El primer prejuicio a desterrar —la primera comprensión a instaurar— es que en el pasado no tuvimos dioses, sino próceres. Ni pura bondad, ni perversa malicia. Que poseyeron, muchos de ellos, excelsas virtudes y también defectos, en ciertos casos —leídos con el diario de hoy— hasta muy graves. Lo esencial es que ninguno de esos insignes antepasados quiso diabólicamente que a la Argentina le fuera mal, que se hundiera en el quinto infierno antes de nacer o apenas nata. Y también es importante comprender que hasta el más impoluto, probo e ilustre —irrumpe en este momento que escribo la figura nobilísima de San Martín— cometió sus errores, en este caso priorizar que “no se metería en las guerras intestinas”. En determinado momento, cuando regresó de Europa y llegó hasta Montevideo, en 1829, debió aceptar la oferta del gobernador de facto Lavalle y hacerse cargo del país para ponerlo en orden y progreso. Retroconjetura, contrafáctica. Imposible de corroborar, pero útil para reflexionar.

En rigor, la incomprensión entre nosotros es tan añeja que parece nuestra progenitora. ¿Hoy quién puede dudar de que para organizar al vasto virreinato, desde Acre hasta el cabo de Hornos y desde Antofagasta hasta Porto Alegre, era menester una Junta Grande representativa de esa vastedad y no una Junta porteña? Pero la incomprensión ganó por goleada —y eso que el partido lo jugaban muy doctos compatriotas— y así nos fue, con las secuelas de guerras internas y mutilaciones territoriales.

Hoy no hay argentino bien nacido —calculo que es el 99% de los 42 millones— que quiera que seamos colonia. A su manera, ese 99% quiere que tengamos patria. Entonces, ¿por qué azuzar, aguijonear ese vetusto “patria o colonia”? ¿Por qué dividirnos en eso de que “Macri gobierna para los ricos” y “Cristina lo hizo para los pobres”? Si el 10 de diciembre pasado, después de 12 años y medio, sufríamos de 12 millones de pobres, parecería que ese “gobernar para los pobres” fue un redondo y lastimosísimo fracaso. Un diseñado relato.

Por otro lado, el problema es la educación y el trabajo, estrecha e inescindiblemente unidos. Destinamos el doble que Singapur para educación —6% nosotros, 3% ellos—, pero en esa isla nadie escupe en la vía pública, es considerado horrible no tirar la cadena luego de hacer una necesidad y es el país récord en prestaciones de servicios que exigen mayor conocimiento y tecnología. Y no teniendo ni un trigal, ni un rodeo vacuno, ni las inmensas y adorables pampas, ni agua, ni oro, ni minerales, es una de las primeras economías del mundo medidas per cápita, con trabajo pleno y altamente remunerado.

Sostenemos que hay que generar confianza, ejemplaridad, seguridad (las dos, la personal y la jurídica), promover las pymes, invertir más, ampliar el mercado interno y el del mundo y tantas otras propuestas, incluyendo ir saldando las deudas sociales, desde la que tenemos con nuestros jubilados como las que siguen contraídas sobre todo con los cuatro millones de niños pobres, cuyo destino será inexorablemente la exclusión si no generamos las condiciones de una economía de prosperidad ya mismo. Cuando planteamos esto, estamos pensando en los pobres, en las clases medias, en todos. Para los ricos tenemos también nuestras iniciativas: que paguen un impuesto progresivo a la renta, porque esos recursos que irán al erario les darán a ellos la paz social de poder salir por calles y caminos para disfrutar lo que ganaron con su esfuerzo y su creatividad. Porque los ricos de la Argentina sin grieta son los que ganaron sus bienes invirtiendo y arriesgando, no los vivos y los acomodados que se asociaron con los corruptos para saquearnos a todos.

La corrupción es la colonia del eslogan. Es una literal infamia que los corruptos nos hablen de patria. Un patriota siempre es y debe ser honrado. Y la otra colonia es el engaño, aunque sea relatado. Mentirle al pueblo es execrable.

Un rico siempre es y debe ser socialmente responsable. Y un pobre merece que se lo auxilie de verdad, sacándolo de su situación indigna, no mediante la dádiva, sino acompañándolo para que complete sus estudios y se convierta en un trabajador. Y cuanto más conocimiento, mejor para él y para todos.

La grieta es perversa y la engendran la incomprensión, las ideas atrasadas y la lucha impiadosa, cruel, por el poder. La inhumaremos con comprensión, con ideas nuevas y creativas y con una puja por el poder civilizado, como lo mandan el espíritu y la letra de nuestra aún incumplida Constitución.

La memoria a la que se alude el 24 de marzo es la del horror. Por eso, establecer en esa fecha el Día de la Memoria y de los Derechos Humanos ha sido un redondo y quizás deliberado error. Estamos conmemorando el fin de una anarquía político-económica, el comienzo de la represión paraestatal y el inicio de una dictadura que elevó exponencialmente el terror y que fracasó categóricamente en los planos político, económico y también militar (rendición en Malvinas). Es un día de autoflagelación. Memoramos nuestras peores y más abyectas divisiones. Nos reunimos para recordar el horror, algo sencillamente irracional. Francia no se detiene para evocar la entrada nazi en París, sino para honrar al desembarco de Normandía y luego la liberación. Si hiciera lo primero, nunca se habría producido la reconciliación simbolizada por el histórico encuentro entre Charles de Gaulle y Konrad Adenauer y el acuerdo del Carbón y el Acero, embrión de la Unión Europea.

El 24 de marzo no hay nada que festejar. En esto coincidimos todos. Pero tampoco nos inspira nada bueno, virtuoso, esperanzador. Detenernos en esa fecha es masoquista y es azuzar la desunión nacional. Salvo quienes apuestan a eso de “cuanto peor, mejor”, nadie de buena fe y de mejor voluntad quiere que ahondemos nuestros enfrentamientos, la comúnmente llamada grieta. La inmensa mayoría desea la unión.

Sólo para ayudar al futuro valen algunos recuerdos. Estoy convencido de que Domingo Perón quería a un radical en la Vicepresidencia. Amagó con ello para la elección del 11 de marzo de 1973 (tenía en su mente un nombre que alguna vez mencionaré), pero finalmente se inclinó por Vicente Solano Lima. Empero, para los comicios del 23 de septiembre de ese año, tengo certezas y pruebas de que había optado por Ricardo Balbín y que mayoritariamente la Unión Cívica Radical se definía por la aceptación. ¿Por qué fue Isabel la candidata? Simple: se movilizó Norma Kennedy apañada por José López Rega y coparon el Congreso Justicialista que se realizaba en el Teatro Cervantes. Al día siguiente, Perón recibió al Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) en su casa de calle Gaspar Campos. Yo asistí. Comenzó la conversación con un rotundo: “Me hicieron una cabronada”, aludiendo a la candidatura de su mujer.

La conjetura retrospectiva es siempre equívoca, pero con Balbín en la Presidencia, ¡vaya a saberse si se hubiera producido el golpe! Lo cierto es que ese asalto al poder se produjo y con el diario de varios lunes posteriores somos conscientes y contestes de que fue un desastre.

Proponemos al 10 de diciembre como la fecha a celebrar. Es abarcadora de la memoria —nos recuerda que “nunca más” una dictadura—, de la verdad —sabemos todo lo que pasó, subrayando todo, para que no se sesguen ni la memoria ni la verdad—, de la justicia —el juicio a las Juntas, responsables del contraterror ilegal— y del futuro, que nos ilusiona porque ese día se restauró la democracia argentina.

El 10 de diciembre nos convoca a unirnos, a ilusionarnos, a mejorar individual y colectivamente, a comprometernos, a asumir responsabilidades, a no enrostrar, reprochar y denostar, sino a empeñarnos en depurar —sí, sanear— nuestra democracia para que por fin con ella se coma, se cure, se eduque y también se trabaje —porque cada vez hay más oportunidades de empleo —, se construyan hogares (físicos y espirituales, fortaleciendo a la familia), se viva dentro de la ley, con derechos humanos y todo el plexo normativo cumplido sin excepciones, hagamos más ciencia y tecnología (modernidad), ocupemos mejor nuestro espacio, incluyendo el marítimo. En fin, el 10 de diciembre suscita la epopeya de engrandecer al país —¿nos habremos olvidado de ello?—, de hacerlo justo, de aprovechar sus potencias, todo en democracia. No omito que la democracia anhelada proveerá muchas y buenas políticas públicas conducidas por un Estado con carrera administrativa, sin ñoquis ni acomodados. Habrá militancia, pero no rentados en el devastado Estado.

Urgentemente, hay que trasladar el Día de los Derechos Humanos al 10 de diciembre para que podamos celebrarlo todos con la vista puesta en el futuro. Que los nostálgicos del terror y de la fracturas entre argentinos se reúnan los 24 de marzo. Serán cada vez menos, se extinguirán de a poco. La mayoría nos recogeremos todos los 10 de diciembre para hacer un inventario de lo que hicimos y de todo lo que nos falta.

Lo bueno y esperanzador es el clima general de libertad. Me parece más subrayable la libertad que el diálogo en sí mismo. Aquélla brinda un contexto saludable, incitante para crear, innovar, hacer, es decir eso que la Argentina necesita para reconocerse a sí misma y así reencaminarse. El diálogo muchas veces es inundado por la circunstancialidad y la formalidad. Además, existen diálogos que para la salud pública – en el siglo pasado existió en la Capital un partido – relativamente exitoso – que así se denominaba – se acercan más a una dosis de contaminación, que a estímulos para que los argentinos nos amiguemos y unamos. Porque ‘dialogar’ con gobernadores elegidos ad eternum o sujetos de fuertes sospechas de corrupción podría desdibujar el noble mandato de cambio.

También anotamos los sinceramientos de algunas variables como el tipo de cambio, aunque está faltando activismo técnico en un INDEC demasiado perezoso, por lo menos para el paladar de muchos argentinos. Haberle sacado de encima la pata estatal al productivo campo argentino es una tonificante noticia saludada por miles y miles de productores – esos de ‘sol a sol’ – y por centenares de ciudades intermedias de todo el país que se beneficiarán con el nuevo apogeo rural.

Arreglar con esa espada peor que la de Damocles que significa la sentencia firme en nuestra contra dictada en Nueva York – jurisdicción que pusimos nosotros – es igualmente benéfico, no obstante las náuseas que nos suscita la especulación carroñera y la torpeza connivente de los funcionarios vernáculos que nos condujeron a esta situación tristísima y gravosísima.

Anunciar las autovías – como la inconcebiblemente demorada ruta 8 – o el puente Reconquista-Goya da aliento porque hace demasiado tiempo que se ha descuidado inexcusablemente la infraestructura ¿Cómo vamos a producir más con estas rutas, puertos y adolescencia de energía?

En el plano de lo inquietante coloco primordialmente la morosidad intolerable de la Justicia para darle un zarpazo a la corrupción, más allá de papeles, pericias, oficios, términos procesales y demás consabidas e insufribles yerbas ¿Hubo que esperar unos videos para citar a Lázaro Báez? Se asemeja mucho a una burla a la ciudadanía. Ciertamente el Ejecutivo no es responsable de la lentitud, pero la Oficina Anticorrupción parecería que debe medicarse con alguna pastilla energizante. Asimismo, el Legislativo no tendría que haber sido tan lábil – es el vocablo más elegante que me viene – y nombrar así como así al exdirector de la Afip y de la corruptísima ONCCA – tanto que hasta la disolvieron ante el formidable escándalo que implicaba su propia existencia –, ¡nada menos!, que Auditor General de la Nación. Esa designación nunca debió firmarse y a la luz de las ‘facilidades’ que le dio a Cristóbal López por más de 8.700 millones de pesos de impuestos no ingresados al erario, debe ser ejemplarmente removido, sin resignar ni el diálogo ni el objetivo de unir a los argentinos. Porque una cosa es unir y otra erigirse de facto en cómplice. Que la primera oposición proponga a alguien tan digno como confiable y será nombrado Auditor inmediatamente. La idoneidad que exige la Constitución no es una palabrita, sino un enorme vocablo, de intenso contenido. Llegó la hora de aprehenderla y ponerla en práctica.

Hay que terminar con pitanzas, canonjías, prebendas,  ñoquis – esos que inexplicablemente defiende algún sector gremial – ‘facilidades’ de la Afip, ventajas, privilegios, exenciones de impuestos como al juego y por supuesto con la corrupción y entonces habrá recursos para el 82% móvil para los jubilados, subir el mínimo de ganancias a $62 mil, con actualización automática y hacer viviendas sociales.

Con respecto a la inflación, no basta con decir que bajará en el segundo semestre. Debe haber un plan antiinflacionario y decirle al país que incentivar el consumo interno a costa de darle a destajo a la máquina emisora de billetes es mortífero.

Yo no hubiera eliminado las retenciones a la minería o hubiera condicionado esa medida a más controles ambientales y sobre lo que se exporta.

Somos tan optimistas como la mayoría y seguimos creyendo a pie juntillas que orden es progreso de veras. Que la democracia repele al desorden y que el debate no implica desunión. En una palabra, basta de prejuicio. Es tiempo para que impere el sentido común.

Es verdad que la independencia —nos significó desmembrar más de la tercera parte del país original—, la organización nacional —nos devoró medio siglo de guerras civiles—, la democracia —insumió tres revoluciones y mucha intransigencia— y la justicia social —nos introdujo en una fisura entre justicialistas y “contreras” que perduró por cuarenta años— se lograron con pugna. Empero, daría la sensación de que el país está hastiado de que los problemas se acumulen —incluyendo que cada vez somos menos independientes, mengua notoriamente nuestra organización, funciona insuficientemente la democracia y el 35% de pobres patentiza cuán lejana está la justicia social por la que luchamos— y las soluciones se posterguen.

La Argentina hace rato que viene preguntándose si no es posible asignar todas las energías al hacer, economizando retórica, sobre todo la vehemente, la que enciende rencor y odio en vez de motivar a la acción y las realizaciones. Por eso hace unos quince años se comenzó a hablar de políticas de Estado, esas directrices compartidas por todos que licuan las disparidades e impulsan el trabajo colectivo.

Crece la conciencia común de que es factible acordar sobre educación, política criminal y judicial en general, más ciencia y tecnología, defensa nacional, estrategia en el mar —que incluye el objetivo coincidente de recuperar las Malvinas y demás archipiélagos—, nuevo federalismo, economía productiva, generadora de empleos genuinos y bien pagos, inversiones de riesgo, Estado regulador, pero no interventor desbordado y mayor institucionalidad, asunto que abarca que los argentinos debemos amigarnos con la ley y enemistarnos definitivamente con las dos funestas v, ventaja y viveza (la criolla, no la del ingenio y aptitud, claro está).

Existen sectores que desprecian el orden y la ley, porque consideran que ambos favorecen la supervivencia de privilegios y desigualdades. Contrariamente a esa presunción, la ley y el orden son superlativamente progresistas —en Brasil, su lema es “Orden y Progreso” y a nadie se le ocurrió estigmatizarlo. Los sectores más poderosos del país no necesitan mayormente la ley, porque se rigen por la que ellos imponen o por la interpretación que les favorece. El orden primordialmente es para que los trabajadores, los empleados y los estudiantes —para señalar a tres estamentos paradigmáticos— puedan convivir en paz, transitar libremente y cumplir con sus obligaciones, lo cual les otorga derechos, como el plus por presentismo o la asimilación de saberes mediante el estudio, que prepara para afrontar el futuro mejor plantado. Las inversiones productivas y de riesgo no se plasman en medio del desorden. Los poderosos tienen sus resguardos con prescindencia del caos. Quienes pierden con el barullo recurrente y continuo son los que aspiran a buenos empleos con producción de alto valor agregado, subordinada a la movilización de la actividad económica en una sociedad con ley y orden.

La mayoría quiere que vayamos bien. Que progresemos con hechos, no con palabras. Que ampliemos derechos sosteniblemente. Como se dice ahora, sustentablemente. ¿Cómo se da sustentabilidad a los derechos? Con correlativas obligaciones. La contraprestación de un derecho siempre es una obligación. Algo elemental que los contestatarios ignoran.

La Argentina que viene confronta menos y construye más. Es más civilizada, porque dirime sus querellas y sus diferendos, no con palos y capuchas, sino con los instrumentos de diálogo institucional y a la postre judicial. ¡Claro que deben funcionar estas herramientas cien veces mejor!

Cuanto mejor, mejor. No tengo dudas.

El ministro prestó oído a más de veinte intervenciones de los presentes. Un resumen de los puntos en los que existió acuerdo generalizado ofrece las siguientes conclusiones.

Boleta única. Hubo unanimidad para que, como mínimo, se adopte el modelo cordobés —en una sola boleta impresa por el Estado se hallan todas las opciones partidarias y todas las categorías que se eligen. Existió respaldo para la introducción de la elección electrónica siguiendo la experiencia de Salta y de la ciudad de Buenos Aires. Se acabará el nefando “faltan boletas”. Una elección sin garantías de que estén en las mesas todas las opciones es una caricatura de la democracia y una literal burla a la ciudadanía.

Ente autónomo. Existió consenso en que un ente autónomo conduzca las elecciones para evitar que lo haga, como hasta ahora, una dependencia del Poder Ejecutivo. Por mi parte, agregué que ese ente debía ser designado con acuerdo de los dos tercios del Senado, tenía que disponer de autarquía y que no debía limitarse a dirigir las elecciones, sino que tenía que abarcar todo lo inherente a los partidos. Un fuero especializado.

Unificación del calendario electoral. Se coincidió en la necesidad de angostar la cantidad de elecciones. El ministro habló de que en 2015 tuvimos 32 domingos comiciales. Se evaluó que algunas constituciones provinciales —Tierra del Fuego y Antártida es una— establecen que la elección debe separarse de la nacional. Se acordó finalmente conversar con las provincias para buscar un reordenamiento de las fechas, con la intención de unificarlas dentro de lo jurídicamente factible.

Dos urnas. En casos, como el de la provincia de Buenos Aires, que tradicionalmente unifican las elecciones, cuando se elija presidente, debería haber una urna especial para esa votación y otra para las restantes categorías. De ese modo, se neutraliza el efecto arrastre. Un límite para la boleta sábana. Asimismo, se platicó sobre la necesidad de inhumar las colectoras, los lemas y los sublemas, sobre lo cual habrá que acordar con las provincias.

Padrón biométrico. Utilizando la tecnología, el padrón debe contener los resguardos para evitar la sustitución de identidad de los votantes.

Debate obligatorio. La confrontación de propuestas mediante el debate de los candidatos le da densidad al voto, que así se expresa más allá del diseño publicitario. El debate es un bien social que realza la expresión de la voluntad. La hace más genuina y le otorga más contenido.

Publicidad del Gobierno. La veda de publicidad gubernamental en períodos de campaña electoral debe extenderse a los treinta días que dura la actividad proselitista.

Campañas. Se deberá regular con absoluta estrictez que las campañas duran treinta días, poniendo fin al electoralismo permanente que agobia al pueblo y que desvía energías políticas que, en lugar de aplicarse a la gestión, se asignan a la cosecha de votos. Aunque, ¡qué mejor modo de ganar votos que haciendo una buena gestión!

Juntas Electorales de los partidos. Para revertir la desnaturalización de las primarias obligatorias, se deberá legislar en aras de un fortalecimiento de las Juntas Electorales internas. Estos cuerpos deben ser imparciales y asegurar que todos los grupos que reúnen los requisitos compitan. Precisamente ese es el sentido de las PASO. Las primarias deben ser para seleccionar candidatos, no una gran encuesta, como han sido hasta hoy.

Consejo de Partidos Políticos. Se habló de sistematizar las reuniones para darle realidad a un mandato constitucional. En efecto, si la Constitución, en su artículo 38.º, y la ley preceptúan que los partidos “son instituciones de gobierno”, que “contribuyen a la formulación de las políticas nacionales” (artículo 2.º de la ley 23298), es menester crear un ámbito formal para que se ejerzan esos atributos. Asumir responsabilidades es una de las vías para darle seriedad a la actividad política.

Quedaron sin tratar muchas otras ideas sanadoras, como, por ejemplo, el fideicomiso ciego del patrimonio de los altos funcionarios mientras duren sus mandatos. De este modo no podrán beneficiarse por el conocimiento previo de los actos de gobierno.

En términos generales, la meta de volver a tener un sistema de partidos tuvo amplio acuerdo. Todos compartimos que sin buenos partidos jamás tendremos buena política.

Hace añares que se busca cambiar la política, pero en todo ese largo lapso no lo hemos conseguido. Persistimos en el intento.

La tendencia es a abordar lo que presuntamente le importa a la gente, relegando todo lo que sea estratégico. Supuestamente esos asuntos de largo aliento son lejanos para el electorado. Así, se habla de seguridad, pero no de sus causas; de asignación universal por hijo, pero no del proceso de degradación social que sufre el país; de pobreza, pero no de la ignorancia creciente a la que se está sumergiendo a nuestra población; de los magros haberes de los jubilados, pero no del desarrollo económico que engrosaría el trabajo registrado y abultaría los ingresos de la ANSES.

Cualquiera puede inferir que si en solo un año en Florencia Varela hubo  5.600 niñas-madres, las ulterioridades de ese hecho son sombrías ¿Cómo será la crianza de esos bebés? ¿Tendrán un hogar? ¿Dispondrán de igualdad de oportunidades?

Hace más de dos años que el sector privado no crea empleo. El trabajo no registrado supera el 30% del estamento económicamente activo ¿Cómo, entonces, mejorar los míseros haberes del 90% de los jubilados que perciben el mínimo? Para colmo, la ANSES enajena sus mejores acciones y sus tenencias dolarizadas en desmedro de la solidez de la Garantía de Sustentabilidad del sistema.

La Argentina ciertamente exige incrementar su índice de natalidad y una estrategia inmigratoria que refuerce su lábil y relativamente envejecida demografía. Empero, ¿la vía para aumentar los nacimientos es que las niñas de 12 años tengan hijos? El justo instrumento de la AUH debería afinar sus reglas para desestimular  estos alumbramientos, obviamente educando para que no existan relaciones carnales y embarazos prematuros. En suma, una políoca asistencial que posibilite superar la promiscuidad, esa cueva donde anidan todas las acechanzas que posteriormente se traducen en tantos males sociales.

¿Por qué la agenda electoral no trata acerca de la violencia social ascendente? ¿Cómo se explica que no se hable siquiera una frase respecto del fortalecimiento de la familia? ¿Será que se cree que familia y desarrollo están desvinculados? ¿Que  no existe ligazón entre delito y ausencia de hogar?

El temario electoral tampoco tiene demasiadas propuestas en lo atinente a descentralización administrativa ¡Ni hablar de lo escaso que es el análisis de la problemática del federalismo, ese muerto insepulto! ¿Se entenderá que la ausencia de federalismo es una cuestión secundaria?

De infraestructura – caminos, puertos, energía, puentes – se exterioriza  poquísimo y sobre todo no se exponen ni siquiera promesas. No se dice ni se compromete, por caso, que se harán tantos miles de km de autovías o que se plasmará el túnel de baja altura al Pacífico por Mendoza  ¿Cuánto cuestan los camiones haciendo cola para descargar en los puertos cada vez más insuficientes?

De otra cosa que no se dice ni palabra es de productividad. Término embrujado como pocos, vedado para la locución electoral. No obstante, o mejoramos nuestra productividad – ecuación que tiene en la logística un factor preponderante – o nuestra economía no podrá desparramar prosperidad.

De inflación apenas se dice que carcome los salarios, pero poco se explicita cómo combatirla e inclusive hay más voces que la santifican que las que la condenan. Supuestamente la inflación s el costo que nos factura un alto consumo. Se gambetea la verdad: una economía inflacionaria es una enferma crónica que exige tratamiento muy serio y sostenido.

De PYMES apenas se las recuerda cuando emerge, lacerante, la crisis de las peras y manzanas en el Valle del río Negro o la de  los olivares de La Rioja y otras provincias. No se enfatiza que las más grandes economías – como la alemana – se sustentan en más de 60% de su PBI generado por las pequeñas empresas y su red ¿Dónde está el plan para que se levanten un millón de pymes en una década?

Tenemos 95 planes sociales -sería hora para que se sinteticen en dos o tres mucho más efectivos como ayuda y más sencillos de manejar y controlar-, pero por ejemplo en el mencionado distrito de Florencio Varela su Parque Industrial no posee ni una sola industria radicada ¿Contrasentido? ¡Claro que sí! Nuestra Argentina es un sinfín de sinrazones, principiando que teniendo anchurosos recursos padecemos infinitas carencias.

Hablar de libertad de comercio implica una fulminante amenaza: ser tachado de demoliberal del noventa. Como quien escribe nada tuvo que ver con esa década puede enfatizar que jamás saldremos adelante sin libertades, inclusive la de comerciar. No sólo porque tienen rango constitucional, sino porque sin ellas no hay futuro.  Nuestro Mercosur tiene tratados de acceso libre a 11 mercados. Chile -que no pertenece a nuestro acuerdo- dispone de 56 ¿Significa que Chile superó sus desequilibrios socio-económicos? ¡Claro que no, pero va en buen camino mientras nosotros perdimos el rumbo!

En la agenda electoral no se analiza el rol del Estado, salvo para refrendar lo que viene haciéndose en estos doce años. Daría la impresión que existe inepcia para deslindar control más regulación de intervencionismo más asfixia. Sin embargo, sería teóricamente sencillísimo: queremos un Estado tan capaz y eficiente que esté en todas partes, pero que no se sienta ni se vea. Que su mano sea tan justa como invisible, en contraste con el actual Estado que interviene y se mete en todo, pero se le escurren la corrupción, los desvíos de fondos, la idoneidad para acceder a sus funciones, la desnaturalización de los planes sociales, la calidad educativa, el trabajo registrado, el Código Penal – letra casi muerta para la inmensa mayoría de los delitos-, la disciplina social, las inversiones de riesgo – se le fugan, a pesar de cepos, trabas y hasta la Gendarmería en la City, miles de millones de dólares producto de nuestro trabajo – y muchísimo más.

La estrategia -esto es las políticas de mediano y largo plazo que son directrices para las decisiones cotidianas- tiene más déficit que el monumental desbalance fiscal de más de 81 mil millones de pesos de lo que va de 2015.

Estas líneas son apuntes que aspiran a agrandar la agenda sobre la hipótesis de que las ‘urgencias’ se solucionan con medidas de fondo y no con parches

Las reformas son indispensables e ineludibles. Agregaría, urgentes. En algún trabajo de hace un lustro señalamos “las 12 + 1 Reformas” (fue para eludir el número 13, por las dudas…) que reclama la Argentina. Van desde la vuelta a los valores y la cultura del cumplimiento de la ley – con la abrogación de la ‘viveza’- hasta la correcta ubicación del rol del Estado en sinergia con la iniciativa privada, pasando obviamente por la meta de la calidad educativa y el regreso al trabajo que apareja nada menos que dignidad y libertad para las personas.

Esas reformas exigen un fuerte liderazgo político  sustentado por consistentes instituciones. No tendremos la oportunidad de enderezar el rumbo del país – quebrar la inercia declinante trocándola por una dinámica resurgente – sin un líder, pero no cualquier líder y a cualquier costo. Un ‘caudillo’, un sistema decisional personalista sería un espejismo de liderazgo, no destrabaría el estancamiento argentino y por supuesto no garantizaría la gobernabilidad.

Gobernabilidad significa suficiente poderío como para sostener los cambios sin que otros factores e intereses socaven la estabilidad política. Pero también es un poder con límites institucionales, es decir que no sólo respeta la Constitución, sino que sus resoluciones son adoptadas con firmeza y consenso.

Debemos probar que es posible ser firmes y a la vez dialoguistas. Disponer con vigor, pero con consenso. El secreto de esta combinación es sencillo: el líder escucha a todos para luego determinar el camino. Todos los que dieron su opinión quedan contenidos y aunque a algunos la conclusión no los satisfaga, saben que el líder ha prestado oreja. En ese contexto, prima la confianza colectiva respecto de la justeza del rumbo porque el decisorio ha contemplado al conjunto.

La gobernabilidad se emparenta con la confianza. Y con la eficacia de la gestión. La confianza es el sustrato de la gobernabilidad y un ayudante esencial de la eficacia de la administración.

Somáticamente hablando nuestro país sufre del zigzagueo o vaivén. Ir y venir, por definición implica estancarse, neutralizar y derrochar energías.  Ha sido una lastimosa regla vernácula que a un período de gobierno fuerte le sucedió otro débil. El desafío es cómo lograr un nuevo liderazgo institucionalista.

Un régimen de sólida vigencia institucional, pero sin un enérgico timonel prima facie aparece como muy difícil para la idiosincrasia argentina. Asimismo, un sistema del tipo caudillesco o personalista nos seguirá retrasando en la región y en el mundo, sin depararnos progreso. Nos mantendríamos en ‘más de lo mismo’.

Gobernabilidad no es ceder a todos y cada uno de los reclamos sectoriales. Tampoco resolver a partir de una mesa donde apenas se sientan dos y a veces sólo uno. El arte de gobernar exige dominar el ‘punto de cocción’, ese que únicamente conocen quienes saben cocinar. Y se deleitan cocinando. Hay muchas academias culinarias, pero ese arte suele trasmitirse de madres a hijas – excusas por discriminar inicuamente a mi género-, más que aprenderse en libros y teorías. Es similar al arte de gobernar que es innato y también es una delicia. Otra vez vale insistir que gobernar no es sinónimo ni de imponer ni de dominar, sino de encastrar voluntades, vertebrarlas.

Una cosa es tener placer ejerciendo el dominio y otra gobernando. Quizás por eso observamos en este tiempo a muchos empoderados con rostro abrumado, como desbordados por el escenario cada vez más complejo. Es que ellos tienen vocación por dominar y la realidad les presenta diariamente muchos puntos de escape por donde se les escurre su intención y su codicia dominadora. Contrastantemente, nosotros pedimos gobernantes con caras alegres porque su gestión y la realidad se mantienen en constante convergencia.

Nos va el futuro argentino – hoy francamente oscuro – en lograr esa síntesis entre liderazgo e institucionalidad republicana. Esta fórmula podría enunciarse como conductor o guía democrático. El porvenir proseguiría enajenado y sombrío si en lugar de esa simbiosis se produjere cualquiera de estas opciones: un jefe dominante o un presidente desestabilizado por la pérdida del control de los resortes básicos para poder gobernar.

Hagamos todos los esfuerzos y pongamos toda nuestra aptitud cívica para obtener en los finales de 2015 una articulación de energía desde el poder en el marco de robustas instituciones.

La clave es no entregar ni abdicar ninguna de los dos, ni la gobernabilidad ni el cambio.

Miremos un poco. Europa – a pesar de los esfuerzos de Alemania – vive de zozobra en zozobra, preocupada por el  desempleo, el retroceso del proceso integrador, la xenofobia, la inmigración no deseada, los embates rusos y las amenazas que vienen del sur del Mediterráneo – que es igual que decir Magreb. Para colmo, el resurgimiento de la guerra explícita, como pasa en Ucrania, contribuye a enrarecer el clima político.

Estados Unidos vive una recuperación económica, pero también una puja política doméstica que pareciera pasarse de la raya que el patriotismo norteamericano siempre trazó, precisamente para neutralizar cualquier situación capaz de lesionar a sus intereses vitales. Hoy no se ponen de acuerdo cómo lograr ordenar el Oriente Cercano – un área que sigue siendo clave. Para la Casa Blanca, ese objetivo se obtiene balanceando y contrabalanceando, por ejemplo potenciando a Turquía y a Arabia Saudita o a Israel e Irán – para que se compensen mutuamente y no configuren una acechanza, sobre todo para los norteamericanos. En el medio de esto, dos notas importantes: Egipto, a pesar de su escaso potencial relativo, está duplicando la capacidad operativa del Canal de Suez, lo cual elevará sus ingresos de 5 mil millones a 13 mil millones de euros anuales y además tiene un plan para atraer 20 mil millones de inversiones en una nueva zona franca que generará un millón de empleos. El otro dato: ¿hasta cuándo Arabia Saudita irá contra sus intereses económicos manteniendo alto el nivel de producción de petróleo? Es real que con ese nivel hiere en el ala a Rusia e Irán, pero el costo es fuerte.

Obviamente el llamado Estado Islámico o Califato no es una anécdota, sino una bomba nuclear para cualquier plan estabilizador del Medio Oriente. Si se demoniza al Islam en bloque, las perspectivas de solución son negras. El Califato podrá segarse si existe claridad acerca de qué es y cómo tratar al Islam. Cualquier error de visión o de concepto será letal. En esta línea, el diálogo interreligioso, en el que la Argentina es vanguardista, es un buen ayudante.

EEUU aspira a solucionar el añejo y laberíntico entuerto del Oriente Próximo para poder dedicarse al Lejano, ese que le quita el sueño. Moscú, Pekín, Nueva Delhi, Tokio y Washington pugnan por modelar el Asia. Con una particularidad, tres de ellos – Rusia, EEUU y China – enlazan el asunto con Europa para imaginar un enorme espacio, Euroasia. Por eso los chinos establecen una nueva Ruta de la Seda que los conduce al Viejo Vontinente, Rusia dirime gran parte de su influencia en la lucha por Ucrania y los norteamericanos buscan amurallar – para contenerla – a China con su alianza con Tokio y la novedosa coalición con su contendiente de los setenta, Vietnam.

En la última cumbre Asia-Pacífico, China mostró sus metas: deshielo con Japón y Vietnam, libre comercio con Corea y acuerdo gasífero de enorme magnitud con Rusia. Paralelamente, hace esfuerzos para mejorar su compleja relación con la India.

En África se produce una explicable paradoja: los países han crecido a horcajadas de los buenos precios de los productos primarios, pero no se han desarrollado, aunque emerge una clase media en casi todo el continente. Esa contradicción se ahonda por la perfecta balcanización que dibujaron los europeos al ‘independizarlos’. Se formaron tantos países como fueron necesarios para garantizar la debilidad de todos y cada uno de ellos. El más fuerte de los de color – Nigeria – padece de fundamentalismo, terrorismo y separatismo, un cóctel indigerible que oscurece el futuro de ese país. Libia- de extensa y rica superficie – se ha tribalizado peligrosamente, Egipto tiene demasiados problemas a cuestas como para erguirse – no obstante lo antedicho sobre su gran herramienta, el Canal- y Sudáfrica sigue siendo prometedora, pero aún no ha logrado una influencia decisiva para imprimirle mejor rumbo al continente vecino.

Nuestra América tiene tres – quizás cuatro y hasta cinco – países  capaces  de contribuir a su articulación. Porque a esta altura del acontecer global un objetivo insoslayable es vertebrar, unir, todo lo contrario de exacerbar localismos arcaicos, esos, por caso, que se agitan en algún sector montevideano para darle una funcionalidad desenfocada al bello país oriental del Plata.

Esos países son Brasil, la Argentina y México, engrosados por Colombia y Venezuela. Empero, ¿cómo andan? Brasil, inmerso en una formidable e inopinada crisis – ¿de crecimiento…? – moral, política y económica. México, con sus antiguos problemas de mafias y de inequidad social estructural. Se sabe, sin desarrollo socio-educativo y equidad no hay basamento para el económico, salvo el del tipo factoría. Colombia todavía no pudo arreglar su guerra intestina, aunque va por buen camino y es el que más horizonte parece ofrecer. Venezuela, ¿qué decir de la querida Venezuela? Se merecía mejor destino que el populismo y la feroz polarización ¡Ojalá encuentre un movimiento articulador y superador! Pero, por ahora, oscuro panorama.

Nuestra América, pues, sigue siendo un espacio doliente. Nos da más dolor que felicidad. Hay que hacer denodados esfuerzos para revertir este cuadro.

Algo está claro en medio de tanto diferendo y confrontación: por todos los lares hay geopolítica en acción, pero en contraste con antaño ahora es sin ideología, con intereses en estado puro y crudo. Se lucha por acaparar o asegurar cerebros, patentes, recursos, espacios. Enarbolan proclamas más o menos atractivas o más o menos impugnables, pero todos los actores defienden intereses.

la sombra del árbol torcido.

Parece útil consignar algunas definiciones previas. La “mano” ante la inseguridad no debe ser ni dura ni benigna, sino justa y legal. Más que nuevas leyes -que siempre son perfeccionables- necesitamos actitud, voluntad y profesionalismo. Tanto en jueces, policías, burócratas diversos y por supuesto autoridades y políticos. Precisamente, el país reclama que las leyes se cumplan porque el desajuste entre su letra y la realidad es literalmente bochornoso. El orden lo debe reponer la política, no los militares o la policía. El problema agudo que nos aqueja es la fragilidad institucional. Por sus grietas traspone el creciente desorden. Los militares suelen ser asociados al orden, pero la experiencia nos indica irrefutablemente que si trastrocan su rol lo probado es que generan desquicios inenarrables, incluyendo la quiebra de la paz social. Es que el orden es obra de la política, de la de buen cuño. Correlativamente, el desorden es el resultado ineluctable de la mala política.

Nuestras patologías son toda de raíz política y sólo una buena política podrá curarlas, en una faena tan paciente como compleja porque se trata de mutar nada menos que la matriz cultural facilista, acomodaticia y frívola. Esto tiene que trocar por esfuerzo, compromiso y decisión. La buena política es mucha responsabilidad y no sistemáticamente endilgar los fracasos a los otros, sean de adentro o de afuera. Asimismo, la buena política exige mucha interiorización y estudio, a 180º de la ligereza e improvisación con la que se encaran nuestros asuntos colectivos en estos tiempos.

Cualquier solución en las variopintas cuestiones que nos problematizan exige planes de mediano y largo plazo, pensados con consenso y ejecutados con permanente diálogo. Estamos convencidos que el diálogo tiene la apariencia de cosa sencilla, pero es harto difícil plasmarlo porque implica humildad y ésta brilla por su gran ausencia en el “estrellato” dirigente argentino.

Luego de este introito, vale adentrarse en la “seguridad ampliada”. Nuestra Constitución fija como uno de los objetivos programáticos de la Nación “proveer a la defensa común”. Nuestra ley vigente erige una muralla disociadora entre seguridad interior y defensa exterior. Sin embargo, los peores delitos y las más graves amenazas perforan ese muro con enorme facilidad.

Terrorismo, crimen organizado transnacional, narcotráfico, redes de corrupción y lavado de dinero sucio, comercio de armas (incluyendo las de destrucción masiva), trata de personas, mercado de órganos, enfermedades endémicas y epidemias, vulnerabilidad cibernética, accidentes marítimos en ocasión de transporte de materiales sensibles (incluyendo nucleares) no son nítidamente separables. Se imbrican en el interior, proviniendo del exterior. La seguridad y la defensa son distintas, pero están vinculadas. La pobreza es también una inmensurable amenaza que se origina en causas endógenas, combinada con exógenas. Sería largo analizar esta imbricación.

Nosotros tenemos, por caso, 18 servicios de inteligencia y una “comunidad informativa” que funciona más como áreas estancas que coordinadamente. Para colmo, se los usa cual feudos y no para tributar a nuestra seguridad. Ante la proliferación de actores, que ya ni siquiera son Estados, la respuesta defensiva -que es para afirmar la paz y brindar seguridad a los ciudadanos- debe concertarse. En 1983 la Asamblea de la ONU aseveró que seguridad y defensa tienen zonas sobrepuestas que las hacen indivisibles. La globalización del crimen requiere una defensa integrada.

Lo antedicho significa que las patrullas callejeras y los monitoreos en tiempo real para prevenir/reprimir el delito le pertenecen a los agentes y vehículos policiales, no a las tanquetas militares. Empero, la coordinación entre Seguridad y Defensa es de una necesidad inocultable si es que aspiramos a darle tranquilidad a los habitantes y protección a la Nación.

Afortunadamente, hoy se puede reflexionar sobre estos asuntos porque concluyente y definitivamente las fuerzas armadas son un órgano de y al servicio de la Constitución. Ya no son una amenaza para el orden legal. Consecuentemente, además de reequiparlas y tecnologizarlas –excusas por el neologismo -, debemos precisar su funcionalidad como parte indisoluble de la seguridad, sin perjuicio de su papel principal como brazo de la Defensa Nacional.

Empezamos con definiciones, terminemos con otras dos. La defensa nacional es mucho más que un asunto militar y si deseamos tener una sombra recta, deberemos inexorablemente enderezar lo torcido. Que en nuestro país es tan abundante como sus recursos desaprovechados.

No ha servido para nada ninguna experiencia exógena comprobable. Ni de las buenas ni de las funestas. Entre nosotros no valen ni China, por un lado, ni Venezuela ni Cuba, por el otro y, claro está, tampoco Alemania, Japón, Italia o Polonia, que se eyectaron de la devastación bélica de la mano de la libertad. Inclusive, no es asimilada la de Perú o Colombia, en plena ascensión, felizmente. En nuestro país insistimos con prácticas tan fracasadas como arcaicas.

Empecemos por afirmar algo básico: si al cancerígeno mal inflacionario le diagnostican que su genésis se encuentra en supermercadistas y grandes empresarios dominados por la avaricia, jamás podremos domesticar y menos erradicar a esa grave patología. Los teóricos no comprenden el abecé de la economía: no se puede gastar más de lo que se produce. El sobregasto -para colmo 90% improductivo y parasitario- más temprano que tarde desequilibra la macroeconomía y culmina desestabilizando la de las familias y la de todos y cada uno.

Profundizando esa concepción desfigurada, ahora proponen darle al Estado herramientas omnímodas para intervenir en las empresas, indicándoles cuánto y cuándo deben producir, obligándolas a trabajar a pérdidas, a vender imperativamente lo que acopian y facultando a la autoridad pública a aplicar multas de hasta tres veces las ganancias con lo cual las mandarán, sin estaciones intermedias, directamente a la quiebra. Es lo que acaeció en Venezuela con su mecanismo de “desarrollo endógeno”: 20 mil empresas quebradas y más de mil expropiadas. País petrolero sembrador de pobreza, por las costas, los llanos y las montañas. El Estado arruina a los emprendedores, movilizadores de la actividad y creadores de trabajo, mandando a la calle sin empleo a miles de personas. O se hace cargo de empresas para que las espaldas públicas se vayan encorvando de tanta sobrecarga. ¡Viva el déficit! sostienen los teóricos, convencidos que al consumo se lo estimula lanzando chorros -sin alusión alguna a los otros chorros- de billetes en una emisión incesante, tipo polirrubro 24 horas.

Toda esta desopilancia se impulsa en nombre de la defensa del consumidor. La ley específica, prudente y equilibrada, -la 26361 de 2008- ya no les alcanza. Ahora hay que darle competencia absoluta al gran Estado para que asfixie todo atisbo de iniciativa privada. Es que con las ideas propias del neolítico que anidan los teóricos, en rigor todo empresario es un “buitre” en potencia y hay que exterminarlo antes de que crezca.

Además, a una imprenta de capital norteamericano que estaba perdiendo dinero y consecuentemente, peticionó -con arreglo a la ley vigente- entrar en un plan de crisis, el Ministerio de trabajo se lo negó infundadamente. En lugar de apelarse a las normas, se anunció que le aplicarían la ley antiterrorista. Es evidente que el mensaje es erga omnes, para todos: en la Argentina el capital que se invierte para producir y trabajar es a priori hostil y si es extranjero, literalmente enemigo.

La ley de defensa de la competencia -25156 de 1999- creó un Tribunal Nacional compuesto por 7 miembros nombrados por estricto concurso público. Todavía no se constituyó. Esto habla con elocuencia de que los teóricos desprecian ese eje fundamental de la economía sana que es la libre competencia, mil veces mejor reguladora del mercado que 10 mil gendarmes o 100 mil brigadistas de precios cuidados. Asegúrese la libre competencia y se habrá dado un paso gigantesco hacia el equilibrio de la macroeconomía y hacia el acotamiento de la inflación.

Espantar al capital inversor, que especula sanamente con ganar a partir de producir bienes y generar trabajo, es el camino inexorable hacia un resultado penosísimo, tenebroso, turbulento, sombrío: pobreza para todos y todas.