trata de señalar la grotesca falacia de que los pobres son los beneficiarios de este sistema que curiosamente se denomina “gratuito”.

Para desentrañar esta madeja, lo primero es comprender que los salarios e ingresos en términos reales son consecuencia de las tasas de capitalización. No dependen de la buena voluntad de empresarios ni de promesas de políticos. En los países con altas tasas de capitalización los empresarios están obligados a pagar salarios más altos respecto a lo que ocurre en lugares de menores inversiones y los políticos que por decreto pretenden elevar ingresos, inevitablemente generan desempleo.

El paso siguiente es percatarse que, por esta misma interrelación entre ingresos y tasas de capitalización, los que se hacen cargo de impuestos para financiar compulsivamente la educación (o lo que fuere por imposición gubernamental) reducen sus inversiones con lo que, por lo dicho, los marginales, a su vez, ven mermados sus salarios, situación que significa que son ellos los que en definitiva pagan la educación con creces.

Decimos que lo hacen en definitiva y con creces porque debido a la utilidad marginal, sabemos que -aunque no resulten posibles las comparaciones intersubjetivas- un peso para un pobre no es lo mismo que uno para un rico con lo que concluimos que sobre los de menores recursos recae con más peso el gravamen.

Repetimos que los temas de los casamientos y descasamientos estatales derivan de la comprensión o incomprensión de valores: la preservación de las autonomías individuales en un tema tan personal que no se soluciona cargando las tintas sobre los más pobres en materia educativa (además de todos los otros aspectos sobre los que hemos abundado en otras oportunidades respecto a este tema espinoso, que nada tiene que ver con la admirable buena voluntad de los muchos docentes que se desempeñan y se han desempeñado en esas reparticiones estatales).

Es importante volver a la fuentes y acostumbrarnos a independizarnos de la idea del papá-Estado y, en esta instancia del proceso de evolución cultural, reservar el uso de la fuerza del gobierno para garantizar derechos vía la seguridad y la justicia, y desde luego no entrometerse en el matrimonio y en las uniones civiles de otras naturalezas. Como queda dicho, todo lo que no lesiona derechos de terceros debe ser permitido en una sociedad abierta.

Milton Friedman se burla de lo primero en Dólares y déficit insistiendo en la imperiosa necesidad de liberar el mercado cambiario y “hacer que el gobierno desaparezca sencillamente de la escena” . Por su parte, Friedrich Hayek en Toward a Free-Market Monetary System subraya que “Siempre, desde que el privilegio de emitir moneda fue explícitamente representado como una prerrogativa real ha sido patrocinado porque el poder de emitir moneda era esencial para las finanzas del gobierno, no para brindar una moneda sólida sino para otorgarle al gobierno acceso al barril de donde puede obtener dinero por medio de su fabricación”.

Es curioso que haya economistas profesionales que entren por la variante si debe o no debe devaluarse y, más llamativo aun, es que se lancen a patrocinar el valor en que debería situarse la divisa en cuestión. Es similar a que el debate se suscitara respecto al valor que debería fijarse a los pollos en lugar de liberar los precios luego del tristemente célebre “control de precios” que desde Diocleciano en la antigua Roma han demostrado su reiterado fracaso. Pues con el dinero ocurre lo mismo, los precios máximos a la divisa extranjera y mínimos a la local invariablemente conducen al mismo callejón sin salida.

Incluso de mantienen calurosas discusiones sobre cual debería ser el nuevo valor después de la devaluación, lo cual resulta tragicómico. También los hay que niegan que sean partidarios de la devaluación en vista de los efectos que esa medida provoca.

Es inútil, la manía por incrementar el gasto público en un contexto en el que la presión tributaria resulta insoportable se financia con emisión monetaria si es que no puede disimularse el déficit fiscal con endeudamiento externo. He aquí otra postura incomprensible: la de los economistas que suscriben la supuesta necesidad de financiarse con préstamos internacionales sin percatarse que ese canal no solo compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral que eligió al gobernante que contrajo la deuda, sino que facilita grandemente el derroche y en agrandamiento del aparato estatal.

Se suele esgrimir la conveniencia de la deuda pública externa para “la inversión” gubernamental. Pues, en primer lugar, no hay tal cosa como “inversión” por la fuerza ya que por su naturaleza significa abstención voluntaria de consumo para ahorrar cuyo destino es la inversión que opera debido a la preferencia temporal: la preferencia de lo futuro a lo presente. Ahorro forzoso o inversión por la fuerza constituyen contradicciones en los términos. En nuestro ejemplo, se trata de gastos no corrientes en el mejor de los casos.

Para no cargar tanto las tintas con nuestra profesión, tal vez debiera destacarse que muchos de los opinantes no son en verdad economistas. Usan esa etiqueta solo porque, por ejemplo, han opinado sobre la ley de la oferta y la demanda (generalmente mal formulada), es como si el que estas líneas escribe se autotitulara arquitecto porque alguna vez intentó levantar una pared (que, además, se derrumbó). Se trata de usurpación de título. En realidad es por eso que prefiero identificarme con mi grado de doctor en economía y no como economista.

En fin, dejando de lado esta digresión, la devaluación no es para nada una salida a los problemas creados por el Leviatán, se trata de un engaño transitorio. La solución en el mercado cambiario es liberarlo lisa y llanamente, lo cual reflejará la situación real de las paridades cambiarias. En realidad al aumentar la base monetaria, la banca central devaluó de facto lo cual se refleja en el mercado negro, solo que las exportaciones tienden a contraerse debido a que el “precio oficial” queda artificialmente rezagado y cuando no se lo quiere liberar se cambia la cotización de jure que naturalmente sigue atrasada. Esa es la devaluación.

El segundo tema de esta nota alude a lo que ha dado en llamarse “ajuste” que inexorablemente produce inmensos sufrimientos absolutamente inútiles (sea aquel solapado o explícito). Esto es así porque se trata de un parche que disimula el problema. Como he dicho antes, igual que en la jardinería la poda hace que la planta crezca con mayor vigor, el ajuste esconde la basura bajo la alfombra en lugar de erradicar de cuajo funciones estatales inútiles. Es como colocarle un corset a los efectos de ajustarle el abdomen a una persona excedida en su peso en lugar de encarar una dieta de fondo o de recurrir a la cirugía. Ajustar no es encarar el problema de fondo ya que el mal reaparecerá en el corto plazo.

Los padecimientos que se sufren por los ajustes son infinitamente mayores que los que ocurren cuando se adoptan con coraje y decisión las medias de fondo para desprenderse de reparticiones inconvenientes, las cuales sin duda generarán costos para algunos pero serán mucho más que compensados por el saneamiento perdurable.

Es lo mismo que si al enfermo grave en lugar de llevarlo al quirófano se le aplican inyecciones dolorosas que lo aliviarán temporalmente mientras el tumor crece.

En resumen, la extendida aplicación de las devaluaciones y los ajustes debieran sustituirse por la libertad cambiaria (no digo flotación porque está atada a la noción de “flotación administrada” o “sucia”) y por la eliminación de las funciones incompatibles con un gobierno republicano.

En relación a lo consignado, conviene tener presente lo escrito por Octavio Paz en El ogro filantrópico en cuanto a que lo establecido por los aparatos estatales se traduce en “un arte oficial y una literatura de propaganda […] Hay que decirlo una y otra vez: el Estado burocrático totalitario ha perseguido y castigado [es el] cáncer del estatismo […] Las tentaciones faraónicas de la alta burocracia, contagiada de la manía planificadora de nuestro siglo […] ¿Cómo evitaremos la proliferación de proyectos gigantescos y ruinosos, hijos de la megalomanía de tecnócratas borrachos de cifras y estadísticas?”. Esto último deber resaltarse: no se trata de un concurso de estadísticas sino de contar con libertad para que cada uno pueda seguir su proyecto de vida como mejor le plazca sin lesionar derechos de terceros, puesto que como ha escrito Tocqueville, “el que le pide a la libertad más que ella misma tiene alma de esclavo”.

Y para que pueda revertirse la situación y salir del marasmo de devaluaciones y ajustes, los intelectuales que se dicen partidarios de la sociedad abierta deben apuntar a erradicar los sistemas estatistas, lo cual significa alejarse de medidas timoratas que pretenden solo cambiar el decorado con hombres distintos y cambios menores. Precisamente, en este sentido es que Octavio Paz en la obra mencionada concluye respecto a nuestra región (pero aplicable a todos lados) que “Si los intelectuales latinoamericanos desean realmente contribuir a la transformación política y social de nuestros pueblos, deberían ejercer la crítica”.